El Guacho: Se busca vivo o muerto

Era viernes y estábamos reunidos en Medellín. Rogábamos para que la evidencia mortal de los periodistas ecuatorianos fuera falsa, pese a que un objetivo de nuestra reunión era crear estrategias para combatir las noticias falsas.

Esta vez en la Sociedad Interamericana de Prensa hubiéramos preferido que todo lo que provenía de Walter Arizala Vernaza, alias el “Guacho”, fueran mentiras, en especial el secuestro y asesinato de los colegas. Líder de un grupo guerrillero disidente de las FARC, el Guacho no aceptó ser parte del proceso de paz, acuerdo por el que el presidente Juan Manuel Santos ganó el Premio Nobel de la Paz.

Desde el secuestro ocurrido el 26 de marzo, hasta el desenlace fatal el 13 de abril, el juego del Guacho fue macabro. Primero, mostró un video en que los periodistas, encadenados por el cuello, advertían que saldrían vivos si eran canjeados por guerrilleros presos en Ecuador, extorsión que se trasladó al presidente ecuatoriano Lenin Moreno. Luego, se comunicó que los secuestrados fueron ajusticiados en represalia por las incursiones armadas de los ejércitos de Ecuador y Colombia en la zona fronteriza del Metaje donde opera el Guacho y sus secuaces.

El 11 de abril todavía existían dudas sobre la veracidad del comunicado, ya que en el modus operandi de las FARC los secuestrados solían permanecer meses y años en cautiverio. Finalmente, el 12 de abril circuló una foto con tres cuerpos casi irreconocibles, que al día posterior, el presidente Moreno confirmó que eran los de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio de Quito.

Tras la confirmación del hecho, indignación profunda y repudio enérgico. ¿Cómo un grupo guerrillero pudo matar a sangre fría a tres mensajeros que fueron a retratar el costumbrismo de aquellos que conviven a diario con la violencia, sin siquiera haber investigado las complejidades del tráfico de drogas?

Respuesta simple. El grupo del Guacho nada tiene que ver con el idilio ideológico con el que la guerrilla colombiana se justificaba para dinamitar edificios, torres, oleoductos o masacrar poblados enteros. Ya no está conectada a las proclamas marxistas y arengas castristas de sus orígenes, sino emparentada con los negocios rentables y sangrientos del cartel mexicano de Sinaloa. La ropa camuflada solo enmascara la producción y ventas de drogas, la misma fachada que usan los 14 grupos disidentes de la FARC que anteponen drogas y violencia a la paz y el desarme.   

El domingo, todavía golpeados, pero con la noticia asimilada, el presidente Santos prometió que no descansaría hasta llevar al Guacho ante los tribunales o, en su defecto, darle de baja. El anuncio, al viejo estilo del lejano oeste “Se busca, vivo o muerto”, alivió a nuestra asamblea. Bálsamo de justicia para un gremio que en Colombia desde hace años batalla contra la impunidad que rodea a más de 150 casos de periodistas que fueron asesinados por guerrilleros, paramilitares, mafias y funcionarios corruptos en las últimas décadas.

Para muchos, el Guacho se cavó su propia fosa. No midió bien los efectos, pese a que habrá querido tener impacto en la Cumbre de las Américas que corría en Lima paralela a nuestra reunión. El presidente Moreno le dio al Guacho 10 días para que se entregue y junto a Santos le pusieron precio a su cabeza, 248 mil dólares a quien delate su ubicación.

Esta semana el Guacho atrajo represalias de las fuerzas armadas de ambos países. Se han intensificado las operaciones militares en la zona fronteriza, abundante en plantaciones de hojas de coca y laboratorios clandestinos de pasta. Sus acciones también descarrilaron negociaciones por la paz que Ecuador permitía se hicieran en su territorio entre el ELN, otro de los grupos guerrilleros, y el gobierno colombiano.

En su discurso, el presidente Santos habló del origen de los acuerdos de paz para terminar la guerra civil que costó a Colombia más de 220 mil víctimas y de su impotencia por no tener a todos los actores desarmados y sometidos al proceso o a la Justicia.

Pese a su discurso bien hilvanado, en nuestra reunión prevaleció la indignación por los tres colegas asesinados y el reclamo de justicia. Mejor vivo que muerto. Esperamos que el Guacho se perpetúe en la cárcel de por vida. trottiart@gmail.com

Venezuela: ahora, tragedia de todos

Esta semana fue funesta para Nicolás Maduro. Todos reaccionaron en contra de su fraudulenta convocatoria a elecciones para el 22 de abril, en las que quiere competir sin oposición ni supervisión.

Quedó en el pasado la época en que los gobiernos mantenían silencio ante la tragedia política venezolana, por miedo a las represalias estridentes del régimen o a quedarse sin petróleo a precios subsidiados.

A la oposición no le resultó fácil revertir esa indiferencia general. Sus denuncias chocaron con el romanticismo que se le prodigaba al chavismo por su cháchara anti imperio, igual que al comunismo cubano. También tropezaron con una tramposa maquinaria electoral de apariencia democrática y con la construcción de procesos de diálogo que el régimen usó para comprar tiempo y acrecentar su poder.

Todo cambió. La tragedia venezolana ya no es política, sino humana y expansiva hacia otros países. El continente se apura ahora a buscar remedios para controlar el desborde de uno de los mayores éxodos en la historia de América Latina. Los inmigrantes venezolanos antes eran “los que pueden” salir, en su mayoría, ciudadanos con recursos que se marchaban al exilio. Hoy son “los que ya no pueden” resistir las penurias económicas, pertenecientes a las clases más populares, hartas de depender de una libreta de racionamiento a cambio de lealtad partidista y electoral.

Los círculos de privilegiados que arropan al régimen son cada vez menores. Proporcionalmente ha crecido la represión a la ola criminal, la corrupción y una inflación de hasta el 2.700% que asfixia hasta los más leales. Familias enteras conforman la diáspora. Atraviesan las fronteras con la esperanza de pan, trabajo y algo de dignidad.

La agrupación Cáritas calcula que la desnutrición en menores de 5 años trepó al 71%. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) supone un 80% de pobreza. Se calcula que el 10% de los 31 millones de venezolanos emigró en los últimos años. Una parte fue asimilada por la fuerza laboral de otros países, pero muchos sistemas inmigratorios, del panameño al dominicano, están al borde del colapso. Otros como Argentina, por causas humanitarias, flexibilizan sus normas migratorias, mientras tanto los países limítrofes, Brasil y Colombia, llevan la peor parte de la ecuación. Unos 800 mil venezolanos recalaron en Colombia y la escalada migratoria obligó al presidente Juan Manuel Santos a coordinar con el ACNUR la construcción de campamentos para refugiados.

Es cierto que el régimen chavista está cosechando los frutos de sus incompetencias sembradas en todas las áreas. Pero no es el único culpable. La responsabilidad también recae sobre la comunidad internacional que hizo poco o nada para prevenir esta situación. Todos deben asumir las consecuencias por nunca haber aplicado la Carta Democrática Interamericana.

Esta semana los cancilleres del Grupo de Lima, entre ellos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y Perú, afirmaron que no le darán la bienvenida a Maduro en la próxima Cubre de las Américas que se celebrará en Perú en abril. La medida política es elogiable, pero no quita que la tragedia humana venezolana tendrá que ser prioridad en la agenda.  

Un informe de esta semana de la CIDH detalla cómo el gobierno chavista desmanteló la democracia y dilapidó recursos, convirtiéndose en una máquina expulsora de gente. Deja en evidencia la represión más aguda con el encarcelamiento de líderes de la oposición, la proscripción política y los más de 100 muertos en las protestas del año pasado, sobre las cuales la Corte Internacional de La Haya anunció, esta semana, que abrió una investigación por delitos de lesa humanidad.

También cabe subrayar que la pérdida de los derechos políticos a fuerza de justicia politizada y violación de los derechos humanos, que señala este informe de la CIDH 2018, no son muy distintos a los pecados que la entidad le achacó al régimen en sus informes de 2003 y 2009. Aquellas denuncias cayeron en saco roto.

La condena al régimen de Maduro llega tarde, pero es bienvenida. Y cabe una lección. Sería importante que los resortes preventivos que no se aplicaron contra Venezuela se activen para frenar a otros gobiernos autoritarios y, así, desactivar crisis y éxodos futuros. ¿Suena Nicaragua? trottiart@gmail.com

Paz en Colombia: NO pero SI

No es una contradicción que los colombianos le hayan dicho que NO a la paz en el plebiscito del domingo pasado y que hoy, pocos días después, ese NO sea interpretado por diferentes sectores sociales y políticos como un SI definitivo a la paz.

El NO estampado en el plebiscito fue a las formas de los acuerdos de paz entre el presidente Juan Manuel Santos, ahora Premio Nobel de la Paz, y los líderes de la guerrilla de las FARC, no al fondo de la cuestión. Los colombianos quieren la paz, así como lo terminaron de expresar los expresidentes Alvaro Uribe y Andrés Pastrana, los máximos exponentes del NO para el plebiscito, en su primer diálogo esta semana con el presidente Santos, después de años de distanciamiento.

El NO, en cualquier caso, fue a los líderes de las FARC, a la cantidad de beneficios que se les había otorgado en cuatro años de negociaciones en La Habana. Beneficios que más que a cuenta de la paz, se interpretaron como privilegios desmedidos por parte de ciudadanos comunes y políticos con vocación de servicio, que vieron, como viles asesinos, secuestradores, narcotraficantes y extremistas, tendrían más posibilidades sociales y prerrogativas políticas que aquellos que viven y han vivido apegados a las leyes; y pagando las consecuencias por no cumplirlas.

Santos siempre recalcó que la paz nunca es perfecta, y en ello tiene razón. La historia muestra que todo proceso de paz conlleva injusticias a la hora de tener que poner punto final a un conflicto. Muchos procesos de la historia reciente de América Latina terminaron con terroristas como presidentes, tales los casos de José Mujica en Uruguay, Daniel Ortega en Nicaragua o Salvador Sánchez Cerén en El Salvador.

Sin embargo, también es entendible que el proceso colombiano es muy diferente a aquellos países donde muchos engendros terroristas se justificaron ante los abuso de estados no democráticos. Las FARC, a diferencia de otros grupos, siempre han actuado al margen de gobiernos democráticos. Además, más allá de sus principios ideológicos que defendieron mal con las armas, se involucraron con el crimen organizado, en especial el narcotráfico, para sustentarse en un largo proceso de 52 años. Aunque nadie podría objetar su ideología, pero si las formas con la que quisieron sostenerla, todos concuerdan que las FARC dejaron de ser FARC desde hace décadas, para convertirse en una aceitada banda de delincuentes con fines de lucro, especializándose como traficantes de drogas y personas, lavadores de dinero, contrabandistas y extorsionadores.

Y como todo se resuelve a través de imágenes concretas, las que inculcaron Uribe y Pastrana fueron las que prevalecieron durante el referendo. La gente imaginó a Timochenko discutiendo en el Congreso de igual e igual con un legislador que hace años forma parte de un partido y que se gana la confianza del público con actos proselitistas y trabajando para la democracia. También lo imaginó recibiendo un cheque del Estado para ir a restaurantes finos o comprarse automóviles, productos a los que no todo ciudadano decente puede acceder, pese al sudor de sus frentes.

Santos vendió imágenes potentes pero más abstractas, paz y justicia. No fueron suficientes ni movilizadores los puntos del acuerdo de paz que penalizan con trabajo comunitario a quienes, en situaciones normales, recibirían cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad o las reparaciones monetarias que recibirían guerrilleros y víctimas.

No creo, como muchos afirman, que el SI perdió por la cantidad de gente que se abstuvo de participar en el referendo. Creo, en cambio, que la abstención se debió al escepticismo y la incertidumbre de la gente por un acuerdo de paz bastante injusto para los justos y con privilegios sobredimensionados para los  delincuentes.

Dos cosas se deben rescatar. Primero, la actitud de Santos de convocar a un plebiscito que políticamente no era necesario, en especial por su convencimiento de que el camino hacia la paz reclamaba algunos sacrificios en el área de la justicia. Aún imperfecta, en el futuro, cuando la tregua de los tiros fuera definitiva, nadie podría reclamarle mucho a Santos. La vida sería mejor.

Segundo, los líderes de las FARC deben reconocer que son los máximos responsables del NO. La solución pasa por sus manos. Deben deponer su arrogancia y evitar tantos privilegios. trottiart@gmail.com

América Latina más confiable

La última vez que América Latina había resonado fuerte en la Asamblea de Naciones Unidas fue cuando Hugo Chávez comparó a George Bush con el diablo, época en que la verborragia sarcástica suplantaba a la diplomacia.

Esta semana América Latina sonó más fina que nunca, más seria, menos complicada. El presidente Juan Manuel Santos hizo el anuncio más resonante con el anuncio del acuerdo definitivo de paz, el que fue esquivo por más de dos décadas. Lo hizo con todo el simbolismo posible, el 21 de setiembre, cuando el sur abraza la nueva vida con el inicio de la primavera y el mundo celebra el Día Internacional de La Paz.

Se descuenta que en el plebiscito del 2 de octubre los colombianos refrendarán el acuerdo definitivo; aunque los más realistas saben que no se debe cantar gloria antes de victoria. El sorpresivo Brexit que sacó a los ingleses de la Unión Europea en su último referendo, invita a la precaución.

El optimismo de Santos va más allá de la paz, que es mucho más que menos violencia. Sabe que la “nueva Colombia” genera más confianza, cualidad clave que ofrece más progreso, dándole la "bienvenida a la inversión, al comercio y al turismo”.

Mauricio Macri también apuntó a un país diferente, más serio y confiable.  Comparte con Santos el objetivo de generar confianza para atraer inversiones y progreso. No dejó de lado el reclamo de sus antecesores por la soberanía de las Islas Malvinas, aunque lo hizo con menos decibeles, más diplomático y con algunos errores, al interpretar que los ingleses habían consentido incluir el tema de la soberanía en las nuevas conversaciones.

Eso no ocurrió y probablemente cuando eso suceda, tal lo piden las resoluciones de la ONU que Gran Bretaña no acata, Macri será historia. Sin embargo, en el ínterin, dio buenas señales de que prefiere el diálogo a los gritos, a sabiendas que ante la quinta potencia del mundo, la confrontación y los boicots solo provocarán espantar inversores y cerrar las puertas a otros negocios redituables.

Brasil, por otra parte, que en otras asambleas brilló por su ataque frontal a la pobreza, así como por hacer honor al lema de su bandera, orden y progreso, tuvo poco de que vanagloriarse, a excepción de sumarse a los esfuerzos de la región para combatir el calentamiento global, el terrorismo y el narcotráfico.

A Brasil el progreso le resulta esquivo y el mamarracho de la corrupción le generó desorden. Pese a que Michel Temer insistió en que la destitución de su antecesora tuvo todos los resortes republicanos, varios gobiernos latinoamericanos se ausentaron del recinto por considerar que se trató de un burdo golpe de Estado.

La destitución de Dilma Rousseff puede interpretarse según la ideología con que se la mire, pero lo que sorprendió fue la hipocresía de aquellos gobiernos que desairaron al brasileño: Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela países que poco pueden ofrecer en materia democrática.

Cuba sigue siendo una dictadura militar. Venezuela se encamina a ello, más cuando esta semana el Consejo Electoral postergó la posibilidad de hacer este año un referendo revocatorio, logrando atornillar a Nicolás Maduro hasta el 2019. En Nicaragua los Ortega están pasando debajo del radar, pero ya se convirtieron en una dictadura unifamiliar. En Ecuador, Rafael Correa desbarató a la oposición y a las instituciones para consolidarse en el poder, mientras que en Bolivia, Evo Morales insiste con la reelección dándole la espalda a los resultados de un referendo popular que le prohíben postularse.

Por suerte, a diferencia de otras veces cuando los violadores de derechos humanos se salían con la suya, esta vez en la asamblea de la ONU, Maduro fue criticado por Argentina, Panamá y Perú. La denuncia más elocuente fue del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski. Al referirse a Maduro, reclamó que la “plena vigencia de la democracia requiere el pleno respeto a los derechos humanos, así como la separación y equilibrio de poderes”. Demandó un diálogo urgente para evitar consecuencias inimaginables.

Ojalá los mejores aires en Latinoamérica no sean pasajeros como tantas otras veces. Las “décadas ganadas” que algunos populistas reclaman, no dejaron más que instituciones políticas derruidas, desconfianza y decadencia. Es hora de reconstruir la confianza. trottiart@gmail.com

Terrorismo: Momentos oportunos

Aquí en Colombia saben muy bien lo que viven por estos días los parisinos a raíz de los ataques terroristas del Estado islámico (ISIS). Los colombianos han soportado por más de 50 años los atentados cobardes de los narcoguerrilleros de las Farc y otros grupos extremistas.

Colombia es el país más ensangrentado de la región. El conflicto armado, según datos oficiales, ha provocado unas 220 mil muertes directas y una ola interna de más de 5 millones de desplazados y refugiados.

Después de décadas de acuerdos incumplidos e interrumpidos, el país parece estar en el momento oportuno para crear la paz. Juan Manuel Santos encabeza el proceso, pero en realidad este momento histórico se viene labrando desde que fue ministro de Defensa de Alvaro Uribe, cuando se debilitó a las Farc militarmente, obligándola a sentarse a la mesa de negociaciones.

La opinión pública ya interiorizó que para alcanzar algo de paz, debe renunciar a mucho de justicia. No parece haber otro camino. Vivir en el post conflicto tras la firma final proyectada para el 26 de marzo próximo, es el gran desafío para todos.

Las armas están hechas para la paz o al menos el uso responsable de ellas, aunque deberían utilizarse en el momento oportuno y nada más. Vale de ejemplo la justificación histórica que tuvo el presidente George W. Bush después del atentado de Setiembre 11 en 2001. Con la anuencia unánime del Congreso y de una opinión pública golpeada, dolorida y con sed de venganza, lanzó la guerra frontal contra el terrorismo e invadió Irak en busca de unas armas de destrucción masiva que nunca encontró.

Pasado aquel momento de consenso, se pudo observar el deterioro paulatino de su Presidencia, acusado, al final, de mantener una guerra sin justificación, destructiva para el propio EEUU y generadora de mayor terrorismo con nuevos grupos que se sumaban a la barbarie perpetrada por Al Qaeda.

También sucedió en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, donde los estados cometieron graves abusos a los derechos humanos por no poner fin a tiempo a la guerra interna contra el terrorismo, que al principio había sido avalada por poblaciones cansadas de tanto terror y sinrazón.

Sin dudas que para Francia y Rusia, tras los ataques en París y el derribo del avión ruso de regreso desde Egipto, y con la población a su favor, este es el momento oportuno para la defensa y el contrataque. Los poderes políticos de cada país y aunados en la coalición, pudieron lanzar sin oposición los bombardeos sobre Raqa, la ciudad siria bastión de los terroristas del ISIS, así como tomarán medidas para apoyar a Mali tras los ataques al hotel en Bamako. Es más, la opinión pública no perdonaría que no haya en este instante un ataque letal contra ISIS y hasta justificaría el envío de tropas o una bomba tan letal como la que EEUU arrojó contra Japón en represalia por el ataque a Pearl Harbour.

En momentos de incertidumbre y amenaza como este, en el que reverdecen los sentimientos nacionalistas, el sentido de patria y seguridad personal y nacional, la opinión pública tolera sin chistar la ampliación del estado de emergencia, las requisiciones, los mayores controles de información en internet, el registro de datos sin previa autorización judicial, la portación de armas por parte de policías fuera de servicio y el aumento considerable de los presupuestos para seguridad y ciberseguridad.

Medidas todas que en épocas más apacibles son combatidas por grupos de la sociedad civil porque siempre devienen en abusos de Estado. Obama es prueba de ello. Después de criticar el espionaje ciudadano impuesto por Bush, no solo que no lo desactivó en su Presidencia, sino que lo usó para espiar a propios y extranjeros.

Esto no equivale a que todas las medidas deben desactivarse en épocas apacibles, ya que el terrorismo siempre acecha por más que no ataque. Desbaratar sus fuentes de financiamiento, neutralizar la propaganda por internet y combatir el reclutamiento deben ser preocupaciones constantes.

Sin embargo, disipadas las amenazas y pasados los momentos oportunos que permiten justificaciones para combatir al terrorismo, los gobiernos deberían condicionar sus acciones para no cometer abusos a los derechos humanos y evitar el atropello de las libertades de los ciudadanos.

Crisis de credibilidad

La libertad de expresión es un derecho complejo. No todos pueden gozarlo de la misma manera. Los personajes públicos no pueden decir lo que sienten, piensan o quieren, sin medir primero los efectos de sus palabras.

Un presidente tiene mayores responsabilidades para expresarse porque puede provocar efectos inesperados. Lo comprobó la presidenta Cristina Kirchner al escribir un chiste en twitter sobre la forma en que hablan los chinos. El jocoso episodio de cambiar las erres por las eles - que no le acarrearía consecuencia alguna al ciudadano común – ofendió al gobierno de China y sus ciudadanos. La simple broma le generó más descrédito internacional que la provocada por los asombrosos líos oficiales que rodean la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Para un político el desgaste de credibilidad es inexorable con el tiempo; pero, hablar por hablar, acelera el proceso. Máxime si sus abundantes discursos y cadenas están cargados de críticas, sarcasmos y confrontación, como en los casos de Kirchner, Rafael Correa y Nicolás Maduro. Puede que los partidarios glorifiquen sus palabras, pero a la larga, los discursos de confrontación tienen un agravante: además de auto descrédito, dividen y generan polarización, degradando la seriedad institucional del cargo que se encomendó.

Quienes hacen de la credibilidad su negocio deben trabajar arduamente para mantenerla, de lo contrario cualquier desliz puede ser fatal. En EEUU el presentador estrella de la TV, Brian Williams, el periodista más creíble del país, vio destartalada su credibilidad después de que lo acusaron por Facebook de falsear información. Terminó admitiendo que no viajaba en el helicóptero alcanzado por proyectiles durante la invasión a Irak hace 12 años. Estaba en otro y sin riesgos. NBC lo suspendió para evitar mayor incredulidad sobre sus noticieros. Brian fue suspendido por seis meses, pero difícilmente pueda volver a trabajar como periodista. La confianza en él depositada por el público era demasiado alta, de ahí la gran desilusión y su destrucción.

Sobran ejemplos sobre la vulnerabilidad expresiva de los personajes públicos. Hasta la infalibilidad popular del papa Francisco quedó en entredicho tras el atentado contra Charlie Hebdo. Sacado de contexto, lo acusaron de justificar el atentando cuando dijo que “si alguien insulta a mi madre, le pego un puñetazo”. Semanas después tuvo otro desliz; justificó un par de nalgadas como método para educar a los hijos. Una comisión del Vaticano no tardó mucho para salir a reprocharle y zanjar el asunto.

Sin embargo, sería exagerado sostener que la crisis de credibilidad está provocada por el exceso de palabras. Más bien se debe a la escasez de acciones, principalmente de la Justicia. La mayor fuente de desconfianza en una sociedad la produce la impunidad o la ausencia de verdad, ya sea por ineficiencia, omisión o negligencia.

Esa es la motivación especial de la inédita marcha de los fiscales argentinos convocada para el 18 de febrero. Quieren honrar la memoria de Nisman, pero en realidad estarán protestando contra la crisis de credibilidad que envuelve al gobierno. Exigen verdad y justicia.

Los argentinos no están solos. Los mexicanos tampoco creen en las instituciones. El presidente Enrique Peña Nieto debe demostrar que no cometió excesos intercambiando favores políticos por intereses personales; en el Congreso hay muchos sospechados de estar auspiciados por los narcos y la Justicia es incapaz de esclarecer miles de crímenes, entre ellos la masacre de los 43 estudiantes de Iguala.

En Colombia, pese a todas las buenas apariencias, la impunidad sigue reinando. La Justicia ni esclarece ni repara, es que es tanta y son tantos los casos acumulados en más de 50 años de guerra, que el sistema está colapsado. Al presidente Juan Manuel Santos no le quedan muchos caminos. En las negociaciones con las Farc tendrá que sacrificar justicia por paz o de lo contrario la amenaza de la guerra continuará. Los colombianos no tienen otra salida, tendrán que perdonar y permitir que los líderes guerrilleros se sienten en el Congreso.

Muchas palabras y poca justicia son los ingredientes que acrecientan la crisis de credibilidad. ¿Tendrán conciencia los gobiernos que la desconfianza es el valor más difícil de restaurar y el que hipoteca el futuro? 

¿Cumplirán las FARC?

Ahora, después del anuncio del presidente Juan Manuel Santos sobre los miembros del comité de negociación por parte del gobierno, le queda a las FARC anunciar a sus negociadores para sellar el compromiso del proceso de paz que formalmente deberá iniciarse el 5 de octubre en Oslo, Noruega.

 ¿Cumplirán con el compromiso y la confianza? es la pregunta que de cara a otros procesos de paz fracasados, es la pregunta que muchos nos hacemos. En el banco de confianza poco son sus depósitos, y por su perfil de narcotraficantes se sabe que mucho tienen que perder. Sin embargo, por principios, y pese al pesimismo, no se puede dejar de tener la esperanza de que un nuevo proceso de paz puede ser posible.

El equipo de gobierno estará liderado por el ex vicepresidente y ex ministro del Interior Humberto de la Calle e integrado por el asesor de seguridad, Sergio Jaramillo; Frank Pearl, ex consejero de paz del gobierno de Alvaro Uribe y ex ministro del Ambiente de esta Presidencia de Santos; Oscar Naranjo, ex director de la policía y actualmente asesor de Seguridad en México; Jorge Mora Rangel, ex comandante de las fuerzas militares y Luis Carlos Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.

Comparto la columna “Paz más allá de Colombia” que publiqué el fin de semana sobre este tema:

“No solo Colombia, pero América Latina se merece el proceso de paz anunciado esta semana por el presidente Juan Manuel Santos que pretende dirimir un sangriento conflicto de 50 años con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pese a las críticas y oposición internas que originó el anuncio, el respaldo inmediato a las negociaciones que comenzarán el 5 de octubre en Oslo, Noruega, por parte de Naciones Unidas, OEA, Unión Europea y EE.UU. demuestra que los beneficios de la paz trascienden a Colombia. Primero, porque no solo neutraliza la violencia interna que ya ha generado 250 mil muertos y cuatro millones de desplazados; sino también, porque desarticula a una banda de narcotraficantes que ha internacionalizado el mercado de las drogas y negocios derivados, minando la paz en países como México y los centroamericanos. Segundo, porque se aniquila un foco de polarización regional, debido al apoyo logístico que las FARC siempre recibieron de los hermanos Castro y de Hugo Chávez, como al estratégico respaldo que el gobierno recibe de EE.UU. a través del Plan Colombia. Pero más aún, porque se desbarata la capacidad de las FARC de contribuir económicamente a procesos electorales en toda América Latina, como en los más recientes de Ecuador y Venezuela, generándose mayor estabilidad democrática en la región. Tercero, y más importante, porque los recursos millonarios que el gobierno destina para la guerra, podrán ahora invertirse en programas de desarrollo para las zonas más afectadas y sus víctimas, crecimiento económico y liderazgo regional. Invertir en programas para la paz, en vez de pertrechos militares, siempre será más redituable. El anuncio del presidente Santos puso en perspectiva su estrategia para la paz. Ahora se entiende porque se hizo amigo de Chávez, se acercó a Cuba y se reconcilió con Rafael Correa después que como ministro de Defensa durante la presidencia de Alvaro Uribe ordenó la invasión de la selva ecuatoriana para bombardear campamentos guerrilleros. Pero su audacia va más allá de sus nuevos amigos. Desde que asumió hace dos años, tejió un andamiaje jurídico para la paz, mediante una reforma constitucional y creación de leyes de reparación a víctimas, desplazados y restricciones para que existan zonas de despeje que en el pasado solo beneficiaron a los guerrilleros. Pese a los recientes atentados de las FARC contra la infraestructura energética y petrolera del país y a las amenazas contra su vida, Santos sabe que el hartazgo de cada colombiano contra la violencia, lo benefician para buscar la paz y evitar los fracasos de procesos anteriores como los de Belisario Betancur en 1984, César Gaviria en 1992 y de Andrés Pastrana en 2001. Por eso ahora adelantó que los militares no perderán presencia ni el Estado renunciará a su soberanía territorial mientras duren las negociaciones y la posible desmovilización guerrillera. Su mayor opositor, su anterior jefe, Uribe, tiene muchas razones para desconfiar de las guerrillas, tanto como muchos colombianos. La visión de que varios líderes guerrilleros procesados por crímenes de lesa humanidad puedan terminar con privilegios en las bancas del Congreso, es simplemente aterradora. Los últimos atentados de las FARC demuestran que pese a que están diezmadas y que muchos de sus líderes fueron aniquilados, todavía tienen capacidad de resistir a los embates militares y prolongar el conflicto eternamente. De ahí que Santos, fiel a sus obligaciones y promesas de campaña, piense que la negociación es la única y verdadera forma de alcanzar la paz. El desafío mayor que enfrentan ahora los colombianos es entender que en toda negociación, de la que también formarán parte Cuba, Venezuela, Noruega y Chile, nadie puede quedar totalmente satisfecho. Los procesos de paz tienden a ser imperfectos, como ha quedado demostrado en Centro y Sur América, al resultar casi imposible conciliar lo que unos ganan y otros pierden, encontrar la verdad y porque existe una línea muy delgada entre justicia e impunidad, castigo e indulto, rencor y perdón. Muchos creen que es más fácil alcanzar la paz mediante la guerra, por lo que este proceso tendrá tropiezos. Pero el hecho de que comience, permite a América Latina tener la esperanza de que pueda cerrar la última de sus venas abiertas”.

Los republicanos y la paz en Colombia

Será interesante saber si el candidato Mitt Romney hablará algo respecto al proceso de acuerdo de paz en Colombia que anunció el presidente Juan Manuel Santos con las Farc, en su discurso de mañana en Tampa cuando acepte la nominación del Partido Republicano. La plataforma que mostraron los republicanos es bastante dura contra el gobierno de Barack Obama por darle la espalda a Latinoamérica y, muy especialmente, contra Hugo Chávez por apoyar al narcotráfico y al terrorismo, por otorgar pasaportes y servirle de puerta de entrada a los revolucionarios del gobierno iraní para instalarse e influenciar en América Latina. Pero como Venezuela y Cuba son dos de los cuatro países garantes del proceso de paz (además de Noruega y Chile) y el Departamento de Estado ya se pronunció a favor de la postura de Santos, tres ángulos que los republicanos detestan, será importante saber cómo se pronunciará Romney al respecto; lo que también será un indicativo sobre la atención que le dará o no a la región. En un reciente viaje hacia el exterior, Romney prefirió pasar por Europa e Israel; bien hubiera podido ir a México, el país al que más emocionalmente atado está y el que más influencia tiene en Estados Unidos, tanto en temas sociales e inmigración como económicos y geopolíticos. No haber elegido a México es una mala señal; contraria, al menos, con lo que la nueva plataforma especifica.

La paz en Colombia

Hacía semanas que existía el rumor y que el ex presidente colombiano Alvaro Uribe venía denunciando furiosamente que el gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos estaría por empezar el diálogo para buscar la paz con las narcoguerrillas de las FARC. Los diálogos habrían empezado en mayo pasado en La Habana por cuenta del hermano del Presidente, Enrique Santos, quien desde que se inició la actual Presidencia fue apuntado – oficiosamente – como el eslabón que podría acercar posiciones a una mesa de negociación, que según se plantea ahora, podría tener luz verde en Noruega. Uribe debe estar más que furioso con la presentación televisiva de ayer por la tarde de Juan Manuel Santos. Uribe considera que no debería haber ningún tipo de diálogo sino aniquilamiento total de las FARC, mientras que Santos, que fue el responsable de una ofensiva intachable contra las FARC cuando fungió como ministro de Defensa de Uribe, considera que hay espacio para el diálogo pero sin ceder terreno militar y con la condición de que las guerrillas deben entregar las armas y desmovilizarse. Después de varios intentos anteriores en diferentes presidencias, la negociación en nada parece que será fácil, aunque creo que es necesaria. Después de 50 años de regarse sangre y de que esta guerra pudiera continuar debido particularmente al apoyo que las guerrillas reciben de gobiernos vecinos y por los dineros del narcotráfico, tal vez una salida negociada y política pudiera traer algo de esperanza en camino hacia la paz. Hay varios temas que el gobierno tendrá que sortear, entre ellos, la arremetida de gran parte de la población que está polarizada sobre el tema y que se irá profundizando en las próximas semanas, acicalado por el nuevo movimiento del ex presidente Uribe. Muchos de los jefes guerrilleros que tendrían que estar desmovilizándose han sido procesados y acusados por crímenes de lesa humanidad que no son prescriptibles. Pese a que este proceso tendrá altibajos, es prudente que más allá del resultado final, un proceso de paz no debería descartarse de cuajo. Si uno mira en retrospectiva lo que el presidente Santos ha hecho desde que llegó a la Presidencia, incluido su apertura de diálogo con Hugo Chávez, tendría que pensar que esta oportunidad de paz es una buena posibilidad.

Una Cumbre sin Cuba

Muchos se lamentan todavía de que Cuba no esté en la Cumbre de las Américas que empieza oficialmente hoy con 33 presidentes del continente a excepción de Raúl Castro y de Rafael Correa quien no quiso participar hasta que en estas reuniones se invite a la dictadura de los Castros.

Andrés Oppenheimer en su columna de hoy se refiere al caso y dice que en una entrevista el presidente Juan Manuel Santos le dijo que no solo Ecuador sino muchos países latinoamericanos quieren que Cuba participe. http://www.elnuevoherald.com/2012/04/11/v-print/1176230/la-ausencia-de-cuba-en-la-cumbre.html

También dijo Santos que se tienen que respetar los diferentes criterios que los países tienen en materia de libertad de prensa y de expresión.

En ambos casos disiento de esas opiniones. Primero, porque traer a Cuba a la Cumbre implicaría que se violen los principios de la Carta Democrática Interamericana que rechazan a cualquier estado que no respete principios democráticos, como elecciones libres, multipartidismo, libertad de expresión y de asociación. Y segundo, como bien me cita Oppenheimer, no se puede dejar al arbitrio de cada país la interpretación de los principios de libertad de expresión y de prensa, ya que se trata de preceptos universales fundamentados por las cartas de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la OEA.

Da la sensación de que Santos interpreta a la política como el arte de buscar consensos, y en el camino, permite que se pisoteen principios democráticos.

Las FARC y el cuento de los secuestros

El gesto político o si se quiere propagandístico de las narco guerrillas de las FARC fue positivo cuando liberaron esta semana a seis militares y cuatro policías que mantenían secuestrados desde hace más de una década.

Más allá de la alegría de los liberados y de todo el país, fue importante lo que se preveía que el presidente Juan Manuel Santos diría: “no es suficiente”.

Santos permitió a la ex senadora Piedad Córdoba hacer de mediadora, a la Fuerza Aérea de Brasil encargarse del traslado y a la Cruz Roja la cooperación, pero reiteró que no quería que se tomara este caso para hacer apología del secuestro o saludar tan fervientemente a las FARC olvidando de que es una banda de narcotraficantes y secuestradores que han desangrado al país por largas décadas.

Reitero aquí lo que el mes pasado dije en este espacio cuando las FARC anunciaron que ponían fin a la práctica del secuestro: “El buen gesto de las FARC es una piedra en el vacío; puro oportunismo. Anunciaron que dejarían la práctica de los secuestros, al mismo tiempo que sus guerrilleros aumentaban los atentados y la colocación de minas antipersonales. No es la primera vez que engañan. Esta vez buscan neutralizar a multitudes que protestan públicamente por los plagios de familiares y generar confianza para un eventual plan de paz con el gobierno. Dudo que el presidente Juan Manuel Santos conceda o negocie, hasta que las guerrillas no muestren un cambio total de actitud, y decidan cesar todo tipo de violencia y acciones de narcotráfico”.

Colombia es todavía hoy el país donde se cometen mayor cantidad de secuestros. Y esta liberación de los diez militares y policías no esconde que centenares de civiles están todavía bajo las garras de estas narco guerrillas.

Estupideces o tozudez latinoamericana

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció hoy que este miércoles viajará a La Habana para visitar a los Castro y a Hugo Chávez quien todavía se recupera en ese país para desaire de la medicina pública de su país.

Santos ya había enviado a su canciller 10 días atrás con el mismo propósito para saber si el gobierno cubano realmente quiere participar en la Cumbre Iberoamericana del próximo abril en Cartagena a pedido del presidente ecuatoriano Rafael Correa. Es obvio que esta vez, por el teatro que se está haciendo, es que los Castro quieren estar representados en la reunión y con ello desairar a EE.UU. su máximo objetivo como siempre.

Ya antes Cuba había desistido de reinsertarse en la OEA cuando todos consensuaron con el pedido de Chávez. Los Castro dijeron que ni soñando querían entrar a ese organismo. Ahora, es probable que quieran participar en Cartagena para que junto a Chávez, Correa, Evo Morales y Daniel Ortega busquen crear disensos, de la misma forma que lo consiguieron con la invención de la CELAC en Caracas, para dejar fuera a Canadá y EE.UU.

Más allá de todas las estupideces y del dinero que se gasta en estos viajes y relaciones de politiquería, extraña la tozudez de varios gobiernos, como el caso de Santos, que trata de meter a Cuba a un lugar donde solo están autorizados los países que eligen a los gobernantes mediante elecciones abiertas y con pluralidad de partidos.

Cuba debería ser ignorada en esta Cumbre. Lamentablemente muchos países latinoamericanos están apostando a favor del gobierno cubano, dándole la espalda a los ciudadanos cubanos, todavía de segunda clase en nuestro hemisferio.  

El encanto de Chávez por desafiar

Si hay algo de lo que disfruta el presidente Hugo Chávez es de ser parte de la agenda internacional de la opinión pública con noticias rimbombantes que desafían a su “enemigo imperialista”, razón de ser para mantener su máscara de nacionalismo electorero.
 

Tras informes fehacientes que dieron a conocer publicaciones como la revista colombiana Semana, el nuevo ministro de Defensa de Venezuela, Henry Rafael Silva, mantuvo (¿y mantiene?) vínculos estrechos con las narco guerrillas terroristas de las FARC, en especial con su máximo líder, Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”.

El Departamento de Estado y del Tesoro de EE.UU. ya habían vinculado al general con las FARC en 2008, según la vocero de la cancillería, Victoria Nuland, señalando que el nuevo ministro estuvo involucrado en “asistencia de labores” para con el grupo guerrillero colombiano.

Obviamente Chávez ya declaró barrabasadas en contra de EE.UU., y no resulta ni sorprendente ni asombroso sabiendo que haya nombrado a este nuevo ministro con la misión estratégica de seguir mojándole la oreja al gobierno estadounidense.

Pero más allá de EE.UU., habrá que ver si habrá algún tipo de reacción – no diplomática ni informativa, sino debajo de la mesa – por parte del gobierno de Colombia, luego de los esfuerzos del presidente Juan Manuel Santos de acercar a ambos países tras la era conflictiva post Alvaro Uribe.