viernes, 21 de enero de 2011

Vogue y las lamentables fotos de niñas



La edición francesa de la revista Vogue se equivocó al publicar un suplemento de 15 páginas mostrando como modelos a tres niñas de entre 5 y 7 años, en poses algo provocativas. El incidente generó dos cosas, la salida de su editora jefa, Carine Roitfeld y que la edición se agotara rápidamente.
Más allá de estas dos consecuencias, la primera esperada y la segunda escandalosa, la decisión de Vogue de buscar el éxito cuantitativo o la sorpresa de mercadotecnia, no es más que una grave transgresión de las normas éticas del periodismo, que indican límites y responsabilidades en el uso de fotografías de niños y menores.
Se trata de una mala decisión, de mal gusto, un abuso de privilegios en el arte de publicar, que debe ser condenada por el posible riesgo de incentivar conductas inhumanas y morbosas contra los menores que están más arraigadas de lo que creíamos en nuestra sociedad. De ahí que cada vez nos enteremos más, y que pareciera común, el desmantelamiento de bandas dedicadas a la pornografía infantil a través del internet y al comercio sexual infantil.
Por lo general, la decisión de publicar este tipo de materiales suele tomarse después de discusiones profundas y tras un proceso de reflexión, situación que parece no haber existido en Vogue. Y si lo hubo, no solo la editora jefa debería quedar en la calle.

jueves, 20 de enero de 2011

Linchamiento digital de Wikileaks


Hasta ahora lo de Wikileaks pasó para muchos como uno de los grandes avances de la comunicación al revelar información secreta que cuestiona políticas públicas de varios gobiernos, especialmente al de EEUU, con la idea de que la transparencia de todos los actos – públicos, privados y secretos – son no solo necesarios para la gente sepa sino para que los gobiernos queden desenmascarados y, debido a esa exposición al escarmiento público, se sientan obligados a tomar acciones correctivas.

El precepto de que iluminar la realidad a través de la revelación de información y las denuncias sirve para que se eviten abusos futuros es, en definitiva, la razón de ser del periodismo, una existencia que se ampara en la misión de “watch dog” o de perro guardián, en el objetivo y trascendencia de la prensa como fiscalizadora del poder público.

Así las cosas parecieran muy simples. Sin embargo, dentro de esta misión enaltecedora para la sociedad, el periodismo tiene ciertas responsabilidades legales y éticas sobre las que debe responder. Entre ellas, no puede difamar, hacer apología del delito o poner en riesgo la seguridad nacional de su país, sin efectos ni consecuencias legales a las que debe someterse y atender como cualquier hijo de vecino; aunque, claro está, las leyes no tienen siempre la evidencia de la razón cuando hay información que debe conocerse por su interés público y social.

Tampoco un medio puede hacer uso de sus puntos de vista y sus verdades y su información para conseguir justicia por manos propias, de ahí que los tribunales muchas veces recurren a los periodistas para que aporten información en procesos judiciales.

Vale esto para establecer que lo de Wikileaks no es un proceso muy justo. Primero porque Julian Assange le gusta considerarse periodista y a Wikileaks un medio, pero no quiere estar regulado por las leyes ni la ética a la que sí están atados los demás medios. Segundo porque considera que su sitio carecería de impacto y razón de ser si debiera manejarse con criterios periodísticos en los que debería incluir el balance, contextualización, chequeo y contraste de fuentes; por ello busca el apoyo de los medios de comunicación tradicionales y de referencia que le pueden dar mayor realce y credibilidad a sus revelaciones, como The New York Times, El País, Le Monde, Der Spiegel y The Guardian.

Hasta aquí, Wikileaks pudiera ser considerado el Robin Hood moderno de la comunicación, un ladrón que roba (información) a los ricos principalmente (EEUU) en beneficio de la igualdad y el escarmiento para que el resto sepa sobre la manipulación a la que el rico somete a todos.  En este sentido, lo más relevante del trabajo de Wikileaks hasta ahora han sido las denuncias anteriores a la filtración de los 250 mil cables confidenciales de la diplomacia estadounidense, porque en las primeras denuncias sobre la guerra de Irak había implícito actos de corrupción; pero en esta última se trata de cuestiones que pueden asemejarse más a opiniones que hechos, chismes muchos de ellos, algo que la diplomacia del mundo entero hace, aunque solo se quiera endemoniar a la estadounidense.

La reacción del gobierno de EEUU - y de otros gobiernos que temen ser ensuciados por la forma de operar de Wikileaks - de buscar por todos los medios la forma de procesar a Jualian Assange es parte de la responsabilidad que tienen los funcionarios - aún si los mueve un sentido revanchista contra quienes muchos consideran un terrorista sin armas – para hacer cumplir la ley. De ahí a que consigan las evidencias hay mucho trecho y en el caso de EEUU no le será fácil procesar a Assange, cuando la Primera Enmienda, administrada por los altos tribunales, casi siempre ha hecho prevalecer la libertad de publicar temas de interés público contra la información que los gobiernos quieren mantener silenciada.

Ahora bien, distinto puede ser el caso cuando lo que se busca a través de Wikileaks es suplantar la justicia nacional o internacional, cuando el sitio se puede convertir en el equivalente de lo que algunos ciudadanos de varios países hacen cuando se siente frustrados por la impunidad: linchamiento.

Wikileaks corre el riesgo de convertirse en un sitio para el linchamiento digital, lo que ha quedado en evidencia con la denuncia que en forma pomposa se hiciera esta semana en Londres, en la que Rudolf Elmer, quien trabajó para el banco Julius Baer, en Suiza, entregó en una conferencia de prensa en Londres a Assange unos cd conteniendo los nombres de unos 2.000 famosos, entre ellos 40 políticos, que serían evasores de impuestos.

Que los bancos suizos y del Caribe están llenos de cuentas de políticos corruptos desde las del dictador Duvalier hasta de Menem, o sirven para evadir la responsabilidad impositiva, no hay dudas. Pero la pregunta es si se debe escoger un medio para ventilar ese tema o debiera ser la justicia.

Buscar un medio para la denuncia y el escándalo público pareciera ser más una cuestión de linchamiento (digital, en este caso) que la búsqueda de la justicia. Los discos podrían tener mejor destino si su contenido fuera depositado en las cortes penales de los países a los que pertenecen esos evasores.

Habrá que ver también si Elmer es responsable, como busca ahora la justicia suiza y lo está procesando, de robar información confidencial a sus empleadores. No creo que estemos en capacidad simple de decir que la justicia suiza está violentando la libertad de expresión de Elmer. Distinto sería si se le hubiese impedido a Elmer reunirse con Assange para entregar los discos, pero investigarlo después es su deber, por lo que a primera vista no hay violación a la libertad de expresión.

miércoles, 19 de enero de 2011

Las culpas de Tucson


Al discurso incendiario que se ha apoderado del debate público en EEUU, se le atribuyó casi por unanimidad la matanza perpetrada contra un mitin político en Arizona en la que resultó herida de gravedad la congresista demócrata Gabrielle Gifford, y fueron asesinadas a sangre fría otras seis personas.
Para los demócratas, la tragedia de Tucson, fue consecuencia de los altos decibeles de la retórica del ala más conservadora del Partido Republicano, nucleada en el Tea Party que lidera la ex gobernadora Sarah Palin. Para los republicanos, se trata del ventajoso aprovechamiento de los demócratas en la búsqueda de rédito político para contrarrestar la pérdida de las elecciones legislativas de noviembre. Según otros, la culpa recae en los medios de comunicación, por su sensacionalismo en la cobertura política y de otros hechos noticiosos.
Es cierto que la diatriba puede inflamar los ánimos y derivar hacia la apología del delito. Sin embargo, si la sicología de las matanzas estuviese determinada por el discurso encendido, uno se debería preguntar por qué no se dan en sociedades polarizadas como en la Venezuela de Hugo Chávez, el Ecuador de Rafael Correa o la Argentina de Cristina de Kirchner, donde estos presidentes, opositores y periodistas se enfrascan a diario en furibundas batallas dialécticas.
Las palabras y los insultos han causado siempre grandes conflictos en la historia, pero lo de Tucson está más atado a la perturbación mental de un joven de 22 años, Jared Loughner, quien aparentemente actuó solo, sin estímulo político, y apoyado por una enmienda constitucional que permite a cualquiera comprar armas de fuego sin restricciones, un tema que se discute cada vez que ocurre una masacre, como la de Colombine o Port Hood, pero que se diluye ante opiniones tan diametralmente opuestas como irreconciliables.
El sheriff demócrata que atiende la causa, Clarence Dupnick, fue quien encendió la mecha el día después de la tragedia al culpar a los republicanos por el nivel retórico de confrontación, olvidándose que su papel era investigar, no opinar sin pruebas. Hasta cinco días después todo pareció sosegarse cuando el presidente Barack Obama, en el homenaje a las víctimas, se sirvió también de las palabras, pero usadas esta vez magistralmente, para llamar a la reflexión, bajar el tono de la discusión partidista y terminar con las culpas.
El mensaje de Obama ayudó a calmar los ánimos. Pero la baja de decibeles fue posible al conocerse información más concreta sobre el hecho, lo que sirvió para neutralizar las opiniones especulativas de los primeros días, como las del sheriff, la de políticos que creyeron ver a un agresor motivado por órdenes del Tea Party o la de periodistas que comunicaron inexactitudes y se sumaron a la riña política.
La ex candidata a vicepresidente Palin saldrá mal parada de este entuerto, porque es proclive a lanzar dardos por fuera de los períodos electorales. Pero mal haría que se autocensure o la censuren, porque su posición sirve para que muchos encuentren el centro entre los extremos de políticas progresistas del gobierno y conservadoras de la oposición. Además, tiene razón sobre que las culpas de los actos monstruosos deben buscarse en ellos mismos y que el debate en EEUU siempre fue acalorado.
Tan apasionado, que el histórico respeto por la democracia y el debate de las ideas en el país, no está exento de violencia política, de locos y mesiánicos. La prueba son las decenas de dirigentes y congresistas que fueron asesinados, así como cuatro presidentes mientras ejercían la Casa Blanca: Abraham Lincoln (1865), James Garfield (1881), William McKinley (1901) y John Kennedy (1963); y Ronald Reagan, que se salvó milagrosamente tras un atentado en 1981.
Tampoco se puede eliminar por completo la responsabilidad de las palabras. El año pasado, los ánimos caldeados – no solo de los políticos - por la reforma de salud y la ley anti inmigrante de Arizona, derivaron en una polarización absurda y en actos vandálicos contra oficinas públicas y de congresistas.
Es bueno el encargo a recuperar el civismo como pidió Obama, pero la lección de vida que se desprende de la masacre de Tucson, debería servir para canalizar un debate profundo y terminar con la hipocresía de glorificar las armas y demonizar las palabras.

martes, 18 de enero de 2011

La hipocresía sobre las armas de fuego

La matanza de Tucson, Arizona, en la que murieron a sangre fría seis personas, 14 resultaron heridas, entre ellas la congresista demócrata, Gabrielle Giffords, no azuzó el debate sobre las armas de fuego como se suponía, sino más bien reactivó un montón de proyectos de ley en varios estados del país que pretenden menos restricciones para su compra y su portación.
Se trata de una actitud bastante hipócrita, de espalda a lo sucedido, aunque quienes creen en las armas, muchos legisladores republicanos y la Asociación Nacional del Rifle, consideran que la libertad sobre ellas, garantizada por la Segunda Enmienda constitucional, ha evitado que se produzcan muchas otras masacres.
Según un cable de la AP, en los últimos se aprobaron muchas leyes en Arizona para que permiten la compra y portación de armas en “casi cualquier lugar y en cualquier momento”, y que incluso días después de la matanza perpetrada por Jared Loughner el 8 de enero, se presentaron nuevos proyectos de ley que propenden aún a menores restricciones.
Los republicanos en Arizona aducen que nada les disuadirá para seguir con su agenda a favor de las armas, como una nueva regulación que, de aprobarse, permitirá a los profesores universitarios a portar armas ocultas en los recintos académicos. Según la AP, solo Utah permite la presencia de armas en universidades y 24 estado las prohíben.
Por otra parte, en el Congreso de la Florida se han propuesto tres proyectos de ley que restringen a los gobiernos locales regular sobre armas de fuego, “prohibir a los médicos que pregunten a sus pacientes si tienen armas y permitir que la gente las porte de manera abierta, sin ocultarlas, incluso en los recintos universitarios”, según reportó el domingo pasado el The Miami Herald.
A decir de este diario, Estados Unidos tiene índices de asesinato mayores que el resto de los países industrializados. Dos terceras partes de los homicidios en la Florida y el país se cometen con un arma de fuego, según estadísticas del FBI y de la Florida. La NRA afirma que habría más asesinatos sin derecho a tener armas.
Es obvio que a partir de estos datos objetivos, existe una clara hipocresía en EEUU cuando se habla sobre el derecho a portar armas de fuego, algo que parece estar más de acuerdo a las necesidades económicas e intereses de la industria que a la realidad del país.
Uno pensaría que ahora que hay con Barack Obama un desarme oficial y formal en materia de armas nucleares entre EEUU y Rusia, habría una mejor actitud y cultura para discutir sobre el desarme interno. Pero no es así.  

El engaño de Rafael Correa


Rafael Correa, el presidente ecuatoriano, sigue engañando a la gente con pura demagogia barata, esta vez, en su estilo típico y netamente neo populista hace que la gente confunda democracia representativa con democracia participativa, es decir le quita el papel que le cabe a la Asamblea Nacional para debatir leyes, tratando de convertir todo en compulsa con el pueblo.
Es obvio que lo hace en situaciones en las que goza de alta popularidad, estimada por arriba del 70%, porque seguro que no consultaría al pueblo en circunstancias que no tuviera credibilidad ni popularidad. Correa, así, es ventajista, oportunista y demagógico.
Las preguntas que entregó hoy a la Corte Constitucional - para que valide su legalidad y pueda hacer una convocatoria en consecuencia, para lo que tiene un plazo de 45 días - tienen que ver con cuestiones de Estado, como la administración de justicia, la lucha contra la inseguridad y las regulaciones de la banca, pero también se mete con cuestiones netamente privadas, como el caso de la prensa, entrometiéndose en cuestiones que hacen a la libertad de expresión.
Es obvio que si sus preguntas pasan, el Gobierno, como siempre hizo, invertirá altas sumas de dinero para hacer propaganda sobre sus causas y los resultados que le gustaría escuchar – de ahí cómo están formuladas – de ahí su estilo populista y maquiavélico en dirigir.
Correa explicó que cinco preguntas se refieren a reformas que quiere proyectar en reformas constitucionales y sobre las demás quiere auscultar “la sabiduría popular” para que luego se pueda legislar. ¿Será que Correa no entiende que ya existen estudios y sondeos y encuestas sobre los temas a los que da prioridad la gente?
Justificó su “democracia participativa” como la que siempre defiende Chávez para crear división de clases y justificar la dependencia de los demás poderes del Estado y la creación de estructuras de poderes paralelos con su demagógica frase: “Está en las manos del pueblo ecuatoriano decidir quién tiene la razón y quien no la tiene, si un Gobierno que es capaz de revisar día a día la marcha de las cosas confrontándolas con la realidad, y corregirlas lo más rápido cuando creemos que no marchan”.
Las 10 preguntas son las siguientes:
1)    ¿Está usted de acuerdo en que la correspondiente ley cambie los plazos razonables para la caducidad de la prisión preventiva, enmendando la Constitución de la República como lo establece el anexo 1? (Dijo que era necesario una reforma, por la alta corrupción de muchos jueces).
2)    ¿Está de acuerdo en que “las medidas sustitutivas a la prisión preventiva se apliquen únicamente para los delitos menos graves, enmendando la Constitución de la República? (Criticó la discrecionalidad y corrupción de los jueces).
3)    ¿Está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente? (Quiere que ni los banqueros ni los dueños de los medios tengan otra actividad).
4)    ¿Está usted de acuerdo en sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una Comisión Técnica compuesta por tres delegados designados, uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la Función de Transparencia y Control Social, para que durante un período de 18 meses asuma todas y cada una de las funciones del Consejo de la Judicatura y pueda reestructurar el sistema judicial? (Criticó la corrupción de los jueces).
5)    ¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial? (No quiere que la justicia sea autónoma, sino que busca que sea responsabilidad de todos, para lo que pide representantes del Ejecutivo y Legislativo; olvidándose del fundamental precepto de la independencia).
6)    ¿Está usted de acuerdo que sea delito el enriquecimiento privado no justificado? (Busca combatir la corrupción en el sector privado, para lo cual ya existen leyes).
7)    ¿Está usted de acuerdo en prohibir en su respectiva jurisdicción cantonal los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego? (Deja de lado la autonomía de las jurisdicciones y no se mete con la Lotería Nacional considerando que a diferencia de las actividades privadas no tiene fines de lucro. ¿No los tiene?).
8)    ¿Está usted de acuerdo en prohibir, en su respectiva jurisdicción cantonal, los espectáculos públicos donde se mate animales? (Está en desacuerdo, dijo, que se maten animales en espectáculos, lo que no está mal, pero sí está mal que ya tiene una opinión al respecto, por ejemplo, sobre las corridas de toros; por lo que seguramente habrá propaganda que inducirá a esa respuesta).
9)    ¿Está de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores? (La pregunta está de más, ya la contiene en el proyecto de ley que está tratando de imponer a toda costa; lo único que busca es reforzar su opinión).  
10)                    ¿Está usted de acuerdo que la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de trabajadores en relación de dependencia sea considerada delito?
Lo muy obvio de Correa es que simplemente está depositando su confianza de que la mayoría es la soberanía popular, cuando ésta está compuesta no sólo por la mayoría sino también por la minoría y por el grado de debate y discusión que hay en un tema.
La representatividad – para ello las democracias han inventado los Congresos – es la que da mayores garantías de que se respeten las distintas voces. Gobernar por el principio de lo que opine una mayoría (muchas veces inducida) suele derivar en cuestiones de propaganda y engaño.