sábado, 20 de noviembre de 2010

El enemigo común

Sería muy simple culpar al crimen organizado de ser el “enemigo común” y el responsable de todos los males en contra de la libertad de prensa, según las opiniones coincidentes de los presidentes de México y Colombia, Felipe Calderón y Juan Manuel Santos, durante la reciente asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en Mérida.
La afirmación es verdadera, pero parcializada. El crimen organizado y, en particular el narcotráfico, es responsable de decenas de asesinatos de periodistas y atentados en contra de medios. Pero también es cierto que mucha de esa violencia proviene de funcionarios inescrupulosos o por la falta de voluntad política para perseguir a los asesinos, hacer reformas legales o limpiar poderes judiciales y policías corruptas.
Calderón prometió que los crímenes contra periodistas se federalizarán y sistemas estatales de protección. Pero es tal la desconfianza, que hasta el diputado federal de su propio partido, Manuel Clouthier, descree las promesas. “No hay ambiente ni suficiente presión para reformar nada”, sentenció; quizás, recordando que ninguno de los 106 asesinatos de reporteros mexicanos en los últimos 20 años, fue totalmente resuelto.
Al crimen organizado se le puede achacar la violencia en contra de la prensa, pero es un efecto combatible. Sin embargo, el problema es cuando las agresiones provienen del propio Estado, cuando el gobierno construye un andamiaje legal que le permite transformar sus ataques en actos lícitos y aceptables. Después de todo, lo único que hace es aplicar y hacer cumplir la ley.
En la reunión de la SIP se desenmascararon estas arbitrariedades. En muchos países esa arquitectura legal la denominan “control social” como en Brasil, “nacionalización” de medios como en Argentina u observatorios y comisiones gubernamentales con la potestad de encarcelar periodistas, como en Ecuador o Bolivia.
Hay leyes con todas las excusas, ya vigentes en Argentina, Bolivia y Venezuela; y proyectadas en Brasil, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, República Dominicana y Uruguay. La actitud y la tendencia de los gobiernos es que se debe domesticar a la prensa a como de lugar, como esta semana desde Brasilia prometió el futuro gobierno de Dilma Roussef, augurando que impondrá una nueva ley de medios a pesar de que haya o no consensos.
Por el contrario, las leyes que están cayendo en desgracia son las que obligan a los gobiernos a ser más transparentes. Las leyes de acceso a la información pública están inactivas, ineficientes o eliminadas, como en Ecuador. Y las proyectadas para transparentar el Estado en el uso de recursos públicos para la publicidad oficial, como en México y Argentina, son rezagadas o engavetadas.
En EEUU ningún gobierno había perseguido judicialmente tanto la infiltración informativa como Barack Obama, mientras sus promesas de mantener el internet libre de cualquier intervención estatal, están a punto de desvanecerse con un par de proyectos en el Congreso.
Los gobiernos siguen comprando medios, expropiando a los independientes y cerrando a los considerados opositores. De esta forma, el fiscalizado pasa a ser fiscalizador, revirtiéndose el balance de poderes en la democracia.
El desafío es grande ante este sombrío panorama, pero ninguno tan importante como educar al ciudadano para que entienda que cuando matan a un periodista en México, cierran un canal en Venezuela, apresan a un reportero en Ecuador o denigran a otro en Argentina, no son los periodistas ni los medios los que pierden, sino el derecho de cada persona a saber, a estar libremente informada.
Que haya prensa mala, sensacionalista o tendenciosa no es tan malo, como que se le quite a la sociedad la capacidad de poder elegir y valorar los medios para informarse, dentro de una gama de medios independientes, plurales y diversos. Es ahí donde reside el valor de la libertad de expresión.
Mejor comprendería el ciudadano esta ecuación si supondría cuán espinosa sería su vida si la información que envía por carta a un amigo o la que circula por su cuenta de Facebook, Twitter o en algún blog, fuera censurada por el gobierno, restringida por ley o lo arrastraría a la cárcel como en Cuba.
Se puede soportar que los delincuentes sean el “enemigo común”, pero jamás se debería tolerar que fuera el gobierno, más aún si fue elegido.

Vaticano: mejor tarde que nunca

El Vaticano lanzó una guía para contrarrestar la pederastia y los demás delitos sexuales – aunque algunos crean que se trata de pecados - cometidos por sacerdotes y curas que se han refugiado por décadas dentro de la Iglesia Católica para atropellar con sus desviaciones a menores, mujeres y hombres.

La guía - emanada de la Congregación para la Doctrina de la Fe que tiene como principal función denunciar a los religiosos delincuentes ante las autoridades civiles para que sean sometidos ante la justicia y recaiga sobre ellos todo el peso de la ley – hubiera tenido que aparecer décadas antes, para que de esa forma la incredulidad no haya hecho estragos entre los feligreses, muchos de los cuales dejaron de asistir a las parroquias o simplemente se alejaron de la Iglesia.

Estuve en San Francisco, Córdoba, mi ciudad natal esta semana, y en una misa a la que asistí con los integrantes de la escuela secundaria con los que me gradué, un cura amigo de la infancia – Daniel Cavallo – anunció que mañana domingo se ordenarán cuatro jóvenes diáconos en su carrera hacia el sacerdocio.

Pensé en ellos y le dije a uno de mis amigos, que ojalá la instrucción de los nuevos sacerdotes esté acompañada por una gran dosis de formación ciudadana y cuán mejor sería para todos que el celibato y la prohibición de la ordenación de las mujeres fueran desterrados de la Iglesia, para que de esa forma esas cuatro vocaciones se multiplicaran.

Entiendo que no se debe mezclar la conducta de los sacerdotes delincuentes con el tema de las vocaciones ni con las enseñanzas de la Iglesia, pero no puedo dejar de pensar que una reforma profunda, más que una guía en contra de los abusos sexuales, sería la mejor forma para sanar a la Iglesia de personas que Jesucristo no hubiera dudado en echar a patadas del templo.

Con esta guía, el Papa lucha en contra de casos masivos de clérigos abusivos que se denunciaron en numerosos países, como Irlanda, EEUU, Alemania, Bélgica, Holanda, Austria, Inglaterra e Italia, y de menos numerosos que se dieron en todos los países.

La “tolerancia cero” declamada por el Papa es una buena medida, muy tardía por cierto, pero ojalá empiece a restaurar la credibilidad de una Iglesia que por los siglos de los siglos estuvo menguada por la conducta de sus propios pastores.

lunes, 15 de noviembre de 2010

Piñera, y otro buen ejemplo

En momentos que varios presidentes latinoamericanos, como Evo Morales, Cristina de Kirchner, Hugo Chávez, Daniel Ortega y Rafael Correa, siguen añadiendo medios de comunicación a su red de propaganda gubernamental, el primer mandatario chileno, Sebastián Piñera, decidió cerrar el diario estatal La Nación, un gesto que había prometido durante la campaña electoral.

La Nación, que pertenece en un 69 por ciento al Estado, dejará de imprimirse tras 93 años de circulación, y a partir del 28 de noviembre, su última edición impresa, solo se publicará por internet.

A diferencia de otros gobiernos que compran medios a través de testaferros, que clausuran, expropian o confiscan aquellos medios que consideran críticos, la buena lección de Piñera es que durante la campaña electoral había prometido que cerraría a La Nación por haberse convertido "en una fábrica de propaganda de los Gobiernos de turno y de ataques a los opositores de turno".

En mayo pasado mientras estaba deshaciéndose de su propia televisora, una de las de mayor prestigio de su país, el Presidente chileno había prometido que abriría un debate sobre La Nación para que el diario se transforme en un medio al servicio de todos los chilenos y no al servicio de los gobiernos de turno.

domingo, 14 de noviembre de 2010

Jovenes desconfiados

Una encuesta de la Universidad Catolica de Cordoba, Argentina, revela que el 90 por ciento de los jovenes desconfian de las instituciones del Estado, lo que refleja una tendencia general en todo el continente segun demostro tambien las elecciones intermedias en Estados Unidos donde los jovenes brillaron por su ausencia.

Un 87 por ciento desconfia de los politicos, 73 por ciento de la policia, 69 de la policia, 60 de la administracion publica y 57 de la prensa.

La encuesta realizada jovenes del ultimo Ano de escuela secundaria, es una llamada de atencion para los responsables del gobierno, ya que uno de los valores esenciales de la democracia es la credibilidad que los ciudadanos deben tener en las instituciones. La construccion de la democracia se basa en crearinstituciones fuertes y en la participacion de los jovenes.