sábado, 1 de junio de 2013

Protección para la libertad de prensa

En Argentina, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, las legislaturas aprobaron leyes para impedir que el gobierno nacional pueda seguir avanzando en contra de la libertad de prensa y de expresión, en particular contra los medios de comunicación privados.

Existen dudas sobre la constitucionalidad de estas leyes, especialmente porque son redundantes con lo establecido por la Constitución nacional sobre la protección explícita de esas libertades.

No soy partidario de que existan leyes de prensa porque siempre están estipuladas para crear restricciones más que para “democratizar” a los medios, como muchos gobiernos actuales argumentan, justificando de esa manera una forma sutil de silenciar las críticas independientes.

Puede ser que Mauricio Macri, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y José Manuel de la Sota, gobernador de Córdoba, hayan actuado no solo a favor de la libertad de prensa, sino con la idea de beneficiar su posicionamiento político para futuras elecciones presidenciales, al tiempo de sistematizar su prédica opositora.

De todos modos, pese a que no deberían ser necesarias más normas de las que ya existen constitucionalmente, es necesario que la libertad de prensa y de expresión tenga la protección necesaria – incluso en exceso – para que su contribución sea palpable y concreta en la democracia. Así como se necesitan leyes especiales para que haya acceso a la información oficial, para proteger el secreto profesional y reserva de las fuentes, cualquier tipo de ley que reglamente y refuerce el derecho constitucional a gozar de libertad de expresión y de prensa es positivo.

Muchos políticos creen que la Constitución tiene el único propósito de ordenar el poder dentro del Estado, sin embargo es mucho más que eso, se trata de un documento que busca limitar y restringir los abusos que pudiera cometer un gobierno en contra de las libertades y garantías que tienen los ciudadanos.

Las leyes en Córdoba y Buenos Aires prohíben que el gobierno no avasalle a los medios de comunicación. Fueron establecidas como salvavidas a la propiedad privada. Puede que sean medidas redundantes – y políticas - pero en momentos que la justicia no es tan independiente como debiera, este tipo de leyes obliga a quienquiera que tenga una actitud autoritaria, a ser más cauteloso en sus acciones.


Los acosos económico, legal y político del gobierno de Cristina Kirchner contra muchos medios de comunicación privados, son los antecedentes que han originado estas medidas extraordinarias de protección. 

jueves, 30 de mayo de 2013

Obama: apariencias que engañan

A juzgar por la intensa actividad en su cuenta de Twitter con 32 millones de seguidores y por las veces que autoproclamó a su gobierno como el más transparente de la historia, Barack Obama aparenta ser un paladín de la libertad de prensa y de políticas favorables a la divulgación de información oficial.

Pero en la práctica, Obama está lejos de su prédica. Durante su Presidencia se ha dispuesto la clasificación indiscriminada de documentos oficiales y se ha perseguido judicialmente a delatores del gobierno y a más de 50 periodistas para que divulguen sus fuentes de información, bajo el argumento de la seguridad nacional, el mismo que se usa en países autoritarios para restringir las libertades.

La pobre performance del gobierno se puso de nuevo en evidencia en estas semanas. El Departamento de Justicia, en forma secreta, obtuvo los registros telefónicos de 20 periodistas y editores de la agencia de noticias AP, en una aparente investigación sobre fuentes gubernamentales que delataron un plan terrorista fallido, que habría comprometido la seguridad nacional y de ciudadanos según el gobierno.

Al mismo tiempo, el FBI calificó de conspirador al periodista James Rosen, de la cadena Fox News, luego de acceder a su correo electrónico y verificar las fuentes oficiales confidenciales que usó en 2009 para informar sobre ensayos nucleares de Corea del Norte.

No son hechos fortuitos, sino una conducta común de este gobierno, que tiene el récord de haber procesado a seis de los nueve informantes que fueron acusados mediante la Ley de Espionaje que data de 1917.

Las pesquisas contra la AP y Rosen representan un abuso de poder, una forma de enviar un fuerte mensaje a los delatores para disuadirlos a ofrecer información que el gobierno trata celosamente de ocultar. En todo caso, si el gobierno pretendía saber sobre las fuentes, podría solicitarlas abiertamente, y de esa forma los medios hubieran tenido la posibilidad de colaborar o de negarse anteponiendo recursos judiciales.

Esta política de acoso secreto a fuentes y periodistas es contradictoria con dos disposiciones de las que Obama se vanaglorió en su Presidencia. Una es la Ley para Mejorar la Protección de los Denunciantes que sancionó en noviembre de 2012, con intención de proteger a los empleados federales que informan sobre corrupción o acciones ilegales dentro del gobierno.

La otra, un decreto que firmó al inicio de su primer período presidencial, expresando que “temores abstractos o especulativos” no son razones suficientes para justificar la confidencialidad y clasificación excesivas de información, algo a lo que no fue fiel, según demostró el New York Times al denunciar que su gobierno clasificó 77 millones de documentos en 2010, 40% más que en 2009.

Aunque Obama siga discursando sobre el fin de la cárcel de Guantánamo, lo cierto es que a los medios y periodistas no se les permitió acceder a testimonios de presos que denunciaban maltratos. Y mientras a los periodistas se los requisa y procesa por no revelar sus fuentes o dar información que el gobierno califica de confidencial, el gobierno no hizo nada contra agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que destruyeron 92 videos de interrogatorios a prisioneros de Guantánamo.

Es seguro que Obama no está enterado de los detalles, pero es igual responsable por políticas fallidas, tanto por las veces que se discriminó informativamente a la cadena Fox News, como por los escrutinios impositivos más exigentes que la oficina nacional de recaudación de impuestos (IRS) impuso a organizaciones políticas afines al Tea Party, según denuncias de estos días.

Lo importante, de todos modos, es que el gobierno deje de confundir a espías con periodistas, como señaló el Washington Post, ya que estos deben divulgar información de interés público, a veces recurriendo a delatores, cuando las fuentes oficiales permanecen herméticas.


Para que las apariencias se concreten en hechos, sería recomendable que en vez de perseguir a periodistas, Obama resguarde la libertad de prensa impulsando a nivel federal la promulgación de la Ley de Libre Flujo de Información que protege el secreto periodístico sobre las fuentes. Una ley que demoran tanto demócratas como republicanos, pese a que en 2007 obtuvo media sanción del Congreso.

martes, 28 de mayo de 2013

Kirchner y Maduro sin vergüenza

Los gobiernos de Argentina y Venezuela coinciden en que no tienen vergüenza cuando se trata de aplicar represalias contra medios y periodistas o quieren censurar a sus críticos.

En la cadena venezolana Globovisión - la única que estaba dándole espacio a la oposición ante las puertas cerradas de las televisoras estatales – ya se borraron los espacios para las críticas, algunos periodistas fueron despedidos y la nueva directiva acordó con el gobierno no trasmitir programación política, el equivalente a censurar cualquier tipo de crítica contra Maduro y el chavismo.

Era evidente que esto sucedería cuando su anterior accionista mayoritario Guillermo Zuluoaga anunció, antes de las elecciones del 14 de abril, que el modelo de la televisora era insostenible. Argumentó que la venta se debía a las multas millonarias, a la baja de publicidad ante la presión del gobierno a los anunciantes y a la amenaza patente de que no se le renovaría la concesión para el 2015.

Lo de Globovisión estaba anunciado y prometido, de la misma forma que el régimen cerró a la cadena radiotelevisiva RCTV y a otras 32 emisoras y cientos de páginas de internet y periódicos, además de abrir, crear, fundar y refundar medios propios o ponerlos en manos de testaferros.

Y en Argentina, emulando a Nicolás Maduro, la presidenta Cristina de Kirchner no tiene empacho en hacer todo lo posible para cerrar la puerta a los medios y periodistas críticos, desde perseguirlos judicialmente, acorralarlos legalmente o hasta imponer los partidos de River y Boca, y a sus eventuales equipos contrarios, en el mismo horario nocturno de los domingos en que se trasmite el programa del periodista Jorge Lanata, quien en sus últimas semanas viene denunciando todo tipo de irregularidades y corrupción de personajes en la órbita del círculo íntimo de Cristina y su ex marido Néstor Kirchner.

Pero no le fue muy bien al gobierno el último domingo, ya que Lanata obtuvo más rating que el partido de fútbol programado para ese inusual horario de domingo por la noche.


Ni Maduro ni Cristina tienen vergüenza a la hora de censurar descaradamente a la prensa y a sus críticos.