Crisis de identidad en el periodismo

Así como Wikipedia cambió el mundo de las bibliotecas y Uber a la industria del taxi, el periodismo está atravesando un proceso de cambio brusco y complejo.

Toda evolución conlleva cierta crisis de identidad. La del periodismo está potenciada por un contexto híper informativo digitalizado, en el que se han borrado las fronteras entre medios de comunicación tradicionales y redes sociales, entre periodistas profesionales y periodistas ciudadanos, esos individuos que munidos de un teléfono inteligente todo lo captan y postean sin filtros ni criterio en Facebook, Twitter o Instagram.

Periodistas y medios siempre se jactaron de las reglas de la ética profesional para adoptar criterios sobre qué, por qué y cómo publicar. Hoy, muchas veces, no hay tiempo para pensar y decidir; medios y periodistas se ven superados por el liderazgo de los periodistas ciudadanos y de las redes sociales, y deben publicar de inmediato obedeciendo a las reglas del mercado y la competencia por las audiencias.

Ejemplo palpable sucedió esta semana. Los medios no tuvieron más remedio que tomar de Facebook el dantesco video que filmó el propio asesino de los periodistas Parker y Ward de Virginia. En circunstancias normales, los medios no lo hubieran publicado, ya sea por recato y respeto a los familiares de las víctimas, pero la viralización global del episodio no les dejó alternativas.

En una época en que todo es reality show y se viraliza, desde los degüelles publicitados por los terroristas islámicos para ganar adeptos o las denuncias de Edward Snowden y de Julian Assange, el periodismo atraviesa un trance complejo, lleno de cuestionamientos sobre su nuevo papel.

Estos interrogantes internos y externos a la profesión también se han potenciado porque, como en cualquier disciplina, hay profesionales en todos los extremos y de infinitos tonos: Excelentes – mediocres; humildes – arrogantes; honestos – corruptos; neutros – prejuiciados; imparciales - activistas.

Estos últimos suelen ser los más influyentes, formadores de opinión y representantes de comunidades que no tienen voz. Jorge Ramos en EE.UU., Jorge Lanata en Argentina y Jineth Bedoya en Colombia son algunos de ellos.

Ramos, que tiene a la inmigración como causa, cobró mayor notoriedad esta semana cuando Donald Trump lo expulsó de una conferencia de prensa justamente por confrontarlo por su desprecio hacia los inmigrantes, lo mismo que recriminó en vivo a Barack Obama por las deportaciones.

Ramos no es un periodista liso y llano, tiene agenda propia y nunca lo disimuló; pero después del incidente con Trump fue más activista que nunca: “Cometeríamos un error si no nos lo tomamos en serio (a Trump). Si llega a la Casa Blanca, la transformación de Estados Unidos sería brutal y tendría graves consecuencias para los latinos".

El activismo periodístico tiene precio. Los informadores que confrontan cara a cara con el poder, también suelen polarizar a la ciudadanía cosechando tantos amores como odios. Lanata es un personaje amado por muchos argentinos por su lucha frontal contra la corrupción, pero también es odiado por los simpatizantes de sus interlocutores y por aquellos que, al igual que sucede con Ramos, ven con desagrado que su altivez supere su conducta profesional.

La causa exacerbada o el activismo pueden aparentar cierta arrogancia, pero a veces no es más que el producto de la pasión, la rigurosidad, las confianza de sus fuentes y la valentía por confrontar a los poderosos e intocables.

El activismo conlleva riesgos. Bedoya, que abrazó la causa en contra de la violencia de las mujeres, luego de que fuera secuestrada y violada en represalia por sus denuncias periodísticas, vive rodeada de guardias de seguridad. En su caso, como en el de otros, el activismo no es un ideal periodístico y es peligroso, pero se hace necesario cuando otros géneros periodísticos, como la investigación y las denuncias, no alcanzan.

Aunque los activistas y la inmediatez de la información potencien la crisis de identidad, la profesión no tiende a desaparecer como pronostican algunos agoreros, sino que está en proceso de evolución. Ante tanta complejidad y sobre abundancia informativa, nunca se hizo más necesario que haya profesionales que descubran e iluminen la realidad.

Justicia domesticada

Varias cosas definen la calidad de una democracia, pero nada como la justicia independiente. De ahí el recelo con aquellos gobiernos que en el “nombre del pueblo” buscan “democratizar la justicia”, cuando lo que quieren es domesticarla.

Casi todos los presidentes del continente tienen asuntos pendientes con la justicia. Algunos porque no la procuran con voluntad política como el mexicano Enrique Peña Nieto. Otros porque se adueñaron de ella con jueces y fiscales gubernamentales como Nicolás Maduro y Rafael Correa. Muchos porque la evaden constantemente como Cristina Kirchner y otros porque enfrentan a dos tipos de justicia, la ordinaria y la política, como Dilma Rousseff.

En Brasil la dura justicia ordinaria, que ya envió ministros, legisladores y empresarios a la cárcel, está ahora apuntalada por manifestaciones de gente que piden la cabeza de la presidenta, cansadas y frustradas por tanta corrupción. El peligro es que las marchas también incentivan la justicia paralela, esa que administran en el Congreso los legisladores, muchas veces guiados por revanchismos y oportunidades políticas, más que por el bien común.

La justicia brasileña ya demostró resolución e independencia, por lo que sería prudente esperar su juicio a tener que soportar un revoltijo entre poderes públicos que solo logrará debilitar la democracia. Sería mejor darle tiempo a la Corte Suprema para que resuelva los 54 expedientes que, entre otros, vinculan dineros mal habidos de Petrobras a la fundación y negociados del expresidente Lula da Silva y a las campañas electorales de la presidenta Rousseff.

La justicia brasileña junto a la de Uruguay, Costa Rica y Chile, es la que ha demostrado mayor independencia, de ahí su eficiencia. En varios países, con justicia contaminada, se observa como un sistema corroído por el poder político genera un círculo vicioso del que se retroalimenta la corrupción y la impunidad infinitas.

Argentina es el caso típico. Los casos irresueltos se amontonan, algunos de alto voltaje internacional, como el atentado contra la AMIA y la muerte todavía dudosa del fiscal Alberto Nisman. Si a estos casos se les suma la inmunidad de autoridades y funcionarios comprada a través de jueces y fiscales adictos, nadie debería sorprenderse cuando el sistema político parece desmoronarse, hasta lo más simple termina traumático y forzado, el desarrollo del país se estanca, las inversiones extranjeras anidan en otros lugares, mientras que la inseguridad pública y la violencia se tornan intolerables.

No puede haber confianza interna e internacional cuando la élite del país vive de privilegios, blindándose con leyes especiales y tribunales adictos. En este tipo de sistemas corruptos, en el que se incentivan todo tipo de vicios, no es fácil ser juez o fiscal independiente.

Los casos de Perú, Colombia, México (y ahora Argentina), demostraron como los sistemas judiciales suelen debilitarse después de ser domesticados por la política, volviéndose cada vez más permeables a las mafias y el narcotráfico. No por nada los obispos argentinos, que ya habían adoptado la máxima del papa Francisco de que la falta de independencia judicial equivale a “terrorismo de Estado”, están ahora implorando a los políticos a que hagan algo contra el narcotráfico, ante la indiferencia palpable en la campaña electoral de cara a las elecciones de octubre.

La experiencia de países que estuvieron a la puerta de ser “Estados fallidos” debido al avance y connivencia del narcotráfico con las instituciones, demuestra que los narcotraficantes siempre aumentarán la apuesta para que la justicia sea corrupta y débil, para que de esa forma puedan actuar con mayor impunidad.

En contextos así, difícilmente los jueces pueden ser equitativos y probos. Además de sus propias tendencias y convicciones, tienen que lidiar con leyes que no muchas veces comparten. Mandar a la cárcel a alguien por tener un par de gramos de marihuana para consumo y no poder hacerlo con otros que roban millones, pero se blindan con leyes y sobornos, es parte de la frustración.

Está visto que la justicia es un ideal y es perfectible, porque rara vez satisface a todas las partes. Pero cuando está domesticada, jamás puede ser buena. La justicia politizada es el mayor vicio del subdesarrollo.