Aunque parece razonable, no creo que sea apropiada
la decisión de varios diarios que en sus sitios de internet, privan a los
lectores de escribir comentarios debajo de las notas referidas a la salud de la
presidente Cristina Kirchner.
La política de autorregulación del diario La Nación - implícita en la frase, “Debido
a la sensibilidad del tema, la nota está cerrada a comentarios”, de su versión
on-line - también implementada por Página
12, Infobae y Ámbito Financiero, pretende evitar
convertirse en vehículo de insultos que usualmente se prodigan entre lectores o
contra la Presidente.
La medida tiene justificativo. Los comentarios
se han vuelto un dolor de cabeza para los medios, ya que en sociedades
polarizadas como la argentina, los usuarios de internet tienden a burlarse y hacer
comentarios irónicos, inhibiendo y degradando la discusión. Un síntoma que
incentivan presidentes como Cristina, Nicolás Maduro y Rafael Correa, con
discursos cargados de insolencias y sarcasmos en contra de opositores y
críticos de su gestión.
No permitir comentarios de ningún tipo, y
menos sobre un Presidente, puede ser un privilegio no reservado a otros
mortales. Privilegios que en Argentina se eliminaron cuando se derogó el delito
de desacato, aquella figura medieval que protegía al Presidente de las
críticas, y que se contrapone a la jurisprudencia interamericana, que indica
que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de
la sociedad.
Ante la prohibición, uno podría preguntarse
¿cuál es la vara justa para medir otros casos y el nivel de sensibilidad que
debe guardarse? ¿Acaso se deberían prohibir comentarios en notas sobre
Francisco porque podrían derivar en críticas a curas pederastas; o sobre Amado
Boudou, porque se señalaría que nadie con seis procesos judiciales abiertos
debiera tener las riendas del país?
En épocas de redes sociales y de constante
búsqueda por mayores espacios de participación ciudadana, discriminar qué notas
pueden o no ser comentadas, puede inducir a los medios a aplicar censura
previa, algo que detestan y combaten. En todo caso, sería preferible que no
permitieran comentarios en ninguna nota, a que tengan una política selectiva
que puede llevar a errores.
La esencia del periodismo es fiscalizar, criticar
y señalar caminos, pero no es su función discriminar. Por ejemplo, se puede ser
más prudente o reducir el sensacionalismo en hechos de sangre, pero no se los
puede ocultar. Su oficio es mostrarlos, y será la sociedad, los expertos y
legisladores, quienes tendrán que interpretarlos y buscar correctivos.
Tampoco se trata de otorgar una patente de
corso a los usuarios, ya que los medios también pueden ser responsables (ética
y legalmente) ante cualquier apología a la violencia u otros delitos como los
de injurias y calumnias. Pero en lugar de censurar, los medios pueden optar por
editar, filtrar, ordenar y administrar esos comentarios, siendo bien explícitos
con sus usuarios sobre las reglas y los límites de la discusión.
Es una tarea
cara, claro, pero fundamental para seguir liderando la discusión ciudadana y la
agenda pública.
Esa labor evitaría que se censuren críticas
de gente bien intencionada que termina pagando los platos rotos por aquellos que
insultan sin ton ni son. Gente que pudiera estar comparando conductas entre el
gobierno argentino y el venezolano sobre el grado de desinformación respecto a
la salud de Cristina y de Hugo Chávez. O que podrían comparar con las políticas
más transparentes que se utilizaron en otros países para informar sobre el
cáncer que padecían Fernando Lugo, Juan Manuel Santos, Dilma Rousseff o Lula da
Silva.
Cerrando la puerta a los comentarios, se
evita ese torrente de opiniones que servirían para presionar al gobierno de
Cristina a que no informe a regañadientes sobre sus desmayos o manipule índices
de pobreza e inflación. Torrente que clamaría por una esperada ley de
transparencia y acceso a la información pública que obligue al gobierno a decir
la verdad.
Los comentarios de la gente en los medios pueden ser dolorosos, pero prohibirlos desnaturaliza su función. La autorregulación clama más bien para que sean editados y ordenados, ya que administrar discusiones constructivas será siempre mejor opción.
