Paz en Colombia: NO pero SI

No es una contradicción que los colombianos le hayan dicho que NO a la paz en el plebiscito del domingo pasado y que hoy, pocos días después, ese NO sea interpretado por diferentes sectores sociales y políticos como un SI definitivo a la paz.

El NO estampado en el plebiscito fue a las formas de los acuerdos de paz entre el presidente Juan Manuel Santos, ahora Premio Nobel de la Paz, y los líderes de la guerrilla de las FARC, no al fondo de la cuestión. Los colombianos quieren la paz, así como lo terminaron de expresar los expresidentes Alvaro Uribe y Andrés Pastrana, los máximos exponentes del NO para el plebiscito, en su primer diálogo esta semana con el presidente Santos, después de años de distanciamiento.

El NO, en cualquier caso, fue a los líderes de las FARC, a la cantidad de beneficios que se les había otorgado en cuatro años de negociaciones en La Habana. Beneficios que más que a cuenta de la paz, se interpretaron como privilegios desmedidos por parte de ciudadanos comunes y políticos con vocación de servicio, que vieron, como viles asesinos, secuestradores, narcotraficantes y extremistas, tendrían más posibilidades sociales y prerrogativas políticas que aquellos que viven y han vivido apegados a las leyes; y pagando las consecuencias por no cumplirlas.

Santos siempre recalcó que la paz nunca es perfecta, y en ello tiene razón. La historia muestra que todo proceso de paz conlleva injusticias a la hora de tener que poner punto final a un conflicto. Muchos procesos de la historia reciente de América Latina terminaron con terroristas como presidentes, tales los casos de José Mujica en Uruguay, Daniel Ortega en Nicaragua o Salvador Sánchez Cerén en El Salvador.

Sin embargo, también es entendible que el proceso colombiano es muy diferente a aquellos países donde muchos engendros terroristas se justificaron ante los abuso de estados no democráticos. Las FARC, a diferencia de otros grupos, siempre han actuado al margen de gobiernos democráticos. Además, más allá de sus principios ideológicos que defendieron mal con las armas, se involucraron con el crimen organizado, en especial el narcotráfico, para sustentarse en un largo proceso de 52 años. Aunque nadie podría objetar su ideología, pero si las formas con la que quisieron sostenerla, todos concuerdan que las FARC dejaron de ser FARC desde hace décadas, para convertirse en una aceitada banda de delincuentes con fines de lucro, especializándose como traficantes de drogas y personas, lavadores de dinero, contrabandistas y extorsionadores.

Y como todo se resuelve a través de imágenes concretas, las que inculcaron Uribe y Pastrana fueron las que prevalecieron durante el referendo. La gente imaginó a Timochenko discutiendo en el Congreso de igual e igual con un legislador que hace años forma parte de un partido y que se gana la confianza del público con actos proselitistas y trabajando para la democracia. También lo imaginó recibiendo un cheque del Estado para ir a restaurantes finos o comprarse automóviles, productos a los que no todo ciudadano decente puede acceder, pese al sudor de sus frentes.

Santos vendió imágenes potentes pero más abstractas, paz y justicia. No fueron suficientes ni movilizadores los puntos del acuerdo de paz que penalizan con trabajo comunitario a quienes, en situaciones normales, recibirían cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad o las reparaciones monetarias que recibirían guerrilleros y víctimas.

No creo, como muchos afirman, que el SI perdió por la cantidad de gente que se abstuvo de participar en el referendo. Creo, en cambio, que la abstención se debió al escepticismo y la incertidumbre de la gente por un acuerdo de paz bastante injusto para los justos y con privilegios sobredimensionados para los  delincuentes.

Dos cosas se deben rescatar. Primero, la actitud de Santos de convocar a un plebiscito que políticamente no era necesario, en especial por su convencimiento de que el camino hacia la paz reclamaba algunos sacrificios en el área de la justicia. Aún imperfecta, en el futuro, cuando la tregua de los tiros fuera definitiva, nadie podría reclamarle mucho a Santos. La vida sería mejor.

Segundo, los líderes de las FARC deben reconocer que son los máximos responsables del NO. La solución pasa por sus manos. Deben deponer su arrogancia y evitar tantos privilegios. trottiart@gmail.com

Terrorismo: Momentos oportunos

Aquí en Colombia saben muy bien lo que viven por estos días los parisinos a raíz de los ataques terroristas del Estado islámico (ISIS). Los colombianos han soportado por más de 50 años los atentados cobardes de los narcoguerrilleros de las Farc y otros grupos extremistas.

Colombia es el país más ensangrentado de la región. El conflicto armado, según datos oficiales, ha provocado unas 220 mil muertes directas y una ola interna de más de 5 millones de desplazados y refugiados.

Después de décadas de acuerdos incumplidos e interrumpidos, el país parece estar en el momento oportuno para crear la paz. Juan Manuel Santos encabeza el proceso, pero en realidad este momento histórico se viene labrando desde que fue ministro de Defensa de Alvaro Uribe, cuando se debilitó a las Farc militarmente, obligándola a sentarse a la mesa de negociaciones.

La opinión pública ya interiorizó que para alcanzar algo de paz, debe renunciar a mucho de justicia. No parece haber otro camino. Vivir en el post conflicto tras la firma final proyectada para el 26 de marzo próximo, es el gran desafío para todos.

Las armas están hechas para la paz o al menos el uso responsable de ellas, aunque deberían utilizarse en el momento oportuno y nada más. Vale de ejemplo la justificación histórica que tuvo el presidente George W. Bush después del atentado de Setiembre 11 en 2001. Con la anuencia unánime del Congreso y de una opinión pública golpeada, dolorida y con sed de venganza, lanzó la guerra frontal contra el terrorismo e invadió Irak en busca de unas armas de destrucción masiva que nunca encontró.

Pasado aquel momento de consenso, se pudo observar el deterioro paulatino de su Presidencia, acusado, al final, de mantener una guerra sin justificación, destructiva para el propio EEUU y generadora de mayor terrorismo con nuevos grupos que se sumaban a la barbarie perpetrada por Al Qaeda.

También sucedió en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, donde los estados cometieron graves abusos a los derechos humanos por no poner fin a tiempo a la guerra interna contra el terrorismo, que al principio había sido avalada por poblaciones cansadas de tanto terror y sinrazón.

Sin dudas que para Francia y Rusia, tras los ataques en París y el derribo del avión ruso de regreso desde Egipto, y con la población a su favor, este es el momento oportuno para la defensa y el contrataque. Los poderes políticos de cada país y aunados en la coalición, pudieron lanzar sin oposición los bombardeos sobre Raqa, la ciudad siria bastión de los terroristas del ISIS, así como tomarán medidas para apoyar a Mali tras los ataques al hotel en Bamako. Es más, la opinión pública no perdonaría que no haya en este instante un ataque letal contra ISIS y hasta justificaría el envío de tropas o una bomba tan letal como la que EEUU arrojó contra Japón en represalia por el ataque a Pearl Harbour.

En momentos de incertidumbre y amenaza como este, en el que reverdecen los sentimientos nacionalistas, el sentido de patria y seguridad personal y nacional, la opinión pública tolera sin chistar la ampliación del estado de emergencia, las requisiciones, los mayores controles de información en internet, el registro de datos sin previa autorización judicial, la portación de armas por parte de policías fuera de servicio y el aumento considerable de los presupuestos para seguridad y ciberseguridad.

Medidas todas que en épocas más apacibles son combatidas por grupos de la sociedad civil porque siempre devienen en abusos de Estado. Obama es prueba de ello. Después de criticar el espionaje ciudadano impuesto por Bush, no solo que no lo desactivó en su Presidencia, sino que lo usó para espiar a propios y extranjeros.

Esto no equivale a que todas las medidas deben desactivarse en épocas apacibles, ya que el terrorismo siempre acecha por más que no ataque. Desbaratar sus fuentes de financiamiento, neutralizar la propaganda por internet y combatir el reclutamiento deben ser preocupaciones constantes.

Sin embargo, disipadas las amenazas y pasados los momentos oportunos que permiten justificaciones para combatir al terrorismo, los gobiernos deberían condicionar sus acciones para no cometer abusos a los derechos humanos y evitar el atropello de las libertades de los ciudadanos.

Francisco y el narcotráfico

Cayeron mal en México las palabras del papa Francisco sobre que “ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización”, refiriéndose al avance violento del narcotráfico en Argentina. El gobierno de Enrique Peña Nieto las consideró una estigmatización injusta.

Años atrás el mismo dolor sintió el gobierno de Colombia cuando el periodismo internacional temía la “colombianización” de México, advirtiendo que la violencia de los carteles de Cali y Medellín se estaba expandiendo a Guerrero y Tamaulipas. Cuarenta mil asesinatos de mexicanos después, aquella estigmatización solo fue un crudo diagnóstico.

Los prejuicios y comparaciones duelen por odiosas, pero no se puede desconocer la realidad. Aún más, el papa Francisco hubiera acertado si se refería a toda Latinoamérica y no solo a Argentina, ya que el narcotráfico ha convertido al continente en el más letal del mundo.

Francisco, en realidad, solo citaba el “terror” que los obispos mexicanos dicen se vive en su país cada vez más infiltrado por el narcotráfico, y que se ha apoderado de todos los sectores y estratos, así como lo estuvo Colombia cuando las mafias dominaban, compraban conciencias, elecciones y asientos en congresos, tribunales y alcaldías. Pablo Escobar fue capo y diputado, y jefes de carteles de menor o mayor calibre que él, lamentablemente hoy forman parte de los poderes públicos de muchos países latinoamericanos.

El problema es que muchos se han acostumbrado a que el narco sea parte del paisaje; está institucionalizado. Por ello las denuncias contra el presidente del Congreso de Venezuela, Diosdado Cabello, de que sería el jefe del cartel de los Soles no causaron más que algunos titulares de ocasión.

Denuncias graves parecidas en Bolivia y Perú o sobre elecciones financiadas por el narco en Ecuador, también pasaron desapercibidas. Es que el narco se ha extendido y arraigado en el sistema y creado tácticas de autoprotección. Por eso en ese laberinto de la narcopolítica pocos se atreven a denunciar, y los que lo hacen, políticos, fiscales y periodistas, terminan asesinados y sus crímenes en total impunidad.

Un caso pavoroso que describe esta narcopolítica ocurrió en Paraguay. Se sabía que el epicentro mafioso estaba en Ciudad del Este, pero de tanta inacción del Estado, el narco fue corrompiendo otras zonas de la política nacional. De ejemplo sirve el asesinato del periodista Pablo Medina en octubre pasado, que después de denunciar a un alcalde por narcotraficante, le descerrajaron a tiros la cabeza. Tras determinar que el alcalde era el autor intelectual, la policía requisó de su domicilio toneladas de marihuana, parte de ella camuflada en una ambulancia del hospital público que usaba para distribuirla. Finalmente el alcalde escapó, protegido por policías y otras autoridades que acostumbraban a recibir bonos y beneficios.

No todo son batallas perdidas. El gobierno mexicano viene gastando mucho presupuesto y aportando muchas víctimas contra el narcotráfico, y sin ello la realidad podría ser más oscura. Colombia también se alió al gobierno de EEUU que, admitiendo culpas por generar la mayor demanda de drogas, aportó millones que sirvieron para sanear en parte la política y que el tráfico de drogas quede circunscripto al accionar de guerrilleros y paramilitares.

En este contexto, se avecina ahora el mayor reto de los colombianos para desprenderse aún más de su pasado. Si el proceso de paz entre el gobierno y las FARC se concreta, no hay dudas que los guerrilleros dejarán las armas y se insertarán en la vida política, pero habrá que ver en que manos quedará el negocio millonario del narcotráfico que les ha permitido costear por décadas su ideología.

Medellín es claro ejemplo de batallas ganadas. Después de ser la ciudad más violenta del mundo en la época de Escobar, se ha transformado en capital de la innovación y la tecnología al provecho de sus ciudadanos. Y hoy poco les importa que su pasado siga creando estigmatizaciones y que a la ciudad de Rosario se la conozca como la “Medellín argentina”.

Es entendible que se le reclame a Francisco por la estigmatización incómoda creada entre mexicanos y argentinos. Pero sería una pena que ambos gobiernos se ensañen contra el mensajero, en vez de actuar en contra del narcotráfico. 

Narco violencia: no solo en Iguala

Los 28 cadáveres de los estudiantes de magisterio que se descubrieron en una fosa común en Iguala, México, muestran la capacidad violenta y despiadada del narcotráfico; difícil de extirpar cuando los gobiernos no adoptan medidas a tiempo.

Ya no hay país libre de esta lacra en América Latina. Puede resultar efectivo, políticamente hablando, echarle la culpa a la demanda por drogas de los países consumidores del norte, EEUU y los europeos. Pero el achaque no resuelve el problema. El narco carcome la sociedad donde produce, comprando conciencias y voluntades, y creando un sistema corrupto donde le resulta fácil instaurar un mercado de consumo, ganar territorios y dedicarse a otros negocios de alto rendimiento económico.

La falta de políticas de Estado eficientes y la impunidad, son el caldo de cultivo del narco. Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Argentina, hace años que no baja de su discurso el problema de la inseguridad y la estrecha relación con el narcotráfico. La define como “cóctel explosivo” y demanda medidas que el gobierno ignora o no adopta.

De no actuar con premura, Argentina tiene en el espejo de otros países desafortunados su imagen futura. Los altos índices de criminalidad en México y Honduras, las matanzas en Brasil y las enseñanzas del proceso de Paz en Colombia en donde las guerrillas narcotraficantes de las FARC admiten sus crímenes, revelan que un futuro con narcotráfico es ingobernable y que las conjeturas sobre los beneficios de la legalización de la marihuana y otras drogas son irrelevantes o no atacan el problema de fondo.

El problema de las drogas es corrupción. Cuando el adjetivo narco antecede a sustantivos como estado, elecciones, política, justicia, o comercio, demuestra que los carteles están pujando por más poder y están infiltrados en las instituciones. El proceso no es difícil, corrompe a fuerza de sobres y chantajes o, más naturalmente, se mezcla en las comunidades a través de sus hijos y parientes en escuelas, clubes y entidades, con obras samaritanas y filantropía a destajo, que muchos sospechan, pero también festejan.

La masacre de Iguala, donde se encontraron las fosas con 28 cadáveres y 15 estudiantes siguen desaparecidos, se observa claramente la connivencia del narco con la política y los procesos electorales. Por eso, el primer prófugo, tras la desaparición de los alumnos, fue el intendente de la ciudad, de quien se sabía cercano al cartel de los hermanos Beltrán Leyva, donde dos de sus cuñados hicieron sus primeras armas.

El gobernador Ángel Aguirre del estado de Guerrero anunció que serán investigados los 81 alcaldes del estado para saber si existen más conexiones con el narco; que nadie descarta. Los estudiantes desaparecidos, que reclamaban por la pobreza, la violencia y la corrupción política en la zona, fueron entregados por la policía a los sicarios de los carteles, quienes se arrogan con las armas y la connivencia de las autoridades, la impartición de justicia.

El problema es que los encargados de investigar, policías, fiscales y agentes judiciales, también están sospechados de trabajar para el narco. Ya fueron detenidos 26 policías municipales que cobraban sobresueldos de los Guerreros Unidos. Este Cartel fue el que dio la bienvenida a los policías federales que envió el presidente Enrique Peña Nieto con un narco-pasacalle. Amenazaron al gobierno que si no libera a los policías, darán los nombres de todos los políticos involucrados o en su nómina. Elijan, “ya empezó la guerra”, notificaron.

Tal vez en respuesta a esa muestra de fuerza, el gobierno mexicano esta semana asestó su golpe apresando al hermano fundador del Cártel de Juárez. Así también en Honduras apresaron a los hermanos del Cartel de Los Valles, tomando el control de propiedades lujosas, comercios, hoteles y una televisora por cable, empresas de su propiedad con las que lavaban dinero.

Esto demuestra que la lucha contra el narcotráfico no solo se tiene que librar en la prevención de la violencia, la inseguridad, las adicciones, el tráfico y con la legalización de algunas drogas, sino también en desbaratar las complicidades políticas y financieras que le permiten crear negocios anexos y anidar impunemente en cualquier comunidad. 

Paz y humildad en Colombia

Es bueno que haya paz en Colombia y es tanto el deseo de todo colombiano como de cualquier latinoamericano. Pero se requiere en el proceso un alto grado de humildad. Las FARC, en cambio, siguen arrogantes y un poco confundidas sobre el papel que han tenido en los últimos 50 años como para plantear exigencias inverosímiles, como la propuesta de posponer las elecciones que se realizarán en mayo de 2014, como establece el calendario oficial electoral.

Las FARC - un grupo ilícito armado que ha devastado a Colombia primero como grupo guerrillero subvencionado por el castrismo cubano y otros regímenes despóticos para después seguir con la industria de la matanza, el secuestro, la extorsión y los atentados contra los intereses nacionales y con las subvenciones del narcotráfico – no tienen ningún tipo de autoridad para plantear cuestiones políticas fuera de la agenda de discusión acordada, que tienen que ver con la desmovilización y la inmersión en la política, las reparaciones a las víctimas y los desplazados, los problemas agrarios y otros aspectos de índole social.

Un proceso de paz demanda a las partes un grado muy alto de humildad, arrepentimiento y asumir sus responsabilidades, en especial cuando se trata de un grupo desestabilizador del orden democrático como son y siempre fueron las FARC. Hasta ahora, las FARC no parece que hayan asumido ninguno de esos tres valores.

Pronto, en aras de la paz, mucho de los líderes actuales de las narco guerrillas entrarán en la política y se sentarán al lado de personas que nunca han reclamado nada por las armas, lo que de por sí ya será un gran acto de humildad de parte de todos los colombianos. Se trata de una actitud humilde que las FARC deben reconocer de antemano e imitar.

Las fotos de Uribe

Este parece un mundo al revés. Periodistas de varios medios de comunicación de Colombia y funcionarios del gobierno de ese país criticaron al ex presidente Alvaro Uribe por publicar una foto en Twitter de dos policías masacrados por las narco guerrillas de las FARC en la zona de La Guajira, con la frase “policías de la patria asesinados”.

Las reacciones el fin de semana no se hicieron esperar. Según lo publicado por el diario El Tiempo, varios directores de noticias de otros medios consideraron que se trató de una sobredosis de amarillismo político y una forma de Uribe para buscar rédito político, en momentos que quiere defenestrar a las FARC que mantienen negociaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos para llegar a la paz.

Incluso el experto en ética periodística, el renombrado periodista Javier Darío Restrepo declaró a la página electrónica del diario El Tiempo, de Bogotá, que se trató de una “violación de la intimidad, no solo de los policías víctimas sino de sus familias”. Mientras tanto, el ministro colombiano del Interior, Fernando Carrillo, aseguró que “la sangre de nuestros policías es nuestra sangre. No puede exhibirse como trofeo de guerra contra la paz”.

Creo que más allá de las intenciones de Uribe, la publicación de su parte no fue desacertada. La responsabilidad de los medios y del gobierno – que achacan Restrepo y Carrillo - en este caso es muy diferente a la que tiene Uribe, de la misma forma que su responsabilidad era diferente cuando era él el Presidente y seguramente no hubiera publicado algo así o hubiera criticado a quien lo hubiera hecho. Pero ahora, como ha cambiado el contexto, y él está en la oposición y en otro partido político, tiene mayor libertad para fiscalizar la acción de gobierno o mayor libertad para expresarse. Me parece que es una buena forma de hacer ver las atrocidades de las FARC, y demostrar que las guerrillas no están apegadas a la negociación, tanto por los asesinatos como por el secuestro de otros policías y militares.

Uribe por su calidad de ex presidente, su relevancia y sentido de servicio público y fiscalización, tiene mayor libertad para publicar. Creo que las críticas de Restrepo, de Carrillo y otros periodistas sobre intimidad, responsabilidad patriótica y amarillismo respectivamente contra Uribe, están enfocadas como si el ex presidente fuera un medio de comunicación independiente y apegado a ciertas reglas éticas periodísticas, sin considerar que se trata de un simple emisor político, interesado en una causa particular.

Aunque no sea agradable lo que hizo, tampoco se puede correr el riesgo de endilgarle a él un mayor delito por publicar fotos que el que le corresponde a los responsables materiales e intelectuales por asesinar a los policías. 

¿Cumplirán las FARC?

Ahora, después del anuncio del presidente Juan Manuel Santos sobre los miembros del comité de negociación por parte del gobierno, le queda a las FARC anunciar a sus negociadores para sellar el compromiso del proceso de paz que formalmente deberá iniciarse el 5 de octubre en Oslo, Noruega.

 ¿Cumplirán con el compromiso y la confianza? es la pregunta que de cara a otros procesos de paz fracasados, es la pregunta que muchos nos hacemos. En el banco de confianza poco son sus depósitos, y por su perfil de narcotraficantes se sabe que mucho tienen que perder. Sin embargo, por principios, y pese al pesimismo, no se puede dejar de tener la esperanza de que un nuevo proceso de paz puede ser posible.

El equipo de gobierno estará liderado por el ex vicepresidente y ex ministro del Interior Humberto de la Calle e integrado por el asesor de seguridad, Sergio Jaramillo; Frank Pearl, ex consejero de paz del gobierno de Alvaro Uribe y ex ministro del Ambiente de esta Presidencia de Santos; Oscar Naranjo, ex director de la policía y actualmente asesor de Seguridad en México; Jorge Mora Rangel, ex comandante de las fuerzas militares y Luis Carlos Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.

Comparto la columna “Paz más allá de Colombia” que publiqué el fin de semana sobre este tema:

“No solo Colombia, pero América Latina se merece el proceso de paz anunciado esta semana por el presidente Juan Manuel Santos que pretende dirimir un sangriento conflicto de 50 años con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pese a las críticas y oposición internas que originó el anuncio, el respaldo inmediato a las negociaciones que comenzarán el 5 de octubre en Oslo, Noruega, por parte de Naciones Unidas, OEA, Unión Europea y EE.UU. demuestra que los beneficios de la paz trascienden a Colombia. Primero, porque no solo neutraliza la violencia interna que ya ha generado 250 mil muertos y cuatro millones de desplazados; sino también, porque desarticula a una banda de narcotraficantes que ha internacionalizado el mercado de las drogas y negocios derivados, minando la paz en países como México y los centroamericanos. Segundo, porque se aniquila un foco de polarización regional, debido al apoyo logístico que las FARC siempre recibieron de los hermanos Castro y de Hugo Chávez, como al estratégico respaldo que el gobierno recibe de EE.UU. a través del Plan Colombia. Pero más aún, porque se desbarata la capacidad de las FARC de contribuir económicamente a procesos electorales en toda América Latina, como en los más recientes de Ecuador y Venezuela, generándose mayor estabilidad democrática en la región. Tercero, y más importante, porque los recursos millonarios que el gobierno destina para la guerra, podrán ahora invertirse en programas de desarrollo para las zonas más afectadas y sus víctimas, crecimiento económico y liderazgo regional. Invertir en programas para la paz, en vez de pertrechos militares, siempre será más redituable. El anuncio del presidente Santos puso en perspectiva su estrategia para la paz. Ahora se entiende porque se hizo amigo de Chávez, se acercó a Cuba y se reconcilió con Rafael Correa después que como ministro de Defensa durante la presidencia de Alvaro Uribe ordenó la invasión de la selva ecuatoriana para bombardear campamentos guerrilleros. Pero su audacia va más allá de sus nuevos amigos. Desde que asumió hace dos años, tejió un andamiaje jurídico para la paz, mediante una reforma constitucional y creación de leyes de reparación a víctimas, desplazados y restricciones para que existan zonas de despeje que en el pasado solo beneficiaron a los guerrilleros. Pese a los recientes atentados de las FARC contra la infraestructura energética y petrolera del país y a las amenazas contra su vida, Santos sabe que el hartazgo de cada colombiano contra la violencia, lo benefician para buscar la paz y evitar los fracasos de procesos anteriores como los de Belisario Betancur en 1984, César Gaviria en 1992 y de Andrés Pastrana en 2001. Por eso ahora adelantó que los militares no perderán presencia ni el Estado renunciará a su soberanía territorial mientras duren las negociaciones y la posible desmovilización guerrillera. Su mayor opositor, su anterior jefe, Uribe, tiene muchas razones para desconfiar de las guerrillas, tanto como muchos colombianos. La visión de que varios líderes guerrilleros procesados por crímenes de lesa humanidad puedan terminar con privilegios en las bancas del Congreso, es simplemente aterradora. Los últimos atentados de las FARC demuestran que pese a que están diezmadas y que muchos de sus líderes fueron aniquilados, todavía tienen capacidad de resistir a los embates militares y prolongar el conflicto eternamente. De ahí que Santos, fiel a sus obligaciones y promesas de campaña, piense que la negociación es la única y verdadera forma de alcanzar la paz. El desafío mayor que enfrentan ahora los colombianos es entender que en toda negociación, de la que también formarán parte Cuba, Venezuela, Noruega y Chile, nadie puede quedar totalmente satisfecho. Los procesos de paz tienden a ser imperfectos, como ha quedado demostrado en Centro y Sur América, al resultar casi imposible conciliar lo que unos ganan y otros pierden, encontrar la verdad y porque existe una línea muy delgada entre justicia e impunidad, castigo e indulto, rencor y perdón. Muchos creen que es más fácil alcanzar la paz mediante la guerra, por lo que este proceso tendrá tropiezos. Pero el hecho de que comience, permite a América Latina tener la esperanza de que pueda cerrar la última de sus venas abiertas”.

La paz en Colombia

Hacía semanas que existía el rumor y que el ex presidente colombiano Alvaro Uribe venía denunciando furiosamente que el gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos estaría por empezar el diálogo para buscar la paz con las narcoguerrillas de las FARC. Los diálogos habrían empezado en mayo pasado en La Habana por cuenta del hermano del Presidente, Enrique Santos, quien desde que se inició la actual Presidencia fue apuntado – oficiosamente – como el eslabón que podría acercar posiciones a una mesa de negociación, que según se plantea ahora, podría tener luz verde en Noruega. Uribe debe estar más que furioso con la presentación televisiva de ayer por la tarde de Juan Manuel Santos. Uribe considera que no debería haber ningún tipo de diálogo sino aniquilamiento total de las FARC, mientras que Santos, que fue el responsable de una ofensiva intachable contra las FARC cuando fungió como ministro de Defensa de Uribe, considera que hay espacio para el diálogo pero sin ceder terreno militar y con la condición de que las guerrillas deben entregar las armas y desmovilizarse. Después de varios intentos anteriores en diferentes presidencias, la negociación en nada parece que será fácil, aunque creo que es necesaria. Después de 50 años de regarse sangre y de que esta guerra pudiera continuar debido particularmente al apoyo que las guerrillas reciben de gobiernos vecinos y por los dineros del narcotráfico, tal vez una salida negociada y política pudiera traer algo de esperanza en camino hacia la paz. Hay varios temas que el gobierno tendrá que sortear, entre ellos, la arremetida de gran parte de la población que está polarizada sobre el tema y que se irá profundizando en las próximas semanas, acicalado por el nuevo movimiento del ex presidente Uribe. Muchos de los jefes guerrilleros que tendrían que estar desmovilizándose han sido procesados y acusados por crímenes de lesa humanidad que no son prescriptibles. Pese a que este proceso tendrá altibajos, es prudente que más allá del resultado final, un proceso de paz no debería descartarse de cuajo. Si uno mira en retrospectiva lo que el presidente Santos ha hecho desde que llegó a la Presidencia, incluido su apertura de diálogo con Hugo Chávez, tendría que pensar que esta oportunidad de paz es una buena posibilidad.

El desafío de la violencia para los medios

La cobertura de la violencia no es nada fácil para los medios de comunicación, no solo por los riesgos que asumen los periodistas, sino porque existe una línea muy delgada entre informar con equilibrio, caer en el sensacionalismo o hacer apología del delito.

El hallazgo de 49 cadáveres descuartizados en un camino de Monterrey, el bombazo terrorista contra un ex ministro en el centro de Bogotá y las víctimas mortales en motines de cárceles hondureñas y venezolanas, son algunos de los hechos que en estos días desafiaron las políticas editoriales de los medios. No solo debieron sopesar cómo publicar, sino cómo lo haría la competencia y cómo se propagarían los hechos por las redes sociales, preocupación adicional inexistente hace unos años.

Pero la decisión se torna más difícil, cuando los medios son blanco directo de esa violencia, por lo que deben adoptar decisiones editoriales a veces contrarias a sus propios objetivos informativos, como ocurrió con el diario mexicano El Mañana, de Nuevo Laredo.

Dos días después de sufrir un atentado con metralleta y explosivos, El Mañana anunció en un editorial, que se abstendría de publicar información sobre las disputas violentas entre los carteles del narcotráfico. En un ambiente de impunidad, el diario razonó que la autocensura es la única forma para blindar a los periodistas; considerando, además, que ya ha sufrido otros atentados y que en 2004 fue asesinado su director editorial.

El Mañana también justificó su decisión para evitar la manipulación de los narcotraficantes, quienes en la divulgación de la violencia consiguen su objetivo de amedrentar a toda la sociedad y afirmar su dominio.

Decisión parecida adoptó esta semana el diario colombiano El Espectador, que tras el intento de asesinato del ex ministro y periodista Fernando Londoño Hoyos, se negó a publicar la noticia en su portada. En cambio, colocó un cintillo con fondo negro arriba de su logotipo en el que se leía “NO al terrorismo”.

Podrá argumentarse que esa decisión fue irrelevante en materia noticiosa si se considera que los detalles del atentado se desparramaron por otros medios y en las redes sociales, hasta con videos de teléfonos móviles capturados por los transeúntes. Sin embargo, la valía de la actitud editorial de El Espectador de no publicitar ese acto de terror, radica en su mensaje político frente a la violencia.

Similar al que adoptó en febrero, cuando decidió no publicar sobre atentados de las FARC en tres ciudades del interior o cuando en 1986 lideró un apagón informativo de un día que adoptaron todos los medios colombianos, en protesta por el asesinato de su director, Guillermo Cano, ordenado por Pablo Escobar.

Las decisiones editoriales no están exentas de provocar pérdida de credibilidad, ahuyentar a las audiencias o hasta provocar sanciones económicas y castigos legales. Por eso, muchos medios tratan de prevenir situaciones engorrosas con conductas de autorregulación, como lo hizo el diario salvadoreño La Prensa Gráfica, que en 2005 adoptó un manual de estilo para lidiar mejor con la publicación de hechos violentos.
Estas políticas por lo general no impiden publicar los hechos, sino asumirlos desde otra perspectiva. Recuerdo que tras el atentado terrorista contra el metro en Londres en 2005, un tabloide británico se diferenció del resto, con una plácida fotografía de un estacionamiento atestado de automóviles que no habían sido recogidos por las víctimas. Bajo el titular “El Día después”, su mensaje fue más potente que las demás portadas llenas de sangre, escombros e hierros retorcidos.

En Venezuela, en cambio, los medios no tienen mucho margen de maniobra. La autoridad aplicó la ley para censurar a El Nacional por publicar fotos de una morgue e impuso una multa millonaria a Globovisión, por mostrar imágenes de un motín carcelario. En Ecuador, una ley de Comunicación prevé cerrar aquellos medios que el gobierno considere que propagan la violencia, lo que, en un clima tan politizado, equivale a implantar la censura oficial.

Si bien el sensacionalismo puede disgustar a muchos, lo importante es permitir que los medios puedan asumir sus propias decisiones. En la pluralidad y diversidad de posturas editoriales, más que en la uniformidad que busca la censura, podrán encontrarse las mejores respuestas a la violencia.

La asombrosa exigencia de las FARC

La libertad de prensa sufrió por estos días embates terribles. En la ciudad mexicana de Veracruz cuatro periodistas fueron asesinados por el crimen organizado, de cuyos cadáveres, tres fueron encontrados desmembrados en bolsas de basura a la vera de un río.

En Colombia también la libertad de prensa está en entredicho. Las guerrillas FARC condicionaron la liberación del periodista francés Romeo Langlois, a quien tienen desde el 28 de abril, a que haya un debate nacional e internacional sobre libertad de prensa y una autocrítica de los medios de comunicación y de los periodistas por ofrecer información parcial y distorsionada en la cobertura de ese grupo guerrillero.

Las FARC argumentaron que secuestraron a Langlois porque no estaba identificado como periodista, cuando lo capturaron como prisionero de guerra durante un violento enfrentamiento contra las fuerzas de seguridad colombianas.

Las FARC se equivocan con esta estrategia.

Primero, creen que son reconocidas como un grupo legítimo y se tratan de comportar como gobierno y Estado, como si todo el mundo las tratara con el reconocimiento que le brindan Hugo Chávez y las autoridades cubanas.

Segundo, pedir un debate con ese condicionamiento, liberar al periodista, equivale más a una extorsión. A ningún gobierno o grupo lícito se le respetaría que condicionara un debate sobre libertad de prensa, poniendo en riesgo la vida de un periodista.

Tercero, las FARC no reconocen que los periodistas son civiles, y como tales están protegidos por los tratados internacionales y hasta por resoluciones intergubernamentales como la Resolución 1738 (2006) del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas en la que se consigna que “los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado que realizan peligrosas misiones profesionales en zonas de conflicto armado deberán considerarse civiles y ser respetados y protegidos como tales”.

Cuarto, incluso si las FARC tuvieran razón de que el periodista no se habría identificado apropiadamente como tal y pudo haber sido confundido con un soldado o policía, deberían haberlo liberado apenas pudieron comprobar que se trataba de un reportero; lo que no hicieron.

Quinto, la libertad de prensa, pese a que no le guste a las FARC porque argumentan no recibir buen tratamiento de la prensa, está justamente fundamentada por el valor de la libertad. Ese no es un tema que se pueda debatir, menos desde un organismo ilícito, al margen de la ley y que ha tenido a la muerte y al asesinato de periodistas como parte de su estrategia de propaganda.

Esta asombrosa exigencia de los guerrilleros, no hace más que mostrar las contradicciones de las FARC que hace un par de meses dijeron que abandonaban el secuestro como extorsión económica. La verdad que no hay mucha diferencia entre este tipo de extorsión y la política, como ahora lo hacen con el caso Langlois.

Las FARC y el cuento de los secuestros

El gesto político o si se quiere propagandístico de las narco guerrillas de las FARC fue positivo cuando liberaron esta semana a seis militares y cuatro policías que mantenían secuestrados desde hace más de una década.

Más allá de la alegría de los liberados y de todo el país, fue importante lo que se preveía que el presidente Juan Manuel Santos diría: “no es suficiente”.

Santos permitió a la ex senadora Piedad Córdoba hacer de mediadora, a la Fuerza Aérea de Brasil encargarse del traslado y a la Cruz Roja la cooperación, pero reiteró que no quería que se tomara este caso para hacer apología del secuestro o saludar tan fervientemente a las FARC olvidando de que es una banda de narcotraficantes y secuestradores que han desangrado al país por largas décadas.

Reitero aquí lo que el mes pasado dije en este espacio cuando las FARC anunciaron que ponían fin a la práctica del secuestro: “El buen gesto de las FARC es una piedra en el vacío; puro oportunismo. Anunciaron que dejarían la práctica de los secuestros, al mismo tiempo que sus guerrilleros aumentaban los atentados y la colocación de minas antipersonales. No es la primera vez que engañan. Esta vez buscan neutralizar a multitudes que protestan públicamente por los plagios de familiares y generar confianza para un eventual plan de paz con el gobierno. Dudo que el presidente Juan Manuel Santos conceda o negocie, hasta que las guerrillas no muestren un cambio total de actitud, y decidan cesar todo tipo de violencia y acciones de narcotráfico”.

Colombia es todavía hoy el país donde se cometen mayor cantidad de secuestros. Y esta liberación de los diez militares y policías no esconde que centenares de civiles están todavía bajo las garras de estas narco guerrillas.

Gestos políticos poco confiables

Comparto mi columna del pasado fin de semana.

"No todos los gestos políticos, por mucho que aparenten, son producto de cambios genuinos. A menudo son resultado del oportunismo, de necesidades o presiones; y otras veces, cortinas de humo para despistar o desviar la atención a cuestiones menos espinosas.

Esta semana se sucedieron varios de estos gestos en el mundo, y aunque aliviaron tensiones, se desconoce y desconfía sobre sus intenciones. Entre ellos, se destacan el del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien perdonó a varios periodistas condenados a tres años de cárcel y pagar millones de dólares en multa; la renuncia de las narco guerrillas colombianas FARC a cometer secuestros como método de financiamiento; y el anuncio del gobierno de Corea del Norte, que paralizará su programa nuclear a cambio de comida.

Jamás el mundo se hubiera imaginado que los tomates orgánicos tendrían más fuerza que las bombas atómicas. En un giro de 180 grados en las tirantes relaciones entre EE.UU. y Corea del Norte, el nuevo líder Kim Jong Un, prefirió dejar de enriquecer uranio a cambio de 240 mil toneladas de alimentos para detener la hambruna en su país. Pero como la necesidad tiene cara de hereje, habrá que ver si el régimen no seguirá presionando con ensayos nucleares, apenas sacie su hambre, como ocurrió otras veces.

El “buen” gesto de las FARC es una piedra en el vacío; puro oportunismo. Anunciaron que dejarían la práctica de los secuestros, al mismo tiempo que sus guerrilleros aumentaban los atentados y la colocación de minas antipersonales. No es la primera vez que engañan. Esta vez buscan neutralizar a multitudes que protestan públicamente por los plagios de familiares y generar confianza para un eventual plan de paz con el gobierno. Dudo que el presidente Juan Manuel Santos conceda o negocie, hasta que las guerrillas no muestren un cambio total de actitud, y decidan cesar todo tipo de violencia y acciones de narcotráfico.

El gesto del presidente ecuatoriano Rafael Correa de pedir a los jueces que no ejecuten la sentencia de prisión y multas contra los directivos y columnistas de El Universo y contra los autores del libro El Gran Hermano, está lejos de ser un profundo cambio de filosofía hacia el respeto de la libertad de prensa y expresión. Se trató, en todo caso, de una lógica respuesta a las fuertes críticas que recibió de la prensa internacional, de instituciones que defienden los derechos humanos y de renombrados escritores y pensadores del mundo entero.

No hay que engañarse. Correa perdonó por la presión y la solidaridad internacional con los afectados, algo difícil de soportar en plena preparación de una campaña electoral. Es cierto que su gesto descomprimió tensiones, pero sus ambiciones por controlar a la prensa y la crítica siguen intactas.

El proceso judicial contra los periodistas resultó una buena cortina de humo para que, lejos de la opinión pública, avancen dos legislaciones mucho más peligrosas para la libertad de prensa. Un nuevo código de reglas electorales prohíbe a los medios hacer entrevistas o reportajes a los candidatos, hablar siquiera de opciones y preferencias electorales, para evitar que los periodistas se conviertan en “actores políticos”, como argumentó Correa.

También bajo su justificación de que se debe aniquilar la “dictadura mediática”, Correa inventó la Ley de Comunicación que solo permite que en el país haya 33% de medios privados, impone códigos de ética obligatorios y crea un Consejo de Comunicación e Información, que con mayoría de integrantes del gobierno, será el encargado de vigilar, sancionar y hasta cerrar aquellos medios que violen pautas oficiales sobre violencia, sexo y discriminación.

Si bien sobre el código electoral ya vigente pesan varios recursos de inconstitucionalidad y la oposición en el Congreso se niega a sancionar la Ley de Comunicación tal como está concebida, estas iniciativas de Correa por controlar los contenidos de los medios y maniatar la discusión pública, evidencian su carácter autoritario, un contraste profundo con la imagen generosa que quiso arrogarse con el perdón a los periodistas.

Su frase de “perdono, pero no olvido” desnudó la poca autenticidad de su gesto, que no condice con la actitud a favor de la libertad de expresión que todos esperaban.

El encanto de Chávez por desafiar

Si hay algo de lo que disfruta el presidente Hugo Chávez es de ser parte de la agenda internacional de la opinión pública con noticias rimbombantes que desafían a su “enemigo imperialista”, razón de ser para mantener su máscara de nacionalismo electorero.
 

Tras informes fehacientes que dieron a conocer publicaciones como la revista colombiana Semana, el nuevo ministro de Defensa de Venezuela, Henry Rafael Silva, mantuvo (¿y mantiene?) vínculos estrechos con las narco guerrillas terroristas de las FARC, en especial con su máximo líder, Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”.

El Departamento de Estado y del Tesoro de EE.UU. ya habían vinculado al general con las FARC en 2008, según la vocero de la cancillería, Victoria Nuland, señalando que el nuevo ministro estuvo involucrado en “asistencia de labores” para con el grupo guerrillero colombiano.

Obviamente Chávez ya declaró barrabasadas en contra de EE.UU., y no resulta ni sorprendente ni asombroso sabiendo que haya nombrado a este nuevo ministro con la misión estratégica de seguir mojándole la oreja al gobierno estadounidense.

Pero más allá de EE.UU., habrá que ver si habrá algún tipo de reacción – no diplomática ni informativa, sino debajo de la mesa – por parte del gobierno de Colombia, luego de los esfuerzos del presidente Juan Manuel Santos de acercar a ambos países tras la era conflictiva post Alvaro Uribe.

Todos estamos secuestrados por las FARC

Hoy nos sentimos todos solidarios con los colombianos que tratarán de demostrar con una marcha gigantesca su desprecio por la violencia, el secuestro y las decenas de miles de muertes que las narcoguerrillas FARC han atraído a este mundo desde hace casi 50 años.

No habrá mejor forma que repudiar a las FARC con esta convocatoria que se dio a través de las redes sociales para que los colombianos salgan a las calles y para que todos los demás, estemos donde estemos, nos solidaricemos a través del internet o en cualquier espacio donde podamos expresar nuestros sentimientos y nuestras oraciones por tantos asesinados, secuestrados y desplazados, más allá de nuestra indignación por la ejecución del 26 de noviembre de los cuatro oficiales que hacía años estaban secuestrados.

Hoy es también un día para resaltar la labor de periodistas como Herbin Hoyos, que conduce por Caracol Radio “Las voces del secuestro”, un programa nocturno con la conecta a familiares de los secuestrados con las víctimas en cautiverio.

Hoy debemos estar junto con todos los secuestrados y en solidaridad con todos los colombianos.