viernes, 24 de febrero de 2012

Lobo y el tiro por la culata


Al presidente Porfirio Lobo le salió el tiro por la culata. Desde que hizo su presentación en la inauguración de la tercera legislatura, había dicho que desde un seminario que organizaría sobre libertad de expresión, emergerían los lineamientos para preparar un proyecto de ley de prensa que enviaría en marzo al Congreso.

Esperaba, según se pudo percibir de sus declaraciones posteriores, que surjan lineamientos concretos para disciplinar a los medios de comunicación o, al menos, que los obligue a que sean más responsables. Su idea, en especial por diferencias que mantiene con los medios, propietarios y periodistas, tiene que ver mucho por su alergia a las críticas y al disenso.

Lo de Lobo es peligroso, como ya comenté en post anteriores en este blog, considerando la experiencia de otros presidentes de la región cuya prédica intencionada contra los medios fue escalando hasta convertirse en leyes restrictivas. De ahí que Lobo haya empezado a tratar de dividir al periodismo, criticando a dueños y editores y alabando a periodistas, como en su momento hicieron Hugo Chávez, Rafael Correa y Cristina de Kirchner para justificar luego sus acciones en contra de toda la prensa.

Bueno, finalmente la reunión se hizo el miércoles pasado y, desde el punto de vista de la libertad de prensa, se esperaba lo peor. Pero no fue así. El evento se llamó "Libertad de Expresión: El Derecho a saber, Honduras, 2012", y fue auspiciado por el Programa Libertad de Expresión del Centro de Estudios para la Democracia Popular (Cedepu), de Chile, en coordinación con la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (Odeco), así como por la oficialista Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (Sedinafroh), Naciones Unidas y el Gobierno hondureño en general.

En definitiva digo que a Lobo le salió el tiro por la culata, porque creo que las recomendaciones del grupo están muy distantes de lo que el pretendía, especialmente porque están más destinadas a marcar la responsabilidad que le cabe al Estado y al gobierno para proteger y respetar la libertad de prensa, que para facilitar la censura que el gobierno quisiera hacer de los contenidos de los medios.

Entre esas recomendaciones, se destacan las siguientes: continuar las investigaciones inconclusas de casi una veintena de casos de periodistas asesinados; que se estipulen normas legales para regular los gastos del gobierno en materia de publicidad oficial; reformar la ley de telecomunicaciones; prohibir las cadenas radiales y de televisión que solo tengan como fin la propaganda gubernamental; incentivar la adopción y el uso de códigos de ética en los medios; así como propender una mayor profesionalidad periodística mediante entrenamiento continuo y multidisciplinario.

Lobo dijo luego de este foro que la próxima semana otro grupo de organizaciones no gubernamentales podrían estar redactando un proyecto de ley, y que cualquiera que se adopte tendría que ser primero discutida y consensuada.

Creo que Lobo está confundiendo las cosas y ante el desconocimiento piensa que la mejor opción es regular. Está equivocado.

Lobo debe distinguir que los medios (lo que le disgusta) y la libertad de prensa no son la misma cosa. Que los medios entre sí, tampoco tienen la misma naturaleza, una cosa es administrar el éter, que es finito, para lo cual debe otorgar licencias a la televisión y de radio (no olvidar que sobre sus espaldas tiene el conflicto de Canal 8 que el gobierno se guardó para sí, cuando la Corte Nacional ya le había entregado la concesión a Elías Asfura) y otra cosa es imponer una ley con los mismos criterios para los medios escritos y el internet, ambos de naturaleza infinita.

En Honduras, como en muchos países, los gobiernos siempre están tentados a echarle la culpa a los medios o a su sensacionalismo. Pero en verdad, si bien también existen abusos mediáticos, la corrupción y la inseguridad pública no empeoran porque los medios la reflejen, sino cuando el gobierno no toma las medidas correctivas.

Está probado que la imposición de leyes para disciplinar a los medios son la primera fase para limitar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Lo mejor que podría hacer Lobo es dejar este proyecto de lado, especialmente ahora que está caliente; del enojo surge siempre la represalia y la venganza, aspectos que no merecen ser tomados en cuenta en esta discusión.

Ya basta! Pide campaña pro Correa

Como a muchos que venimos escribiendo sobre los abusos de Rafael Correa contra la libertad de prensa, debido al sonado caso del juicio y sentencia contra los periodistas de El Universo, nuestras casillas de correo electrónico se han saturado con miles de e-mails que piden que se detenga el ataque contra el presidente.

Así como en twitter a través del #correistas y a través de cartas que saturan cuentas de mail, quienes se identifican como correístas dan largas explicaciones en su carta enviada a los medios de comunicación, asociaciones de derechos humanos y de libertad de prensa, sobre las bondades y progreso democráticos que Rafael Correa ha traído para Ecuador en los años de su gobierno y consideran que es injusto que se le critique o se le ataque.

Lo que esta gente no entiende, es que nadie está atacando a Correa por lo bueno o malo que ha hecho en terrenos de educación, salud, equidad social, economía o cualquier otra disciplina. Lo que se condenó y criticó fue que haya manipulado la justicia – hay irregularidades comprobadas y denunciadas sobre el proceso judicial, hasta la primera jueza del caso exiliada ahora en Colombia denunció intentos de sobornos para fallar a favor del mandatario – para que se condene a cuatro periodistas a pagar tres años de cárcel y a pagarle 40 millones de dólares en indemnización por una columna de opinión, sobre las que ya di amplio detalle en este foro.

En realidad es Correa con su verborragia el que ha provocado todo el alboroto y que las asociaciones y medios internacionales hayan salido en defensa de los periodistas. Correa ha internacionalizado el problema.

miércoles, 22 de febrero de 2012

Correa anuncia ¿cerrar juicio?

Aunque no fue explícito, el presidente ecuatoriano Rafael Correa anunció esta noche en conferencia de prensa que ha tomado una decisión sobre el juicio que mantiene en contra de tres directivos y un ex columnista del diario El Universo, que dará a conocer en los próximos días a través de una carta dirigida al pueblo.

La conferencia fue convocada por él y el canciller Patiño para protestar por las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió anoche a favor de los periodistas condenados, quienes deberán pagarle 40 millones de dólares en indemnización y tendrán que purgar tres años de cárcel.

Seguramente, como adelanté en mi columna y varios posts en este blog, el presidente Correa anunciará que perdona y que todo queda en foja cero, en realidad se trata de una medida previsible desde el año pasado cuando ganó en primera instancia. Satisfecho porque la justicia le dio la razón y porque su dignidad fue restablecida, busca tener una actitud magnánima que le permita mirar mejor hacia las próximas elecciones.

La conferencia de prensa de hoy desnudó algo que se viene reclamando desde siempre en este juicio. Las medidas cautelares fueron dirigidas al Estado de Ecuador, pero el presidente Correa las recibió como una afrenta directa a su gobierno y actuó en consecuencia rechazándolas porque afectan su proceso judicial, algo que representa un conflicto de interés interesantísimo, máxime cuando él siempre dijo que demandó como ciudadano común y no como Presidente, lo que en realidad no fue cierto porque usó todos sus privilegios como mandatario.

Habrá que ver qué pasa si perdona. Porque por más que perdone los periodistas han sido y se sienten condenados y pueden buscar resarcir sus daños. La carta de Correa si va en esa dirección, tendrá que ser muy cuidadosa.

Cautelares: medida salomónica

Ayer, bien entrada la noche, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a los directivos y un ex columnista del diario El Universo – Carlos, César y Nicolás Pérez y Emilio Palacio – solicitando al gobierno de Ecuador a suspender la sentencia en su contra de 40 millones de dólares en indemnización a favor del presidente Rafael Correa y tres años de cárcel para los cuatro periodistas.

La noticia es muy buena, pero no tanto; es más bien salomónica. Las medidas cautelares piden al gobierno suspender la sentencia solo hasta que ambas partes en conflicto se sienten frente a frente en una audiencia el 28 de marzo en la sede de la CIDH. A partir de ahí, la CIDH decidirá si sostiene o elimina esas medidas.

Las medidas de la CIDH no son obligatorias, así que habrá que esperar que decidirá el gobierno hoy, si las acepta o las ignora. Lo más seguro y prudente es que las acepte, en el espíritu del presidente Rafael Correa que la semana pasada tras la ratificación de la sentencia por parte de la Corte Nacional, dijo que podría perdonar a los infractores.

Creo que más allá de lo bueno que aparentan estas medidas no son del todo buenas como si lo hubiera sido que se otorguen sin condicionamiento de la reunión, condenando de pleno el serio atropello a la libertad de prensa que significó el fallo judicial.

Creo que la salida de la CIDH fue salomónica. Los comisionados no están todos muy de acuerdo con las medidas, algunos consideran que el proceso judicial todavía no ha terminado, alguno que otro simpatiza con el gobierno y por lo tanto buscar la reunión del 28 de marzo parecía destrabar el desencuentro entre los comisionados, algunos de los cuales no tiene duda de que se trata de un grosero atropello a la libertad de expresión de los condenados.

Salomónica es también porque la CIDH quiere enviar un mensaje todavía no muy fuerte a Correa, quien fue el autor de varias iniciativas en contra del cuerpo gubernamental, exigiendo a través del Consejo de la OEA, mayor eficiencia y transparencia de presupuestos y otros argumentos para limitar el accionar de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, en represalia por la sesión de octubre pasado donde los comisionados escucharon con atención las denuncias de los periodistas y escritores del libro El Gran Hermano, en el que se revelan actos de corrupción y nepotismo entre el gobierno y el hermano mayor del Presidente, Fabricio Correa.

Hoy habrá que estar atentos no solo a la respuesta del gobierno ecuatoriano, sino también a qué sucederá con Carlos Pérez que después que el jueves pasado el gobierno de Panamá le otorgó asilo político, está todavía en la sede de la embajada panameña en Quito a la espera del salvoconducto que tiene que librar la Cancillería ecuatoriana para que se consuma el acto. En caso de que el gobierno acepte, es probable que los motivos del pedido de asilo no tengan tanta validez; aunque tampoco le será muy fácil a Carlos abrir la puerta para entrar a suelo ecuatoriano.

El botín de Rafael Correa


De golpe y porrazo, el presidente Rafael Correa, está por convertirse en uno de los mandatarios más acaudalados de la región, gracias a una justicia subordinada que lo está premiando con 42 millones de dólares de indemnización para calmar el dolor que le provocaron críticas y denuncias periodísticas.

La justicia no solo le regala a Correa cifras multimillonarias por el supuesto daño moral sufrido, sino también se le entrega como un instrumento contundente para amordazar a la prensa independiente y disuadir a sus adversarios políticos: La crítica, el disenso y la denuncia en Ecuador tienen un precio. Y muy caro.

El jueves la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana dejó en firme una sentencia que condena a tres directivos y a un ex columnista del diario El Universo a pagarle al Presidente 40 millones de dólares, de los 80 que había solicitado por reparación moral. Y la semana pasada otro tribunal condenó a los dos autores del libro de denuncias El Gran Hermano a pagarle un millón cada uno.

En el primer caso, se trató de una opinión en que se le acusa a Correa de ordenar abrir fuego contra civiles durante el amotinamiento policial de setiembre de 2010. Por su dolor, más allá de si fue verdad o mentira intencionada lo sostenido por el columnista, la justicia interpretó que Correa debe ser indemnizado y que, además, los periodistas deben purgar tres años de cárcel. El caso de El Gran Hermano no es menos grave, pero sí más absurdo. La justicia indemnizó a Correa explicando que está dolido y desconsolado, porque él desconocía los alcances de unos contratos por decenas de millones de dólares entre el Estado y su hermano mayor, Fabricio, que el libro denunció como un caso de nepotismo y corrupción en perjuicio del bolsillo de todos los ecuatorianos.

Lo sorprendente, es que Correa interpuso sus demandas como ciudadano común, pero recibió compensaciones por su alta investidura y la arcaica protección especial que reserva el Código Penal para el Presidente, figura que se utilizó para sentenciar a los periodistas a la cárcel y a quienes calificó de “payasitos” y “dueños de circo” en rueda de prensa y vía Twitter desde la sala de la audiencia, a la que acudió con ministros y una horda de seguidores.

Su agresivo discurso público muestra al Correa de siempre, por lo que es difícil percibir su daño moral, algo en lo que los jueces no fueron rigurosos ya que el Derecho obliga a la demostración del daño. Estos magistrados jamás exigieron a Correa que argumente sobre su dolor, si su estado de salud física y psicológica está deteriorado, o si vio entorpecidas sus destrezas para gobernar, sus giras por el exterior o las cadenas habituales de los sábados en las que insulta a periodistas y adversarios.

Este caso muestra que en materia de daño moral, las cifras son injustificadas y desproporcionadas al perjuicio causado, máxime en un país donde el salario básico alcanza unos cientos de dólares y donde el Estado suele pactar indemnizaciones  irrisorias con víctimas de violaciones a los derechos humanos, por lo que un Presidente, como servidor público, no debería ser más que sus ciudadanos. En otros países, como El Salvador, las leyes sobre difamación imponen límites a las indemnizaciones que otorgan los jueces para evitar este tipo de abusos y privilegios.

Además, de la jurisprudencia interamericana se pueden extraer dos principios aplicables a Correa. Primero, que en democracia, los funcionarios públicos deben ser más tolerantes a la crítica y, segundo, que las sanciones civiles por difamación deben ser proporcionales al daño, de lo contrario pueden generar un efecto intimidatorio y autocensura.

Correa se metió ahora en un atolladero. Sabe que no puede soportar periodistas presos o en el exilio, ante la fuerte presión de la comunidad internacional y las medidas que dictará el sistema interamericano de derechos humanos para detener este absurdo en contra de la libertad de prensa y expresión.

Pero como es audaz y demagogo, y contento por haber demostrado que la razón está de su lado, es probable que se incline a perdonar a sus ofensores, sacando así a relucir un carácter magnánimo y electoralista. Empero, el daño moral que provocó a la figura presidencial, a la prensa y expresión de todos los ecuatorianos, es irreparable.