domingo, 28 de febrero de 2016

Evoluciones paralelas a distinta velocidad: Tecnología e intimidad o FBI vs. Apple

La evolución de las nuevas tecnologías, las leyes que las regulan y la adaptación del comportamiento humano a ellas viajan en vías paralelas, pero a distintas velocidades, causando conflictos.

Así quedó en evidencia esta semana con los vertiginosos avances que mostraron los gurús de la tecnología en el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona y la riesgosa disputa entre el FBI y Apple en Washington por los derechos y deberes en la órbita de la comunicación digital.

En Barcelona los innovadores sintieron tocar el cielo con las manos. Presentaron teléfonos móviles casi indestructibles, con capacidad para realidad virtual y videos en 360 grados en redes 5G, mientras que el nuevo “profeta”, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, anunció “conexión para todo el mundo”, mediante un sistema de drones en la estratósfera, que permitirá que 1.700 millones de personas tengan por fin acceso a internet.

La disputa entre el FBI y Apple es más terrenal. Se disputan si es más importante que el gobierno defienda a la ciudadanía ante posibles ataques que los terroristas organizan desde la web o que las empresas ayuden a los usuarios a proteger sus datos personales y comunicaciones por internet. El dilema entre estos dos principios - seguridad nacional y derecho a la intimidad – no es de fácil solución y, sin prudencia y sabiduría, se corre el riesgo de que se promulguen leyes que terminen inhibiendo la innovación tecnológica y restringiendo la privacidad y libertad de expresión.

El FBI pidió que Apple desarrolle un sistema operativo capaz de desbloquear el iPhone del terrorista que mató a 14 personas en San Bernardino en diciembre pasado. El objetivo es saber si Rizwan Farook contó con apoyo y cómplices. El contenido del teléfono es clave, por cuanto semanas antes del atentado lo desconectó de la nube, tras dejar loas al Estado Islámico en su perfil de Facebook.

Apple también está sólido en su posición. Pidió anular la orden de un juez que le pidió colaborar con las autoridades. Tim Cook, el presidente de Apple, que fue acusado por el FBI de negarse a colaborar por anteponer el marketing y su modelo de negocio a la seguridad de los ciudadanos, considera que el gobierno está empecinado en un juego peligroso.

Argumenta que un sistema operativo que permita violar los códigos de seguridad y la encriptación de su propio iPhone, podría ser aprovechado por las autoridades para violentar la privacidad de los ciudadanos, asunto que todavía está en la memoria colectiva, desde que Edward Snowden demostró que el Gobierno espiaba las comunicaciones digitales de cualquiera.

Ante el embate, el director del FBI, James Comey, reconoció que el Gobierno está ante “uno de los dilemas más fuertes” de todos los tiempos. No es para menos. El nuevo sistema o “puerta trasera” que Apple debería crear para debilitar la seguridad del iPhone, tarde o temprano, podría convertirse en una ventana que aprovecharían los hackers y terroristas, así como gobiernos autoritarios ávidos por mejores formas para controlar a los ciudadanos y censurar sus libertades.

Si bien la discusión tiene la fortaleza de los argumentos de cada parte, su debilidad radica en el contexto. Si ocurre un nuevo ataque terrorista de envergadura puede hacer que el público, ahora a favor de Apple según las encuestas, cambie de opinión y acepte nuevas leyes que limiten las libertades, así como sucedió con la controversial Ley Patriótica después de Setiembre 11.

También pudiera ocurrir que los jueces, sin reglas nuevas en el contexto digital, apliquen otras obsoletas sobre terrorismo dándole un mordisco más a Apple. Dadas las condiciones, la empresa prevé que su mejor alternativa es llegar ante la Corte Suprema, tradicionalmente más amiga de las libertades que de las restricciones. Sin embargo el viaje puede ser largo y tortuoso, y en el camino se le podría ordenar que abandone sus planes actuales de hacer más inviolable el sistema operativo del iPhone.

La mejor opción, según el consenso de los últimos días, es que el Congreso forme una comisión de expertos tecnológicos y legales. La intención es crear el mejor entorno para conciliar la tecnología con el deber del Estado a brindar seguridad ciudadana y respetar el derecho a la privacidad. Aparenta ser la única salida.