Narco violencia: no solo en Iguala

Los 28 cadáveres de los estudiantes de magisterio que se descubrieron en una fosa común en Iguala, México, muestran la capacidad violenta y despiadada del narcotráfico; difícil de extirpar cuando los gobiernos no adoptan medidas a tiempo.

Ya no hay país libre de esta lacra en América Latina. Puede resultar efectivo, políticamente hablando, echarle la culpa a la demanda por drogas de los países consumidores del norte, EEUU y los europeos. Pero el achaque no resuelve el problema. El narco carcome la sociedad donde produce, comprando conciencias y voluntades, y creando un sistema corrupto donde le resulta fácil instaurar un mercado de consumo, ganar territorios y dedicarse a otros negocios de alto rendimiento económico.

La falta de políticas de Estado eficientes y la impunidad, son el caldo de cultivo del narco. Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Argentina, hace años que no baja de su discurso el problema de la inseguridad y la estrecha relación con el narcotráfico. La define como “cóctel explosivo” y demanda medidas que el gobierno ignora o no adopta.

De no actuar con premura, Argentina tiene en el espejo de otros países desafortunados su imagen futura. Los altos índices de criminalidad en México y Honduras, las matanzas en Brasil y las enseñanzas del proceso de Paz en Colombia en donde las guerrillas narcotraficantes de las FARC admiten sus crímenes, revelan que un futuro con narcotráfico es ingobernable y que las conjeturas sobre los beneficios de la legalización de la marihuana y otras drogas son irrelevantes o no atacan el problema de fondo.

El problema de las drogas es corrupción. Cuando el adjetivo narco antecede a sustantivos como estado, elecciones, política, justicia, o comercio, demuestra que los carteles están pujando por más poder y están infiltrados en las instituciones. El proceso no es difícil, corrompe a fuerza de sobres y chantajes o, más naturalmente, se mezcla en las comunidades a través de sus hijos y parientes en escuelas, clubes y entidades, con obras samaritanas y filantropía a destajo, que muchos sospechan, pero también festejan.

La masacre de Iguala, donde se encontraron las fosas con 28 cadáveres y 15 estudiantes siguen desaparecidos, se observa claramente la connivencia del narco con la política y los procesos electorales. Por eso, el primer prófugo, tras la desaparición de los alumnos, fue el intendente de la ciudad, de quien se sabía cercano al cartel de los hermanos Beltrán Leyva, donde dos de sus cuñados hicieron sus primeras armas.

El gobernador Ángel Aguirre del estado de Guerrero anunció que serán investigados los 81 alcaldes del estado para saber si existen más conexiones con el narco; que nadie descarta. Los estudiantes desaparecidos, que reclamaban por la pobreza, la violencia y la corrupción política en la zona, fueron entregados por la policía a los sicarios de los carteles, quienes se arrogan con las armas y la connivencia de las autoridades, la impartición de justicia.

El problema es que los encargados de investigar, policías, fiscales y agentes judiciales, también están sospechados de trabajar para el narco. Ya fueron detenidos 26 policías municipales que cobraban sobresueldos de los Guerreros Unidos. Este Cartel fue el que dio la bienvenida a los policías federales que envió el presidente Enrique Peña Nieto con un narco-pasacalle. Amenazaron al gobierno que si no libera a los policías, darán los nombres de todos los políticos involucrados o en su nómina. Elijan, “ya empezó la guerra”, notificaron.

Tal vez en respuesta a esa muestra de fuerza, el gobierno mexicano esta semana asestó su golpe apresando al hermano fundador del Cártel de Juárez. Así también en Honduras apresaron a los hermanos del Cartel de Los Valles, tomando el control de propiedades lujosas, comercios, hoteles y una televisora por cable, empresas de su propiedad con las que lavaban dinero.

Esto demuestra que la lucha contra el narcotráfico no solo se tiene que librar en la prevención de la violencia, la inseguridad, las adicciones, el tráfico y con la legalización de algunas drogas, sino también en desbaratar las complicidades políticas y financieras que le permiten crear negocios anexos y anidar impunemente en cualquier comunidad.