Los gobiernos de Cristina Kirchner
y Rafael Correa han hecho de los medios de comunicación y de sus propietarios
la razón de su existencia. Los acusan de ser los poderes económicos y políticos,
los verdaderos opositores, a los que califican de vendepatrias, conspiradores,
golpistas y desestabilizadores. Además, los
hacen responsables de la desigualdad, de
la opresión, de incentivar la inseguridad y de desconocer a las autoridades.
En su estrategia de achacar todos
los males a los medios - el único “enemigo” en pie, después de que degradaron y
se apoderaron de las estructuras institucionales - se han cuidado de atacar a
los periodistas, a quienes consideran víctimas de los medios privados, desalmados
y monopólicos. Su táctica de pegar a los de arriba y minimizar el impacto entre
los de abajo, así sean periodistas, indígenas, maestros u obreros, tiene el
claro propósito de desinflar su colchón electoral.
Pero son tantas las
agresiones y campañas de desprestigio que estos gobiernos y sus estructuras
oficialistas le han pegado a los periodistas, a los de a pie, así como también
lo hicieron gobiernos de ideologías diametralmente opuestas como los de Hugo
Chávez, Carlos Menem, Alberto Fujimori o Augusto Pinochet, que los periodistas empezaron
buscar refugio y a ejercer sus derechos fuera del país.
Esta semana, grupos de
periodistas argentinos y ecuatorianos participaron de las audiencias de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar los atropellos a la
libertad de expresión y de prensa en ambos países. La crítica contra los
gobiernos no es tan solo por las campañas de desprestigio que sufren, sino por
las trabas para hacer periodismo y las que se imponen a los ciudadanos, a
quienes se niega su derecho de acceder a información pública.
Los periodistas denunciaron
la censura que implica la Ley de Comunicación en Ecuador, las demandas
judiciales con millonarias indemnizaciones que les llueven desde el poder
político, las campañas de desprestigio con afiches, denuncias y juicios
públicos, todo ello con el ánimo de censurar y generar autocensura.
También denunciaron el cepo
publicitario en Argentina impuesto por la Secretaría de Comercio a los
supermercados y la forma en que el gobierno utiliza fondos públicos para beneficiar
a los medios que le son afín y la falta de una ley de acceso a la información
pública que obligue al gobierno a ser transparente.
Obviamente, las respuestas
de los gobiernos no se hicieron esperar y fueron previsibles. Rafael Correa,
desde Moscú, dijo que las denuncias de los periodistas y de miembros de la
sociedad civil ecuatoriana ante la CIDH era solo una “payasada”. Mientras
tanto, la embajadora argentina ante la OEA, Nilda Garré, calificó a los
periodistas – Joaquín Morales Solá y Magdalena Ruiz Guiñazú entre otros
prestigiosos e independientes - de "voceros
de grupos monopólicos que resisten los avances democráticos".
Las presentaciones de ambos
grupos tuvieron en sus países una cobertura desigual. Muchos periodistas se
sintieron representados pero otros los criticaron por victimizarse, desde una
óptica muy parecida al oficialismo. En realidad, esto muestra que si algo “bueno”
han logrado con su estrategia de desprestigio estos gobiernos, es que también
han dividido y polarizado al gremio periodístico.
