Contradicción mayor sobre los derechos humanos

Nunca como ahora en América Latina se habían denunciado las violaciones a los derechos humanos con tanta firmeza ni se habían reparado con tanta entereza.

Pero tampoco el sistema interamericano de derechos humanos había atravesado una crisis tan profunda como la presente, quedando casi al borde del colapso.

Nada sorprende en este continente tan predispuesto a las fuertes contradicciones. Por un lado, los gobiernos democráticos ponderan el sistema conformado por la Comisión (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por darle esperanzas a los más vulnerables de que podrán acceder a la justicia cuando sientan que esta les da la espalda en sus países.

Pero, por otro, casi como en las mejores épocas de dictaduras y autoritarismos, cuando las víctimas callaban por temor a sufrir mayores represalias, los gobiernos no están cumpliendo con sus obligaciones financieras, negando los aportes necesarios para que el sistema subsista y sea eficiente.

Esta semana la CIDH hizo un duro cuestionamiento hacia futuro. Si no recibe los aportes necesarios de parte de los estados que están comprometidos ante la Convención Americana de los Derechos Humanos, deberá despedir a 40 de sus 78 empleados. 

Aunque alguna magra partida aparezca, igualmente ya decidió suspender las visitas de investigación a países, además de sus audiencias de julio y octubre próximo, en detrimento de las víctimas que ahí presentan sus casos. También afectará casos en curso como a víctimas de feminicidios en Argentina, homicidios de estudiantes en México, crímenes de odio en Brasil, rechazo de aborígenes en Ecuador, asesinatos de homosexuales en EEUU, esclavitud de niños en Bolivia y desplazamiento de campesinos en Colombia.

Ninguna de las crisis que atravesó la CIDH fue tan seria como esta. No es solo un problema financiero, sino político. El debilitamiento actual de la organización es el mismo resultado que persiguieron sin éxito varios gobiernos populistas de la región, en especial el de Hugo Chávez y el presidente ecuatoriano Rafael Correa.

Las represalias de Correa y Chávez contra el sistema surgían cada vez se les denunciaba por abuso de poder, ya sea por tener presos políticos, ejercer fuerza bruta contra manifestantes o por no permitir que la CIDH visite sus países para confirmar violaciones. Ambos siempre usaron la excusa de que el sistema era un ariete del “imperio” para debilitar sus democracias. Propusieron que la CIDH no pudiera recibir donaciones privadas o de gobiernos europeos.

Correa pretendía una CIDH más dócil o, en su defecto, crear una nueva institución. No tuvo eco entre varios presidentes de la región, aunque envalentonó a algunos, como a Nicolás Maduro, quien cumplió con el objetivo de Chávez, retirando a Venezuela del sistema interamericano. Su salida, se supo luego, no fue política, sino económica> De esa forma, el gobierno abandonó la  responsabilidad de tener que indemnizar a las víctimas. Se ahorró 9.700 millones de dólares.

La crisis económica de la CIDH siempre obedeció a represalias de los gobiernos por opiniones y decisiones que les resultaban desfavorables. Desde Ecuador que cortó el apoyo porque la CIDH había opinado contrario a la Corte Suprema de ese país que benefició a Correa con una demanda millonaria que debían pagarle cuatro periodistas; hasta la ex presidenta Dilma Rousseff que cerró el grifo, cuando la CIDH se opuso a la construcción de una represa en el Amazonas que afectaría a tribus autóctonas.

América Latina es como el perro que gira sinfín para morderse la cola; es un círculo vicioso. Reconoce la necesidad de defender los derechos humanos porque así el continente se hace más justo y equitativo; pero, al mismo tiempo, se niega a ofrecerle los fondos y recursos necesarios para su labor.

Creo que el conflicto tampoco pasa por los aportes gubernamentales. Los gobiernos también tienen la obligación de incentivar a mecenas privados de Latinoamérica para que entiendan la importancia del sistema. El ejemplo más relevante es Ted Turner, el fundador de la CNN, que en su momento donó mil millones de dólares a la ONU, resolviéndole a la organización problemas que hasta entonces eran perpetuos.

Salvar el sistema interamericano de derechos humanos debería ser una responsabilidad compartida entre el sector público y el privado. Trottiart@gmail.com

Libertad de prensa: Información y propaganda

Pese a las amenazas del huracán Joaquín y al estado de emergencia declarado por la gobernadora de Carolina del Sur, la Sociedad Interamericana de Prensa se reúne este fin de semana en la histórica ciudad de Charleston para repasar un nuevo y desastroso semestre en materia de libertad de prensa en el continente americano.

El peor embate contra la prensa lo debieron soportar los periodistas. Una docena de ellos fueron asesinados en los últimos meses a causa de su labor. Brasil y México, con tres crímenes cada uno, siguen siendo los países como mayores riesgos. Esto se debe a los casos que los periodistas venían destapando habían sobre dos temas que han crecido vertiginosamente en ambos países: la corrupción y el crimen organizado.

Además de otros asesinatos cometidos por los mismos motivos, en Colombia, Guatemala, República Dominicana y Honduras, en general se percibe un clima general de violencia contra la prensa en todos los países del área, entre agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación. Las causas son variadas, pero predomina la intolerancia política y la polarización de las sociedades. En muchos casos, se trata de una consecuencia natural a los discursos de odio de presidentes como Nicolás Maduro y Rafael Correa, quienes diariamente arremeten e identifican a los periodistas como a sus máximos opositores, lo que incentiva a sus partidarios a hacer justicia por manos propias.

El retroceso en la región en materia de libertades es notable. Tal vez el mayor escollo que se ha convertido en un patrón común en cada país del continente, es la restricción que los gobiernos han impuesto a la información pública. Existen países como Argentina que permanecen rezagados, ya que todavía no posee una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Otras naciones, con una larga tradición de transparencia, como Canadá y EEUU, que desde hace décadas tienen instrumentos legales que obligan a revelar información pública, han adoptado severos reglamentos para clasificar información. La lucha contra el terrorismo y la seguridad nacional se han convertido en la coartada perfecta para denegar información en cuestiones irrelevantes para la soberanía de los estados.

Paraguay es el país más joven en adoptar este tipo de legislación, México el más longevo y Honduras el más atrevido. Sin embargo, en ninguno de los casos, los gobiernos cumplen con ofrecer un acceso ilimitado a cuestiones administrativas públicas como indica la ley. Hecha esta, hecha la trampa. Encuentran en los trámites de solicitudes, burocráticos y caros, la mejor excusa para blindarse y seguir tan oscuros como antes de la legislación. Es obvio, como en Paraguay, que muchas veces la adopción de legislación es pura demagogia, utilizada por los partidos políticos para fortalecer sus promesas preelectorales; luego incumplidas.

La polarización y el abuso de poder, esos “pecados” de la política que la semana pasada el papa Francisco denunció ante el Congreso estadounidense, es fuente de las muchas cortapisas que se imponen al derechos de los ciudadanos a gozar de la libertad de expresión. Como producto de ello, se ve como los gobernantes, desde Correa a Cristina Kirchner, abusan del uso de cadenas nacionales para hablar sobre actos de gobierno y mezclarse en contiendas electorales, pese a que estos espacios están limitados por la Constitución para que se usen solo en estados de emergencia y por asuntos de interés y bien público.

El gasto de propaganda de los gobiernos ha aumentado en casi todos los países. Esto que en muchos casos solo aparentaría un dato económico algo desproporcionado aunque no muy relevante, dentro de los presupuestos, esconde el ansia de los políticos por aferrarse al poder. Los casos de Bolivia, Nicaragua y Honduras son notables, el aumento económico del aparato de propaganda de los gobernantes ha crecido tanto como las pretensiones de Evo Morales y Daniel Ortega de refundar las constituciones para aferrarse para siempre al sillón presidencial.

Este clima de poca información versus mucha propaganda, también evidente en el internet y las redes sociales más allá de los medios tradicionales, evidencian que la lucha a favor de la libertad de expresión y derecho a la información de los ciudadanos debe ser un norte constante. 

Gobiernos que se creen Estado

Los ciudadanos tienen derechos; los gobiernos, deberes. Así lo ordenan las constituciones en un Estado de derecho. Sin embargo, en países como Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, ese orden está invertido.

Estos gobiernos en vez de administrar el Estado, se creen su dueño. Abusan de privilegios y hasta disponen de la libertad de sus ciudadanos, cómo antes lo hacían las dictaduras militares o, todavía ahora, el régimen de los Castro.

Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa y Nicolás Maduro, tarde o temprano tendrán que rendir cuentas. Mientras tanto, protegidos por un blindaje auto creado, gobiernan autoritarios. El culto al personalismo es su rasgo característico, de ahí que haya textos escolares con dibujitos en los que Cristina es sinónimo de Estado o que Maduro, juez, busque encarcelar para siempre a Leopoldo López.

Quienes se creen predestinados buscan poder continuo. Morales, en el primer año de su tercer mandato, busca reelección eterna. Correa también lo hará en diciembre mediante reforma constitucional. En su pensamiento redentor de únicos “elegidos”, detestan que la justicia, los partidos y los medios les cuestionen.

Cuando más cuestionamientos, más se empecinan en crear controles. Correa busca darle rango constitucional a una propuesta que parece inofensiva. Quiere que la información sea un bien público, que al igual que el agua, la electricidad o la salud, pueda ser administrada por el Estado. De prosperar su iniciativa, podrá limitar, restringir o censurar la información, como en estos días, cuando dispuso que para evitar “alarmismos innecesarios”, nada se puede publicar sobre la erupción del volcán Cotopaxi.

Correa detesta que la información fluya libremente. Temeroso de las críticas, la cercena desde el primer día de su mandato, pero nunca lo hizo en forma tan eficiente después que sancionó la Ley de Comunicación hace dos años. A través de ella controla contenidos y sanciona a medios, periodistas e internautas que no se apegan a la verdad oficial.

Prueba de su autoritarismo es el hecho de no solo ha creado la ley, sino que también se auto adjudicó la función de juez. Mediante órganos de control que dependen del Poder Ejecutivo, la administra según sus intereses. Su parcialidad como juez es evidente. Solo una de las 161 sanciones fue aplicada contra medios estatales, las demás contra medios independientes; varios de ellos, ante las reiteradas sanciones y multas millonarias, se vieron obligados a cerrar.

La ley nació bajo la excusa de “democratizar” la comunicación, pero terminó siendo instrumento de autoritarismo. La mayoría de las veces es invocada por funcionarios que argumentando defender su honor, la usan para detener las críticas o investigaciones sobre corrupción.

Así como en Bolivia, donde Morales ordenó el cierre de decenas de organizaciones acusándolas de desestabilizar al gobierno, Correa arremetió ahora contra Fundamedios, una ong que defiende la libertad de prensa y a los periodistas. Su disolución, decretada para estos días, fue por el “delito” de publicar un par de blogs críticos a su gestión.

La Ley de Comunicación le da a Correa la coartada perfecta para crear silencio. Sus ataques, sin embargo, tienen un costo cada vez mayor en la comunidad internacional. 

Esta semana, una veintena de organizaciones convocadas por la Sociedad Interamericana de Prensa y Fundamedios en el “Foro de Quito por la Libertad de Expresión”, acusaron a Correa de violentar las libertades de expresión y de asociación, comprometiéndose a divulgar sus atropellos entre inversores extranjeros y los organismos multilaterales, con el objetivo de que condicionen su asistencia al cabal respeto de los derechos humanos.

Las primeras réplicas se sintieron horas después. Cinco defensorías de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciaron el clima restrictivo creado por Correa, reclamándole tolerancia ante las críticas y no disolver Fundamedios.

Lejos de que el propósito se logre, lo importante es que este tipo de acciones recuerdan que la verdadera democracia no está sustentada solo por elecciones, sino también por la separación de poderes, la rendición de cuentas, el respeto por los derechos de las minorías y, principalmente, que los gobiernos no se crean dueños del Estado.

Justicia domesticada

Varias cosas definen la calidad de una democracia, pero nada como la justicia independiente. De ahí el recelo con aquellos gobiernos que en el “nombre del pueblo” buscan “democratizar la justicia”, cuando lo que quieren es domesticarla.

Casi todos los presidentes del continente tienen asuntos pendientes con la justicia. Algunos porque no la procuran con voluntad política como el mexicano Enrique Peña Nieto. Otros porque se adueñaron de ella con jueces y fiscales gubernamentales como Nicolás Maduro y Rafael Correa. Muchos porque la evaden constantemente como Cristina Kirchner y otros porque enfrentan a dos tipos de justicia, la ordinaria y la política, como Dilma Rousseff.

En Brasil la dura justicia ordinaria, que ya envió ministros, legisladores y empresarios a la cárcel, está ahora apuntalada por manifestaciones de gente que piden la cabeza de la presidenta, cansadas y frustradas por tanta corrupción. El peligro es que las marchas también incentivan la justicia paralela, esa que administran en el Congreso los legisladores, muchas veces guiados por revanchismos y oportunidades políticas, más que por el bien común.

La justicia brasileña ya demostró resolución e independencia, por lo que sería prudente esperar su juicio a tener que soportar un revoltijo entre poderes públicos que solo logrará debilitar la democracia. Sería mejor darle tiempo a la Corte Suprema para que resuelva los 54 expedientes que, entre otros, vinculan dineros mal habidos de Petrobras a la fundación y negociados del expresidente Lula da Silva y a las campañas electorales de la presidenta Rousseff.

La justicia brasileña junto a la de Uruguay, Costa Rica y Chile, es la que ha demostrado mayor independencia, de ahí su eficiencia. En varios países, con justicia contaminada, se observa como un sistema corroído por el poder político genera un círculo vicioso del que se retroalimenta la corrupción y la impunidad infinitas.

Argentina es el caso típico. Los casos irresueltos se amontonan, algunos de alto voltaje internacional, como el atentado contra la AMIA y la muerte todavía dudosa del fiscal Alberto Nisman. Si a estos casos se les suma la inmunidad de autoridades y funcionarios comprada a través de jueces y fiscales adictos, nadie debería sorprenderse cuando el sistema político parece desmoronarse, hasta lo más simple termina traumático y forzado, el desarrollo del país se estanca, las inversiones extranjeras anidan en otros lugares, mientras que la inseguridad pública y la violencia se tornan intolerables.

No puede haber confianza interna e internacional cuando la élite del país vive de privilegios, blindándose con leyes especiales y tribunales adictos. En este tipo de sistemas corruptos, en el que se incentivan todo tipo de vicios, no es fácil ser juez o fiscal independiente.

Los casos de Perú, Colombia, México (y ahora Argentina), demostraron como los sistemas judiciales suelen debilitarse después de ser domesticados por la política, volviéndose cada vez más permeables a las mafias y el narcotráfico. No por nada los obispos argentinos, que ya habían adoptado la máxima del papa Francisco de que la falta de independencia judicial equivale a “terrorismo de Estado”, están ahora implorando a los políticos a que hagan algo contra el narcotráfico, ante la indiferencia palpable en la campaña electoral de cara a las elecciones de octubre.

La experiencia de países que estuvieron a la puerta de ser “Estados fallidos” debido al avance y connivencia del narcotráfico con las instituciones, demuestra que los narcotraficantes siempre aumentarán la apuesta para que la justicia sea corrupta y débil, para que de esa forma puedan actuar con mayor impunidad.

En contextos así, difícilmente los jueces pueden ser equitativos y probos. Además de sus propias tendencias y convicciones, tienen que lidiar con leyes que no muchas veces comparten. Mandar a la cárcel a alguien por tener un par de gramos de marihuana para consumo y no poder hacerlo con otros que roban millones, pero se blindan con leyes y sobornos, es parte de la frustración.

Está visto que la justicia es un ideal y es perfectible, porque rara vez satisface a todas las partes. Pero cuando está domesticada, jamás puede ser buena. La justicia politizada es el mayor vicio del subdesarrollo. 

Cinco libertades importantes

Ojalá todos pudieran visitar el Newseum o museo de las noticias en Washington, aunque sea una vez en la vida. Para los políticos, sin embargo, y para quienes aspiran a un cargo público, la visita debería ser obligatoria.

Como parte de una delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa que se destacó esta semana ante el Congreso estadounidense, no pude evadir la tentación. Por sexta vez cumplí con el rito de pasar por el Newseum a recargar las baterías y constatar cuán imprescindible es la comunicación sin censura para construir democracia.

Es uno de los pocos museos privados de la ciudad. Está ubicado entre la Casa Blanca y el Capitolio, por la avenida Pennsylvania, a pocas cuadras de la Corte Suprema. Representa el cuarto símbolo del equilibrio democrático, el de watchdog o contrapoder que ejerce la prensa ante los poderes del Estado.

No es solo un rejunte de trastes viejos – papiros, grilletes de esclavos, el primer satélite o las fotografías Pulitzer - sino un espacio didáctico e interactivo para crear conciencia sobre las cinco libertades de la Primera Enmienda constitucional. Cinco libertades – de religión, de prensa, de expresión, de reunión y de petición - que no se enmarcan como derechos ciudadanos, sino como deberes del gobierno, al que se le prohíbe transgredirlas o censurarlas mediante leyes o acciones directas.

Es una muestra de cómo el periodismo libre, muchas veces antagónico y fiscalizador y, otras veces, pusilánime y vacilante, refleja los grandes acontecimientos de la historia provocando profundos cambios sociales, desde la abolición de la esclavitud a la caída del muro de Berlín o desde la revolución causada por la imprenta de Gutemberg hasta la de Facebook de Zuckerberg.

El Newseum exalta la importancia del libre flujo de la información, ya sea mediante el periodismo incisivo y entrometido o a través de redes sociales contagiosas y virales, y de cómo todos vamos cambiando percepciones y decisiones.

Muestra como en 1965, con 2.213 soldados muertos, solo el 24% de los estadounidenses se oponía a la guerra de Vietnam; mientras que en 1973, con 58.220 muertes la decisión de terminarla fue inminente. En la actualidad, resalta la polarización detrás de la decisión de prohibir el uso de la bandera confederada tras la masacre de nueve afroamericanos en Charleston, si está bien que los policías usen cámaras en sus uniformes como disuasivo para que no maltraten a los detenidos o si es válido que el público trate de hacer justicia por sus propias manos ciberacosando al dentista Palmer que mató el león Cecil en Zimbabue.

Desde mi percepción, lo más relevante del museo es que retrata el alto grado de autocrítica que tiene el periodismo estadounidense y la capacidad de la clase dirigente a tolerar la crítica y la burla sin tomar represalias. Posiciones distintas que se observa en otros países menos propensos al diálogo y al debate, donde existen presidentes como Rafael Correa que persiguen a sus críticos y caricaturistas.

Visitar el Newseum sirve para aprender a distinguir libertad de opresión, información de censura, y para exigir a los gobiernos que respeten esas cinco libertades. En nuestra visita posterior al Congreso, cuando los legisladores esperaban una andanada de críticas a otros países, también debieron escuchar lo suyo. ¿O es que acaso puede el gobierno de Barack Obama sellar un acuerdo con Cuba y reabrir embajadas, sin que se le reclame a los hermanos Castro que dejen de oprimir esas cinco libertades?

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, pidió a los legisladores que el tema de las libertades de prensa y expresión no quede ausente de la nueva agenda bilateral y que se le exija al régimen castrista la liberación de los tres periodistas cubanos todavía encarcelados. Pidió, además, que impulsen el cumplimiento de la Carta Interamericana Democrática en todas las reuniones intergubernamentales, un documento que manda a los gobiernos de la OEA respetar la libertad de prensa para construir democracia.

Así como esa Carta, el Newseum enseña que la libertad no es un concepto abstracto, sino una disciplina y deber que requiere compromiso y práctica; algo que muchos líderes y futuros dirigentes todavía no tienen incorporado. 

La torre de comuniciación de una de las torres gemelas derribadas en 2001 en Nueva York, en uno de los sitios más destacados del Newseum en Washington.

Francisco: Evangelizador, político y activista

Francisco desembarcó en América Latina con un mensaje evangelizador, más que nunca provocador y cargadamente político. Cada gobierno y sector lo interpretó a su gusto y conveniencia.

Como activista empoderó a los pobres y marginados. “No se achiquen”, les dijo, pidiéndoles que se organicen y buscar alternativas creativas para ganar “tierra, techo y trabajo”. Ordenó amar a la pachamama, respondiendo a las atrocidades ecológicas que denunció en su encíclica Laudato si’. Condenó el servilismo al dinero y habló pestes del capitalismo, un sistema que “ya no aguanta”.

Como evangelizador pidió perdón por los crímenes de la Iglesia a los pueblos originarios durante la conquista de América. Reclamó a los católicos a no caer en “el alzheimer espiritual” y retó a otras denominaciones cristianas a no disfrazar evangelización con proselitismo para conseguir fieles.

Como político desafió a Bolivia y Chile a dialogar por la salida al mar, así como antes logró sentar a Cuba y EEUU a la mesa de negociación. Se mostró satisfecho por los avances sociales de los gobiernos de Rafael Correa y Evo Morales, aunque reclamó por el “afán de liderazgos únicos”; pidió alejarse de sectarismos y propuestas cercanas a dictaduras; a no confundir “unidad por uniformidad”; y denunció la merma de libertades, la falta de diálogo y el control desmedido.

Fueron las frases más contundentes y directas en contra de muchos líderes que siguen generando divisiones políticas, excluyendo y persiguiendo a todos aquellos que no comparten su visión de país. Pero creo que a Francisco le faltó ser más directo y frontal, ya que Correa y Morales, más preocupados de que sus aparatos de propaganda aprovecharan cada una de sus frases, ni se dieron por enterados.

Hubiera preferido un Francisco más específico; que denunciara los tres pecados capitales que desangran a Latinoamérica: Abuso de poder, corrupción y clientelismo. Lo hubiera preferido más enérgico y enojado para cantar las cuarenta, de la misma forma cuando diferenció pecados de delitos y sacó a los corruptos del Vaticano o arrojó a los curas pedófilos a la justicia ordinaria.

Que Correa y Morales hicieron más que gobiernos anteriores para reducir la pobreza e incluir a los marginados históricos, es cierto. Pero acaso ¿no es ese el deber de un gobierno? ¿Es que tanto se ha descompuesto el papel del Estado, que hay que alabar a aquel que genera bienestar, desarrollo y bien común, como lo exigen las constituciones y se promete en elecciones?

Correa y Morales, así como otros populistas del peronismo kirchnerista, del orteguismo sandinista y del madurismo chavista, abusan del poder. Se están eternizando a costa de reformas constitucionales retorcidas, elecciones manipuladas, oposición amordazada y justicia secuestrada. Todo ello les permite gobernar con impunidad, pese a la alta dosis de corrupción en la que viven. No se pueden tolerar estas prácticas, justificando que gobiernos de derecha anteriores fueron peores.

Mediante prácticas corruptas disfrazadas de Robin Hood, muchos gobiernos meten la mano en la lata usando fondos de la recaudación impositiva para crear grandes aparatos con los que hacen clientelismo desvergonzado, no obra social. Si esa danza de miles de millones fuera canalizada para crear obra e infraestructura pública, más fácil sería alcanzar ese círculo virtuoso de la economía y lograr el objetivo de “tierra, techo y trabajo” que reclama Francisco.   

El clientelismo no es más que un espejismo de bienestar. A la larga, solo sirve para aceitar maquinarias electorales y redoblar los abusos de poder. Doblan la apuesta pisoteando las libertades de expresión y de prensa, se atribuyen la propiedad de la verdad y usan gigantescos sistemas de propaganda para manipular la opinión pública. 

Ese círculo vicioso en el que se retroalimenta la corrupción fue denunciado esta semana por Leandro Despouy, después de auditar por 12 años al kirchnerismo desde la Auditoría General de la Nación. Puso de ejemplo los programas retorcidos de Sueños Compartidos y Fútbol Para Todos.

Ojalá Francisco cierre su gira en Paraguay con severas críticas a la corrupción y que advierta que en vez de jugar a Robin Hood, los gobiernos tienen la obligación de crear bienestar para todos, sin distinciones. 

Patas largas y propaganda

Al contrario de lo que dice el dicho, en la política la mentira tiene patas largas y, peor aún, no tiene consecuencias. Pero cuando pudiera tenerlas, los gobiernos se apuran a neutralizarlas con más propaganda.

La más descarada fue la de Cristina Kirchner. Anunció que en Argentina la pobreza es del 5%; cifra irrisoria si se la compara con el 40% al que la sitúa un informe reciente de la Universidad Católica Argentina.

Sin vergüenza a la ridiculez, la Presidenta, que emula a Hugo Chávez con tal de ser foco de atención permanente, contrarrestó con anuncios rimbombantes las comparaciones sobre el nivel de vida entre argentinos y alemanes. Aumentó un 30% las asignaciones familiares y el presupuesto de Fútbol para Todos que tiene ahora más dinero que la Secretaría de Cultura. Pan y circo.

La mentira pulula entre los gobiernos y es tema central de “Alabado Sea”, la primera encíclica del papa Francisco sobre la contaminación de la “casa común”. Francisco responsabiliza a los políticos y compañías por “enmascarar” los problemas ambientales, mentir y “manipular la información”, favoreciendo sus intereses por sobre el bien común.

Los ricos, señaló, son más responsables. El sayo le cabe, entre otros, a  Barack Obama. Pese a declamar buenos deseos ambientales, duplicó la explotación de energías fósiles, un atajo oscuro para sanear la economía.

La falta de transparencia atraviesa todo color y nivel de gobierno. Desde el espionaje a ciudadanos que denunció Edward Snowden, a las mentiras de Michel Bachelet para encubrir a su hijo o la propaganda del nicaragüense Daniel Ortega, que cada vez que sus familiares se quedan con un nuevo negocio, ya sea una televisora, una finca o una generadora de electricidad, desvía la atención aumentando los beneficios de los programas Hambre y Usura Cero. Combinación perfecta de nepotismo y clientelismo, adobado con propaganda de alto calibre.

Enmascarar la información, como señala el Papa, es habitual en el gobierno del ecuatoriano Rafael Correa. Su última ficha la consumó esta semana. Logró que un juez adicto a su gobierno, Patricio Pazmiño, sea elegido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una institución a la que le declaró la guerra y a la que quiere desaparecer, según sus propias palabras.

Después de una dura batalla mediática en contra del Sistema Interamericano, al que no pudo doblegar, el presidente Correa se apersonó ante la sede de la Corte en Costa Rica y le donó un millón de dólares. A todas luces, se leyó como un soborno político con la intención de comprar un asiento en el tribunal para alcanzar su objetivo de desmantelar el Sistema y para neutralizar cualquier sentencia en su contra, especialmente aquellas sobre causas medioambientales.

Como caballo de Troya, Pazmiño tiene su símil en el juez Eugenio Zaffaroni que el gobierno argentino también logró meter en la Corte. Ambos magistrados, politizados y distantes a la imparcialidad que el cargo requiere, posiblemente seguirán respondiendo a sus gobiernos más que a la Justicia.

La auto alabanza de Cristina y Nicolás Maduro tras recibir un premio de la FAO por la lucha contra el hambre con el que habían galardonado a medio mundo, demuestra que la propaganda es una gran aliada del poder político, por lo que no pueden soslayarse sus efectos y beneficios. Las mentiras repetidas mil veces suelen convertirse en verdades, sostenía Gobbels, el arquitecto del nazismo.

Un estudio divulgado esta semana por la Universidad de California sobre el régimen de Hitler, reveló que la propaganda y la intervención política fueron muy útiles para tapar la realidad y modificar las creencias de la población, especialmente por lo que se inculcó a través de los sistemas educativos y de las organizaciones juveniles.

El problema para los gobiernos es cuando no tienen dinero para gastar en propaganda como los casos de Guatemala y Honduras. Ahí se observa cómo las mentiras tienen patas cortas, como bien reza el dicho, algo que quedó en evidencia con las recientes protestas convocadas en las redes sociales que derivaron en la renuncia de Rosana Baldetti, vicepresidenta guatemalteca.

Por todo esto, la fórmula para detectar cuán corrupto y mentiroso es un gobierno no es nada difícil: Es suficiente con constatar cuán elevado es su gasto en propaganda y autobombo. 

Crisis de credibilidad

La libertad de expresión es un derecho complejo. No todos pueden gozarlo de la misma manera. Los personajes públicos no pueden decir lo que sienten, piensan o quieren, sin medir primero los efectos de sus palabras.

Un presidente tiene mayores responsabilidades para expresarse porque puede provocar efectos inesperados. Lo comprobó la presidenta Cristina Kirchner al escribir un chiste en twitter sobre la forma en que hablan los chinos. El jocoso episodio de cambiar las erres por las eles - que no le acarrearía consecuencia alguna al ciudadano común – ofendió al gobierno de China y sus ciudadanos. La simple broma le generó más descrédito internacional que la provocada por los asombrosos líos oficiales que rodean la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Para un político el desgaste de credibilidad es inexorable con el tiempo; pero, hablar por hablar, acelera el proceso. Máxime si sus abundantes discursos y cadenas están cargados de críticas, sarcasmos y confrontación, como en los casos de Kirchner, Rafael Correa y Nicolás Maduro. Puede que los partidarios glorifiquen sus palabras, pero a la larga, los discursos de confrontación tienen un agravante: además de auto descrédito, dividen y generan polarización, degradando la seriedad institucional del cargo que se encomendó.

Quienes hacen de la credibilidad su negocio deben trabajar arduamente para mantenerla, de lo contrario cualquier desliz puede ser fatal. En EEUU el presentador estrella de la TV, Brian Williams, el periodista más creíble del país, vio destartalada su credibilidad después de que lo acusaron por Facebook de falsear información. Terminó admitiendo que no viajaba en el helicóptero alcanzado por proyectiles durante la invasión a Irak hace 12 años. Estaba en otro y sin riesgos. NBC lo suspendió para evitar mayor incredulidad sobre sus noticieros. Brian fue suspendido por seis meses, pero difícilmente pueda volver a trabajar como periodista. La confianza en él depositada por el público era demasiado alta, de ahí la gran desilusión y su destrucción.

Sobran ejemplos sobre la vulnerabilidad expresiva de los personajes públicos. Hasta la infalibilidad popular del papa Francisco quedó en entredicho tras el atentado contra Charlie Hebdo. Sacado de contexto, lo acusaron de justificar el atentando cuando dijo que “si alguien insulta a mi madre, le pego un puñetazo”. Semanas después tuvo otro desliz; justificó un par de nalgadas como método para educar a los hijos. Una comisión del Vaticano no tardó mucho para salir a reprocharle y zanjar el asunto.

Sin embargo, sería exagerado sostener que la crisis de credibilidad está provocada por el exceso de palabras. Más bien se debe a la escasez de acciones, principalmente de la Justicia. La mayor fuente de desconfianza en una sociedad la produce la impunidad o la ausencia de verdad, ya sea por ineficiencia, omisión o negligencia.

Esa es la motivación especial de la inédita marcha de los fiscales argentinos convocada para el 18 de febrero. Quieren honrar la memoria de Nisman, pero en realidad estarán protestando contra la crisis de credibilidad que envuelve al gobierno. Exigen verdad y justicia.

Los argentinos no están solos. Los mexicanos tampoco creen en las instituciones. El presidente Enrique Peña Nieto debe demostrar que no cometió excesos intercambiando favores políticos por intereses personales; en el Congreso hay muchos sospechados de estar auspiciados por los narcos y la Justicia es incapaz de esclarecer miles de crímenes, entre ellos la masacre de los 43 estudiantes de Iguala.

En Colombia, pese a todas las buenas apariencias, la impunidad sigue reinando. La Justicia ni esclarece ni repara, es que es tanta y son tantos los casos acumulados en más de 50 años de guerra, que el sistema está colapsado. Al presidente Juan Manuel Santos no le quedan muchos caminos. En las negociaciones con las Farc tendrá que sacrificar justicia por paz o de lo contrario la amenaza de la guerra continuará. Los colombianos no tienen otra salida, tendrán que perdonar y permitir que los líderes guerrilleros se sienten en el Congreso.

Muchas palabras y poca justicia son los ingredientes que acrecientan la crisis de credibilidad. ¿Tendrán conciencia los gobiernos que la desconfianza es el valor más difícil de restaurar y el que hipoteca el futuro? 

Gobiernos Pinocho

Las mentiras oficiales todavía forman parte de la cultura latinoamericana. El desprecio por la verdad de los gobiernos actuales de Argentina, Ecuador, México y Venezuela, se ha enquistado como política de Estado profundizando aún más el rampante clima de corrupción e impunidad.

Este desprecio por la verdad quedó reflejado en el informe anual sobre derechos humanos que presentó esta semana Human Rights Watch. Advierte sobre el deterioro de la democracia en esos países en particular, como consecuencia de poderes judiciales politizados, violaciones sistemáticas a la libertad de prensa y expresión, falta de leyes que obliguen a los gobiernos a brindar información fidedigna, a ser transparentes, a no manipular datos o mentir.

Aunque hace rato estos gobiernos se comportan como Pinocho, los últimos hechos noticiosos los terminaron por desenmascarar. La presidente Cristina Kirchner quedó retratada con nariz creciente en una caricatura de Clarín, por sus reportes vacilantes y cambiantes sobre la muerte dudosa del fiscal Alberto Nisman que la tenía a ella como encubridora del caso AMIA. En México, el  presidente Enrique Peña Nieto quiso imponer punto final a la masacre de los 43 estudiantes de Iguala, declarando muertos a los desaparecidos, temiendo que la ineficiencia judicial sea el lastre que termine con su gobierno.

Y en Venezuela, mientras el titular del Congreso, Diosdado Cabello, trata sin pruebas e información de librarse de quienes lo acusan con evidencias de liderar un cartel de narcotraficantes, el presidente ecuatoriano Rafael Correa creó un sitio de internet, Somos +, para continuar la defensa moral de su régimen, al que lo siente víctima de críticos y difamadores. En la nueva página web y bajo su argumento de calificar toda crítica de mentirosa y de que todos deben ser súbditos de la verdad oficial, seguidores partidarios y funcionarios públicos se darán a la tarea de identificar, desprestigiar y hasta perseguir legalmente a los usuarios de internet y redes sociales que critiquen al gobierno: “Si ellos mandan un tuit, nosotros mandaremos 10 mil”.

El desprecio por la verdad no es conducta nueva. Tras las intervenciones del INDEC en Argentina y de entidades autónomas en Venezuela, siempre se mintió sobre la inflación, los niveles de pobreza y otras estadísticas estratégicas. Una contradicción con los nuevos tiempos, cuando los países perfeccionan y aprecian la exactitud y cruce de datos con la intención de crear estrategias para remediar problemas sociales. Sin datos verdaderos, los gobiernos terminan apelando a la propaganda.

El escritor Martín Caparrós argumentó sobre los efectos de las mentiras oficiales. En un artículo en El País, se refiere a las devaluaciones argentinas, pero no a las económicas, sino a la más importante “la devaluación de la palabra del Estado”. Acusa al gobierno de Kirchner de ser “una fábrica de ficciones”, y sobre los efectos de los excesivos discursos de Cristina Kirchner observa que la “palabra presidencial se va degradando hasta convertirse en ocasión de chistes malos o, en el mejor de los casos, en un ruido de fondo”.

Todo gobierno, con el tiempo, devalúa su palabra, de ahí el declive de los índices popularidad como efecto de mentiras y contradicciones en el discurso. Pero es en los regímenes populistas, amantes de cadenas nacionales, discursos interminables y excesiva propaganda, donde se observa como la palabra mal usada termina por degradar y polarizar a la sociedad. No hay extremo más ejemplarizante que el de Venezuela, donde Nicolás Maduro usa de la misma forma el discurso de odio para acusar y perseguir a opositores, que el histriónico para respaldar su revolución mediante un Hugo Chávez encarnado en pajarito.

La mentira tiene patas cortas. Tarde o temprano los gobiernos deben rendir cuentas por más que crean que una mentira dicha mil veces se puede transformar en una verdad absoluta como sostenía el arquitecto de la propaganda nazi, Joseph Goebbels.

En esta época digital en que los ciudadanos pueden informarse y difundir información, criticar y fiscalizar, los gobiernos Pinocho verán mermada su credibilidad por más que digan la verdad, así como aquel pastorcito de la fábula, que después de engañar y mentir a la gente, ya nadie le creyó cuando gritó que el lobo se estaba devorando a sus ovejas. 

La esclavitud del pensamiento

A juzgar por cómo terminó el 2014, el 2015 se antoja como un año en el que habrá que seguir luchando contra aquellos que buscan imponer sus ideas a través del miedo y la censura.

Décadas atrás nadie imaginaba que todavía en este siglo la lucha por la libertad de expresión sería un objetivo a alcanzar. Tampoco nadie imaginaba que hubiera  tantos gobiernos autoritarios con “miedo a la libertad”, como subrayaba Erich Fromm, que justificarían la censura para poder sobrevivir.

El 2014 se despidió con varios hechos que ejemplifican esa puja entre censura y libertad. El régimen de los hermanos Castro, pese a las esperanzas de medio mundo por una Cuba libre tras el acuerdo con Barack Obama, cayó de nuevo preso de sus propios miedos a la libertad.

Este fin de año fueron apresados varios periodistas y activistas cubanos por tratar de participar de una instalación de la artista Tania Bruguera, cuya idea era desafiar al gobierno con un micrófono abierto para que quien quiera pudiera expresar sus quejas por un minuto. Era obvio que Bruguera también sería detenida desde que convocó a la gente a que no tuviera miedo de expresarse libremente, bajo el lema #YoTambiénExijo, en la Plaza de la Revolución, corazón de la dictadura castrista.

Pese a los cambios prometidos por Raúl Castro, un gobernante que considera cada mínimo detalle de expresión como si fuera una provocación o un acto de desobediencia civil, es fácil advertir que deberá pasar mucho tiempo antes de que los cubanos dejen de sentirse esclavos del pensamiento oficial.

Otro hecho por demás absurdo este fin de año, fue la amenaza del gobierno del dictador norcoreano Kim Jong Un de que tomaría represalias violentas contra el gobierno de EEUU y los cines que se animaran a proyectar la película La Entrevista, una comedia sobre dos periodistas que fueron contratados por la CIA con la misión de asesinarlo.

Previo a las amenazas, un grupo de hackers de Corea del Norte atacó los servidores de Sony, productora del film, infiriéndole graves daños informativos y económicos. Las amenazas terroristas y los ciberataques demuestran cuán ciego puede ser un régimen cuando abraza el autoritarismo y el culto a la personalidad, habiendo provocado un marketing espectacular para una comedia mediocre, cuya trama no estaba enfocada sobre el asesinato del líder norcoreano, sino más bien en hacer una sátira del papel de la CIA y del periodismo activista.

Cuando los gobiernos no saben lidiar con la libertad tratan de imponerle requisitos y terminan creando responsabilidades para “acabar con el libertinaje”. Una forma de enmascarar o justificar la censura oficial es mediante leyes nuevas o antojadizas normas morales.

El gobierno más aventado en estas lides en 2014 fue el del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien creó el antídoto perfecto para maniatar la libertad de expresión. Su Ley de Comunicación, creada a imagen y semejanza de su intolerancia a la crítica, transformó a la información y a la opinión en un “bien público”, es decir le dio al pensamiento el mismo estatus de servicio público que tiene la electricidad, el agua, la educación o la salud.

Bajo ese esquema, el presidente Correa puede decidir y regular sobre lo que está bien o mal dicho según su criterio. Así hizo multar a un periódico porque no destacó en primera página - solo en la quinta - su visita oficial a Chile o sancionar al caricaturista Bonil por publicar un dibujo en El Universo burlándose de la corrupción en el gobierno. Lo que es peor, además del cierre de varios medios que ya provocó esta nueva censura oficializada por ley, muchos periodistas y usuarios de internet se están autocensurando por miedo a las represalias de los organismos que tienen la misión de controlar los contenidos y abortar pensamientos.

La enseñanza que dejan estos episodios absurdos es que la libertad de expresión siempre estará amenazada por los autoritarios que andan en busca de cualquier excusa con tal de imponer sus pensamientos.

Lo peor de la censura, y de los autoritarismos que la provocan, es que quede instalada en el inconsciente de nuestros pensamientos. Por eso no hay mejor forma de luchar contra esa esclavitud que denunciarla. Ante la falta de medios, el internet, inexistente años atrás, es un instrumento formidable para esa causa. trottiart@gmail.com

Censura: Pueblo anestesiado

La censura tiene mil caras y muy creativas. La reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa fue una muestra fotográfica de esa creatividad. Los gobiernos clonan diarios para auto elogiarse, los narcos usan Facebook para perseguir a sus víctimas y muchos medios se pliegan a la propaganda oficial.

Tres censuras, sin embargo, se mantienen inalterables y tan burdas como siempre; carcomiendo la verdad y el derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados.

La más repugnante de todas es la del plomo. Diecisiete (17) periodistas fueron asesinados en este 2014, entre ellos una bloguera que en forma anónima denunciaba las actividades de los narcos hasta que la descubrieron. Los demás fueron abatidos en México, Honduras, Brasil, Paraguay y Colombia por miembros del crimen organizado. Los silenciaron porque denunciaban corrupción, escribían sobre tala ilegal de árboles, contrabando y trata de personas, o por no rendirse a las exigencias de los narcos.

En dos casos tétricos, los sicarios atentaron contra un periodista en Perú, pero mataron a su esposa; mientras en México apuntaron contra el reportero, pero mataron a su hijo. Lo más triste es que en casi todos los casos, los asesinos tenían lazos con policías y políticos, evidencia de cómo las mafias siguen conquistando espacios y voluntades.

La otra censura es la del lobo disfrazado de oveja. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, es el representante más encumbrado de esta política. Hasta hace poco engañaba con su verborragia a favor de crear una ley para disciplinar a la prensa corrupta y desbocada, a la que acusaba de vender la patria al enemigo y de aumentar sus intereses económicos a expensas del pueblo oprimido.

El engaño se agudizó aún más. Con la aplicación de la Ley de Comunicación, Correa demostró que su verdadero interés es controlar a la prensa para que su imagen permanezca inmaculada, pese a casos de corrupción y autoritarismo. La ley es implacable. Más de 300 censores oficiales examinan los contenidos de los medios, imponiendo multas y castigos, ya sea por publicar una caricatura irreverente o por omitir información, como la sanción impuesta a algunos medios porque no destacaron suficiente la visita oficial a Chile de Correa.

A la censura directa se le sumaron dispositivos indirectos de acoso económico e impositivo que hicieron a muchos medios inviables y cerraron. Los que sobreviven, ante el temor de duras consecuencias, hacen un periodismo más light, sin investigaciones, autocensurado, casi pidiendo permiso, excepto para las obligatorias cadenas nacionales de propaganda. El pueblo, si antes estaba oprimido, ahora está encadenado y desinformado.

A la violencia y al engaño legal, se le suma una censura más sutil pero también maligna. Es la máscara de carnaval con la que los gobiernos promulgan leyes de acceso y transparencia para darse aires de administrar la cosa pública con total honestidad.

El gobierno de EEUU, campeón otrora de transparencia, es ahora uno de los más oscuros. Barack Obama ha encontrado en la seguridad nacional la excusa perfecta para saltar la ley de acceso y negar información pública a los ciudadanos. En Canadá, así como en El Salvador, Honduras, México, Nicaragua o Perú, los gobiernos también invocan excepciones a sus leyes para obstaculizar los pedidos de información de ciudadanos y periodistas.

Pese a la buena tendencia a favor de la transparencia, con la promulgación de leyes en Colombia y Paraguay este año; otros gobiernos, como los de Argentina, Ecuador y Venezuela, niegan tener que rendir cuentas al público. Lo hacen, sin embargo, a su manera, con gastos estrafalarios de propaganda para informar solo aquello que consideran que el pueblo debe saber. De ahí que las cadenas nacionales sean obligatorias e interminables, o que hayan tejido, a base de dineros de todos, una red de medios y periodistas para su servicio personal. Mediante ese combo de personalismo, servilismo y demagogia, las leyes de transparencia son pura declamación; sirven para todo lo contrario.

Si a esa demagogia se le suma la impunidad con la que actúan los violentos y la propaganda desenfrenada, es fácil advertir que estos distintos tipos de censura se utilizan para que el pueblo viva anestesiado, en una realidad convenientemente deformada. 

Propaganda como sostén de la ineptitud gubernamental

No la información oficial, pero sí la propaganda política para “vender” logros, mostrar actividades y adoctrinar o convencer con ideología, ha sido desde épocas remotas la marca registrada de gobiernos que, por lo general, tienen la predisposición al culto a la personalidad de su líder.

Por lo general, la propaganda termina siendo el complemento necesario para suplir la falta de eficiencia de un régimen. Los gobiernos populistas de la región han adoptado este método extraordinario de convicción, de ahí que uno pueda ver hasta el cansancio a Cristina de Kirchner, Nicolás Maduro o Rafael Correa, inundando cadenas televisivas para mantener – según justifican – un diálogo sin interlocutores con el pueblo. Es decir, no quieren ser molestados con preguntas por los periodistas, simplemente decir y hacer la propaganda que se les place.

Pese a que en esos países no esas cadenas violan las constituciones, los presidentes mencionados siguen inaugurando espacios en medios periodísticos gubernamentales – que deberían ser públicos y no para su uso personal – haciendo campañas mediáticas para vender sus logros, utilizando dineros del pueblo. Una excelente forma de corrupción disfrazada, una especie de “lavado de ideas”.

Tal vez el gobierno más desfachatado en este rubro es el argentino. Ayer la entidad de medios escritos del país, ADEPA, ratificó los datos que hace un par de semanas introdujo la Fundación LED de ese país, que estimó, con datos fidedignos y oficiales, que la publicidad oficial del gobierno de Cristina de Kirchner creció un 3.000% en 10 años. Según esta fundación, en 2013 el gobierno gastó 10 mil millones de pesos en comunicación oficial, es decir para publicitar sus actos.

"Esta gran masa de recursos que dispone el gobierno está puesta alservicio del sostenimiento del discurso de su propio relato", manifestó Silvana Giúdice, directora de la Fundación, quien fuera ex presidente de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja.

En el documento se detalló que la Publicidad Oficial creció un 3.005 por ciento entre 2003 y 2013 y que se gastaron 52.258.000 pesos para el seguimiento a la actividad de la Presidenta las 24 horas los 365 días del año.

Fútbol para Todos, uno de los emblemáticos espacios tomados por el kirchnerismo utilizado para la propaganda estatal, le costó al Estado 1.512.088.910 de pesos en 2013.

Lo más triste del caso argentino y también del venezolano es que no existen leyes de acceso a la información oficial que penalicen a funcionarios estatales cuando no brindan información solicitada por los ciudadanos, ni tampoco cuando el oficialismo miente en torno a datos y estadísticas oficiales como en el caso de los índices de inflación, inseguridad y desigualdad.

La propaganda, por ello, que les sirve para propagar actos, mentiras e ideas, termina siendo fundamental para estos regímenes, como aquellos de los más autoritarios de la historia.  

Disciplinando a los críticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siempre fue caja de resonancia de los abusos de poder y la falta de justicia en América Latina. Sin embargo, paradójicamente, quienes acuden a ella suelen transformarse en víctimas de sus propias denuncias.

Esta vez les tocó el turno a periodistas argentinos y ecuatorianos. Desde sus gobiernos les llovieron todo tipo de insultos después que denunciaron ante la CIDH que son perseguidos por sus críticas, opiniones y denuncias, como fue el caso de Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá, quienes actuaron en representación de un grupo de colegas.

La embajadora argentina ante la OEA, Nilda Garré, en vez de neutralizar las denuncias con la posición del gobierno, prefirió descalificarlos, acusándolos de “victimizarse”, de ser “voceros de grupos monopólicos que resisten los avances democráticos” y de orquestar campañas contra las políticas nacionalistas en Latinoamérica. Todo esto, después de que por años, la CIDH le negara una audiencia a los periodistas ante las presiones del gobierno.

Este arrebato en contra de quienes fueron a denunciar violaciones a los derechos humanos, se dio, paradójicamente, al mismo tiempo que el gobierno de Cristina Kirchner anunciaba con bombos y platillos, el descubrimiento de “listas negras” de la última dictadura. Y mientras se daban los nombres de los más de 300 artistas, intelectuales y periodistas que los militares consideraban blancos debido a sus denuncias y posición política, el gobierno tomaba represalias contra los denunciantes actuales, como el caso de Ruiz Guiñazú, a quien le cayeron inspectores de la AFIP, buscando pruebas por ingresos pasados.

El mensaje fue muy claro. Aunque no existe la burda censura directa, los insultos y los inspectores buscan intimidar para generar autocensura. Una forma de disciplinar a periodistas, críticos y díscolos; de la misma forma que se persigue económica, legal y judicialmente a muchos medios y empresas privadas por no plegarse a los designios del gobierno.

La misma actitud la asumió el presidente ecuatoriano, Rafael Correa. Arremetió contra un grupo de periodistas que lo denunció ante la CIDH por violaciones directas a los derechos humanos e intimidar con acciones judiciales e insultos públicos que suelen terminar en agresiones. Correa, más allá de que sus funcionarios no acudieron a la audiencia, la calificó de “payasada” y de “una más de los perdedores de las elecciones y la burocracia internacional”.

En ambos casos, se trata de un doble estándar de estos gobiernos. Sus democracias se construyeron, en parte, gracias a las denuncias que las víctimas de las dictaduras pudieron hacer ante organismos internacionales. Fue justamente una misión de la CIDH a Argentina en 1979, la que despertó la reacción internacional contra la dictadura militar, que por aquel entonces, estaba empecinada a mejorar su imagen externa con el eslogan de “Los argentinos somos derechos y humanos”, pretendiendo enmascarar las graves violaciones a los derechos humanos.

En el caso argentino es obvio que no se puede comparar la persecución en dictadura a las de este gobierno. Entre 1976 y 1983 desaparecieron 93 periodistas y cientos debieron exiliarse. Pero por menos grave que sean las violaciones ahora, no tiene por qué coartarse el derecho de quienes quieran denunciarlas o se consideren víctimas de opresión.

El caso ecuatoriano es aún más grave. Correa, enojado por informes sobre derechos humanos desfavorables a su gobierno, no solo protesta, sino que lideró una campaña internacional contra la CIDH, acusándola de “brazo del imperialismo” y amenazando con la renuncia de su país a esa jurisdicción. Algo que concretó Nicolás Maduro, quien prefirió sacar a Venezuela del sistema interamericano, antes que responder por graves atentados a los derechos humanos cometidos en su período y en el de su antecesor.

Estos gobiernos, como el argentino y el ecuatoriano, que se autocalifican de campeones de los derechos humanos, en lugar de admitir errores o investigar las denuncias, prefieren perseguir y disciplinar a sus críticos con tal de que haya una sola verdad, la oficial. Siempre, con una actitud marcadamente defensiva, prefieren atacar a quienes hacen preguntas o denuncias, a tener que rendir cuentas como les exige su mandato.

Periodistas se defienden en la CIDH, por ataques de Kirchner y Correa

Los gobiernos de Cristina Kirchner y Rafael Correa han hecho de los medios de comunicación y de sus propietarios la razón de su existencia. Los acusan de ser los poderes económicos y políticos, los verdaderos opositores, a los que califican de vendepatrias, conspiradores, golpistas y desestabilizadores. Además,  los hacen  responsables de la desigualdad, de la opresión, de incentivar la inseguridad y de desconocer a las autoridades.

En su estrategia de achacar todos los males a los medios - el único “enemigo” en pie, después de que degradaron y se apoderaron de las estructuras institucionales - se han cuidado de atacar a los periodistas, a quienes consideran víctimas de los medios privados, desalmados y monopólicos. Su táctica de pegar a los de arriba y minimizar el impacto entre los de abajo, así sean periodistas, indígenas, maestros u obreros, tiene el claro propósito de desinflar su colchón electoral.

Pero son tantas las agresiones y campañas de desprestigio que estos gobiernos y sus estructuras oficialistas le han pegado a los periodistas, a los de a pie, así como también lo hicieron gobiernos de ideologías diametralmente opuestas como los de Hugo Chávez, Carlos Menem, Alberto Fujimori o Augusto Pinochet, que los periodistas empezaron buscar refugio y a ejercer sus derechos fuera del país.

Esta semana, grupos de periodistas argentinos y ecuatorianos participaron de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar los atropellos a la libertad de expresión y de prensa en ambos países. La crítica contra los gobiernos no es tan solo por las campañas de desprestigio que sufren, sino por las trabas para hacer periodismo y las que se imponen a los ciudadanos, a quienes se niega su derecho de acceder a información pública.

Los periodistas denunciaron la censura que implica la Ley de Comunicación en Ecuador, las demandas judiciales con millonarias indemnizaciones que les llueven desde el poder político, las campañas de desprestigio con afiches, denuncias y juicios públicos, todo ello con el ánimo de censurar y generar autocensura.

También denunciaron el cepo publicitario en Argentina impuesto por la Secretaría de Comercio a los supermercados y la forma en que el gobierno utiliza fondos públicos para beneficiar a los medios que le son afín y la falta de una ley de acceso a la información pública que obligue al gobierno a ser transparente.

Obviamente, las respuestas de los gobiernos no se hicieron esperar y fueron previsibles. Rafael Correa, desde Moscú, dijo que las denuncias de los periodistas y de miembros de la sociedad civil ecuatoriana ante la CIDH era solo una “payasada”. Mientras tanto, la embajadora argentina ante la OEA, Nilda Garré, calificó a los periodistas – Joaquín Morales Solá y Magdalena Ruiz Guiñazú entre otros prestigiosos e independientes - de "voceros de grupos monopólicos que resisten los avances democráticos".

Las presentaciones de ambos grupos tuvieron en sus países una cobertura desigual. Muchos periodistas se sintieron representados pero otros los criticaron por victimizarse, desde una óptica muy parecida al oficialismo. En realidad, esto muestra que si algo “bueno” han logrado con su estrategia de desprestigio estos gobiernos, es que también han dividido y polarizado al gremio periodístico.

Politización de los derechos humanos

Venezuela se retiró esta semana del sistema interamericano de derechos humanos. El presidente Nicolás Maduro excusó el retiro acusando a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de ser mafias injerencistas e instrumentos del “imperio”, para perseguir a “los gobiernos progresistas de la región”.

La excusa no es más que una vieja argucia del régimen, que disimula una creciente y sofisticada tendencia de varios gobiernos latinoamericanos por politizar los derechos humanos y así evadir sus responsabilidades de Estado. La decisión deja desamparados a los ciudadanos sin posibilidad de acudir a instancias internacionales con la esperanza de encontrar la justicia que se le niega en sus países. Un duro golpe para los venezolanos, si se considera que solo el 3% de las violaciones a los derechos humanos llegan a juicio en su país.

Esa politización incluye violencia y demandas judiciales contra activistas de los derechos humanos, restricciones a sus fuentes de financiación y un permanente ataque al sistema interamericano, desconociéndose sus fallos y decisiones. En el fondo, es una conveniencia de los gobiernos que así se blindan ante las críticas y denuncias y no permiten la supervisión de los derechos humanos en sus territorios.

De esa forma, el gobierno venezolano evita cumplir con 16 fallos condenatorias pendientes de la Corte interamericana y pagar unos 10 mil millones de dólares en indemnizaciones a casi 300 víctimas. Pero la decisión, aunque parezca económica, es política.

Deviene de aquella retórica propagandística del ex presidente Hugo Chávez que calificaba de mafia, golpista y fascista a quienquiera que se opusiera a su voluntad. Sin embargo, pese a la dialéctica, Venezuela, por ser parte de la OEA, no puede excusarse de todas sus responsabilidades. De ejemplo valen EE.UU. y Canadá, que aunque no están bajo jurisdicción de la Corte al no haber ratificado la Convención Americana, igualmente fueron responsables ante informes de fondo que denunciaban violaciones en casos de migración, violencia doméstica, pena de muerte y por la cárcel de Guatánamo.

Maduro, así como otros presidentes progresistas como Rafael Correa, Evo Morales y Daniel Ortega, suelen engañar con una retórica que busca desnaturalizar el sistema interamericano, definido como el “último intento de defensa para los habitantes que han sufrido violación de sus derechos humanos por parte de un Estado”. A menudo amenazan con renunciar a la Convención, a la OEA, ignoran los fallos y proponen reformas que buscan quitar independencia a la Comisión y hasta crear tribunales supranacionales en otros organismos más amigables, como UNASUR y el ALBA.

En ese ejercicio propagandístico, politizan todas las causas de violaciones en sus países para poder oponerse a ellas. Y cuando hablan de derechos humanos solo respaldan aquellas causas en el exterior contra dictaduras militares o de derecha como las de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, pero se hacen los distraídos por reclamos en sus propios países o los que ocurren en tiranías de izquierda como la cubana.

Al politizar las denuncias en su contra y establecerse como víctimas, desvían la atención sobre denuncias y fallos de la CIDH que son parejas para todos los países, sin distinción de ideologías. En años recientes, Brasil, Colombia y México fueron los países que más condenas recibieron debido a la violencia consumada por la fuerza pública y grupos paraestatales; pero también fue donde mayor cantidad de denuncias se registraron debido a una mejor cultura sobre la protección de los derechos humanos.

El sistema interamericano de protección de los derechos humanos está lejos de ser perfecto; es lento, burocrático y necesita mayor eficiencia y más apoyo material por parte de los estados. Además, la Convención Americana debería ser ratificada por los 35 miembros de la OEA, y no solo estarlo por 25.

Pese a sus limitaciones y detractores, se debe reconocer que el sistema ha contribuido a crear una mejor cultura a favor de los derechos de indígenas, mujeres, niños, presos políticos, migrantes y en contra de la discriminación y el racismo, luchas todas que han enriquecido a América Latina y que no deberían ser mezquinamente politizadas.