sábado, 19 de octubre de 2013

Fuerte debate empieza en la SIP

Este es un resumen de los temas más importantes del debate sobre libertad de prensa que dirigirá Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, durante la asamblea general que estamos celebrando en Denver, EE.UU.  
Argentina
El gobierno sigue con política discriminatoria contra medios independientes, entre ellas el uso de la publicidad oficial y un cepo publicitario a supermercados ordenado desde la Secretaría de Comercio Interior.
A cuatro años de sancionada la ley de medios, el gobierno la aplica en forma selectiva en contra de medios independientes. Se observa una pronunciada “colonización” de medios afines al gobierno y multiplicación de nuevas licencias para actores estatales.
El gobierno retacea información oficial. No existe Ley de Acceso.
Bolivia
El gobierno mantiene estrategia de asfixia con ataques a medios y periodistas, “visitas” de inspectores del Servicio de Impuestos, discriminación de publicidad oficial, impuestos especiales y con la compra de medios independientes a través de allegados.
Se aplicó un reordenamiento de frecuencias, que insertó en el dial a emisoras afines al gobierno y se silenció a más de 300 emisoras privadas de frecuencia modulada.
No existe Ley de Acceso.
Brasil
Dos periodistas fueron asesinados en este período: Walgley Assis Carvalho y Rodrigo Neto. Muchos periodistas resultaron agredidos durante las protestas sociales que se concentraron en ciudades principales del país.
Continúa la presión de autoridades judiciales imponiendo medidas de censura ante informaciones sensibles que afectan a funcionarios públicos. Continúa “industria” de juicios contra medios.
Canadá
Grupos defensores de libertad de prensa y DD.HH. claman por reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública. El gobierno no entrega información a tiempo y utiliza en forma indiscriminada recurso de “información clasificada”.
Grupos de consumidores y defensores de libertad de prensa frenan ley del gobierno para regular el internet, en materia de filtraciones de información oficial, temiendo que se imponga censura.
Caribe
En general, leyes de difamación criminal, amenazas de juicio a los medios por sus denuncias sobre corrupción y falta de acceso a la información oficial, conspiran contra la libertad de prensa.
En Trinidad y Tobago el gobierno sigue discriminando con publicidad oficial. En Barbados el gobierno retacea información oficial y la promesa de una ley al respecto, queda solo en eso. En San Vicente y las Granadinas existe una ley de acceso desde 2003, pero el primer ministro no la promulga. En Jamaica, se espera que se descriminalicen delitos de difamación.
Chile
Una nueva ley obliga a los canales de tv abierta a difundir propaganda política gratuita durante 30 días previos a cada elección por dos minutos para cada candidato. Otra ley prohíbe a los medios hacer publicidad de productos alimenticios “poco saludables”; per se espera se defina ese término.
Un proyecto de ley sobre tv digital amplía funciones del Consejo Nacional de Televisión. Este se podrá inmiscuir en contenidos, exigiendo que fortalezcan la identidad nacional y reflejen diversidad social, cultural, étnica, política, religiosa y orientación sexual.
Colombia
Dos empleados de medios, un periodista, Edilson Alberto Molina, y un voceador, José Darío Arenas, que también oficiaba como reportero, fueron asesinados. Otros dos periodistas debieron marcharse al exilio por amenazas. Cinco casos de asesinatos prescribieron tras 20 años impunes.
Como estrategia para acallar a medios críticos, se intensificaron demandas civiles  con reclamos económicos cuantiosos, generando obstáculos (tiempo y costos) para esos medios.
La ley aprobada de Acceso a la Información Pública todavía no fue sancionada.
Costa Rica
En la nueva Ley de Delitos Informáticos fue eliminado el término de “informaciones políticas secretas” y el castigo de prisión a quien difunda información y documentos de interés público como versaba en el proyecto original.
El gobierno expresó intenciones de sancionar sobre una ley de acceso a la información pública.
Cuba
Cinco periodistas independientes fueron detenidos por varios días, pero fueron liberados esta semana.
Se ha intensificado el hostil sistema gubernamental contra la libertad de expresión, manifestándose a través de agresiones provocadas por turbas, detenciones momentáneas, amenazas y actos de vandalismo.
No hay acceso a la información; esta, así como los medios, siguen siendo parte del monopolio estatal; y el acceso a internet y la telefonía móvil es restringido y restrictivo. 
Ecuador
Un periodista fue asesinado: Fausto Valdiviezo.
La Ley Orgánica de Comunicación rige desde el 25 de junio. Establece que la comunicación es un “servicio público”, y, por tanto, debe ser regulada. Creó el  Consejo y la Superintendencia de Inf. A los medios se obliga publicar su Código de Ética, y contratar un Defensor de Audiencia. Se impuso la colegiación obligatoria.
El presidente Rafael Correa obliga a los medios a rectificarse mediante presión judicial. El gobierno abrió 48 procesos administrativos y laborales contra el diario La Hora.
La ley de Acceso a la Información Pública es inoperante. El gobierno discrimina con publicidad oficial.
El Salvador
El Congreso se negó a informar sobre la cantidad de asesores, pese a que fue multado por el Instituto de Acceso a la Información pública, recientemente instalado desde que en mayo entró en vigencia la Ley de Acceso. El Instituto estudia otros 55 casos de solicitud de información a fuentes del Estado.
Tres pandilleros fueron condenados por el asesinato del periodista franco-español, Christian Poveda, ocurrido en setiembre de 2010.
Estados Unidos
La incautación de registros telefónicos a periodistas de Associated Press, por parte del Departamento de Justicia, fue considerada una violación al derecho a la reserva de las fuentes confidenciales. El hecho despertó iniciativas legales para que haya una ley federal de protección de fuentes.
El programa de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), revelado por el ex contratista Edward Snowden, generó desconfianza por el abuso de los aparatos estatales de seguridad y vigilancia. El gobierno de Barack Obama procesó a más delatores gubernamentales, que todos sus antecesores juntos.
Guatemala
Fueron asesinados dos periodistas: Carlos Alberto Orellana y Luis de Jesús Lima.
El gobierno discrimina a medios mediante el otorgamiento de publicidad oficial. Uno de los diarios víctima, elPeriódico, denunció que también existe un boicot comercial de empresas privadas instigado por el gobierno.
Haití
Dos periodistas fueron asesinados: Pierre-Richard Alexandre y Georges Honorat.
La necesidad de una ley de acceso a la información pública, es parte de la discusión entre el gobierno y agrupaciones de periodistas.
Honduras
Un periodista fue asesinado: Aníbal Barrow. Otro periodista se fue al exilio por amenazas. El gobierno no cumplió con medidas de protección, seguridad de periodistas e impunidad, prometidas a la SIP.
El gobierno mantiene restricciones al acceso a la información pública; mientras que detuvo su intento por sancionar una Ley Marco del Sector Telecomunicaciones, que afectaría también a medios escritos y la libertad de expresión.
México
Tres periodistas fueron asesinados. Mario Ricardo Chávez Jorge, Alberto López Bello, Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa.
Ocho casos de asesinatos de periodistas asesinados prescribieron este año.
Nicaragua
Secretismo, falta de trasparencia y de información pública sigue siendo la tónica del gobierno de Daniel Ortega. Solo los medios oficiales, denominados del “Poder Ciudadano” pueden informar asuntos de Estado.
El gobierno agudizó su sistema de compra de medios y otorgamiento de licencias a familiares y allegados de Ortega. Pocos canales quedan en manos privadas. Varias radioemisoras independientes, a las que se les castigó discriminándolas con la publicidad oficial, debieron cerrar.
Dos periodistas extranjeros fueron expulsados del país.
Panamá
La tensión entre el gobierno nacional y los medios ha derivado en una política oficial de descrédito hacia los periodistas, retaceo de la información pública y negativas de funcionarios públicos a mantener entrevistas.
El gobierno discrimina a los medios con el otorgamiento de publicidad oficial.
Se incrementó el uso de demandas civiles con reclamos elevados contra los medios, como forma para acallar a los medios. 
Paraguay
Un periodista fue asesinado: Carlos Artaza. Otros periodistas de zonas fronterizas con Brasil son víctimas de amenazas, perpetradas por el narcotráfico y políticos coludidos con esa actividad.
La Corte Suprema sentó precedente sobre información pública al obligar al Congreso a proporcionar información que este negaba sobre patrimonio, viáticos y nombramientos hechos por los legisladores. Incluso la Cámara de Diputados aprobó una resolución para castigar penalmente a quienes informaran sobre asuntos internos.
Perú
Se registró un aumento de denuncias y demandas civiles y penales contra periodistas y medios, como herramienta de intimidación y presión contra la prensa.
La Ley de Delitos Informáticos, que resta ser promulgada por el presidente Ollanta Humala, prevé de ocho a diez años de cárcel por divulgación de información que se considere clasificada o confidencial y/o comprometa la seguridad nacional.
Puerto Rico
Una enmienda a una regulación del Tribunal Supremo de Justicia, permitirá que por el término de un año, como proyecto piloto, los periodistas puedan ingresar con cámaras fotográficas y de video a cubrir juicios civiles. Asociaciones de prensa piden que se extienda esa medida a salas en lo criminal. 
República Dominicana
El Tribunal Constitucional fallaría este mes sobre la despenalización de los delitos de difamación e injurias, ante un recurso de inconstitucionalidad que presentaron tres directores de diarios. La criminalización de esos delitos está justificada en varios artículos de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento.
Uruguay
El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual atañe a medios audiovisuales, aunque afectará a medios escritos también. Expresa que un consejo político para fiscalizar la ley, deberá velar por contenidos diversos e inclusivos y que no afecten la identidad nacional, así como obligará a los medios a que adopten códigos de ética.
El P. Ejecutivo intenta modificar la ley de Acceso a la Información Pública (vigente desde 2008). A través de la Ley de Rendición de Cuentas, ampliará motivos para que los funcionarios puedan negar y excusarse de brindar información.
Venezuela
La restricción de divisas para comprar insumos importados, entre ellos papel y tinta, ha forzado el cierre de cinco medios y más de una veintena han reducido páginas y dejado de publicarse en forma diaria.
Se incrementó el número de juicios y demandas penales y civiles contra periodistas y medios.

El gobierno retacea información oficial. Discrimina con el otorgamiento de publicidad oficial.

jueves, 17 de octubre de 2013

Inicia asamblea de la SIP en Denver

Prontos a iniciar mañana la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa en Denver, Colorado, se percibe que estamos ante uno de los semestres más perniciosos para la libertad de prensa de los últimos años.

Iré publicando en estos días algunos conceptos sobresalientes de la reunión, pero a modo de ejemplo, van algunos de los datos que revelan el estado crítico del ejercicio periodístico en el continente americano.

En los últimos seis meses:

Fueron asesinados 14 periodistas: 3 en México; 2 en Brasil; 2 en Colombia; 2 en Guatemala; 1 en Ecuador; 2 en Haití;  1 en Honduras y 1 en Paraguay.

17 casos de periodistas prescribieron o prescribirán este año: 5 en Colombia; 12 en México.

3 periodistas se fueron al exilio por temor ante las amenazas: 2 de Colombia, 1 de Honduras.

2 periodistas extranjeros fueron expulsados: Ambos de Nicaragua.

Retaceo y restricciones de acceso a la información oficial se produce en: Argentina, Bolivia, Canadá, Barbados, San Vicente y Granadinas, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Espionaje y vigilancia: EE.UU.

Censura general: Cuba.

Demandas y juicios con indemnizaciones millonarias que buscan que la prensa se autocensure: Bolivia, Brasil, Trinidad y Tobago, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú.

Discriminación de los gobiernos con publicidad oficial para crear competencia desleal y perjudicar a los medios críticos: Argentina, Bolivia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Venezuela.

Compra de medios por parte de testaferros, allegados o familiares de presidentes: Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Venezuela.

Discriminación en otorgamiento de licencias para medios electrónicos: Argentina, Bolivia, Ecuador.

Intenciones de gobierno para crear nuevas leyes de prensa: Honduras, Paraguay, Uruguay.

Nueva ley de prensa: Ecuador, comúnmente denominada “ley mordaza”.


martes, 15 de octubre de 2013

Maduro: Presidente, juez y legislador

Seguramente el presidente Nicolás Maduro conseguirá los poderes extraordinarios que hoy insistirán en entregarle sus legisladores chavistas tras lograr el voto de algún diputado disidente de la oposición para sumar los 99 necesarios.

De esta forma, con un poder judicial totalmente subyugado y adicto, y una asamblea que responde leal a sus designios y que ignora su mandato constitucional de ser contrapeso, Maduro conseguirá lo que era usual para Hugo Chávez y alcanzó en cuatro oportunidades. De golpe y porrazo, Maduro se convertirá en presidente, juez y legislador al mismo tiempo.

No hay mayor autoritarismo que el concentrar todos los poderes públicos; concentración que a la democracia la transforma en dictadura. En especial, cuando la cuarta pata sostén de la democracia, el poder electoral, está trastocado por el poder político y manchado por una justicia que tolera  y ni siquiera revisa los procesos de supuesto fraude.

Maduro invoca que su máximo objetivo para tener poderes de legislador es para dictar normas anti corrupción y acelerar la economía, dos temas para los que no necesita leyes nuevas, sino aplicar la sapiencia ejecutiva y la habilidad política, sabiendo que la corrupción está enquistada en la cultura chavista y es por donde debiera empezar para dar el ejemplo.

La corrupción, sin embargo, es ya y será para Maduro la estrategia para desarrollar una caza de brujas y encontrar los chivos para expiar los pecados del autoritarismo chavista. Creó el CESPPA, y ha empezado a condenar a aquellos, como los medios, que informan (ni siquiera denuncian) el desabastecimiento de productos básicos y gasolina.


La Asamblea Nacional venezolana está a punto de traspasar los pocos poderes democráticos que le quedan al país. Si lo hace, por el tiempo que lo hiciera, estará hipotecando el futuro de generaciones venideras, ya que las nuevas leyes ejecutivas no solo afectarán acciones, sino que se corre el riesgo de que apuntalen una cultura política que será difícil cambiar en el futuro.

domingo, 13 de octubre de 2013

Sensibilidad, autocensura y Cristina

Aunque parece razonable, no creo que sea apropiada la decisión de varios diarios que en sus sitios de internet, privan a los lectores de escribir comentarios debajo de las notas referidas a la salud de la presidente Cristina Kirchner.

La política de autorregulación del diario La Nación - implícita en la frase, “Debido a la sensibilidad del tema, la nota está cerrada a comentarios”, de su versión on-line - también implementada por Página 12, Infobae y Ámbito Financiero, pretende evitar convertirse en vehículo de insultos que usualmente se prodigan entre lectores o contra la Presidente.

La medida tiene justificativo. Los comentarios se han vuelto un dolor de cabeza para los medios, ya que en sociedades polarizadas como la argentina, los usuarios de internet tienden a burlarse y hacer comentarios irónicos, inhibiendo y degradando la discusión. Un síntoma que incentivan presidentes como Cristina, Nicolás Maduro y Rafael Correa, con discursos cargados de insolencias y sarcasmos en contra de opositores y críticos de su gestión.

No permitir comentarios de ningún tipo, y menos sobre un Presidente, puede ser un privilegio no reservado a otros mortales. Privilegios que en Argentina se eliminaron cuando se derogó el delito de desacato, aquella figura medieval que protegía al Presidente de las críticas, y que se contrapone a la jurisprudencia interamericana, que indica que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad.

Ante la prohibición, uno podría preguntarse ¿cuál es la vara justa para medir otros casos y el nivel de sensibilidad que debe guardarse? ¿Acaso se deberían prohibir comentarios en notas sobre Francisco porque podrían derivar en críticas a curas pederastas; o sobre Amado Boudou, porque se señalaría que nadie con seis procesos judiciales abiertos debiera tener las riendas del país?

En épocas de redes sociales y de constante búsqueda por mayores espacios de participación ciudadana, discriminar qué notas pueden o no ser comentadas, puede inducir a los medios a aplicar censura previa, algo que detestan y combaten. En todo caso, sería preferible que no permitieran comentarios en ninguna nota, a que tengan una política selectiva que puede llevar a errores.

La esencia del periodismo es fiscalizar, criticar y señalar caminos, pero no es su función discriminar. Por ejemplo, se puede ser más prudente o reducir el sensacionalismo en hechos de sangre, pero no se los puede ocultar. Su oficio es mostrarlos, y será la sociedad, los expertos y legisladores, quienes tendrán que interpretarlos y buscar correctivos.

Tampoco se trata de otorgar una patente de corso a los usuarios, ya que los medios también pueden ser responsables (ética y legalmente) ante cualquier apología a la violencia u otros delitos como los de injurias y calumnias. Pero en lugar de censurar, los medios pueden optar por editar, filtrar, ordenar y administrar esos comentarios, siendo bien explícitos con sus usuarios sobre las reglas y los límites de la discusión. 
Es una tarea cara, claro, pero fundamental para seguir liderando la discusión ciudadana y la agenda pública.

Esa labor evitaría que se censuren críticas de gente bien intencionada que termina pagando los platos rotos por aquellos que insultan sin ton ni son. Gente que pudiera estar comparando conductas entre el gobierno argentino y el venezolano sobre el grado de desinformación respecto a la salud de Cristina y de Hugo Chávez. O que podrían comparar con las políticas más transparentes que se utilizaron en otros países para informar sobre el cáncer que padecían Fernando Lugo, Juan Manuel Santos, Dilma Rousseff o Lula da Silva.

Cerrando la puerta a los comentarios, se evita ese torrente de opiniones que servirían para presionar al gobierno de Cristina a que no informe a regañadientes sobre sus desmayos o manipule índices de pobreza e inflación. Torrente que clamaría por una esperada ley de transparencia y acceso a la información pública que obligue al gobierno a decir la verdad.

Los comentarios de la gente en los medios pueden ser dolorosos, pero prohibirlos desnaturaliza su función. La autorregulación clama más bien para que sean editados y ordenados, ya que administrar discusiones constructivas será siempre mejor opción.