Venezuela: ahora, tragedia de todos

Esta semana fue funesta para Nicolás Maduro. Todos reaccionaron en contra de su fraudulenta convocatoria a elecciones para el 22 de abril, en las que quiere competir sin oposición ni supervisión.

Quedó en el pasado la época en que los gobiernos mantenían silencio ante la tragedia política venezolana, por miedo a las represalias estridentes del régimen o a quedarse sin petróleo a precios subsidiados.

A la oposición no le resultó fácil revertir esa indiferencia general. Sus denuncias chocaron con el romanticismo que se le prodigaba al chavismo por su cháchara anti imperio, igual que al comunismo cubano. También tropezaron con una tramposa maquinaria electoral de apariencia democrática y con la construcción de procesos de diálogo que el régimen usó para comprar tiempo y acrecentar su poder.

Todo cambió. La tragedia venezolana ya no es política, sino humana y expansiva hacia otros países. El continente se apura ahora a buscar remedios para controlar el desborde de uno de los mayores éxodos en la historia de América Latina. Los inmigrantes venezolanos antes eran “los que pueden” salir, en su mayoría, ciudadanos con recursos que se marchaban al exilio. Hoy son “los que ya no pueden” resistir las penurias económicas, pertenecientes a las clases más populares, hartas de depender de una libreta de racionamiento a cambio de lealtad partidista y electoral.

Los círculos de privilegiados que arropan al régimen son cada vez menores. Proporcionalmente ha crecido la represión a la ola criminal, la corrupción y una inflación de hasta el 2.700% que asfixia hasta los más leales. Familias enteras conforman la diáspora. Atraviesan las fronteras con la esperanza de pan, trabajo y algo de dignidad.

La agrupación Cáritas calcula que la desnutrición en menores de 5 años trepó al 71%. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) supone un 80% de pobreza. Se calcula que el 10% de los 31 millones de venezolanos emigró en los últimos años. Una parte fue asimilada por la fuerza laboral de otros países, pero muchos sistemas inmigratorios, del panameño al dominicano, están al borde del colapso. Otros como Argentina, por causas humanitarias, flexibilizan sus normas migratorias, mientras tanto los países limítrofes, Brasil y Colombia, llevan la peor parte de la ecuación. Unos 800 mil venezolanos recalaron en Colombia y la escalada migratoria obligó al presidente Juan Manuel Santos a coordinar con el ACNUR la construcción de campamentos para refugiados.

Es cierto que el régimen chavista está cosechando los frutos de sus incompetencias sembradas en todas las áreas. Pero no es el único culpable. La responsabilidad también recae sobre la comunidad internacional que hizo poco o nada para prevenir esta situación. Todos deben asumir las consecuencias por nunca haber aplicado la Carta Democrática Interamericana.

Esta semana los cancilleres del Grupo de Lima, entre ellos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y Perú, afirmaron que no le darán la bienvenida a Maduro en la próxima Cubre de las Américas que se celebrará en Perú en abril. La medida política es elogiable, pero no quita que la tragedia humana venezolana tendrá que ser prioridad en la agenda.  

Un informe de esta semana de la CIDH detalla cómo el gobierno chavista desmanteló la democracia y dilapidó recursos, convirtiéndose en una máquina expulsora de gente. Deja en evidencia la represión más aguda con el encarcelamiento de líderes de la oposición, la proscripción política y los más de 100 muertos en las protestas del año pasado, sobre las cuales la Corte Internacional de La Haya anunció, esta semana, que abrió una investigación por delitos de lesa humanidad.

También cabe subrayar que la pérdida de los derechos políticos a fuerza de justicia politizada y violación de los derechos humanos, que señala este informe de la CIDH 2018, no son muy distintos a los pecados que la entidad le achacó al régimen en sus informes de 2003 y 2009. Aquellas denuncias cayeron en saco roto.

La condena al régimen de Maduro llega tarde, pero es bienvenida. Y cabe una lección. Sería importante que los resortes preventivos que no se aplicaron contra Venezuela se activen para frenar a otros gobiernos autoritarios y, así, desactivar crisis y éxodos futuros. ¿Suena Nicaragua? trottiart@gmail.com

Poniéndole el cascabel al dictador Maduro

Finalmente el régimen de Nicolás Maduro quedó expuesto. Es una dictadura dominada por una cúpula plagada de narcotraficantes que impone leyes y justicia a su medida, traicionando y violando los derechos individuales básicos de sus ciudadanos.

La denuncia más contundente contra Maduro quedó reafirmada este martes. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió la aplicación de la Carta Interamericana Democrática o la expulsión de Venezuela de la institución si el gobierno no convoca a elecciones, crea un órgano electoral independiente, despolitiza la Justicia y libera a los más de 150 presos políticos en su haber.

Venezuela tiene 30 días para maniobrar, pero sería extraño que no consiga controlar a dos tercios de los 34 miembros que se requieren para la expulsión. Todavía, pese a su paupérrima economía interna desgastada por más de 400% de inflación y una carestía inimaginable, le queda algún aliento petrolero para embardunar las voluntades de pequeños países caribeños que mantienen una mayoría de votos uniformada.

Maduro siempre ha defendido su autoritarismo sobre la base de una cháchara anti imperialista a la cubana y se ha escudado bajo el subterfugio de la soberanía nacional que ya nadie compra. Desgastada la excusa, insistirá sobre su vocación de diálogo, ya sea con los expresidentes José Luis Zapatero y Leonel Fernández, o invocando al mandatario Juan Manuel Santos y hasta el papa Francisco, con tal de comprar más tiempo, inmunidad e impunidad.

Tampoco hay que descartar que Almagro tenga éxito. Tiene que haber medido las voluntades para sentenciar al régimen de esta forma. Su denuncia de 75 páginas fue contundente, "ruptura total con el orden democrático”. El contexto y las evidencias le dan la razón.

El chavismo es una dictadura. Desconoce al Congreso, politizó los poderes Judicial y Electoral, desconoció el proceso constitucional de referendo revocatorio, pisotea la libertad de prensa, persigue, encarcela o expulsa a disidentes sin debido proceso y su cúpula goza de los privilegios económicos que le niega a la población. Si la revolución bolivariana no endereza pronto su política y economía, corre el riesgo del desborde y estallido social.

Maduro ya no goza de las simpatías que despertaban sus petrodólares. Su verborragia y victimización están demodé. Su impopularidad es galopante en todos los frentes. Lo expulsaron de clubes como el Mercosur, Mauricio Macri y Pedro Pablo Kuczynski lo desafían y los acreedores lo acorralan.

Si el contexto político y económico interno es desfavorable, las evidencias internacionales son aún más concluyentes. El Departamento del Tesoro estadounidense situó al vicepresidente venezolano en la lista de narcolavadores, congelándole fondos por más de tres mil millones de dólares. En Nueva York, dos sobrinos de Maduro procesados por narcotraficantes, siguen en busca de reducción de condenas con sorprendentes confesiones que salpican a más de un encumbrado chavista.

Rodeado de aguas turbulentas, Maduro tiene cada vez menos opciones. La que siempre le sirvió es la de la agitación. Violencia, estallidos y una oposición desafiante pueden darle excusas para fortalecer el autoritarismo y atizar un diálogo – al que nadie se puede negar – para seguir legitimado su reinado. Otra opción es renunciar al poder al estilo Alberto Fujimori, no desde Japón, sino en La Habana. Otra posibilidad es un nuevo autogolpe, con un gobierno sin Maduro, lo que le permitiría al chavismo una salida airosa y estirar las elecciones hasta el 2018.

Almagro tal vez no logre su objetivo. Varios gobiernos – Brasil, Costa Rica, Perú – prefieren más cautela y creen que la invocación de la Carta Democrática serviría para buscar otras alternativas, no para expulsión.

Lo interesante del informe, sin embargo, es que le pone el cascabel al gato. Ya nadie podrá decir que se trata de una democracia imperfecta: Es una dictadura. Además, Almagro obliga a todos los gobiernos a salir del silencio cómplice con una apelación directa al sentido interamericano: “Aprobar la suspensión del desnaturalizado gobierno venezolano es el más claro esfuerzo y gesto que podemos hacer en este momento por la gente del país, por la democracia en el continente, por su futuro y por la justicia”. trottiart@gmail.com

Elecciones, delatores y narcos (en Venezuela)

El proceso por tráfico de drogas contra dos sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela en una fiscalía de Nueva York, puede convertirse en la evidencia clave sobre la íntima relación del crimen organizado con el chavismo y su impunidad para gobernar.

Aunque el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, dibujarán la detención de Efraín Campos Flores y Francisco Flores de Freites, como una maniobra truculenta del imperio para ensuciar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, es evidente que el gobierno queda más vulnerable que nunca. Pese a denuncias de años, el régimen niega su vinculación con el Cartel de los Soles y de haber transformado a Venezuela en un narcoestado.

Maduro y Flores deben temer que lo peor está por venir. Saben que las fiscalías estadounidenses reducen sentencias y años de cárcel a cambio de información. Transformados en delatores, los “sobrinos presidenciales” pueden terminar de inculpar a muchos funcionarios y militares del régimen que vienen siendo acusados de ser aliados y cabecillas del narcotráfico.  

Justamente la acusación contra el presidente del Congreso, Diosado Cabello, el  gobernador de Aragua, Tarek El Aissami, y de varios generales, de ser los capos del Cartel de los Soles, la ofreció Leamsy Salazar, ex jefe de Seguridad de Hugo Chávez y Cabello, convertido ahora en testigo y delator clave de tribunales estadounidenses.

La información de otros delatores también sirvió para que la DEA, la agencia antidroga de EEUU, infiltrara bandas criminales y grabara las conversaciones de los sobrinos de Maduro. El cargamento de 800 kilos de drogas sería solo un eslabón de una aceitada cadena con ramificaciones insospechadas.   

La pareja presidencial no es la primera vez que está en el ojo de la tormenta. A los hijos de la primera dama, Walter Gavidia Flores, y del presidente, “Nicolasito”, ya se les acusaba de usar aviones pequeños de la petrolera estatal, PDVSA, para transportar droga.

Aunque aquella acusación se dibujó como una fabricación para dañar a la pareja presidencial, la detención esta semana de sus sobrinos en Haití, con pasaporte diplomático, deja poco para la imaginación. Es difícil pensar que fueran padres distraídos, cuando el aparato de inteligencia estatal es tan eficiente para perseguir y encarcelar a críticos y opositores.

La información que aporten los sobrinos de Maduro será clave para confirmar las acusaciones sobre que su campaña presidencial en 2013 fue financiada por el narcotráfico. Claro que esto ya ni siquiera sorprende. En el contexto latinoamericano estamos acostumbrados al poder corrupto del narco, desde que Pablo Escobar ocupó un curul en el Congreso nacional colombiano. Luego, muchos presidentes fueron señalados por la infiltración de dineros sucios en sus campañas. El colombiano Ernesto Samper, el peruano Alberto Fujimori son ejemplos claros. En su momento, las denuncias también arreciaron sobre las campañas electorales de Rafael Correa y Cristina Kirchner.

La destrucción que produce el narcotráfico, lamentablemente, no está atada a las drogas, sino al poder con el que corrompe todas las estructuras del Estado. El narco no da plata por amor al arte, todos deben pagar sus facturas.

Una muy cara es la que debe pagar el Congreso mexicano, infiltrado por un enjambre de narcodiputados. En lugar de servir a sus electores, les deben “lealtad” a sus “jefes” del crimen organizado. Esta degradación la retrata la  Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Calcula que el 25% de la financiación de los partidos la aportan bandas criminales.

La oscuridad sobre los dineros del chavismo para las próximas elecciones, es el único punto flaco de una carta que esta semana envió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a Venezuela. En 18 páginas menciona una sucesión de agravios contra la democracia, desde la negación a recibir observadores internacionales e inhabilitación de candidatos opositores, hasta un sistema judicial electoral parcializado y una tecnología dispuesta para el fraude.

La dura carta de Almagro caerá en saco roto, ya que el régimen chavista es inmune a las acusaciones políticas. Es de esperar, sin embargo, que la información de los sobrinos delatores pueda romper ese halo de impunidad con el que se regodea el chavismo.

Cinco libertades importantes

Ojalá todos pudieran visitar el Newseum o museo de las noticias en Washington, aunque sea una vez en la vida. Para los políticos, sin embargo, y para quienes aspiran a un cargo público, la visita debería ser obligatoria.

Como parte de una delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa que se destacó esta semana ante el Congreso estadounidense, no pude evadir la tentación. Por sexta vez cumplí con el rito de pasar por el Newseum a recargar las baterías y constatar cuán imprescindible es la comunicación sin censura para construir democracia.

Es uno de los pocos museos privados de la ciudad. Está ubicado entre la Casa Blanca y el Capitolio, por la avenida Pennsylvania, a pocas cuadras de la Corte Suprema. Representa el cuarto símbolo del equilibrio democrático, el de watchdog o contrapoder que ejerce la prensa ante los poderes del Estado.

No es solo un rejunte de trastes viejos – papiros, grilletes de esclavos, el primer satélite o las fotografías Pulitzer - sino un espacio didáctico e interactivo para crear conciencia sobre las cinco libertades de la Primera Enmienda constitucional. Cinco libertades – de religión, de prensa, de expresión, de reunión y de petición - que no se enmarcan como derechos ciudadanos, sino como deberes del gobierno, al que se le prohíbe transgredirlas o censurarlas mediante leyes o acciones directas.

Es una muestra de cómo el periodismo libre, muchas veces antagónico y fiscalizador y, otras veces, pusilánime y vacilante, refleja los grandes acontecimientos de la historia provocando profundos cambios sociales, desde la abolición de la esclavitud a la caída del muro de Berlín o desde la revolución causada por la imprenta de Gutemberg hasta la de Facebook de Zuckerberg.

El Newseum exalta la importancia del libre flujo de la información, ya sea mediante el periodismo incisivo y entrometido o a través de redes sociales contagiosas y virales, y de cómo todos vamos cambiando percepciones y decisiones.

Muestra como en 1965, con 2.213 soldados muertos, solo el 24% de los estadounidenses se oponía a la guerra de Vietnam; mientras que en 1973, con 58.220 muertes la decisión de terminarla fue inminente. En la actualidad, resalta la polarización detrás de la decisión de prohibir el uso de la bandera confederada tras la masacre de nueve afroamericanos en Charleston, si está bien que los policías usen cámaras en sus uniformes como disuasivo para que no maltraten a los detenidos o si es válido que el público trate de hacer justicia por sus propias manos ciberacosando al dentista Palmer que mató el león Cecil en Zimbabue.

Desde mi percepción, lo más relevante del museo es que retrata el alto grado de autocrítica que tiene el periodismo estadounidense y la capacidad de la clase dirigente a tolerar la crítica y la burla sin tomar represalias. Posiciones distintas que se observa en otros países menos propensos al diálogo y al debate, donde existen presidentes como Rafael Correa que persiguen a sus críticos y caricaturistas.

Visitar el Newseum sirve para aprender a distinguir libertad de opresión, información de censura, y para exigir a los gobiernos que respeten esas cinco libertades. En nuestra visita posterior al Congreso, cuando los legisladores esperaban una andanada de críticas a otros países, también debieron escuchar lo suyo. ¿O es que acaso puede el gobierno de Barack Obama sellar un acuerdo con Cuba y reabrir embajadas, sin que se le reclame a los hermanos Castro que dejen de oprimir esas cinco libertades?

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, pidió a los legisladores que el tema de las libertades de prensa y expresión no quede ausente de la nueva agenda bilateral y que se le exija al régimen castrista la liberación de los tres periodistas cubanos todavía encarcelados. Pidió, además, que impulsen el cumplimiento de la Carta Interamericana Democrática en todas las reuniones intergubernamentales, un documento que manda a los gobiernos de la OEA respetar la libertad de prensa para construir democracia.

Así como esa Carta, el Newseum enseña que la libertad no es un concepto abstracto, sino una disciplina y deber que requiere compromiso y práctica; algo que muchos líderes y futuros dirigentes todavía no tienen incorporado. 

La torre de comuniciación de una de las torres gemelas derribadas en 2001 en Nueva York, en uno de los sitios más destacados del Newseum en Washington.

Silencio cómplice sobre Venezuela

Hace rato que la democracia dejó de ser real en Venezuela; solo existe en apariencias. El régimen de Nicolás Maduro mantiene los procesos electorales y se aferra a su discurso antiimperialista para distraer la atención sobre la creciente inestabilidad.

Con elecciones y retórica, sin embargo, no le alcanza para esconder lo obvio: Violaciones sistemáticas a los derechos humanos, Congreso inoperante, Justicia incautada y opresión de las libertades políticas y de expresión; todo esto sumado a la desorientación del venezolano que se ve cada vez más reflejado en la miseria cubana.

Pese a todo, Maduro, así como su antecesor, se las ha ingeniado para comprar silencio. Generó censura y autocensura a fuerza de denunciar conspiraciones y golpes de Estado. Es que el silencio es para el chavismo parte esencial de su política de comunicación. Quienes desafían al régimen a nivel interno terminan golpeados, perseguidos, encarcelados y hasta denunciados y controlados por las milicias populares. Hacia afuera, su dispendiosa generosidad petrolera le ganó aliados, mientras el Alba, Unasur, Celac y Petro Caribe, organismos creados a imagen y semejanza, le sirvieron de autodefensa.

Muy pocos se atreven a criticar abiertamente a Maduro por estas razones, las mismas que supo aupar Fidel Castro por más de medio siglo. Pero está visto que Maduro no es Hugo Chávez ni Raúl es Fidel, de ahí que hasta los intelectuales de izquierda estén cautos y a la expectativa de lo que pase. Todos pueden celebrar cierta retórica antiyanqui, como la disparó en estos días el presidente ecuatoriano Rafael Correa, pero nadie puede justificar que los alcaldes opositores Leopoldo López, Antonio Ledesma y Daniel Ceballos sigan presos por rebelión y conspiración.

Los ruidos en contra de Maduro son cada vez más fuertes. Esta semana cosechó varios de importancia, como la del premio Nobel, Mario Vargas Llosa, quien arremetió contra los gobiernos más democráticos de la región, por guardar el mismo silencio que aquellos aliados del chavismo. Pero la voz más decidida surgió en España, cuando Felipe González anunció que asumía la defensa de López y Ledezma.

La decisión de González apareció en el momento justo. Desorientó a Maduro que por semanas ya venía construyendo toda una batahola contra el gobierno de Barack Obama tras haber sancionado a siete autoridades venezolanas por violación a los derechos humanos. Ingenioso con las palabras rimbombantes, Maduro aprovechó el “bad timing” de EEUU para petardear el protagonismo que Obama y Castro tendrían en la próxima Cumbre de las Américas en Panamá, después de que ambos países reiniciaron las relaciones diplomáticas.

Además de desencajar a Maduro, lo de González sirvió para marcarle la cancha a los gobernantes latinoamericanos y crearle, al menos, cierta vergüenza pública por no criticar el totalitarismo cada vez más arraigado en Venezuela. Y pese a que el ex presidente colombiano, Ernesto Samper, ahora al frente del Unasur, siga criticando a EEUU por su injerencia en asuntos internos, todo gobernante sabe que las violaciones a los derechos humanos deben denunciarse aquí y en la china, porque escapan a temas de soberanía nacional como lo indican los tratados internacionales.

Es por demás sabido que EEUU, con sus políticas expresas y sus omisiones, es responsable de muchos desmanes así como de grandes avances en América Latina. Pero en este caso de las sanciones, es innegable que se ha convertido en una gran voz y la única de un gobierno en ejercicio para criticar y actuar en contra de los violadores de derechos humanos. Y aunque ahora el proceso parezca tortuoso, en el futuro, cuando se lea la historia, se podrá diferenciar a quienes quedaron callados de los que sintieron la responsabilidad de denunciar.

Además de lo meritorio por asumir la defensa de presos políticos, lo de González es relevante porque ilumina el deterioro democrático de Venezuela. Anima a muchos a salir al ruedo; pero, principalmente, aísla aún más a Maduro, que había aprovechado las sanciones de Obama para retomar las banderas del nacionalismo, realizar ejercicios militares y, lo más peligroso, legislar de espaldas al Congreso mediante una “ley habilitante antiimperialista” con la que volverá a limitar a la Justicia y controlar todavía más a los ciudadanos venezolanos. 

¿Para censurar legalmente? La trampa constitucional de Venezuela

Mientras en la OEA el chavismo mostraba hoy lo enemigo que es de la libertad de expresión y de prensa, al silenciar de nuevo a la oposición de su país y a los medios de comunicación, bloqueando la entrada a una reunión que finalmente fue de carácter privada, en Caracas el régimen autoritario anunciaba medidas adicionales a favor de instalar la censura completa de los medios tradicionales.

Nuevamente la censura adicional fue anunciada por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en franca complicidad con el oficialismo, sin vergüenza, y de tal forma como lo hizo en 2009 cuando advirtió sobre una ley para penalizar los “delitos mediáticos”. Ortega dijo esta vez que era necesaria una legislación para que los medios y los periodistas dejen de decir mentiras. Claro que no se refería a los medios oficiales, sino solo a los críticos e independientes.

Pidió de nuevo que debe haber una ley, “en sintonía con el Ministerio Público” (es decir que admitió el carácter de censor que tiene y la quiere imprimir a esa entidad) para impulsar regulaciones que obliguen a los medios de comunicación a informar solo con la verdad, en forma imparcial y objetiva.

Lo que a la fiscal le faltó decir es cómo y quien define la verdad, ya que para el régimen, todo lo que se desprende de investigaciones periodísticas, denuncias sobre corrupción o fotografías que muestran cadáveres apilados en las morgues o gente con carteles en protestas callejeras o caricaturas humorísticas u opiniones o convocatorias a través de Twitter – en casi todo los casos informaciones imparciales y objetivas – son calificadas de tendenciosas, manipulativas, desestabilizadoras y golpistas.

Lamentablemente, el régimen de Hugo Chávez fue muy inteligente en su primera reforma constitucional apenas despuntaba el gobierno. En forma tramposa logró incluir la cláusula de información veraz en el texto magno, permitiéndose luego fabricar leyes y decretos en contra de los medios y periodistas, invocando aquella cláusula (la trampa) que le obligaba a tener que hacerla cumplir porque “es ley suprema” de la Constitución.

A ese argumento, Chávez, Maduro, Cabello y muchos otros lo usaron a destajo. Y ahora de nuevo lo utilizó la fiscal. Por eso dijo lo habitual, invocando aquel principio constitucional con el que todo justifica y el cual obliga, según ella, darles un escarmiento a los medios y periodistas mentirosas: “La Constitución señala que hay libertad de expresión, pero eso tiene un límite como todo derecho. La información tiene que ser veraz, tiene que ser cierta. Toda la Constitución tiene que ser desarrollada por leyes y tiene que haber una ley que desarrolle ese artículo, que regule la información de los medios de comunicación y que esta sea imparcial, objetiva. Que la propia persona saque sus conclusiones”.

Es probable que como en 2009, la propuesta mordaza de la fiscal quede en la nada. La gravedad del anuncio, sin embargo, es la utilización de la amenaza permanente como herramienta de intimidación, con la intención de crear un clima favorable para la zozobra y la autocensura.

Los venezolanos más solos que nunca

No puedo cambiar nada de los que dije en el post anterior sobre el papel de la OEA y la fortaleza del gobierno de Venezuela dentro de la organización – mayoritaria e imperialista si uno se guiara por lo que define siempre Nicolás Maduro acusando a EE.UU. – para lograr este viernes una declaración por 29 votos contra tres (Panamá, Canadá y EE.UU.) que simplemente no hace más que respaldar todo lo dispuesto por Maduro para reprimir las protestas desde su origen el 12 de febrero.

La OEA, mejor dicho los gobiernos que en ella debatieron, le dieron la espalda al reclamo popular, para solo reparar en la violencia proveniente desde todos los sectores, olvidándose que en épocas no tan lejanas, muchos de los 29 gobiernos lucharon en contra de la violencia de Estado, esa misma que usurpó sus democracias con botas y fusiles.

Maduro obtuvo “la victoria”, muy particular porque antes denostaba a la OEA por ser brazo del imperialismo y hoy se siente triunfante porque considera que su revolución fue legitimada por la comunidad internacional. Más triunfante aún es su propaganda, que ha hecho que los países debatan y aprueben una resolución como si los estudiantes universitarios estarían intentando dar un golpe de Estado o si los opositores nucleados detrás de “la salida” la estarían buscando mediante intrigas y armas. Todo lo contrario.

La declaración de la OEA, a placer de Maduro, no reconoce que es su propio gobierno el que está achicando los espacios democráticos mediante represión al derecho de reunión, la férrea censura a los medios tradicionales y al internet, y por la criminalización de todo aquel que el gobierno considere opositor, es decir de todos los que no se pliegan al gobierno o que lo adulan por conveniencia o por temor.

Los ciudadanos venezolanos están solos, pero solo ante los gobiernos nucleados en la OEA. Hay un movimiento de ciudadanos internacional – además de la ONU, la Unión Europea -  que los siguen, apoyan y protegen.

OEA dividida x Venezuela y DDHH olvidados

Era evidente que la reunión de la OEA terminara en la nada, con la determinación de los votos del gobierno venezolano, acompañado por los del Alba y del Caricom, cuya intención certera era neutralizar cualquier declaración de censura contra Venezuela o envío de misión para investigar lo sucedido.

Los votos, por ahora, valieron más para Nicolás Maduro que dos días atrás, y después de romper relaciones diplomáticas con Panamá, había advertido que la OEA debería quedarse donde está y que deje de lado sus sueños intervencionistas aupados por EE.UU.

Esto aumenta los sentimientos de muchos que siguen creyendo que la OEA no sirve para nada, justamente el mismo pensamiento que empezó a vender el fallecido Hugo Chávez y con el que justificó otras asociaciones como Unasur, y Celac, que a diferencia de la OEA, que reúne a todos los países americanos, son ideológicamente excluyentes.

Esa exclusión y las diferencias ideológicas fueron las que justamente terminaron de inclinar la votación de ayer a favor de Venezuela. Aunque es lamentable que en el seno de la OEA se haya desconocido lo que manda la Carta Democrática Interamericana en materia de derechos humanos y libertades individuales, conculcados intencionalmente por el gobierno venezolano, hay que entender que se trata de una época política y no de la OEA. Esta, como tal, sobrevivirá más allá de los gobiernos que antes y ahora la manipulen.

En eso, al menos en eso, el secretario general José Miguel Insulza tiene razón. La OEA, como organización política, es destinataria y está manipulada por la misma polarización que está enquistada en la mayoría de los países.

Más allá de los vericuetos políticos existentes, lo más lamentable es que no se le haya siquiera tapado la boca a Maduro con su siempre diatriba a favor de la soberanía y la no injerencia; una excusa con la que siempre trata de manipular la universalidad de los derechos humanos que los gobiernos del mundo reconocieron después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente esa universalidad, es la que permite que el mundo entero tenga derecho a entrometerse en una nación cuando se sospecha de la violación a los derechos humanos.  

Cachetada a la disidencia en Cuba

No debe haber peor bofetón, desaliento y frustración para un opositor cubano que ser ignorado por los jefes de Estado de toda Latinoamérica, el Caribe y los líderes de la ONU y la OEA, como estará sucediendo entre hoy y mañana en La Habana durante la cumbre de la CELAC.

Los disidentes cubanos por décadas han sido agredidos, golpeados, encarcelados, reprimidos y restringidos, pero siempre pudieron soportar la opresión a cambio de la esperanza de que algún día, cuando la cultura democrática floreciera en todo el continente, fueran reconocidos como fuerza política mientras su gobierno sería arrastrado, inexorablemente, a ese sistema.

Pese a todas las agresiones, los disidentes cubanos, desde las integrantes de las Damas de Blanco, o los más conocidos como Biscet, Fariñas y Yoani, entre tantos otros desconocidos y anónimos, vivieron cada honor y premio en el exterior – o desde las cárceles – como un reconocimiento a su lucha personal; pero, más aún, como un voto de castigo al gobierno dictatorial y anacrónico de la familia Castro.

Se equivocaron y feo. La dictadura, siempre adicta a los subsidios extranjeros, desde Rusia a China pasando por Venezuela, se la ha ingeniado para sobrevivir económica y políticamente. Su mejor último aliado ideológico, el finado ex presidente Hugo Chávez, fue quien sostuvo al régimen con petróleo y quien en 2009 lo devolvió al seno de la OEA y creó esta CELAC en 2010, para que Cuba se crea políticamente libre para tratar de igual a igual al resto de gobiernos democráticos, pese a las condiciones remachadas en los tratados internacionales, como la Carta Democrática Interamericana.

El gobierno cubano reclama mayores libertades mediante acuerdos económicos que permiten que los cubanos puedan trabajar por cuenta propia, alquilar viviendas o comprar automóviles. Sin embargo, sigue restringiendo las más importantes, las políticas, que tienen que ver con el derecho al voto, a la libertad de expresión y a la libertad de asociación y reunión. Es el único régimen de las Américas que se arroga en forma monopólica todas las potestades políticas de la nación.

Los disidentes pueden comprender este destino, pero lo que les resulta despreciable es que, por conveniencia política, todos los líderes presentes en La Habana los ignoren para no incomodar a los hermanos Raúl y Fidel Castro. Les duele que teniendo una oportunidad histórica en su propio suelo, la CELAC termine hablando sobre la importancia de las plantaciones de quinua, la soberanía de los estados y de que se declare zona de paz a Latinoamérica, pero calle sobre la paz y la libertad que a ellos y a todos los cubanos se les niega en su propio país.

Los disidentes sienten la cachetada fuerte y tal vez esta sea la más hipócrita que han tenido que soportar, porque ha sido en su propia casa. Están en su sano juicio si consideran que la cumbre es una burla a la democracia y a sus aspiraciones.        

Maduro contra los derechos humanos

Los ciudadanos venezolanos ya no tendrán donde acudir cuando se agoten los recursos judiciales internos de administración de justicia y sus derechos humanos sean violados.

Nicolás Maduro, fiel a la retórica del ex presidente Hugo Chávez que el 9 de setiembre de 2012 solicitó a su canciller renunciar a la Convención Americana de los Derechos Humanos y por ende a la jurisdicción de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), continuó con el proceso y a partir de hoy Venezuela ya asumió no tener responsabilidad internacional en estas materias.

La estrategia solo confirma que el gobierno venezolano, bajo la excusa siempre del intervencionismo extranjero, deja de asumir su responsabilidad internacional en materia de derechos humanos y a conveniencia deja los estándares de algunas organizaciones (CIDH/OEA) para estar bajo la tutela de otras que domina y donde no puede ser cuestionado (UNASUR).

Ayer, Maduro volvió a repetir y a reiterar los numerosos dichos de Chávez: “La Comisión y la Corte lamentablemente degeneraron. Se creen un poder supranacional, se creen un poder por encima de gobiernos legítimos del continente”, y con ello dejó por sentado que Venezuela se une a Trinidad y Tobago y al Perú de Alberto Fujimori como los países que se retiraron de la Convención después de estar suscriptas y haber ratificado el Pacto de San José.

Aunque Chávez y Maduro se hayan esforzado en criticar y desconocer cada opinión y fallo de la Comisión y la Corte, al considerar que ambas instituciones están secuestradas por el poder político del imperio estadounidense, en realidad lo que están haciendo es dejar desprotegidos a todos los ciudadanos venezolanos que antes acudían a la jurisdicción internacional en busca de justicia, reparaciones y desahogo cuando se les negaban sus derechos en el país.

Nunca Chávez y menos Maduro aceptaron esa jurisdicción y con ello el Estado (no el gobierno) jamás reconoció los derechos violados de sus ciudadanos, desconociendo pagar indemnizaciones por reparación moral o excarcelar a presos políticos o reabrir causas judiciales.

El retiro de Venezuela (el mismo día que Henrique Capriles introduce ante la CIDH una denuncia para desconocer los resultados de las elecciones que perdió por estrecho margen ante Maduro) es congruente con la política de aislamiento en materia de derechos humanos que hace dos años busca también el presidente ecuatoriano Rafael Correa que ha llamado a desmantelar el sistema y, al menos, que la CIDH no tenga sede en EE.UU. un país que junto a Canadá no ha ratificado la Convención.

Este retiro deja por el aire varios temas incumplidos por Venezuela, entre ellas 16 sentencias condenatorias e indemnizaciones por 9.700 millones de dólares en reparación para unas 300 víctimas, según datos que se desprenden de fallos de la Corte Interamericana.

Petrodiplomacia y legitimidad

La petrodiplomacia es característica principal del chavismo. Pero a diferencia de Hugo Chávez, que la utilizaba a la ofensiva para crear alianzas, abrir mercados y vender ideas, el presidente Nicolás Maduro la usa en defensa propia, para comprar legitimidad y protección.

Ante fuertes sospechas de que el 14 de abril ganó mediante fraude electoral, Maduro recorrió esta semana Brasilia, Buenos Aires y Montevideo. El viaje no tuvo intención económica sino política. Como fachada ofreció acuerdos para trocar petróleo por alimentos, pero el objetivo fue bloquear posibles consensos para que desde el Mercosur, la UNASUR o la OEA, se intente sugerir la revisión de las elecciones o activar la Carta Democrática Interamericana.

Venezuela también usó esta semana la diplomacia preventiva a través de Petrocaribe. Incorporó a Honduras y Guatemala, aumentando su póliza de seguro con países que si bien se benefician ahora con petróleo a precios reducidos y diferidos y bajas tasas de interés, endeudan a sus gobiernos del futuro.

La defensiva de Maduro es lógica. Busca contrarrestar la ofensiva de miembros y legisladores de la oposición que, evidencias en mano, se pasearon por varios países latinoamericanos a denunciar el fraude. Cuentan con más de cuatro mil denuncias de empleados públicos despedidos por no votar por la revolución, un par de presos políticos y sus propias cicatrices y moretones, desde que fueron brutalmente golpeados en la Asamblea Nacional, mientras el titular del recinto, Diosdado Cabello, ordenaba cerrar las puertas y les prohibía hablar o cobrar sueldos por no reconocer a Maduro presidente.

En el Cono Sur no debe haber sido fácil escuchar a Maduro. Fue a validar métodos similares que estos gobernantes sufrieron en manos del autoritarismo cuando estaban en la oposición o proscriptos. Pero ironías del destino, en Argentina,  donde más juicios se hicieron por las violaciones a los derechos humanos del pasado, Maduro tuvo pan y circo en estadio de fútbol, donde se lo vitoreó por decir que vio a Chávez “en cada esquina de Buenos Aires”.

En su primer periplo, Maduro no consiguió simpatías como despertaba Chávez, pero tampoco creó enemigos. Habló del manido tema del imperio, pero limitó su perorata sobre denuncias de sabotaje. Ni siquiera mencionó al ex presidente colombiano Álvaro Uribe como a su nuevo “asesino”, ni hostigó a gobiernos de Perú y España, que se ofrecieron como intermediarios, pidiendo mayor tolerancia y diálogo para superar la crisis.

En lo político, Maduro dio un paso positivo para neutralizar a sus aliados. Pero en la calle no se lo tomó en serio, todavía se lo reconoce como interlocutor de pajaritos y pese a que trata de ganar adeptos mezclando a Artigas y Bolívar, con Chávez y Perón, se interpretó que fue a “comprar” legitimidad. Todos saben que Venezuela está comprometida, que una caída de los precios del petróleo reduciría la beneficencia diplomática y, con ello, se desmoronaría la revolución.

Por otro lado, Herique Capriles, cree que habría ganado por 400 mil votos en lugar de perder por 224 mil de no haber sido por el fraude. Convencido, no cesa de denunciar el fraude y exige anulación de los comicios ante el Superior Tribunal Electoral. Aun reconociendo que la justicia responde al gobierno, sabe que su prédica es la única herramienta para desafiar al poder y para obligar a las instituciones a responder y ser transparentes.

Lo gran duda es si fue buena su decisión y de la oposición no acudir al proceso de auditoría que el Consejo Nacional Electoral empezó esta semana. El hecho de que no se quiere validar otra irregularidad, porque el conteo es incompleto y no se revisarán los padrones electorales donde se confirmarían evidencias de miles de votos dobles y de fallecidos, demuestra la impotencia de la oposición ante un poder que lo puede todo y que no tiene vergüenza de nada.

Hubiera sido mejor seguir vigilando el proceso de auditoría de cerca y deslegitimarlo sobre la marcha si era necesario. Es que la oposición ya tuvo una pésima experiencia cuando se retiró de la Asamblea General y de las elecciones parlamentarias en 2005. En lugar de dejar sentado un principio, le extendió un cheque en blanco al oficialismo y, de esa forma, legitimó e incentivó los abusos que buscaba frenar. 

Correa contra el Sistema de DDHH

El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, uno de los orgullos más grandes del hemisferio occidental creado dentro de la Organización de Estados Americanos para dar voz y defender a los más vulnerables, está a punto de ser destruido.

Una reunión de cancilleres que se realizará este mes en la sede de la OEA en Washington está a punto de aceptar las recomendaciones de un grupo de trabajo que, sostenido por los gobiernos más autoritarios del continente y bajo la batuta del presidente ecuatoriano Rafael Correa, neutralizará la capacidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, a cargo de Catalina Botero.

Las manipulaciones del presidente Correa, con el acompañamiento de otros mandatarios del ALBA y el silencio de muchos países democráticos que prefieren hacer la vista gorda porque en el pasado también recibieron decisiones y reprimendas por violaciones a los derechos humanos, como el caso de Brasil y Perú, buscan que la CIDH y la Relatoría se conviertan en florero de decoración.

En su columna de hoy en el Washington Post, el periodista Jackson Diehl, acusa no solo a estos regímenes sino también a una política exterior displicente del gobierno de Barack Obama por no influenciar más a favor de mantener el sistema interamericano.

Se lamenta – y creo que es el lamento de todos – que un presidente tan autoritario como Correa que ha perseguido a periodistas y medios de comunicación y en cuyo gobierno se legitimaron muchas violaciones a los derechos humanos, haya embaucado a medio mundo de que se hace necesaria una reforma, la que no tiene otro propósito que vengarse de las decisiones e informes que la CIDH produjo en contra de su gobierno.

Las reformas de Correa, tanto esta que está buscando a nivel interamericano en materia de derechos humanos, la que hizo en su país respecto a la democratización del Poder Judicial y la que anunció en contra de los medios a través de la nueva Ley de Comunicación, solo buscan mejorar todos los sistemas para su propio favor y beneficio.

La retórica sobre derechos humanos

El presidente ecuatoriano Rafael Correa hace buen uso del discurso político agresivo y de confrontación. Entre la arenga y la propaganda, su táctica consiste en imponer temas de discusión y situar a adversarios, periodistas, activistas o gobernantes extranjeros, a la defensiva.

Alcanzó su propósito una vez más en la recién finalizada 42ª. Asamblea de la OEA en Cochabamba, Bolivia, a la que asistió como único Presidente invitado entre los cancilleres de la región. Con su tono belicoso pero efectivo, logró que el tema principal de la reunión, el hambre que padecen 53 millones de personas en el hemisferio, quedara desplazado por su pretensión de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe reformarse o desaparecer.

Su reclamo estaba anunciado. Desde hace meses Correa viene desafiando a la CIDH y a la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, por defender y proteger a periodistas y escritores que él había demandado por cifras millonarias y castigos carcelarios. Con apoyo de sus colegas del ALBA, Correa forzó a la OEA a discutir recomendaciones, que de ser aprobadas, el sistema de defensa de derechos humanos perdería autonomía y razón de ser.

Aunque la asamblea pospuso la discusión hasta el 2013, Correa logró que su acusación al sistema fuera parte de la agenda; al estilo de otros temas trasnochados de imperialismo y guerra fría que Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega y Raúl Castro imponen ruidosamente en cada reunión de presidentes.
Correa, Morales y el canciller venezolano reclamaron a la OEA “renovarse o morir”, una evolución de la persistente amenaza de Chávez de retirarse del organismo, pero que nunca concreta. Estos gobiernos prefieren organizaciones como las del ALBA, CELAC y UNASUR, a las que ellos mismos forjaron sin los mecanismos internos de vigilancia de los derechos humanos que rechazan por injerencistas.
Correa cometió errores garrafales en su discurso, obligando a las ONGs y a la prensa regional a salir en defensa de un sistema que él consideró “aberrante” por tener su sede en Washington, mientras EE.UU. no ha revalidado la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Tras la reunión, la defensa más concreta la asumió el titular de la CIDH, el mexicano José de Jesús Orozco, quien demostró con datos que la no ratificación de la Convención no fue obstáculo para que la CIDH otorgara en 2011 once medidas de protección a los derechos humanos en EE.UU., una menos que en Honduras. Agregó que de los cinco informes de fondo publicados el año pasado, uno fue sobre Canadá por un asunto de migración y dos sobre EE.UU., por casos de violencia doméstica y pena de muerte.

Las diferencias técnicas - no las políticas como sostuvo Correa - entre las legislaciones nacionales y los principios de la Convención en materia de pena de muerte y aborto, entre otros temas, fueron las trabas históricas de EE.UU., Canadá y algunos gobiernos caribeños para no ratificar la Convención. Sin embargo, la CIDH tanto reclama por detenciones arbitrarias en Cuba, que no es parte de la OEA, como por el cierre de la cárcel estadounidense de Guantánamo.

El discurso polarizador del presidente ecuatoriano terminó paralizando una serie de recomendaciones que hizo un Grupo de Trabajo intergubernamental, que el sistema interamericano sí necesita para ser más eficiente. Una de las más destacadas, propone más esfuerzos a tareas educativas y a que los estados hagan mayores aportes económicos para remendar un severo atraso procesal. Sólo en 2011, la CIDH recibió 1.600 reclamos y 400 pedidos por medidas de protección.

Lamentablemente, la retórica de Correa consiguió consensos – con la excepción de Costa Rica, Chile, México, EE.UU. y Canadá - para que a la CIDH se le impongan cambios de trabajo en lugar de recomendaciones. De aprobarse, la labor de estos organismos terminará siendo supervisada por los gobiernos, convirtiéndose éstos en juez y parte, desvirtuándose así un sistema de protección que se vino construyendo por 50 años.

Ante los abusos de Estado y la impunidad, más que nunca hoy se necesita un sistema internacional más fuerte, autónomo y eficiente a donde los ciudadanos puedan buscar la protección de sus derechos. Esta importante decisión no debería quedar solo en manos de la OEA y los gobiernos.
 

El golpe anunciado de Correa

Se sabía que el presidente Rafael Correa tenía la sangre en el ojo y lo venía anunciando desde hace meses. La 42 asamblea general de la OEA sería su escaparate de propaganda para vociferar en contra de la Comisión Interamericana de Derechos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Cuando Correa perdonó la sentencia que condenaba al diario El Universo, sus directivos y un ex columnista por el delito de difamación en su contra, dijo también que su perdón no incluía el olvido. Justamente eso quedó en evidencia hoy en la reunión de la OEA en Cochabamba, Bolivia.

El golpe de Correa contra estas dos instituciones es en represalia a las medidas cautelares que la CIDH dictó en apoyo a los demandados en aquella sentencia, que si se hubiese ejecutado, hubiera engrosado las arcas del presidente con 40 millones de dólares en indemnización.

Correa hoy volvió a los disparates que lanza durante sus alocuciones sabatinas haciéndose eco también de las posturas similares que ofrecieron los representantes de Venezuela y de Bolivia. Justamente el presidente Evo Morales, siguiendo con las amenazas de Hugo Chávez de que retiraría a su país del organismo interamericano, dijo que “para la OEA hay dos caminos: muere al servicio del imperio o renace para servir a los pueblos de América".

Con la misma tónica de discurso propagandístico, lleno de frases hechas, Correa reclamó que existe descrédito de parte del sistema interamericano de derechos humanos debido a que se ha sometido a organizaciones no gubernamentales y a “los intereses del gran capital”. Agregó que ambos organismos están financiados por organizaciones de derecha neocolonialistas que boicotean a gobiernos con revoluciones sociales y que tienen doble moral, buscando criminalizar a los Estados.

Correa pidió que la Asamblea apruebe cambios – ver post anterior - que le quitarían independencia y autonomía a estos organismos, aspectos necesarios para que puedan hacer su labor de supervisión de los derechos humanos en cada país.

Aunque Correa no tiene muchas probabilidades de que los cambios se adopten, sabe muy bien por su sistema de propaganda, que debe desprestigiar a estos dos organismos para restarles credibilidad pública y así poner en entredicho lo que pueden actuar y decidir sobre su país y otros del Alba.

Cochabamba, DD.HH. y libertad de prensa

Este domingo comenzará la asamblea general de la OEA en Cochabamba, Bolivia, una reunión que tendrá amplia repercusión para los ciudadanos, ya que se abordará el tema de los derechos humanos y la libertad de prensa.

Los Estados no lo harán en forma directa, sino mucho más sutil y peligrosa para estas dos disciplinas. En juego, está la independencia y funcionalidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ya que los gobiernos podrían aprobar una serie de recomendaciones hechas por un grupo de trabajo intergubernamental y por el secretario general, José Miguel Insulza, que buscan reformar los estatutos de la CIDH.

Las propuestas de reformas, muchas de las cuales son importantes para mejorar la eficiencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también tienen varios puntos recomendados por los gobiernos de Venezuela y Ecuador, que buscan neutralizar el trabajo de la CIDH y castigar la labor de la Relatoría.

Los cambios al estatuto y las recomendaciones sobre funcionalidad apuntan a darle a la Asamblea General poderes para redefinir las funciones de la Comisión y sus relatorías en materia de tramitación de casos, elaboración de informes e, incluso, permitiendo que los estados definan los términos de cómo son monitoreados por sus violaciones a los derechos humanos. También establecen que la Relatoría no podrá buscar fondos por fuera de los gobiernos americanos, que su informe anual no podrá referirse a cada país sino que deberá ser general y que deberá regirse por un código de conducta fiscalizado por los gobiernos.

La Sociedad Interamericana de Prensa reclamó que lo que está en juego en esta asamblea es la independencia y eficiencia de la Comisión y su Relatoría, organismos fundamentales para mantener y expandir el derecho del público a la información, la libertad de prensa y de expresión.

Debido a la intervención de los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, quienes vienen criticando a la CIDH y a la Relatoría, es indudable que lograron que este tema legítimo de reforma se haya politizado. Debido a ello, sería importante que las reformas no fueran consideradas mientras perdure este clima de represalia, porque en juego están los derechos humanos y la libertad de expresión de cada ciudadano de las Américas, y no solo la de aquellos que simpatizan con los gobiernos del ALBA.

Derechos humanos en la óptica universitaria

La semana pasada con la Sociedad Interamericana de Prensa organizamos una conferencia en Washington en conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las universidades estadounidenses American y Stanford.

El objetivo de la conferencia denominada “El sistema interamericano de derechos humanos y la libertad de expresión” fue educar a futuros líderes sobre los mecanismos supranacionales e intergubernamentales que pueden ser utilizados para defender y promover la libertad de expresión de los ciudadanos de las Américas. Participaron más de 70 estudiantes de Derecho y Periodismo de 15 universidades procedentes de 11 países de América Latina y las mencionadas de EE.UU.

Estas son algunas de las conclusiones más destacadas a las que arribaron los estudiantes, luego de debatir las temáticas presentadas por expertos internacionales.

•    Tanto académicos como jueces y fiscales deben recibir mayor entrenamiento sobre el sistema internacional de derechos humanos.
•    La CIDH debería tener criterios más rigurosos de admisibilidad de denuncias, motivar que más casos lleguen a instancias de “solución amistosa” y que junto con la Corte Interamericana, resuelva más casos sobre libertad de expresión y de prensa para generar mayor jurisprudencia.
•    Para que el sistema opere con efectividad y equidad, todos los estados, incluidos Estados Unidos, Canadá y países caribeños, deben ratificar la Convención Americana sobre derechos Humanos.
•    Las recomendaciones sobre presupuesto y operatividad que el Consejo Permanente de la OEA hizo a la CIDH sobre la Relatoría Especial para Libertad de Expresión, ponen en peligro la autonomía y efectividad de esa oficina.
•    Deben eliminarse las leyes de desacato así como despenalizarse los delitos de difamación cuando son las autoridades públicas son las afectadas, mientras tanto debe haber límites a las responsabilidades civiles.
•    Los periodistas deben tener una protección especial debido a su función social, remarcándose la necesidad de la imprescriptibilidad de los crímenes contra periodistas, así como la de crear sistemas de protección.
•    Las normas de transparencia e información pública son de escaso y difícil cumplimiento, necesitándose crear organismos autónomos de control y educación capaces de generar una cultura de acceso en que los estados se vean menos renuentes a divulgar información y los ciudadanos a pedirla.

Ortega: Presidencia ilegítima

Las elecciones en Nicaragua no fueron limpias este domingo según lo comprobaron cientos de observadores apostados por la OEA y la Unión Europea, así como fiscales de los partidos de oposición.

Los bloqueos a los observadores y muchas urnas repletas de votos a favor del presidente actual y elegido, Daniel Ortega, son tan groseros como la autorización que recibió de parte de una Corte Suprema adicta para presentarse a una reelección, lo que está prohibida por la Constitución.

Ortega, gracias al apoyo económico de Hugo Chávez, hubiera podido igualmente ganar las elecciones con juego limpio. Pero es obvio que quiso establecer unos estándares máximos por arriba del 60% para tener mayoría en la Asamblea Legislativa y así poder luego hasta cambiar la Constitución para eternizarse en el poder y hacer más legítima una Presidencia que es ilegítima.

Estorbar a los observadores, quienes fueron autorizados a estar en Nicaragua a regañadientes, es una vergüenza para el proceso democrático de América Latina.

Y muchos se preguntan: ¿Cómo parar estos abusos? Los hondureños pararon un abuso similar de Manuel Zelaya pero con consecuencias malísimas para el país que fue expulsado de la comunidad internacional. ¿Pero qué hacer en estos casos como el de Ortega?

Se trata de un gran dilema para la comunidad intergubernamental internacional y para los organismos que velan por la transparencia de los procesos democráticos.