viernes, 28 de junio de 2013

Manejar la conversación pública

Quien maneja o inicia la conversación o la agenda pública siempre demuestra cierta vocación de liderazgo, sin distinción de que sea bueno o malo. La agenda no siempre depende de los mismos actores, sino que está maniatado al contexto y a los temas.

Un ejemplo son las protestas en Brasil. Ese tema de conversación, la reivindicación de los más pobres, la lucha contra la corrupción y la exigencia por servicios públicos mejores y más eficientes, no fue un tema incentivado ni por la prensa ni por el gobierno. Ha sido impuesto por las protestas públicas que espontáneamente se auto convocaron por las redes sociales.

Edward Snowden al denunciar el sistema de espionaje del gobierno de EE.UU. en declaraciones a los diarios The Guardian y The Washington Post, fue el hacedor del tema y de la conversación, pero que luego retomaron el gobierno y la prensa mundial. Fue él, Snowden, el hacedor de su propio destino; mientras que Rafael Correa, el presidente ecuatoriano, ausente de ese tema por más declaraciones a favor de Snowden y en contra de EE.UU. que haya hecho, recién se posicionó como líder de la agenda cuando ayer, tomando la delantera, anunció que Ecuador renunciaba a los beneficios arancelarios de EE.UU. ante la posibilidad de que el gobierno de Barack Obama tome represalias económicas contra su país por la posible aprobación del asilo a Snowden.

Anti ayer fue la Corte Suprema de EE.UU. la que se impuso en la agenda con la aprobación de derechos a los matrimonios de personas del mismo sexo y ayer fue el Senado el que aprobó la reforma inmigratoria a favor de 12 millones de personas indocumentadas. En otros momentos, fue la prensa la que lideró la agenda con esos dos temas.

Es decir, en EE.UU. y en muchos países del mundo, la agenda no depende de un individuo o de un gobierno en forma continua, como por ejemplo de Barack Obama, sino de variados actores y de temas muy heterogéneos.

Digamos que la agenda es un termómetro tan variada como la sociedad y en esa heterogeneidad se consolida la idea de que una agenda plural y diversa siempre es sinónimo de mejor democracia.

Hay países donde los gobiernos siempre intentan dominar la agenda pública, con temas que no importan si son polémicos; su idea siempre es que se hable de la posición buena o mala del gobierno, sin importar el resultado. Ejemplos sobran, desde la Venezuela que emergió con Hugo Chávez o la Argentina de Cristina Kirchner.

El gobierno argentino tiene esa vocación y voluntad de hablar continuamente de sí mismo e imponerse como centro de atención. La Corte Suprema de Justicia rechazó la “reforma judicial” que el gobierno mantuvo en la agenda pública, pero apenas sucedió eso, los mecanismos de presión del gobierno no se hicieron esperar y de repente el tema de conversación es la represalia del aparato kirchnerista contra las obligaciones impositivas del presidente de la Corte.

Cristina prácticamente lanza todos los días un tema nuevo de conversación haciendo que la prensa, la oposición y el público en general tengan que ponerse a la defensiva. Ante la reacción de la sociedad, los personeros del gobierno aparecen con una sarta de agravios y descalificaciones para neutralizar a quienes intentan el disenso y de esa forma pasan a liderar la agenda.

Muchos alaban al periodista Jorge Lanata que evidentemente con sus investigaciones que despliega los domingos por la noche impone los temas en la agenda, como el caso de la corrupción que rodea a Cristina y su ex marido. La ventaja de Lanata, a comparación de otros periodistas, es que impone el mismo tipo de sarcasmo y cinismo, es decir la misma forma de hablar, que tiene el gobierno, y de ahí su éxito; además de, por supuesto, su contenido.

Estilo comparable que adoptó, por ejemplo, el opositor Henrique Capriles en Venezuela para contrarrestar a Nicolás Maduro y continuamente atacarlo con el mismo tipo de sarcasmos que Maduro y otros funcionarios del gobierno utilizan para degradar a la oposición.

Los gobiernos populistas actuales y antes los más autoritarios de América Latina, siempre estuvieron inclinados a dominar al agenda pública a como dé lugar.

El único antídoto que hay para ello es el reforzamiento de las instituciones democráticas, siendo, la más importante de todas la prensa independiente. Esta tiene la obligación de estar por arriba de los estándares que marcan los gobiernos populistas y mantener una conversación pública que esté regida por el descubrimiento de temas que solamente pueden emerger de la investigación y la responsabilidad de hacer un periodismo de altísima calidad.

jueves, 27 de junio de 2013

Las mayorías y el poder popular

No todo a lo que se adjetive de poder popular y de mayorías soberanas es democracia. Así quedó como conclusión del fallo de inconstitucionalidad que dictó la Corte Suprema de Justicia de Argentina sobre una ley promovida por Cristina Kirchner para que los jueces fueran elegidos por voto popular.
Rompiendo con las intenciones políticas del gobierno de reformar y “democratizar a la justicia”, la Corte fue tajante al sentenciar que la democracia exige un Poder Judicial independiente, educando que la Constitución es un documento que no da derechos al gobierno, sino que le impone deberes, que busca “equilibrar el poder, para limitarlo”.
El fallo explica que la pretendida elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona y destituye jueces – instaurado hace décadas para despolitizar el proceso de elección de jueces - implicaría que los jueces comprometerían sus valores extraordinarios, imparcialidad, independencia y apariencia de neutralidad, al tener que someterse a campañas electorales y competir en luchas partidarias.
La relevancia de la sentencia trasciende a la clase política argentina. Se impone como enseñanza para otros gobiernos populistas latinoamericanos que, bajo la excusa de la “democratización” y de la voluntad de las mayorías, han sometido y dominado a los poderes judiciales. En Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela los mismos procesos apuntaron a reformar a la justicia no para hacerla menos corrupta y corporativista o más rápida y eficiente como argumentaron, sino para someterla y convertirla en aliada política.
Es fácil advertir como en estos países, donde existe esa comodidad conveniente entre los poderes del Estado y donde muchas veces las mayorías son alcanzadas mediante un clientelismo que no escatima en subsidiar y comprar votos en las urnas o entre los curules de parlamentarios, las democracias son débiles e imperfectas.
El fallo de la Corte Suprema infiere, además, que la fuerza de las mayorías y el voto popular, así como también pueden ser las concentraciones masivas o las protestas legítimas de la ciudadanía, no son absolutas en una democracia. El sistema de participación e inclusión política, por el contrario, requiere de garantías y de un respeto inconmensurable para las minorías y las instituciones, las que no pueden ignorarse por la sola fuerza de las mayorías.
“No es posible que bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, puesto que nada contraria más los intereses del pueblo que la propia trasgresión constitucional”, sentenció la Corte. Especificó que la ley aprobada por la mayoría kirchnerista viola el artículo 114 de la Constitución, referente al equilibrio que el Consejo de la Magistratura debe tener entre sus 13 representantes, legisladores, jueces, abogados y académicos.
En una situación normal, este fallo sentaría un precedente extraordinario ante los avances del gobierno. Sin embargo, en la Argentina actual, nadie duda que el gobierno, mientras maneje las mayorías electorales y parlamentarias, perseverará en su arrogancia para alcanzar sus fines. Se trata de un estilo muy similar al utilizado por Hugo Chávez y Rafael Correa cuando emprendieron sus luchas contra la justicia, la prensa independiente y a favor de la eternización en el poder, sobre la base de decretos, leyes, referendos populares y reformas constitucionales.
Tal vez, la única ventana que dejó la Corte – “los poderes son limitados; si se quiere modificar eso, hay que modificar la Constitución” – sea el camino que buscará el gobierno para que el sometimiento de la justicia a los designios de las mayorías políticas y populares, tenga apariencias de legalidad.
El kirchnerismo ya formó el avispero y se espera el contrataque. Los funcionarios atacan a la justicia por actuar de “espaldas al pueblo” y Cristina defiende ahora el debate público sobre el tema, actitud que no tuvo antes de que se aprobara la ley entre gallos y medianoche, cuando la oposición, académicos y organizaciones de la sociedad civil lo exigían.
El fallo judicial estableció los límites del gobierno. Infirió que el halago constante de las mayorías, del voto popular, a expensas de la independencia de poderes, no construye democracia.

martes, 25 de junio de 2013

De Julian Assange a Edward Snowden

Lo único común entre Julian Assange y Edward Snowden es que están bajo el paraguas del gobierno de Ecuador en casos de asilo, el primero habiéndolo conseguido y el segundo siendo considerado, pese a que Assange haya aparecido como el vocero del ex contratista de la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU.

Sus casos no se parecen aunque ambos hayan argumentado que temen por su vida y de no tener un juicio justo en EE.UU. Más allá de la actividad en Wikileaks, los cargos contra Assange tienen que ver con la justicia de Suecia por violación de dos mujeres durante una estadía fugaz en ese país. Las conjeturas que él hace, respecto a que se trata de una treta de Suecia para que Inglaterra lo extradite y que luego será extraditado a EE.UU. donde lo espera una posible condena a muerte, es simplemente un excusa para evadir la justicia.

Por los casos de Snowden y Assange, así como del soldado Bradley Manning quien filtró los 700 mil documentos diplomáticos de su gobierno a Wikiliaks, el gobierno está en su derecho, pero además en su deber legal, de procesar judicialmente a quienes considera que han violado las normas estrictas sobre seguridad nacional. Que estas personas sean o no traidores como varios políticos los han calificado, son simplemente opiniones que a la hora de los juicios los magistrados tendrán que evaluar.

Desde el punto de vista del gobierno el caso de Assange debería ser más peligroso en temas de seguridad nacional porque reveló contenido. El de Snowden fue una denuncia respecto a que el gobierno usa un sistema para espiar a los ciudadanos, especialmente extranjeros a través del internet y en comunicaciones digitales.

Desde la perspectiva de los ciudadanos lo que reveló Snowden es más peligroso por cuanto se habla de la vulnerabilidad de todos los que navegamos internet ante sistemas de espionaje del gobierno, poniéndonos a todos en la misma bolsa de sospechosos y sin siquiera saberlo. El problema es de transparencia en las acciones del gobierno. Sobre este tema comparto mi columna de la semana pasada, la que titulé: ¿Seguridad, privacidad o transparencia?

“El nuevo escándalo que explotó en las manos de Barack Obama por la revelación de programas para espiar comunicaciones telefónicas y por internet, no debería conducir a un debate nacional sobre seguridad vs. privacidad como el Presidente propone.

Más bien, las prácticas de vigilancia secreta que realiza la Agencia Nacional de Seguridad y el FBI a usuarios extranjeros de Verizon y otras telefónicas, y de compañías digitales como Google, Facebook, YouTube, Yahoo, Microsoft, Apple y Skype, indican que la discusión debería enfocarse en la cultura del secreto que mantiene el gobierno y en cómo está minando la credibilidad de un internet abierto y sin restricciones, su mejor aliado para promover libertad y democracia en el mundo.

Obama está en lo cierto cuando dice que no se puede tener 100% de privacidad y seguridad al mismo tiempo mientras el Estado trata de neutralizar ataques terroristas. Todos somos conscientes que por los chequeos en los aeropuertos y por la publicidad personalizada a la que estamos expuestos después de navegar internet, todo ha cambiado tras Setiembre 11 y desde que la comunicación se ha híper digitalizado.

Pero lo que se debe cuestionar no es la legalidad de la vigilancia que está asegurada por la Ley Patriótica para perseguir actos terroristas, sino la secrecía empleada. Lo tenebroso es que esos programas se ejecutan de espaldas a la mayoría de los congresistas y de todos los ciudadanos, y sin conocimiento de las empresas de internet que aseguraron desconocerlos y que solo – dicen -  se someten ante órdenes judiciales.
Que la vigilancia esté destinada solo para extranjeros no es justificación. Muchos actos violentos en EE.UU. fueron cometidos por estadounidenses o nacionalizados. Tampoco es lo mismo vigilar a un extranjero que se comunica con alguien de Al Qaeda, que escudriñar a cualquier francés o español usuario de Facebook, cuando la Unión Europea exige – a modo de reciprocidad - que los datos personales de ciudadanos europeos deben quedar excluidos de las fuerzas de seguridad estadounidenses “salvo en situaciones concretas, excepcionales y revisables judicialmente”.

Lo que realmente está en juego es la credibilidad del gobierno en materia de transparencia, algo que el presidente Obama prometió desde el inicio de su Presidencia. Instalar ahora un debate sobre seguridad y privacidad es desviar la atención, en especial cuando las preferencias del público son fáciles de detectar mediante encuestas, cuyos resultados varían según la cercanía de tiempo con un acto terrorista. La gente concedió perder privacidad ante mayor seguridad, después de Setiembre 11 o del reciente atentado en la maratón de Boston.    

Obama debe revisar sus políticas de vigilancia sobre el internet, ya que no puede estar escribiendo con la mano lo que borra con el codo. Lo contradictorio, es que Obama fue quien ayudó al desarrollo impetuoso de la industria digital, instaló al internet como la panacea para el comercio y el desarrollo internacional, y es quien promociona que las redes sociales sean instrumentos para empoderar cambios democráticos como el de la Primavera Árabe y despotrica contra todo gobierno autoritario que restringe su uso.

Además, lo malo de estas políticas de espionaje es que ofrecen artillería pesada a otros países como China, Irán o Cuba que siempre critican que EE.UU. quiera mantener el control mundial sobre el tráfico de internet, prefiriendo que esa autoridad la ejerza un cuerpo colegiado de las Naciones Unidas, lo que daría pocas garantías de que la red siga siendo libre e irrestricta.

Es lógico que el gobierno debe mantener sigilo para detectar terroristas, pero bien podría hacerlo en forma transparente, explicar sus políticas de vigilancia para que los usuarios de Facebook, Google o Skype sepan a qué atenerse o en qué plataformas pueden sentirse más libres o que no sean tratados como sospechosos.


Más que un debate ciudadano sobre seguridad y privacidad, lo que se requiere es una amplia discusión en el Congreso sobre el costo político, comercial y de credibilidad por mantener una vetusta cultura del secreto. Aunque disguste a muchos, tal vez el delator Edward Snowden, haya ayudado para que el Congreso se enfoque en legislar a favor de la transparencia gubernamental”. 

domingo, 23 de junio de 2013

¿Patria o papel higiénico?

El canciller venezolano, Elías Jaua, planteó ayer la pregunta del millón, que dará titulares para las noticias, munición para los columnistas, sarcasmos para la oposición, risas para la clase política extranjera y bronca, frustración, impotencia y desesperación para sus connacionales. Dio a elegir a los venezolanos entre “¿patria o papel higiénico?

Después de tomar un rollo de papel higiénico en la mano y gritonear que el opositor Henrique Capriles se lo puede poner donde mejor le quepa, ofreció una clase magisterial de economía de mercado, explicando que la “patria” algo que considera que solo el chavismo ha podido otorgar a Venezuela, no se puede medir ni comparar con la escasez de productos en los supermercados. Jaua considera que a pesar que existe un 21% de escasez de productos, según la medición que viene haciendo el Banco Central, y que no hay en los anaqueles de los supermercados productos básicos como la harina de maíz, papel higiénico o azúcar, los venezolanos deben considerarse afortunados de que tienen una patria socialista, bolivariana y revolucionaria.

Las declaraciones a la cubana de Jaua le hacen poco favor al presidente Nicolás Maduro cuya presidencia seguirá disminuyendo en porcentajes de aprobación a medida que haya más patria y menos consumo.  La arrogancia por hablar estupideces ideológicas por sobre la necesidad de que el gobierno explique las medidas económicas que debería aplicar para reflotar la economía, seguirán destruyendo al régimen.

El ex presidente Hugo Chávez se dio el lujo de hablar e imponer su ideología a toda costa, porque tuvo la gran suerte de ser favorecido por una industria petrolera que experimentó ingresos siderales en la última década. Pero luego, cuando los petrodólares escasearon y PDVSA creció en déficit y falta de producción, tuvo que medirse y ser más prudente.

Ni Jaua ni Diosdado Cabello, y mucho menos Nicolás Maduro, parecen entender esa fórmula clásica del mercado, de la oferta y la demanda. Quieren anteponer la ideología a los productos de primera necesidad, imponiendo excusas que los venezolanos – incluso quienes simpatizan con el régimen – ya no desean seguir escuchando. Ya ocurrió en Venezuela, así como en muchos países latinoamericanos, desde Argentina a Haití, que la escasez y los precios de los productos (el Caracazo por el aumento del transporte  como ahora en Brasil) terminan por debilitar a los gobiernos y crear crisis sociales.


Para responder la pregunta de Jaua: A la hora de las necesidades, siempre será mejor consejo disponer de un tangible rollo de papel higiénico que de una abstracta imagen de patria o una de Simón Bolívar, a no ser que esta sea un retrato en papel de diario.