martes, 11 de marzo de 2014

20 años de Chapultepec y la libertad de prensa

Hoy se cumplen 20 años desde que fuera redactada la Declaración de Chapultepec, por iniciativa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), un documento breve pero enérgico, que ha servido para construir cultura sobre libertad de prensa y de expresión en las Américas.

Comparto el comunicado de hoy de la SIP - La Declaración de Chapultepec cumple hoy 20 años, pero “sigue tan vigente como siempre - con el que se recuerda a los visionarios de aquella época, que tuvieron en mente un documento que a la par de ayudar al periodismo y a los medios de comunicación a hacer mejor su labor, obliga a los gobiernos a respetar el derecho del público a la información y a abrir más espacios y procesos democráticos.

Miami (11 de marzo de 2014).- Después de 20 años la Declaración de Chapultepec “sigue tan vigente como siempre”, según las autoridades de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que reclaman su relevancia en un continente todavía afectado por las violaciones a las libertades de prensa y expresión.

Al cumplirse hoy un nuevo aniversario desde que fue creada el 11 de marzo de 1994 en el Castillo de Chapultepec, en México, la SIP anunció que abre a partir de ahora una serie de actividades en su conmemoración.

La primera de ellas se efectuará en Barbados del 4 al 7 de abril próximo, donde se discutirá sobre su relevancia como documento para preservar, promover y defender la libertad de prensa. Otros actos están previstos durante la asamblea general que la organización realizará en Santiago, Chile, en octubre, además de encuentros regionales y webinarios en los que se abordará la aplicación de sus principios, esenciales para el derecho del público a la información y el robustecimiento de las democracias.

En su preámbulo, la Declaración, redactada entre ex presidentes democráticos, premios Nobel, líderes y periodistas, destaca que: “Sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia. Y sin libertad de expresión no puede haber libertad”.
Tras recordar “a aquellos visionarios que hicieron posible este documento y su utilidad”, la presidente de la SIP, Elizabeth Ballantine, The Durango Herald, Colorado, dijo que “la relevancia de la Declaración radica en que nos compromete como periodistas, pero especialmente como ciudadanos, a defender y promover las libertades de prensa y de expresión como prioridades para alcanzar el bien común”.

La Declaración de Chapultepec (http://www.sipiapa.org/chapultepec3/acerca-de-la-declaracion) contiene 10 principios fundamentales necesarios para que una prensa libre cumpla su papel esencial en una democracia. Fue aprobada durante la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión del 11 de marzo de 1994 en Ciudad de México y desde entonces adoptada por jefes de Estado, líderes, académicos, estudiantes y ciudadanos de las Américas.

El presidente de la Comisión de Chapultepec de la SIP, José Roberto Dutriz, La Prensa Gráfica de El Salvador, agregó que “la Declaración no solo nos compromete a buscar permanentemente la verdad, a exigir libertad y tolerancia, sino también nos compromete a respetar normas y criterios éticos en la comunicación”.

En tanto el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, Búsqueda, Uruguay, subrayó que “la Declaración se ha transformado en una vara esencial para medir los niveles de libertad y democracia del que gozan los países, ayudando a crear jurisprudencia para garantizar los derechos y libertades individuales”.

En ese sentido, Paolillo y Dutriz, recordaron que en 2001 la Declaración de Chapultepec sirvió de base para la redacción de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Programa de Chapultepec de la SIP cuenta con el apoyo económico actual del Fondo James McClatchy de La Fundación San Francisco, California. Desde sus orígenes en 1994 y por más de una década, ese Programa contó con el respaldo económico de la Fundación Robert R. McCormick, de Illinois, EE.UU.

lunes, 10 de marzo de 2014

Internet, protestas populares e hipocresías gubernamentales

Venezuela confirma lo que ya nos había enseñado la Primavera Árabe, el Movimiento 15-M español, el Occupy Wall Street, los universitarios chilenos pro educación gratuita y los jóvenes brasileños anti mundialistas. Los ciudadanos de a pie, auto convocados a través de las redes sociales y teléfonos móviles, se convirtieron en el quinto poder.

Estas protestas espontáneas trajeron grandes desafíos a los gobiernos. Antes les bastaba con dominar partidos y sindicatos, fuente de las manifestaciones. Ahora, las tecnologías de la comunicación hicieron el blanco más esquivo. De ahí que opten por tres caminos para neutralizar el derecho de reunión: Alientan más regulaciones de orden público como en Argentina o restringen el internet y reprimen con brutalidad como en Venezuela.

El camino está plagado de ironías e hipocresías. EE.UU., el país más despreciado desde América Latina, es usado de ejemplo. Días pasados, la presidente Cristina de Kirchner propuso un anteproyecto para imponer orden al derecho de reunión, justificando lo que observó en Nueva York: Protestas ordenadas y autorizadas.

Su llamado a la “convivencia popular” tiene sentido común – que el derecho de protesta de unos no conculque los derechos de otros – pero tal vez sea, más bien, sentido de oportunidad con la intención de censurar el disenso. Ironía. Hasta hace poco, al kirchnerismo no le importaba cortar rutas y calles para amedrentar a opositores y críticos. 

Lo que Cristina no dijo es que en EE.UU. ni la policía ni las fiscalías están sometidas al poder político, por lo que el gobierno no puede ordenar represión ni conculcar el derecho de reunión a conveniencia. Son jueces autónomos los que deciden neutralizar desbordes y vandalismos, si los hay.

Esa politización de la represión es más notable en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, arropado de todos los poderes del Estado, es quien la dispone sin mediación. Manda a las tropas de la Guardia Nacional y a grupos paramilitares reprimir con balas, mientras ordena a fiscales y a la Justicia dictar cargos criminales que él mismo dispone a placer.

Así se lo criminalizó a Leopoldo López, a otros opositores y a estudiantes que por protestar contra la inseguridad, la inflación y el autoritarismo de Estado, terminaron presos por terrorismo, delincuencia organizada, traición y otros delitos que se castigan con decenas de años de cárcel.

Maduro justifica que la represión sirve para proteger los derechos a la paz y a la vida. La hipocresía pasaría por alto, si la estrategia de control no fuera evidente. Pero Maduro censura a la radio y la televisión con leyes que permiten cerrarlas si trasmiten imágenes sobre las protestas, y a los diarios, más chúcaros, les impide importar papel para publicar. Neutralizados los medios tradicionales, la última escalada de censura abarcó a Twitter, Whatsapp y Zello, herramientas esenciales de los manifestantes.

Al contrario de su llamado irónico a la paz y al diálogo, Maduro está decidido a seguir reprimiendo. Esta semana, en el aniversario de muerte de su predecesor, ordenó socarronamente a la Guardia Nacional que “Candelita que se prenda, candelita que se apaga”.

Tampoco no todo es rosa en los movimientos creados por las redes sociales. Como son parte del contexto, algunos que en ellas actúan, también lo hacen con intención de distorsionar, manipular o generar anarquía, desórdenes y violencia. Y si a ello se le suma que los gobiernos tienen ejércitos de ciber militantes con el objetivo de desacreditar e intimidar a opositores, mentir y neutralizar protestas, es fácil advertir que las redes sociales pueden convertirse en campo de batalla y acarrear más problemas que soluciones. Además, si los usuarios no logran cambiar las cosas, se corre el riesgo de que pueda generarse mayor frustración e ira de la que se estaba intentando aplacar.

Es difícil predecir lo que sucederá en Venezuela. Pero es evidente que las redes sociales están jugando un papel significativo respecto a los derechos humanos de reunión y de expresión. La capacidad de auto convocatoria y de denuncia de abusos, divulgando fotos y videos que están vedadas a los medios tradicionales, se impone como un nuevo poder capaz de contrarrestar a aquellos gobiernos que pretenden controlarlo todo.