Recuperar la palabra

Mas allá de los impredecibles éxitos que podrá alcanzar el gobierno de Mauricio Macri en el corto plazo, ya se avizoran acciones y efectos concretos en la recuperación del valor de la palabra, un bien que fue degradado tras doce años de propaganda kirchnerista.

Algunos actos oficiales del nuevo gobierno son consecuentes con promesas de campaña: Se dejará de lado la "guerra del Estado contra del Periodismo"; los medios de comunicación que maneja el gobierno serán públicos y no partidarios, bajo una política de "pluralismo, federalismo e innovación"; la publicidad oficial no será utilizada para premiar a medios amigos y castigar a los críticos; y los periodistas militantes serán despedidos o deberán trabajar profesionalmente sin sueldos de privilegio.

La política para desmantelar el aparato de propaganda estatal no debería cometer el error de censurar la libertad de expresión. Deben seguir existiendo espacios para programas partidarios como el ex oficialista 678 o para que pregonen su militancia periodistas como Víctor Hugo Morales. Eso sí, esos espacios no debieran estar en medios públicos o pagados por el bolsillo de todos los argentinos, sino en privados, bajo las reglas del rating de la audiencia o el criterio e interés editorial de sus propietarios.

Si se cumple con los anuncios del ministro de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, la Argentina podrá ir recuperando el valor de la palabra, especialmente después de años en que la propaganda gubernamental se utilizaba para suplir las carencias de la población, manipular las estadísticas oficiales y para crear un culto a la personalidad hacia Cristina Kirchner y su difunto esposo.

 Lombardi tiene razón cuando dice que no solo heredó un ministerio del relato sino “un aparato propagandístico muy fuerte, concentrado y unilateral” que ha sido pernicioso para el país y también para el propio gobierno que se creyó su propio relato, alejándose de la realidad.

La narrativa del gobierno anterior se basó en la mentira, la omisión y la exageración, tres ingredientes de la propaganda. De ahí que la intervención del INDEC sirvió para mentir sobre porcentajes de pobreza e inflación, programas como Fútbol para Todos fueron utilizados para hacer auto bombo, mientras que las cadenas nacionales de la Presidenta eran incongruentes con los propósitos y restricciones que marca la Constitución para ese tipo de alocuciones.

Ojalá Argentina, a diferencia de lo que sucede en países con gobiernos populistas y propagandísticos como los de Rafael Correa, Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Evo Morales, pueda ver modelos de medios públicos como los de Uruguay, Costa Rica y Chile que, aunque tienen limitaciones, han avanzado respetando la pluralidad y diversidad de la población.

No es malo que los gobiernos se auto elogien o resalten sus acto, siempre y cuando ello no sea política de Estado como ocurría con el modelo kirchnerista. Los gobiernos deben tener limitaciones y restricciones para hablar de sus logros, así como los tienen durante las campañas electorales, cuando no pueden abusar del dinero de todos los ciudadanos para fines proselitistas.

En materia de comunicación pública, además de desmantelar el aparato de propaganda y hacer reformas a las leyes de medios y de telecomunicaciones para que no sean utilizadas para castigar o maniatar a medios críticos, el gobierno de Macri tiene dos tareas importantes que gobiernos anteriores no las quisieron emprender: Debe promulgar una ley de Acceso a la Información Pública y de Transparencia, y también acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia que exige una reglamentación específica para el uso y gasto del Estado en publicidad oficial.

Que el Estado no esté obligado a ofrecer información de la administración pública cuando los ciudadanos lo pidan es una de las grandes distancias que Argentina tiene con países de mayor nivel democrático. La transparencia y los datos verdaderos son el antídoto contra la propaganda y la única forma que permite generar confianza y abandonar una realidad de ficciones. La verdad es la única forma para recuperar la confianza en la palabra, ese bien que ha sido devaluado por el gobierno anterior, como bien sentenciaba el escritor Martín Caparrós.

FIFA, justicia y moral

La fiscal general estadounidense Loretta Lynch cumplió su palabra. Tras anunciar en junio que "iremos por más" después de culminar la primera etapa de investigación sobre corrupción en la FIFA, este diciembre encauso a otros 30 malandras de alto vuelo que usaban a la máxima institución del fútbol para sus chanchullos.

El mensaje de Lynch fue contundente camino al 2016. Dijo que la espiral de corrupción que  se viene fraguando desde hace 25 años desde la FIFA, por un total de 200 millones de dólares, es repugnante, inadmisible e intolerante y que perseguirá a cualquier culpable que permanezca en la sombra: "Nadie escapara de nuestro foco".

Sin dudas fue una de las mejores noticias del 2015. Una forma de terminar el 2015 con la esperanza de que se puede combatir la corrupción y que la justicia, tarde o temprano, cuando existen recursos, rigurosidad profesional  e independencia, puede corregir errores y crear disuasivos para que otros corruptos desistan de sus fines.

Que haya corrupción entre gobiernos y la empresa privada especialmente en su relación con el Estado es lamentablemente normal. Lo que aquí  sorprende es la avaricia de dirigentes de todos los colores y nacionalidades, como el ex presidente de Honduras Rafael Callejas o un juez constitucional de Guatemala, que se mantuvieron unidos por 25 años dentro de una rosca sin fin.

Lo importante es que la FIFA, que se manejaba como un Estado con sus propias reglas y sanciones y castigaba los "delitos" como si fueran fallas éticas, se ha quedado sin la inmunidad de sus propios privilegios. Todo esto, porque los corruptos usaron entidades crediticias de EEUU para sus transferencias y conspiraron para lavar dinero.

Lo que se vio este diciembre y se verá en 2016 ya no es tanto la rigurosidad Investigativa de la ministra de Justicia de EEUU, sino la acción de soplones y arrepentidos que, a cambio de reducción de penas y multas, "traicionarán" a sus antiguos colegas con tal de salvar en algo su pellejo. Si el grupo de corruptos no ha tenido moral para traicionar a todo el mundo del fútbol, menos lo tendrá para delatar a sus propios compañeros de faena.

El último peso pesado acaba de caer esta semana, el resistido secretario general Sepp Blatter, que aunque pende sobre el una investigación de las justicias suiza y estadounidense, término acusado por falta de moral. El tribunal de ética de la FIFA decidió que el y su pupilo, el célebre Michel Platini, no podrán participar de ninguna actividad en el fútbol por ocho años por un desfalco de unos dos millones de dólares.

La única diferencia que hay entre este diciembre y junio, es que la opinión pública y los medios ya no le dieron tanta atención a los hechos. No es porque los delitos sean menos graves - fraude, asociación ilícita y conspiración para el lavado de dinero entre dirigentes de la FIFA y ejecutivos de empresas de mercadeo deportivo -  sino porque las denuncias ya no son novedad y la corrupción, lamentablemente, está institucionaliza y aceptada.

Seguramente las acciones de la fiscal general estadounidense darán sus frutos para el 26 de febrero cuando la FIFA tenga que elegir a sus nuevas autoridades. Pero más allá de las elecciones, lo importante será que la institución, por respeto al mundo del fútbol, cree una estructura de controles éticos internos, con compliance officers y Ombudsmen, para que ayuden disparar las alarmas anti corrupción y disuadan a otros dirigentes que puedan seguir viendo a la FIFA como su botín como ha ocurrido por más de dos décadas impunes.