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julio 25, 2013

Duro Francisco contra legalización

Aunque Francisco tenga un mensaje apostólico centrado en la esperanza, la fe y en Cristo, sus palabras tienen la dureza de un fuerte discurso político. Sus primeros meses como Pontífice le permiten moverse en ese terreno porque ha dado muestras de que no solo habla, sino que ha convertido a sus palabras en acción. En especial en temas que han debilitado la moralidad de una jerarquía eclesiástica que hizo poco para detener la corrupción, la pedofilia y, en especial, la ostentación; una Iglesia que no practica lo que enseña.

Las palabras de Francisco, acompañadas por las reformas que instituyó en el Vaticano, desde las más simples como despojarse de los lujos, hasta las más complejas que derivaron en el procesamiento de obispos por lavado de dinero, tienen la suficiente fuerza moral para ser escuchadas en el ámbito de los políticos.

Los gritos por la igualdad, menos corrupción, más apoyo a programas sociales fueron bien recibidas en Brasil, pero se espera a partir de hoy la reacción de muchos políticos latinoamericanos, encabezados ahora por el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien lidera una cruzada por la legalización de las drogas que habían empezado otros ex presidentes latinoamericanos (el brasileño Henrique Cardoso, el colombiano César Gaviria y los mexicanos Ernesto Zedillo y Vicente Fox).

Ayer en la ceremonia de inauguración de una sala para adictos al crack en el hospital San Francisco de Asís de Río de Janeiro, el papa Francisco se refirió a su oposición a la legalización: “No es la liberalización del consumo de drogas, como se está discutiendo en varias partes de América Latina, lo que podrá reducir la propagación y la influencia de la dependencia química. Es preciso afrontar los problemas que están en la base de su uso, promoviendo una mayor justicia, educando a los jóvenes en los valores que construyen la vida común, acompañando a los necesitados y dando esperanza en el futuro”.

Criticó a los “mercaderes de la muerte” en referencia a los narcotraficantes y dijo que los jóvenes “sienten la sugestión de tantos ídolos que se ponen en el lugar de Dios y parecen dar esperanza: el éxito, el dinero, el poder, el placer. Con frecuencia se abre camino en el corazón de muchos una sensación de soledad y vacío, y lleva a la búsqueda de compensaciones, de estos ídolos pasajeros”.


Se espera que Francisco siga hablando de este tema antes de despedirse el domingo de Brasil, aunque difícilmente su rechazo implique que aporte otras soluciones políticas más allá de la recuperación humana, física y social de los adictos. Tal vez el Papa no tenga alternativas al fracaso de las estrategias de la represión policial y militar contra las drogas que indujo en la agenda la legalización, pero solo bastan sus palabras para entender que la legalización es solo otro manotazo de ahogado que hace aguas por todos lados.

marzo 16, 2012

Legalización de las drogas, renovado debate


Lo más positivo de la visita del vicepresidente estadounidense Joe Biden esta semana a México y Centroamérica es que Estados Unidos admitió su co-responsabilidad en materia de narcotráfico. Prometió no solo más apoyo económico en la región para tareas de erradicación, prevención y salud pública, sino también mayor compromiso en su territorio para reducir el consumo de estupefacientes, el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas hacia el sur.

Esta nueva actitud vino acompañada de otras sorpresas. Por primera vez, Estados Unidos de declaró dispuesto a escuchar las propuestas que surjan de un debate sobre la legalización de las drogas y la despenalización de su consumo para combatir el narcotráfico, aunque adelantó que su administración no cree que así se degradará la fuerza de los carteles, ya tan diversificados en todas las áreas del crimen organizado.

Hasta ahora la sola idea de ese debate había creado divisiones y resistencias, desde que lo propusieron en 2009 varios ex presidentes, entre ellos Ernesto Zedillo, Herinque Cardoso y César Gaviria. Otro elemento importante es que bajo la iniciativa del presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, la discusión sobre la legalización o no de las drogas se corporizará el 24 de marzo en su país, en una cumbre a la que asistirán los mandatarios centroamericanos Porfirio Lobo, Mauricio Funes, Daniel Ortega, Laura Chinchilla y Ricardo Martinelli.

Es bueno que haya debate público, que los gobiernos expongan pero que también se escuche a los expertos y a la sociedad civil, tratándose de una lucha contra las drogas que todos coinciden tiene muchos fracasos y pocos éxitos, si se mide por el promedio de 70 homicidios cada 100 mil habitantes en Centroamérica, comparado a 8.8 con el promedio mundial, según la Organización Mundial de la Salud.

El narcotráfico es un tema complejo que requerirá propuestas integrales e internacionales para atacar deficiencias en seguridad y salud pública, corrupción, economía y moralidad. Ojalá se eviten echar la culpa unos a otros, entre países consumidores, de tránsito y productores, porque si bien el consumo es mayor en países desarrollados, en los subdesarrollados la producción no se debe a que existen mejores tierras para el cultivo, sino a que los delincuentes prefieren convivir entre gobiernos con sistemas judiciales e instituciones más débiles y corruptibles.

No creo en la teoría simplista del ex presidente mexicano Vicente Fox que dijo que con la legalización se blanqueará el negocio sucio de las drogas, que éstas bajarán de precio por la competencia y que los narcotraficantes deberán inscribirse como empresarios para pagar impuestos. Es una hipótesis tan ingenua como si para combatir los robos se pretendiera sindicalizar a los ladrones y que paguen impuestos a las ganancias o si para reducir los homicidios y secuestros, se tuvieran que despenalizar los asesinatos.

También son ingenuas las teorías de que el narcotráfico debe ser combatido en forma prioritaria como un problema de salud pública, cuando la región no es ni siquiera eficiente para combatir epidemias y catástrofes naturales o que resurgen por negligencia y magros presupuestos. Sería difícil combatir de esa forma una epidemia provocada y alimentada por criminales sanguinarios cada vez más creativos y en expansiva competencia por sus territorios, a quienes les da lo mismo corromper a presidentes, fiscales y jueces, o extorsionar, secuestrar y matar, que traficar personas u órganos. 
 
Creo, en cambio, que Estados Unidos podría hacer mucho más si su ayuda financiera es dedicada a fortalecer los sistemas judiciales. Más recursos económicos para proteger, especializar y entrenar a fiscales, jueces, funcionarios y depurar policías corruptas, podrían tener mayor impacto que solo militarizar la guerra contra las drogas.

Lo importante de este debate que estaba trunco, es que más allá de sus resultados, la discusión abierta y descarnada servirá para que los ciudadanos aprendamos y nos sintamos partícipes. Será bueno, además, que la discusión prosiga en la Cumbre Iberoamericana de Cartagena el próximo mes. Me parece un tema más importante, que perder el tiempo y gastar recursos públicos para discutir si la dictadura opresora de Cuba debe ser o no parte de cumbres las presidenciales.

marzo 07, 2012

Joe Biden y legalizar las drogas

La visita del vicepresidente de EE.UU. Joe Biden a la región centroamericana deja pocas dudas de lo que quieren los países interesados en derrotar el narcotráfico, en los dos lados de la ecuación.

Primero, que Estados Unidos haga más para reducir el consumo interno de estupefacientes y limite el paso ilegal de armas, como incluso esta semana pidió el presidente mexicano, Felipe Calderón.

Segundo, que su ayuda monetaria incluya mayores fondos y cooperación inter regional, habida cuenta que el narcotráfico no puede ser combatido por los países en forma independiente.

Tercero, que Estados Unidos no cree que la despenalización de las drogas es la solución para degradar la fuerza de los carteles, ya diversificados con otros ilícitos dentro del crimen organizado, pero que da la bienvenida  a que se debata sobre el tema.

Creo que el éxito de esta reunión entre Biden y el presidente hondureño Porfirio Lobo se da por la necesidad de abrir ese diálogo sobre la despenalización de las drogas, un tema recurrente en el contexto latinoamericano y que trajo a colación el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina apenas asumió hace semanas.

Más allá de los esfuerzos por incluir el tema de la despenalización de las drogas en la agenda internacional para combatir el narcotráfico que hicieron varios ex presidentes, como el mexicano Ernesto Zedillo y el brasileño Henrique Cardoso, entre otros, nunca fue un tema que asumieron los presidentes en ejercicio.

Es bueno que haya un debate público, que los gobiernos expongan, que se escuche a los expertos, ya que el narcotráfico es el principal foco de violencia en las Américas. Pero, sobre todo, para que del debate surjan temas, opiniones y decisiones de las que podamos aprender todos los ciudadanos.

El debate ayudará a que se asuma o descarte el tema pero con el debido conocimiento. De lo contrario, como hasta ahora, seguirá siendo un debate trunco. Ojalá, Biden y los presidentes latinoamericanos hayan decidido que esta sea unos de los temas principales de agenda en Cartagena en la próxima Cumbre de las Américas, un tema relevante para toda la ciudadanía, y no la estupidez de darle realce a un tema meramente político como el de la participación o no de la dictadura de Cuba.    

noviembre 20, 2010

El enemigo común

Sería muy simple culpar al crimen organizado de ser el “enemigo común” y el responsable de todos los males en contra de la libertad de prensa, según las opiniones coincidentes de los presidentes de México y Colombia, Felipe Calderón y Juan Manuel Santos, durante la reciente asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en Mérida.
La afirmación es verdadera, pero parcializada. El crimen organizado y, en particular el narcotráfico, es responsable de decenas de asesinatos de periodistas y atentados en contra de medios. Pero también es cierto que mucha de esa violencia proviene de funcionarios inescrupulosos o por la falta de voluntad política para perseguir a los asesinos, hacer reformas legales o limpiar poderes judiciales y policías corruptas.
Calderón prometió que los crímenes contra periodistas se federalizarán y sistemas estatales de protección. Pero es tal la desconfianza, que hasta el diputado federal de su propio partido, Manuel Clouthier, descree las promesas. “No hay ambiente ni suficiente presión para reformar nada”, sentenció; quizás, recordando que ninguno de los 106 asesinatos de reporteros mexicanos en los últimos 20 años, fue totalmente resuelto.
Al crimen organizado se le puede achacar la violencia en contra de la prensa, pero es un efecto combatible. Sin embargo, el problema es cuando las agresiones provienen del propio Estado, cuando el gobierno construye un andamiaje legal que le permite transformar sus ataques en actos lícitos y aceptables. Después de todo, lo único que hace es aplicar y hacer cumplir la ley.
En la reunión de la SIP se desenmascararon estas arbitrariedades. En muchos países esa arquitectura legal la denominan “control social” como en Brasil, “nacionalización” de medios como en Argentina u observatorios y comisiones gubernamentales con la potestad de encarcelar periodistas, como en Ecuador o Bolivia.
Hay leyes con todas las excusas, ya vigentes en Argentina, Bolivia y Venezuela; y proyectadas en Brasil, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, República Dominicana y Uruguay. La actitud y la tendencia de los gobiernos es que se debe domesticar a la prensa a como de lugar, como esta semana desde Brasilia prometió el futuro gobierno de Dilma Roussef, augurando que impondrá una nueva ley de medios a pesar de que haya o no consensos.
Por el contrario, las leyes que están cayendo en desgracia son las que obligan a los gobiernos a ser más transparentes. Las leyes de acceso a la información pública están inactivas, ineficientes o eliminadas, como en Ecuador. Y las proyectadas para transparentar el Estado en el uso de recursos públicos para la publicidad oficial, como en México y Argentina, son rezagadas o engavetadas.
En EEUU ningún gobierno había perseguido judicialmente tanto la infiltración informativa como Barack Obama, mientras sus promesas de mantener el internet libre de cualquier intervención estatal, están a punto de desvanecerse con un par de proyectos en el Congreso.
Los gobiernos siguen comprando medios, expropiando a los independientes y cerrando a los considerados opositores. De esta forma, el fiscalizado pasa a ser fiscalizador, revirtiéndose el balance de poderes en la democracia.
El desafío es grande ante este sombrío panorama, pero ninguno tan importante como educar al ciudadano para que entienda que cuando matan a un periodista en México, cierran un canal en Venezuela, apresan a un reportero en Ecuador o denigran a otro en Argentina, no son los periodistas ni los medios los que pierden, sino el derecho de cada persona a saber, a estar libremente informada.
Que haya prensa mala, sensacionalista o tendenciosa no es tan malo, como que se le quite a la sociedad la capacidad de poder elegir y valorar los medios para informarse, dentro de una gama de medios independientes, plurales y diversos. Es ahí donde reside el valor de la libertad de expresión.
Mejor comprendería el ciudadano esta ecuación si supondría cuán espinosa sería su vida si la información que envía por carta a un amigo o la que circula por su cuenta de Facebook, Twitter o en algún blog, fuera censurada por el gobierno, restringida por ley o lo arrastraría a la cárcel como en Cuba.
Se puede soportar que los delincuentes sean el “enemigo común”, pero jamás se debería tolerar que fuera el gobierno, más aún si fue elegido.

agosto 13, 2010

¿Legalizar las drogas?

El presidente mexicano Felipe Calderón encendió el debate sobre la legalización de las drogas en México como formato eficiente para derrotar la violencia generada por el narcotráfico, aunque advirtió que no cree en los argumentos a favor.

El ex presidente Vicente Fox, así como muchos otros ex presidentes que intentan salir del anonimato, ni lerdo ni perezoso, argumentó que legalizar las drogas es la única forma de blanquear el negocio sucio de los narcos, crear una nueva clase de empresarios que se inscriba como tal y pague impuestos.

El argumento no es nuevo, ya otros ex presidentes, el brasileño Fernando Enrique Cardoso, el colombiano César Gaviria y el mexicano Felipe Zedillo, lo plantearon hace casi dos años, sorprendentemente un planteamiento que nunca hicieron cuando ejercían el liderazgo.

Tanto Fox como sus colegas siempre ponen de ejemplo el tema de la “ley seca” en Estados Unidos y como la prohibición del alcohol en las primeras décadas del siglo pasado atrajo violencia, contrabando y muchos delitos anexos, los que – según ellos - fueron superados una vez que se legalizó el alcohol.

No es cierto. Lo que logró Estados Unidos fue primero desarticular a las bandas y luego liberalizar el alcohol. Además no se puede comparar el efecto negativo y el potencial destructivo de las drogas con el alcohol. En este caso, uno se preguntaría: para reducir los niveles de los homicidios ¿no sería apropiado legalizar los asesinatos? O si para reducir los robos ¿será que los ladrones se deberían inscribir en un sindicato y deberían pagar sus impuestos a las ganancias?

Lo que Calderón debe hacer es insistir ante los estamentos judiciales de su país, y buscar las reformas apropiadas para combatir la impunidad, como lo está haciendo a través de sus foros sobre estrategias anti crimen y seguridad. Como bien él reclamó, no puede ser que solo el 15 por ciento de las personas detenidas por delitos relacionadas al narcotráfico y a las drogas termina condenada. O ¿por qué hay tanta corrupción en las cárceles desde donde los narcotraficantes siguen ordenando sus negocios o sus carceleros les permiten salir para cometer crímenes?

El problema en México no se solucionará con la legalización de las drogas, sino con una justicia más eficiente.

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