Brasil, Venezuela, la república y el Golpe (de gente)

Una república se distingue por sobre otro sistema de gobierno por la independencia de poderes; por los mecanismos de la oposición para fiscalizar al poder; por la libertad de la prensa para informar y por la de los ciudadanos a expresarse, asociarse y movilizarse, sin trabas ni represalias, en igualdad de condiciones ante la ley.

El concepto puede ser abstracto. Mejor un par de ejemplos de esta semana.  Dilma Rousseff fue destituida mediante juicio político constitucional, por un Congreso que se manejó autónomo al Poder Ejecutivo, una justicia que permaneció neutral y una prensa que pudo informar sin cortapisas.

En Venezuela las causas y consecuencias de la “Toma de Caracas” de este jueves mostraron lo contrario a una república. Antes y después de la masiva marcha de la oposición para garantizar y acelerar el proceso de referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro, este encarceló a opositores, usó las fuerzas de seguridad para restringir los accesos a Caracas, expulsó a periodistas extranjeros y aseguró que le quitará inmunidad a los parlamentarios para juzgarlos por intentona de golpe de Estado.

Desquiciado con el avance de la oposición y con un país que se le escapa de las manos, Maduro desconoce el mecanismo de referendo que el chavismo creó mediante su propia reforma constitucional. Ante la debilidad de su mandato, Maduro se ha vuelto más autoritario. Apura a la Justicia para que cierre el Congreso y despide a los empleados estatales que firmaron la petición de la revocatoria, una purga que coarta la libertad más preciada, la de conciencia, el hilo más delgado por donde se corta cualquier revolución.

Es verdad que el proceso de destitución de Rousseff es confuso y ambiguo; puede interpretarse según la ideología con que se lo mida. Para la oposición fue un proceso apegado a la Constitución, mientras que para sus adeptos fue un golpe de Estado; en especial, porque si los delitos que se le achacan – haber maquillado cuentas públicas para conseguir su reelección – se aplicaran al resto de gobernantes, América Latina quedaría acéfala.

Más allá de las controversias, como las que en su momento provocaron las destituciones de Fernando Lugo en Paraguay y Manuel Zelaya en Honduras, lo cierto es que en Brasil se siguieron los procesos y las excusas que marcan la Constitución, con total transparencia, libertad y sin presiones ni prisiones.

Rafael Correa, Evo Morales, Nicolás Maduro y Daniel Ortega no reconocieron al nuevo presidente Michel Temer. Pero nadie se rasgó las vestiduras por la obviedad, toda vez que estos políticos siempre se arremolinan detrás de quien ostenta su propia ideología. Nunca denuncian los golpes y autogolpes propios, como los de Maduro contra la Constitución y el Parlamento, y omitieron pronunciarse sobre la renuncia en 2015 del presidente derechista guatemalteco, Otto Pérez Molina, ante la destitución inminente que le amenazaba.

Tampoco se puede desconocer que Rousseff es consecuencia de una purga anticorrupción que pidió a gritos la gente en las calles. Que estuvo involucrada, al menos por omisión, en los casos más sonados de corrupción, que protegió al ex presidente Lula da Silva y vio como varios de sus ministros terminaron detrás de los barrotes.

Pero en la encrucijada, pese a que el Senado prefirió optar por el borrón y cuenta nueva, Rousseff cuenta con otro resorte de la república. Su defensa ya se encaramó ante la Corte Suprema, la que tendrá que dar el veredicto final. La decisión se adivina incierta, sobre todo por la independencia y libertad de los jueces para actuar.

Esa justicia republicana ni existe ni está garantizada en Venezuela, donde la Justicia actúa según los designios de Maduro y la mayoría de las leyes se han fabricado a medida del chavismo.

En Venezuela, más allá de las carestías económicas, la gente está cansada de no gozar de las mieles de una república. Las minorías despreciadas se han convertido en la nueva mayoría y están cada vez más dispuestas a salir a la calle a conseguir lo que no le dan las instituciones. El golpe no será institucional como sueña Maduro, sino de gente.

  

En un país sin justicia ni república, Maduro tendrá que ser cada vez más autoritario para sostenerse; a riesgo, claro, de que estará caminando hacia su autodestrucción. trottiart@gmail.com

Las olimpíadas (y el Mundial) deslucen a Brasil

Cuando en 2009 el ex presidente Lula da Silva anunció el Mundial de Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro de este agosto, el gobierno brasileño exudaba optimismo y los brasileños tocaban el cielo con las manos.

Aquella algarabía oficial por mostrar al mundo un país potencia en desarrollo fue puro espejismo. Los dos mega eventos terminaron por desnudar a un país desigual, desordenado y putrefacto, tanto por la corrupción pública como por la contaminación de aguas fecales y deshechos humanos en la bahía de Guanabara.

Hoy, a diferencia del Mundial, no hay protestas anticorrupción. Fueron aplacadas por la destitución de Dilma Rousseff, el encarcelamiento de ministros y del propietario de la constructora Odebrecht. Sin embargo, sigue intacto el hastío de la gente por el desorden del gobierno y la máscara que esconde al verdadero Brasil.

Una encuesta del Instituto Datafolha revela que más de la mitad de los brasileños desaprueba los JO y que desenmascaran aún más las inconsistencias del país. Los JO han desnudado los problemas económicos de un Río en quiebra, un sistema estatal y federal incapaz de lidiar con la contaminación y concluir las obras programadas, algunas, concedidas a cambio de sobornos al mejor postor, como ocurrió con varios estadios mundialistas.

A los problemas endémicos, se les deben sumar los fortuitos, como los de seguridad y salud pública. Según Amnistía Internacional las víctimas fatales a manos de la policía se incrementaron en un 135% en los últimos meses. Y Los atentados en Niza, Alemania y masacres en EEUU suman preocupaciones a las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia. Esta semana detuvieron a 10 jóvenes brasileños sospechosos de estar preparando atentados a nombre del Estado Islámico y detectaron webs con propaganda terrorista en portugués.

El zika que ha infectado a 163 mil brasileños, está más controlado en época de invierno, pero sigue sobrevolando sobre el espíritu olímpico. Algunos comités nacionales han dado libertad a sus atletas para participar en Río, siendo el basquetbolista Stephen Curry el caso más emblemático de los que optó por no ir por miedo al contagio.

Otro problema se genera alrededor de las cientos de favelas que anidan en Río. Si bien están más tranquilas que en el Mundial, no están tan pacificadas como anuncia la Policía. Muchas siguen en manos de narcos, milicias y parapoliciales que se disputan el territorio y la violencia excede sus límites. El ex astro Rivaldo fue enfático a principios de mayo cuando una joven de 17 años fue violada y asesinada en pleno Río. 

A sus más de 400 mil seguidores en Instagram les advirtió: “Las cosas se están poniendo más feas. Aconsejo a todos los que planean visitar Brasil para los Olímpicos, que se queden en sus casas”.

El entorno de corrupción internacional que envuelve al deporte tampoco ayuda para que Río se luzca. El Tribunal Arbitral del Deporte acaba de rechazar una apelación de 68 atletas rusos, acusados de doping en los juegos invernales de Sochi. La disputa es ardua y el Comité Olímpico Internacional (COI) deberá sentenciar esta próxima semana. Pero el Informe MacLaren de un investigador canadiense conocido esta semana fue categórico: El doping fue estrategia oficial del gobierno ruso.

Vladimir Putin no lleva las de ganar. Sobre él ya pesa el soborno pagado para realizar el Mundial de 2018 a la FIFA, cuyas máximas autoridades, después de gozar de décadas de impunidad e inmunidad, están en la cárcel o prófugos a la espera de duras sanciones. 

Pese a todo, las autoridades brasileñas no deben asumir todas las culpas. El Comité Olímpico Internacional no termina de concretar unas reformas de organización para que los JO sean más baratos, no desequilibren las cuentas y para que ciudades más chicas se ofrezcan como anfitriones.

Es que las ofertas son cada vez menores. Hamburgo desistió de ser candidata, mientras que Roma y Budapest analizan hacerlo. Cada Olimpíada, en lugar de potenciar a la ciudad anfitriona, termina por hipotecar su futuro con presupuestos distorsionados. Río sobrepasó el suyo en 51%, y si bien está lejos de los desastres económicos de Atenas, Beijing y Londres, los costos y peligros potenciales, opacan a los beneficios soñados. trottiart@gmail.com

Soplo de transparencia

Muchos son los problemas que impiden el desarrollo económico de un país: Corrupción, narcotráfico, inseguridad y escasa educación. Sin embargo, existe un elemento que los potencia y agrava, al punto de poner en riesgo el sistema político: La falta de transparencia.

Esta falta de transparencia es el ingrediente que se mostró como protagonista principal de las noticias fuertes de la semana. La presidenta brasileña Dilma Rousseff inició un purgatorio de 180 días por la oscuridad con la que manejó presupuestos, asuntos fiscales, beneficiando a un anillo de amigos que desfalcaron al Estado con sobornos y prebendas. Mientras tanto en Argentina nuevas causas de cohecho se fueron acumulando contra la ex presidente Cristina Kirchner, su hijo y amigos que cobijados en la inmunidad del poder, manejaron dineros públicos como propios y con total impunidad.

Por años, en ambos casos, aunque más pronunciado en el kirchnerismo con ciertas similitudes que el chavismo, la forma despótica de gobernar con personalismo, clientelismo y propaganda, fue la venda en los ojos que cegó a la Justicia y a la gente en general. Ahora, sin esos escudos autoritarios, se advierte como con mayor transparencia, la sociedad pueden encontrar los correctivos.

La transparencia es el elemento que permite mayor eficacia y rapidez a la Justicia. Precisamente fue el elemento protagonista de la Cumbre Anti-Corrupción celebrada esta semana en Londres, donde los Panama Papers o la oscuridad generada por empresarios, artistas y políticos a través de empresas off-shore, el tumultuoso presente de Brasil y el dopaje inducido a deportistas olímpicos rusos, capitalizaron los debates. Nada desvió la definición: Comparado a la lacra del terrorismo internacional, la corrupción fue calificada como el cáncer que carcome a la sociedad moderna y que crea las mayores desigualdades.

Ningún país o ideología están exentos de esa falta de transparencia y, en muchos casos, las apariencias engañan. El saludable acercamiento entre Barack Obama y Mauricio Macri ya empezó a tener sus réditos esta semana. El gobierno estadounidense comenzó a desclasificar documentos de sus agencias de Seguridad sobre el último período de dictadura militar. Posiblemente revelen y certifiquen datos y hechos que ayudarán a reconstruir la memoria y cicatrizar heridas.

Pero me refería a las apariencias, ya que con este gesto Obama se muestra como el más transparente. Sin embargo, por lo que sucede en su propio país, su gobierno ha sido uno de los más oscuros de la historia. Ha incentivado la clasificación indiscriminada de documentos oficiales que, en muchos casos, bajo excusas ligeras de seguridad nacional, violaron muchos principios garantizados por la Ley de Acceso a la Información Pública.

Durante sus casi ocho años de gobierno se registró el mayor número de periodistas apresados por no revelar sus fuentes confidenciales y se dio el caso más patético de espionaje periodístico contra la agencia Associated Press y la cadena Fox. Persiguió a soplones dentro del gobierno, como al soldado Manning que originó las filtraciones de Wikileaks y a Edward Snowden que se refugió en Rusia después de revelar las prácticas de vigilancia masiva, cuando todo hacía pensar que una ley de protección de soplones, ayudaría a crear mayor transparencia y reducir la corrupción en las esferas públicas.

¿Qué importancia tiene crear un marco legal que legitime las filtraciones y las denuncias por corrupción? Edward Snowden da en el clavo. En un avance del libro que publicará este año la Universidad de Columbia, “Periodismo después de Snowden: El futuro de la prensa libre en un Estado vigilante”, este informante explica que se ha confundido el sentido de su denuncia. Dice que no la hizo para evidenciar la vigilancia propiamente dicha, sino para demostrar que el público no siempre tiene conocimiento sobre actos que el gobierno se arroga para sí mismo, que nunca le fueron conferidos.

Esta es la mejor perspectiva sobre la importancia de proteger tanto a los soplones como a los periodistas y sus fuentes. No se trata solo de denunciar el hecho cancerígeno, sino de demostrar como su metástasis corroe la confianza del público en el sistema político. Nada contribuye más a la democracia que el soplo de la transparencia.

Dilma y Cristina: Acorraladas

La última vez que escribí sobre Dilma Rouseff y Cristina Kirchner en conjunto fue a fines de 2012. Por entonces visitaban la Facultad de Gobierno de la Universidad de Harvard y en discursos y acciones plasmaron sus diferencias.

Pese a que eran dos de las mujeres más influyentes en América Latina y estaban en su apogeo político, los contrastes entre ambas fueron abismales. Fieles a su estilo, Dilma se comportó como técnica aguda, consiguió becas y acuerdos científicos. Cristina fue política sarcástica, se mofó de los alumnos y le echó la culpa de todos sus males al FMI y a los ricos.

Hoy, un par de años después, las diferencias desaparecieron. Ambas están acorraladas por la Justicia por graves casos de corrupción, lavado de dinero e enriquecimiento ilícito que las tiene al borde de su ocaso político. Se han unido a un extenso grupo de presidentes latinoamericanos que fueron destituidos por violar la Constitución o que terminaron procesados apenas dejaron el poder.

La diferencia que persiste no es entre ellas, sino en el modo que actuó la Justicia bajo ambos gobiernos. En sus 12 años de mandato, los Kirchner lograron maniatar a los jueces y usarlos a conveniencia, ya sea para perseguir a opositores o escudar sus fechorías. Dilma, en cambio, siempre fue espectadora de una Justicia más independiente y temible, vigilante del poder.

Esta semana sus acciones confirmaron ese contraste. Cristina llegó a tribunales, se mofó del juez y, acostumbrada a arroparse entre multitudes partidarias y clientelistas, hizo gala de su sarcasmo echándole la culpa de todo – como en Harvard – a los medios de comunicación y a los jueces.

Su discurso desnudó una vez más su carácter populista y anticonstitucional, y su creencia de que la política está por arriba de la Justicia. Como una especie de Milagro Sala, siempre por arriba del Estado, gritó para el beneficio de sus clientes: “No necesito fueros, porque tengo los fueros del pueblo”. Debajo de ella, la masa, siempre irracional, que prefiere idolatrar al personalismo y los símbolos sin que importe la verdad o la justicia, amenazó: “Si Cristina va presa, se va a armar”.

Para Dilma el camino hacia el juicio político que se definirá este domingo en la Cámara de Diputados tuvo más espinas. Este viernes el Tribunal Supremo le negó la suspensión del proceso a su posible destitución. Pero el acelerador del impeachment tiene nombre: Lula da Silva. Acabó de cavarse la fosa cuando hace un par de semanas Dilma arropó a Lula con los fueros de su Gabinete para que no fuera investigado por múltiples casos de corrupción. A diferencia de Cristina y del contexto peronista, ni Dilma ni el PT tienen a disposición una masa de seguidores incondicionales; peor aún, las multitudinarias movilizaciones braman por justicia y piden la cabeza de los corruptos.

Ambas han catalogado a sus procesos de golpes de Estado. Cristina se comparó mal con las figuras de Irigoyen y Perón que fueron derrocados por militares y Dilma le achaca a su vicepresidente, Michel Temer, la “gran conspiración”. Mecanismos de autodefensa de lado, lo cierto es que sin Cristina en el poder, la Justicia tiene más campo de acción y Dilma debe enfrentarse a los resortes de la Constitución.

Dilma sigue los pasos de otros líderes destituidos o que debieron renunciar durante su mandato. Su antecedente es Fernando Collor de Melo y el caso más reciente es el del guatemalteco Otto Pérez Molina, destituido por corrupción. Pero la lista es larga y multinacional: El paraguayo Fernando Lugo; el hondureño Manuel Zelaya; el ecuatoriano Lucio Gutiérrez; el haitiano Jean-Bertrand Aristide; el venezolano Carlos Andrés Pérez; el boliviano Carlos Mesa y Fernando de la Rúa, son algunos ejemplos.

Cristina es parte de otra lista vergonzosa, la de ex presidentes investigados por corrupción, destacándose el hondureño Rafael Callejas, el salvadoreño Elías Saca, el peruano Alan García y Carlos Menem, entre otros. Puede, sin embargo, engrosar otra mucho más lúgubre, la de ex presidentes condenados, como el nicaragüense Arnulfo Alemán o los costarricenses Miguel Rodríguez y Rafael Calderón.

Pese a las listas y a lo que sucederá con Dilma y Cristina, lo relevante es que estos procesos son válidos para disuadir a los corruptos y creer un poco más en la Justicia.  

Justicia domesticada

Varias cosas definen la calidad de una democracia, pero nada como la justicia independiente. De ahí el recelo con aquellos gobiernos que en el “nombre del pueblo” buscan “democratizar la justicia”, cuando lo que quieren es domesticarla.

Casi todos los presidentes del continente tienen asuntos pendientes con la justicia. Algunos porque no la procuran con voluntad política como el mexicano Enrique Peña Nieto. Otros porque se adueñaron de ella con jueces y fiscales gubernamentales como Nicolás Maduro y Rafael Correa. Muchos porque la evaden constantemente como Cristina Kirchner y otros porque enfrentan a dos tipos de justicia, la ordinaria y la política, como Dilma Rousseff.

En Brasil la dura justicia ordinaria, que ya envió ministros, legisladores y empresarios a la cárcel, está ahora apuntalada por manifestaciones de gente que piden la cabeza de la presidenta, cansadas y frustradas por tanta corrupción. El peligro es que las marchas también incentivan la justicia paralela, esa que administran en el Congreso los legisladores, muchas veces guiados por revanchismos y oportunidades políticas, más que por el bien común.

La justicia brasileña ya demostró resolución e independencia, por lo que sería prudente esperar su juicio a tener que soportar un revoltijo entre poderes públicos que solo logrará debilitar la democracia. Sería mejor darle tiempo a la Corte Suprema para que resuelva los 54 expedientes que, entre otros, vinculan dineros mal habidos de Petrobras a la fundación y negociados del expresidente Lula da Silva y a las campañas electorales de la presidenta Rousseff.

La justicia brasileña junto a la de Uruguay, Costa Rica y Chile, es la que ha demostrado mayor independencia, de ahí su eficiencia. En varios países, con justicia contaminada, se observa como un sistema corroído por el poder político genera un círculo vicioso del que se retroalimenta la corrupción y la impunidad infinitas.

Argentina es el caso típico. Los casos irresueltos se amontonan, algunos de alto voltaje internacional, como el atentado contra la AMIA y la muerte todavía dudosa del fiscal Alberto Nisman. Si a estos casos se les suma la inmunidad de autoridades y funcionarios comprada a través de jueces y fiscales adictos, nadie debería sorprenderse cuando el sistema político parece desmoronarse, hasta lo más simple termina traumático y forzado, el desarrollo del país se estanca, las inversiones extranjeras anidan en otros lugares, mientras que la inseguridad pública y la violencia se tornan intolerables.

No puede haber confianza interna e internacional cuando la élite del país vive de privilegios, blindándose con leyes especiales y tribunales adictos. En este tipo de sistemas corruptos, en el que se incentivan todo tipo de vicios, no es fácil ser juez o fiscal independiente.

Los casos de Perú, Colombia, México (y ahora Argentina), demostraron como los sistemas judiciales suelen debilitarse después de ser domesticados por la política, volviéndose cada vez más permeables a las mafias y el narcotráfico. No por nada los obispos argentinos, que ya habían adoptado la máxima del papa Francisco de que la falta de independencia judicial equivale a “terrorismo de Estado”, están ahora implorando a los políticos a que hagan algo contra el narcotráfico, ante la indiferencia palpable en la campaña electoral de cara a las elecciones de octubre.

La experiencia de países que estuvieron a la puerta de ser “Estados fallidos” debido al avance y connivencia del narcotráfico con las instituciones, demuestra que los narcotraficantes siempre aumentarán la apuesta para que la justicia sea corrupta y débil, para que de esa forma puedan actuar con mayor impunidad.

En contextos así, difícilmente los jueces pueden ser equitativos y probos. Además de sus propias tendencias y convicciones, tienen que lidiar con leyes que no muchas veces comparten. Mandar a la cárcel a alguien por tener un par de gramos de marihuana para consumo y no poder hacerlo con otros que roban millones, pero se blindan con leyes y sobornos, es parte de la frustración.

Está visto que la justicia es un ideal y es perfectible, porque rara vez satisface a todas las partes. Pero cuando está domesticada, jamás puede ser buena. La justicia politizada es el mayor vicio del subdesarrollo. 

Fútbol, revancha, consuelo y distracciones

Es verdad que el fútbol da revancha. Ese es el sentimiento de varias selecciones latinoamericanas que participan en la Copa América de Chile después de fracasar en el último Mundial de Brasil. Para las favoritas, sin embargo, levantar el trofeo será premio consuelo.

Argentina quiere olvidar que dejó escapar su tercera estrella mundial en el Maracaná; Brasil necesita despejar los fantasmas del 7 a 1 en el Mineirao; Colombia pretende demostrar que su fútbol no es casualidad y Chile codicia, ahora o nunca, su primera Copa relevante sacando pecho de local.

A diferencia de los Mundiales, esos agujeros negros que consumen y paralizan toda la realidad del globo y que hacen que “la mano de Dios”, el cabezazo de Zidane o el mordisco de Suárez sean más trascendentes que un tsunami o un terremoto, la Copa América no tiene ese poder para distraer y tapar la corrupción que envuelve al fútbol y a los países que se dan cita.

Este torneo no tiene la fuerza para que el escándalo FIFA pase desapercibido, menos con asociaciones nacionales tan comprometidas con la corrupción como las de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, países que puntean en la lista de  dirigentes y empresarios detenidos por soborno, extorsión y lavado de dinero.

Tampoco esta Copa es tan potente para que las poblaciones se distraigan de sus pesares. El anfitrión Chile, hasta hace poco considerado el país menos corrupto de América Latina, todavía no puede salir de una espiral de podredumbre y beneficios que involucraron al hijo de la Presidenta, a todos los partidos políticos y que obligó a Michel Bachelet a cambiar todo su gabinete.

Dilma Rousseff viene haciendo malabares y lamentando que algunos de sus ministros terminen en la cárcel por desfalco de las arcas públicas. Cristina Kirchner sigue  escapando de acusaciones por malversación, distrayendo con visitas al papa Francisco y dando índices de pobreza menores a los de Alemania y Dinamarca. Y el régimen de Nicolás Maduro sigue consolidándose con autoritarismo, escasez e inflación, además de seguir con su perorata de acusar al imperio por inventar que su presidente del Congreso, Diosdado Cabello, es el jefe narco del Cartel de los Soles.

A la FIFA y a varios gobiernos le fascinaría que este torneo aporte el pan y circo acostumbrado. Pero esta vez no funcionará. Es que la corrupción es epidemia en América Latina y el escándalo FIFA es muy reciente, grande e inolvidable. Además, la institución tiene más flancos débiles. Ahora se le sumaron las críticas por discriminación contra las mujeres, después de que exigió pruebas de género para los países que participan del Mundial Femenino que se juega actualmente en Toronto, como si se tratara de simples controles antidoping. Las mujeres tampoco le perdonan que las discriminen sobre el juego de hombres, haciéndolas jugar sobre césped sintético como aprendices de balón.

La FIFA también tendrá que cambiar sus políticas sobre derechos televisivos del fútbol femenino, ya que la escasa divulgación no está incentivando esta disciplina en todo el mundo, como es potencia en EEUU, Alemania y Noruega. El tema es relevante en un contexto más amplio. En EEUU, un estudio de la Universidad del Sur de California demostró que el deporte femenino solo tuvo un 3.2% de exposición televisiva, porcentaje incluso inferior al 5% registrado en 1989.

Pese a los problemas, esta Copa América tiene varios retos, entre ellos, el de ratificar que los mejores futbolistas están de este lado del mundo y que Chile, Ecuador y Venezuela deben comenzar ya su carrera por los títulos detrás de los 15 y 14 que Uruguay y Argentina obtuvieron de los 43 disputados desde 1917. Sin embargo, el desafío mayor tiene que ver con la globalización y las expectativas. Es que la gente se acostumbró a la calidad del fútbol de equipos, como los del Barcelona, Real Madrid, Manchester City, PSG o el Borussia Dortmund, y espera que el juego de seleccionados esté a la altura.

Si los equipos y las individualidades no dan la talla, si el Messi argentino no juega como el Messi catalán, si Neymar y Alexis no hacen piruetas y golazos, si Falcao y James no la embocan desde fuera del área y si Vidal y Alves no quedan entre los mejores del torneo, la Copa será para olvidar o solo servirá como puesta a punto para las eliminatorias de Rusia 2018. 

Supermujeres

Atribulada por la corrupción galopante, las protestas sociales y la caída precipitosa de popularidad, Dilma Rousseff se desdibujó como la heroína que podía catapultar el papel de la mujer brasileña a otras alturas.

Su historia de joven revolucionaria, sufrida por las torturas y conquistadora de multitudes, era buen precedente, pero ahora resulta insuficiente. A no ser que revolucione con leyes anticorrupción más estrictas y encarcele a todos los corruptos que deambulan la órbita del poder, Dilma difícilmente podrá reivindicarse como líder y a su género.

Una lástima. La trituradora de la política ha debilitado su liderazgo en la lucha contra la violencia de género. Como en muchos otros países, tal el caso de Guatemala, India y México, donde los feminicidios son cosa de todos los días, Brasil tampoco es paraíso para las mujeres. Cada 90 minutos una es víctima de violencia.

Todo esto, pese a que semanas atrás, cuando Madonna denunciaba a capa y espada que “las mujeres seguimos siendo el grupo más marginal” y que “los derechos de los gais han progresado más” que el de las mujeres, en Brasil se aprobaba una ley importante, que considera un agravante el homicidio por violencia de género, elevando las penas a 30 años de cárcel.

Madonna, más allá de las controversias que desata, es una de estas supermujeres que constantemente reivindica el papel de sus pares en la sociedad. Pero no todas lo pueden hacer como ella desde posiciones privilegiadas. Muchas lo hacen como amas de casa o madres, para quienes no hay premios ni reconocimientos; como monjas de clausura incomprendidas; o como periodistas, científicas o ejecutivas con mayor capacidad que los hombres, pero por menos paga, como lo reclamó ovacionada la actriz Patricia Arquette en la gala de los premios Oscar.

Confieso que no me generan tanta admiración una ejecutiva o una premio Nobel como aquellas más vulnerables que se exponen a las arbitrariedades. Como una refugiada que deja todo con tal de salvar a sus hijos de una guerra; como la ama de casa pobre que con esfuerzo cose para afuera; como aquella que sigue los pasos de la Madre Teresa a favor de pobres y enfermos; o como Dilma y tantas otras, que no tuvieron más remedio que sobreponerse a su desgraciado destino y pelear contra la opresión.

Muchas son las heroínas que se la juegan a diario. Cinco de ellas están en China, todavía encarceladas desde que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, quisieron lanzar una campaña con folletos y pegatinas en contra del acoso sexual en el transporte público. Las procesaron acusándolas de “provocar disturbios”, cuando solo pretendían crear conciencia pública sobre este tipo de abusos que en India, y en varias ciudades de Latinoamérica, suelen alcanzar el grado de violación y asesinato. La desproporción de fuerzas fue un mensaje. Las autoridades quisieron silenciar a una minoría política que busca crear una ley contra la violencia doméstica y el acoso sexual, y evitar así que la mala imagen de China se propague por doquier.

En América Latina también existen supermujeres que deben luchar contra la opresión diaria. Una de ellas es la periodista cubana Yoani Sánchez cuya imagen humilde y frágil a primera vista, esconde la determinación y valentía con la que se opuso al régimen castrista, combatió la censura y se sobrepuso a los golpes y al desprestigio cotidiano. Una heroína que se abrió paso con su pluma y sus gritos por libertad en su blog Generación Y y en 14ymedio, el primer diario digital estructurado e independiente.

Cuando uno da nombres y ejemplos, corre el riesgo de omitir muchos. En mi caso sería injusto que no reconociera a quien considero mis dos supermujeres, quienes más me han influenciado y que hicieron y hacen una diferencia en mi mundo: Mi madre y mi esposa.

A mi mamá la Tota le debo lo que soy;  hace mucho que se fue, pero su espíritu vive sin tiempo ni espacio en todo mí ser. A mi esposa Graciela, después de 30 años de casados, cumplidos este 20 de marzo, le debo todo lo demás: Nuestros hijos, lo que ellos son y lo que yo aprendí a ser. Esa es su obra más generosa, sin egoísmos, habiendo postergado sus sueños personales para abrazar los nuestros. A ambas les estaré siempre en deuda y muy agradecido. 

Crudo y cruda corrupción

A más de 100 dólares el barril el año pasado o ahora a menos de 50 dólares, el petróleo sigue siendo la gasolina que mueve al mundo. Influye en la geopolítica, transforma las relaciones diplomáticas y cambia nuestros hábitos de consumo.

Con menores ingresos por venta de crudo, a Vladimir Putin le resulta difícil mantener sus sueños por Ucrania y al gobierno de Irak detener el avance de los terroristas del Estado Islámico. El precio bajo permite a China reducir a la mitad su déficit comercial y en EEUU, con una gasolina que cayó de un dólar a 50 centavos el litro, los consumidores gastan la diferencia en gadgets y restaurantes, aunque también en camionetas de alto consumo, lo que pone en jaque los esfuerzos contra el calentamiento global.

La decisión de la Opec de mantener la producción alta y, por ende, los precios bajos, tiene efectos inconmensurables. Las nuevas relaciones diplomáticas entre EEUU y Cuba que iniciaron Barack Obama y Raúl Castro, impensadas meses atrás, fueron precipitadas por la caída del precio del crudo. Los Castro se volvieron más prácticos al quedarse otra vez sin flujo de caja, desde que observaron que la exportación de algo de los 100 mil barriles de petróleo que les regala el gobierno venezolano no tiene mayor impacto en sus finanzas. Advirtiendo que Venezuela ya no les resulta útil, así como antes descartaron a sus benefactores históricos, Rusia y China, los Castro se acercaron a su eterno rival, EEUU, su última y única carta de sobrevivencia.

Más drástico es el caso de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro pasó de ser protagonista a tener influencia mínima en América Latina. En su nuevo papel de pordiosero, aprovechó esta semana foros del Alba y Unasur - creados por Hugo Chávez en épocas de esplendor petrolífero - para pedir a sus aliados que influyan ante EEUU por una “diplomacia de paz” y así recibir el mismo trato que el “imperio” le prodiga ahora a los Castro.

Lejos de lograrlo, en el frente interno Maduro disfraza su ineficiencia administrativa achacándole todos los males al gobierno estadounidense, al que acusa de propiciar la caída de los precios e iniciar así una guerra económica con el fin de derrotarlo. Ya nadie se traga el anzuelo. Las colas interminables y el desabastecimiento de carne de pollo, tampones o baterías para autos, fueron siempre característica intrínseca del chavismo, aun cuando el barril de crudo se cotizaba por arriba de los 100 dólares.

La adicción al petróleo condenó al chavismo a su autodestrucción. La caída del precio no tendría mayor impacto si el gobierno hubiera apostado a la diversificación económica. En cambio, malgastó recursos. Se dedicó a vender ideología y comprar alianzas para pelear contra EEUU en todos los frentes, sin advertir que la perorata ideológica, al mejor estilo cubano, no es suficiente para mantener ni a un régimen ni a un país.

En épocas de vacas gordas, Chávez y Maduro no ahorraron pensando en el futuro. Malgastaron recursos, no construyeron infraestructura, no diversificaron industrias, no invirtieron en educación especializada. Al contrario, mataron a la empresa privada, hicieron propaganda con educación y salud de cuarta, polarizaron y crearon mayor desigualdad entre clases sociales.

Distinto panorama tendría Venezuela si el gobierno en lugar de imitar al retrógrado y fracasado modelo cubano, hubiera mirado hacia los emiratos árabes, donde se comprendió que el petróleo es una materia prima agotable. Hoy los venezolanos gozarían de puentes y carreteras, industrias variadas, empleo, educación de primer mundo y menos pobreza.

El chavismo no es el único gobierno que deberá pagar factura histórica por haber malgastado tanta riqueza. Además de la malograda PDVSA, la mexicana PEMEX y la brasileña PETROBRAS también están condenando la ineficiencia de Enrique Peña Nieto, Dilma Rousseff y a sus antecesores. Recién ahora, en época de vacas flacas, cuando no hay dinero público para gastar y se debe raspar la olla de estas empresas, salió a relucir cuán profunda, arraigada y protegida está la corrupción en América Latina.

Es evidente que el precio del crudo tiene influencias geopolíticas insoslayables, pero no hay que dejarse engañar. La cruda realidad es que la mala administración pública de este recurso es lo que tiene mayor impacto negativo en nuestras sociedades.

FIFA, Mundial y desigualdades

El Mundial de Brasil fue mejor de lo que se esperaba, pero social, política y futbolísticamente reveló las desigualdades y problemas de siempre.

Que en el fútbol ya no existen equipos chicos como Costa Rica, es todavía ilusión y deseo. Los mundiales siguen reservados para países con más escuela, mayor trayectoria y mejores ligas como confirman las 20 copas desde 1930. Los títulos y subcampeonatos se los repartieron entre Brasil, Italia, Alemania, Argentina, Uruguay, España, Inglaterra y Francia, mientras que a la puerta de la gloria también quedaron la eterna Holanda, además de Hungría, Suecia y Checoslovaquia, en sus épocas esporádicas de esplendor.

Más allá del histórico 7 a 1 y de la tempranera eliminación de España, Italia e Inglaterra, no sorprendió que el 80% de jugadores juegue en ligas europeas. A excepción de estas, más ricas y televisadas, las demás, incluidas las otrora poderosas de Brasil y Argentina, parecen destinadas a fabricar talentos de exportación o a reciclarlos una vez que gastan sus mejores años en el exterior.

La desigualdad se nota hasta en los puestos de trabajo. Si bien este fue el Mundial de los arqueros catapultando las cotizaciones de Bravo, Ospina, Ochoa, Romero, Krul y Neur, el fútbol sigue dominado por goleadores, confirmándose la regla con fichajes y salarios estratosféricos como los de Kroos, Suárez, Rodríguez, Messi, Neymar, Rolando y Benzema.

Políticamente el fútbol sigue carcomido por la rampante corrupción, aumentada ahora por la escandalosa reventa de entradas. La policía brasileña sorprendió con una exhaustiva investigación destapando un fenómeno que la FIFA arrastra impunemente desde Korea-Japón 2002.

Durante el operativo policial pocos quedaron a salvo. La policía persiguió y acusó a una banda de dirigentes delincuentes que revendía a un valor 12 mil dólares por entrada para la final. El primero en caer fue el británico Ray Whelan, director de Match Services, empresa socia de la FIFA, luego el franco-argelino Mohamadou Fofana, y en el medio terminaron salpicados los ex mundialistas Dunga y Jairzinho, y las federaciones de fútbol de Argentina, España y Brasil.

La FIFA, de cultura defensiva y sin transparencia, sigue escudando a quienes corrompen, lavan dinero, evaden al fisco y que, en este caso, amasaron una bolsa de 500 mil dólares por partido. El ruido le resultó ideal al presidente Joseph Blatter. Aprovechó para incumplir con su promesa de que antes de que terminara el Mundial aclararía el episodio de los sobornos que permitieron a Rusia y Qatar alzarse con las próximas sedes mundialistas. En el tumulto, Vladimir Putin se apuró a llegar al Maracaná, recogió la posta y partió rápido antes que le cuestionen si todavía sería anfitrión en el 2018.

El gobierno de Brasil se había esmerado y consiguió llegar a esta copa con menos desigualdad social. Lula y Dilma lograron que unos 30 millones de brasileños abandonaran la pobreza extrema. Sin embargo, una población inconforme usó al Mundial de escaparate para protestar contra el liderazgo político, la corrupción y los gastos superfluos de los estadios que dejaron rezagadas carreteras, hospitales y escuelas, entre otras obras más necesarias.

Desde que Brasil consiguió la copa en 2007 hubo grandes esfuerzos para esconder la miseria y la violencia. Criticada fue entonces la construcción de muros para tapar las favelas, como ahora fue la televisión por mostrar a un país lejos de su rica historia interracial. En las tribunas las cámaras retrataron al Brasil europeo, no al mestizo y hasta Pelé pareció ser el único negro.

Vale notar, empero, que el gobierno pudo detener o prorrogar el crimen. El brasileño fue hospitalario y pacífico. La no violencia, la participación masiva de mujeres y las redes sociales coadyuvaron para que este fuera el mejor de todos los mundiales como afirmó la FIFA.

A la FIFA le resta ahora buscar la igualdad en el fútbol, algo menos abstracto que promover la unidad y la paz como pregonó Coca Cola en sus comerciales y el papa Francisco desde el Vaticano. Bajo ese objetivo, la institución debería ser más transparente, rendir cuentas, sentarse sin privilegios ante la justicia y, sobre todo, invertir en ligas nacionales en crisis y con menos recursos, en vez de acumular  millones y gastar sus energías en corrupción.

Poca fiesta en Brasil, mucho circo en Venezuela

El Mundial empezó muy mal, con poca fiesta en Sao Paulo, con gradas vacías hasta la patada inicial y con cánticos de “Hey, Dilma, vai tomar no culo” en represalia contra la presidente Dilma Rousseff por un torneo que los brasileños creen que no debería haberse efectuado.

La corrupción política, los reclamos de una masiva clase que todavía cree que la repartija del bienestar es muy desigual y el descalabro por las obras de infraestructura, son parte de la ecuación y del malestar del pueblo.

La bronca, la amargura, el descontento, la indiferencia y las pocas ganas de sonreír cuando la realidad da para llorar, se pusieron de manifiesto en una ceremonia deslucida, ordinaria y desganada. Ni Pitbul, ni Jay Lo, ni Claudia Leitte pudieron levantar una fiesta deslucida que contrastó con la imagen siempre perenne de un Brasil que nos tiene acostumbrados a la alegría desbordada, a la samba contagiosa, al eterno carnaval y su amplia sonrisa hospitalaria.

Con solo un par de comparsas del sambódromo de Río de Janeiro hubiera alcanzado para que la inauguración fuera fiesta y el mundo identificara a Brasil y se sintiera identificado. Probablemente las autoridades hayan querido dar muestras de austeridad en un momento que las papas queman, pero es irrisorio pensar que una fiesta para el mundo podría esconder tanta corrupción como la que desenmascaró este torneo, tanto la del gobierno anfitrión como la de la cúspide de la FIFA, envuelta en eternos escándalos.

Por otro lado, ante la poca fiesta en Brasil,  el contraste mayor en América Latina fue por Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro que sigue haciendo de las suyas en un sempiterno circo al que peligrosamente ya no se le presta atención por reiterativo.

La fiscal (oficial) chavista Luisa Ortega Díaz amplió la persecución de políticos opositores excusándose en aquellos e-mails de María Corina Machado, en los que se interpretó que “aniquilar” a Maduro no era una simple borrada política del mapa del presidente, sino una literal forma de expresar un atentado contra su vida.

A Maduro ya le falta poco para superar a Hugo Chávez en denunciar conspiraciones contra su vida y su gobierno. Y esta vez, prueba en mano, aunque se trate de la falta de seriedad investigativa de presentar como evidencia un par de e-mail, está tratando de crear un caso que le permita desviar la atención política de otros temas que no han desaparecido de la conversación pública: Corrupción, escasez, desabastecimiento, inflación, ineficiencia en la administración de los recursos públicos y persecución contra los privados.

En este circo reiterado pero efectivo para sus fines políticos, el gobierno cursó órdenes a la Interpol para que proceda a la captura de Diego Arria, Pedro Burelli y Ricardo Koesling, todos ellos en el extranjero y citados en los e-mails de Machado, quien deberá presentarse a declarar el lunes en la Fiscalía (oficial).

El despropósito y el circo de Maduro es tan irrisorio como peligroso. Tomando como real su propia mentira, el gobierno sigue ampliando su onda expansiva para aniquilar a la oposición. Y lo está consiguiendo con total invención e impunidad.     

¿Internet más caro y restrictivo?

Llegará el día en el que buscar un dato por Google, compartir una foto en Facebook, ver un video en YouTube, conversar por WhaysApp o enviar una foto por Gmail, deje de ser gratis. Se pagará según el tamaño de los datos y tiempo de descarga.

Llegará el día en el que los usuarios podrán manipular sus datos, borrar lo malo e incómodo y dejar solo lo bueno, creando un mundo color de rosa, estilo Facebook. Se ignorará que el vecino fue narcotraficante y el otro un pederasta.

El día está cerca. Fallos judiciales recientes en EEUU y Europa, podrían perfilar profundos cambios en el uso del internet y, aunque parecen razonables, podrían derivar en legislaciones restrictivas para la libertad de expresión y de la red.

En EE.UU. la Comisión Federal de Comunicaciones está por desactivar la política de neutralidad, que ha permitido que el internet sea libre, gratuito y plural. Autorizaría a empresas proveedoras de servicios de teléfono e internet - ATT, Verizon, Comcast, DirectTV – a cobrar tarifas diferenciadas, según la velocidad de descarga que el usuario requiera.

Empresas que generan o divulgan contenido en la web - Google, Facebook y LinkedIn, entre otras – argumentan que el internet gratuito y libre ha permitido la expansión del conocimiento, la expresión y la innovación en el mundo entero. Netflix, Amazon, eBay y millones de negocios y comercios, nacieron y crecieron gracias a esa neutralidad.  

Sin esa cualidad, no solo se trasladaría el costo a los usuarios – suscripciones más caras e inundación de publicidad - sino que ATT (o Telefónica en América Latina), podría discriminar a qué motores de búsqueda darle servicio, silenciar contenidos no convenientes a su línea empresarial o elegir a Twitter por sobre Facebook porque paga mejor tarifa, una discriminación que terminaría afectando a los usuarios.

La neutralidad ya es ley en Chile, Brasil y varios países europeos. Sin embargo, por presión de las empresas de telecomunicaciones, ha sido descartada de la Declaración de Sao Paulo de la reciente cumbre mundial de Gobernanza del Internet en Brasil, infiriéndose que habrá presiones para eliminar la gratuidad del internet.

También en esa reunión se confirmó la tendencia a legislar para proteger los datos de los usuarios en el espacio digital y para que los motores de búsqueda eliminen contenidos ofensivos que puedan dañar la reputación de una persona. Así ya lo incluyó la “Constitución del Internet” de Brasil, decreto reciente sancionado por la presidente Dilma Rousseff.

Por otro lado, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue a más profundidad. Falló a favor del “olvido”, generando jurisprudencia que obligará a los motores de búsqueda retirar información lesiva o no relevante de un usuario; incluso, cuando esta sea verdadera y legal.

El fallo no ordena borrar datos del pasado, sino que los buscadores eliminen los enlaces que permitan llegar a ellos, para que a nadie se le “condene de por vida” por errores o crímenes que ya fueron exonerados. El riesgo es que si los jueces no revisan caso por caso, aplicando severos criterios para ponderar la exactitud y relevancia de los hechos, se podría caer en una indiscriminada sobreprotección, violentando principios sobre libertad de expresión y del derecho a saber. Este derecho implica estar enterado si el vecino fue un pederasta, porque determinará la decisión de que mi hija juegue en el jardín de su casa, conocer sobre la operación negligente de un médico o que no se anule el acto de corrupción de alguien porque quiere lanzarse a una campaña electoral.

El derecho al olvido indiscriminado podría servir para que muchos poderosos escondan el pasado y manipulen la historia, y que la información no sea más que propaganda de actos buenos, quitándonos la capacidad de discernir. Distinto sería cuando la información es falsa, como el caso de la ex-modelo cordobesa, María Belén Rodríguez, quien llevo a juicio a Google y Yahoo por erróneamente vincularla a sitios porno.

Para que el internet no sea caro ni restrictivo, el desafío pasa por mejores tecnologías. Por un lado, una banda ancha más potente y, por el otro, que la justicia y las leyes, en vez ordenar que se olvide el pasado, obliguen a los buscadores a optimizar sus sistemas y eviten búsquedas en sitios nada confiables. 

Mundial y Brasil: ¿Orden y progreso?

Se suponía que el Mundial sería vidriera para que un Brasil alegre, renovado y potencia hiciera honor al lema de su bandera: “Orden y Progreso”. Sin embargo, los deficientes preparativos para la fiesta máxima del fútbol están desenmascarando al país de siempre: Desorganizado, desigual, inseguro y corrupto.

Posiblemente, cuando la pelota empiece a rodar el 12 de junio y el resto del mundo fantasee con pegar otro “maracanazo”, los brasileños olvidarán los problemas y soñarán con ganar la sexta copa. Sin embargo, a tres semanas del Mundial, los sueños parecen pesadillas. El gobierno muestra  desorganización y sus ciudadanos, inconformismo y reprobación.

No es para menos, el estadio inaugural de Sao Paulo a duras penas estará listo para recibir a Croacia. También inconclusas están las renovaciones de los aeropuertos, los nuevos sistemas de transporte de pasajeros y una más eficiente red de telecomunicaciones. Mucha infraestructura complementaria en Porto Alegre, Curitiba y Cuaibá siquiera se construyó, pese al cacareo insistente del gobierno sobre que el Mundial potenciaría al país en progreso y bienestar.

El gobierno no tiene excusas. Brasil ha sido el país con mayor tiempo para prepararse en la historia de los mundiales, contando con un presupuesto holgado de 14 mil millones de dólares, de los cuales 4.6 mil se destinaron a la renovación de cinco estadios y la construcción de siete. Pese a ello, se cree que algunos no estarán a tiempo, como el de Cuibá, donde la semana pasada murió otro obrero, de los nueve que fallecieron por la mayor prisa de las obras.

Pero el problema mayor ni es de tiempo ni qué se construye, sino cómo. Una investigación reciente de la Associated Press destapó una olla de corrupción. Demostró un aumento estratosférico de los aportes a campañas electorales por parte de las empresas beneficiadas por los contratos, desde que arrancó el proceso mundialista en 2007. Los auditores descubrieron que el estadio de Brasilia, con un gasto total de 900 millones para una ciudad donde no hay siquiera fútbol de primera división, tiene un exceso de facturación de 247 millones; mientras que una de las constructoras incrementó en 500 veces sus donaciones a la campaña presidencial de octubre próximo.

Esta corrupción es la que terminará pasando factura a los políticos. Tres de cada cuatro brasileños encuestados no tiene dudas de que el Mundial potenció la corrupción, por lo que la mitad piensa que el fútbol, orgullo e identidad nacional, no dejará una imagen positiva para el país. La gente está cansada. El inconformismo ya se sintió fuerte en la calle este jueves con manifestaciones anti Mundial en varias ciudades y se espera que, como el año pasado, aumenten su fuerza en reclamo por menos corrupción y mejores condiciones de vida para todos por igual.

Es cierto que el gobierno ha ayudado a sacar a millones de la pobreza. Pero los barrios de marginados escondidos detrás del telón de los nuevos estadios, es recordatorio de que se necesitan mayores esfuerzos para combatir la desigualdad social.

El Mundial desenmascaró que los desafíos persisten, aunque el gobierno reclama haberlos superado. Uno de los principales es la inseguridad. En las últimas semanas, los disturbios provocados por narcotraficantes en varias favelas de Río demostraron que los barrios no están tan pacificados como aduce la policía. También inquieta la ocupación de tierras adyacentes a la Arena Corinthians de Sao Paulo, ya que el gobierno teme que el Mundial puede ser la vidriera de los sin techo para sus reclamos.

Pese a la desorganización, el gobierno exuda optimismo o lo aparenta de cara a las elecciones. Dice que se culminarán los estadios, la seguridad se notará mayor y que muchas de las obras de infraestructura, en especial de transporte de pasajeros, aliviarán las siempre endiabladas arterias de Sao Paulo y Río, para que el millón de turistas esperado disfrute de un Brasil mejor.

La presidente Dilma Rousseff promete hacia afuera un fútbol sin racismo y violencia. Y aunque los brasileños no reprueban esa prédica, preferirían un país sin corrupción ni Mundial o imagen positiva; pero con bienestar, salud y educación para todos. En honor a su bandera, no quieren que el gobierno busque el “progreso” sin “orden”.

Internet paradógico: Liberación y esclavitud

Comparto mi post de este fin de semana sobre "Internet, esa gran paradoja", con la buena consideración de que el gobierno de Barack Obama está pro presentar un proyecto de ley que reformará la capacidad de la NSA para acceder en forma indiscriminada e irrestricta a datos de telecomunicaciones y de internet de los usuarios nacionales y extranjeros. 

Según el proyecto, de ser aprobado por el Congreso, la NSA requerirá de órdenes judiciales para poder acceder a las comunicaciones, y siempre y cuando esos individuos o entidades estén sospechadaos de estar planeando o cometiendo actividades terroristas.

Este es mi texto del fin de semana:

"El internet tiene grandes paradojas. Nos hizo más libres, aunque también más esclavos. Nos conecta a otras realidades y contenidos, aumentando nuestro conocimiento; pero, al mismo tiempo, nos expone a mayor vigilancia y escrutinio, reduciendo nuestra intimidad y privacidad.

La mayor paradoja quedó en evidencia luego que EE.UU., el país que creó, masificó y cuidó que el internet fuera libre y sin censura, lo desvirtuara tras usarlo como instrumento para espiar a los usuarios, dentro y fuera del país, justificando tácticas contraterroristas.

Cuando Edward Snowden reveló el alcance del programa de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), se sabía que las consecuencias no tardarían en llegar. Al principio, sus denuncias sirvieron para avergonzar al gobierno y así Barack Obama no tuvo más remedio que admitir culpas y disiparlas con una serie de regulaciones que prohíben espiar en forma indiscriminada, sin justificación u órdenes judiciales.

Ahora, sin embargo, las denuncias de Snowden cobraron otra dimensión, transformándose en un búmeran que pone en riesgo las cualidades innatas del internet, tal como lo disfrutamos hasta hoy: Libre, global y abierto. Muchos países, aprovechando la pérdida de confianza en EE.UU., reclaman con insistencia a Obama que deje el control y la administración del internet en manos de un órgano gubernamental internacional.

Hábil en el juego geopolítico, el gobierno estadounidense contraatacó esta semana. Obama anunció que cederá la administración del internet para 2015, año en que vence el contrato de su administrador de siempre, la ICANN, una agencia privada, autónoma y sin fines de lucro creada por las autoridades estadounidenses con ese fin. Lo más sorpresivo del anuncio fue que las discusiones sobre el traspaso comenzarán este 23 de marzo en Singapur, semanas antes de que inicie otra reunión convocada por la presidente brasileña, Dilma Rousseff.

De esta forma, EE.UU. no solo quiere descomprimir las críticas y la presión por su manipulación del internet, sino neutralizar las pretensiones de Rousseff, que buscará, a través de una reunión global en Sao Paulo en abril, que la administración del internet termine en manos de gobiernos dentro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), dependiente de Naciones Unidas.

Rousseff tiene razones justificadas en su propuesta. Siendo aliada de EE.UU., está indignada que la NSA infiltrara sus telecomunicaciones y mensajes electrónicos. Por ello canceló una visita oficial a Obama y en la asamblea de Naciones Unidas lideró la moción para que la gobernanza del internet no quede en EE.UU.

La paradoja, sin embargo, es que mientras en Brasil se ofrecen garantías de libertad para el internet, cuyo uso fue esencial en las protestas callejeras, la propuesta de Rousseff está siendo respaldada y aprovechada por otros Estados como China, Rusia, Cuba, Irán y Venezuela, que ya han demostrado en sus prácticas que, para ellos, la palabra administrar es sinónimo de controlar, restringir y censurar.

EE.UU. la tiene clara. Cederá la administración siempre y cuando la asuma un nuevo ente internacional, de carácter multilateral, privado, apolítico y autónomo de los gobiernos, muy lejos de Naciones Unidas y de los intereses políticos de países opresores y censores, que también manipulan las discusiones sobre derechos humanos.

Puede ser que los gobiernos autoritarios insistan en restringir el internet, sin embargo, seguirán desafiados y desbordados por las nuevas tecnologías y el buen uso que de ellas hacen los usuarios. Además, el internet que ya está en camino, el de las cosas que se conectan entre sí - desde automóviles a refrigeradoras o de cámaras fotográficas a prendas de vestir – será cada vez más difícil de controlar, paradójicamente, tanto para gobiernos como para usuarios.

Lo más importante, quizás, para romper las paradojas actuales, es que el internet se mantenga alejado de los gobiernos, imponiéndoseles condiciones para que no lo puedan manipular a su antojo, reduciendo la posibilidad para que se invada nuestra privacidad.

La idea a preservar es que la web se mantenga privada, libre, global y abierta, características que sirvieron para que se expanda a todas las regiones del mundo y para que prospere la creatividad, su innovación y el desarrollo económico. 

Barack Obama, presidente autodestructivo

Barack Obama no espera el momento que este 2013 se acabe. Terminó sin autoridad moral ni confianza pública, fruto de dos tsunamis políticos que hundieron su popularidad y activaron su autodestrucción: Mucha vigilancia y poca transparencia.

El espionaje masivo e indiscriminado por parte de la Agencia Nacional de Seguridad (ANS) que denunció Edward Snowden, destruyó su autoridad y liderazgo internacional, que venía construyendo tras una presidencia para el olvido de George Bush.

Sus logros sobre el retiro de tropas de Irak, la detección de armas químicas de Siria y un Irán más pacífico dispuesto a negociar su plan nuclear, quedaron insignificantes ante la evidencia de un plan de espionaje que no discriminó entre connacionales y extranjeros, entre líderes amigos y enemigos, desde la brasileña Dilma Rousseff a la alemana Angela Merkel o del ruso Vladimir Putin al norcoreano a Kim Jong-un.

El espionaje delatado aumentó la desconfianza entre los estadounidenses que ven a un gobierno poco cuidadoso, tartamudo a la hora de justificar sus planes de seguridad nacional y obstinadamente paranoico, invadiendo la privacidad de sus ciudadanos con tal de detectar acciones terroristas en cualquier lado.

A nivel nacional, las críticas le llueven a Obama porque su programa de salud y la reforma migratoria no terminan de cuajar y la recuperación económica sigue tímida. Sin embargo, para su sorpresa, la peor de todas las críticas le llega de la prensa, un sector que siempre se mostró aliado, condescendiente tanto con sus aciertos como con sus yerros.

Esta vez, medios y periodistas protestaron a la Casa Blanca por la poca transparencia del gobierno, más interesado en hacer propaganda y relaciones públicas que en brindar acceso a información de interés pública, algo sin antecedentes. Le reclamaron su tendencia al secreto, a clasificar información y, en especial, por bloquear el acceso de los medios a la Casa Blanca, teniendo que contentarse con fotografías y boletines oficiales que siempre muestran a Obama en sus mejores poses y con las palabras adecuadas.

En su última conferencia de prensa del año, Obama dijo a regañadientes que revisará las prácticas de espionaje. Testarudo, advirtió que no las cambiará demasiado, argumentando que están sustentadas por ley y que son necesarias para garantizar la seguridad de los estadounidenses. Una actitud muy emparentada a la defensa de la tortura a terroristas que hacía Bush en aras de la seguridad nacional, y a la que Obama criticaba porque “nunca el fin debe justificar los medios”.

Lo que Obama no consideró en su actual justificación, es que un juez federal falló hace un par de semanas sobre las prácticas de espionaje a través del internet y por teléfono, sentenciando que son inconstitucionales, porque se trata de una invasión de la privacidad, indiscriminada y arbitraria; y porque, además, las leyes sobre espionaje son extemporáneas e injustificables.

La misma posición han adoptado empresas de tecnología como Facebook, Twitter Google y Apple, entre otras, que hasta entonces se habían mostrado muy complacientes con los pedidos del gobierno, argumentando que se trataba de una complicidad obligada por ley. Ahora todos se preguntan si estas compañías no se habrán puesto críticas solo para recuperar credibilidad y hasta qué grado de vigilancia habrían permitido si no fuera por las denuncias de Snowden.

EE.UU. no es el único país que espía. Pero lo esencial es saber si todos los gobiernos aceptarán limitar la extensión del espionaje, respetar el derecho a la privacidad y si evitarán quebrantar la legislación internacional sobre derechos humanos, como pidió esta semana una resolución de Naciones Unidas firmada por 193 países.

Sería ilusorio pensar que el espionaje desaparecerá. Aunque se justifique como garante de la seguridad, no debiera ser indiscriminado y sin límite, ni preferible a otros métodos para conseguir información de inteligencia de países amigos, desde la diplomacia a recursos más constitucionales.

El 28 de enero, Obama ofrecerá un nuevo discurso ante el Congreso. Tendrá la posibilidad de anunciar límites al espionaje y acciones para hacer más transparente a su gobierno. Será la única manera con la que podrá detener su autodestrucción y retomar autoridad.