martes, 2 de septiembre de 2014

Periodistas degollados, allá y acá

El brutal asesinato del reportero estadounidense James Foley, decapitado por sus captores del grupo terrorista Estado Islámico, puso en evidencia el peligro al que se enfrentan los periodistas en zonas de alto riesgo.

Pero no hace falta ir a Siria para ver esta barbarie. En México, Honduras, Colombia, Guatemala y Venezuela fueron asesinados una decena de periodistas este año, más de 500 en las últimas dos décadas.

En Medio Oriente y en América Latina existen diferencias sobre el tipo del peligro al que se enfrenta la prensa. En esta región, los periodistas son asesinados por destapar asuntos del narcotráfico y actos corruptos, tanto públicos como privados; y muchos, como en México, también mueren degollados.

Las bandas de narcotraficantes no tienen clemencia, decapitan para enviar fuertes mensajes a la prensa y a la sociedad. La inacción del Estado, a veces en contubernio con los narcos, hace que medios y periodistas terminen autocensurándose, desnaturalizando su función.  


Siria - donde más de 39 periodistas permanecen secuestrados, entre ellos un colega de Miami, Steven Sotloff, a quien los yihadistas también han amenazado con ajusticiarlo – mostró mucho más que el degüelle público y atroz de un periodista o la polémica sobre si EEUU debería pagar rescates por ciudadanos secuestrados por el mundo.

 

El gobierno difícilmente hace concesiones ante los terroristas. No paga rescates, como los 135 millones de dólares que los terroristas pidieron a la familia Foley. En eso se diferencia de los países europeos que pagan pese a que a principios de año firmaron una resolución en Naciones Unidas para no seguir alimentando a los terroristas.

 

La decapitación de Foley dejó al descubierto que el gobierno de Barack Obama está lejos de haber ganado la guerra contra el terrorismo como había anunciado en su discurso ante el Congreso, luego de que un comando matara a Osama bin Laden en Pakistán años atrás. Al Qaeda quedó diezmado, pero la nueva escisión de aquel grupo, el Estado Islámico, se ha convertido en una amenaza latente.

 

Obama había retirado las tropas de Irak tras la invasión encomendada por George W. Bush y hace poco había prometido que EEUU no se involucraría en Siria. Todo aquello terminó, fueron promesas electorales. Ahora Obama, ante la nueva perspectiva que abrió el caso Foley, está buscando aliados europeos y árabes para bombardear a los yihadistas, y acabar a quienes encarnan el “cáncer que se debe extirpar”.

 

El impacto del caso Foley en la opinión pública - así como el Daniel Pearl, un periodista del Wall Street Journal que fue decapitado en 2002 en Pakistán - le permite al gobierno de Obama concentrar de nuevo la atención en el terrorismo y justificar acciones que no hubiera podido tomar en situaciones normales.

 

Al igual que en la época de Jimmy Carter cuando un comando militar fracasó en el rescate de los rehenes del gobierno iraní, EEUU falló de nuevo en liberar a Foley y otros colegas. El episodio legitima a Obama para continuar los bombardeos contra los extremistas que están masacrando a grupos cristianos en Irak y para actuar en contra de los terroristas en Siria. Para muchos no es más que un dilema o la excusa perfecta para abrir dos nuevos frentes de guerra.

 

Regresando a América Latina, los periodistas asesinados no logran la atención que tuvo el caso de Foley por dos razones: Primero, porque los países latinoamericanos no hacen mucho para realzar los casos de sus ciudadanos o prefieren minimizarlos para evitar que quede al descubierto la ineficiencia policial/judicial. Segundo, porque para EEUU el tema del narcotráfico es un problema social, de salud y económico, controlable si se quiere, pero que no representa una amenaza a su sistema político, como sí lo es el terrorismo organizado.

 

Sería importante que más allá de cómo EEUU quiera neutralizar al terrorismo, adopte medidas más proactivas para defender a los periodistas en zonas de riesgo, estén donde estuvieren. La ley Daniel Pearl de Libertad de Prensa que permite condicionar la ayuda económica a países en donde los periodistas son asesinados, podría ser un arma importante para imponer sanciones a los gobiernos latinoamericanos que poco hacen para defender a los periodistas, muchos de los cuales mueren degollados a manos del narcotráfico. 

lunes, 1 de septiembre de 2014

Racismo, policías y armas

Con una persona negra en la Casa Blanca, muchos pensaron en el fin de la segregación. Creyeron que con la presencia de Barack Obama habría cambios a favor de la igualdad y en contra del racismo. Hace 150 años se creyó lo mismo tras la abolición de la esclavitud.

Nunca ocurrió. Cada tanto un nuevo episodio recuerda cuan profundo está el racismo enquistado en la sociedad y cultura estadounidense. Pese a las grandes luchas por los derechos civiles en los 70, todavía existen evidencias sobre la segregación. Algunas no resueltas a nivel oficial, como el bajo nivel educativo y acceso a la salud que padecen los afroamericanos; y otras a nivel social que perduran como secretos a gritos, como la devaluación que sufren las propiedades de un barrio cuando un negro decide mudarse a ese sector.

Sin embargo, son los crímenes de odio, la violencia y el uso indebido de fuerza en contra de los afroamericanos y otras minorías, los hechos que periódicamente hacen que el país se confronte y polarice, reabriéndose viejas heridas. Esta vez el vaso lo rebalsó el asesinato de un joven negro de 19 años, Michael Brown, a menos del policía Darren Wilson, en el pueblo de Ferguson, suburbio de St. Louis en Missouri.

La desproporcionalidad de seis disparos (dos en la cabeza) para detener a un chico desarmado que solo atinó a levantar los brazos en rendición, y el posterior exceso policial para detener a la población furiosa, parecieron echarle más leña al fuego a un caso de racismo que otra vez terminó cuestionando al sistema de seguridad pública del país.

Tuvo que intervenir Barack Obama y el fiscal general Eric Holder para poner un poco de mesura, reconocer que la fuerza policial está excesivamente militarizada,  compuesta por francotiradores apertrechados y carros blindados de última generación; demasiada contrafuerza para detener a una población lastimada y frustrada, aún con la inclusión de delincuentes infiltrados que desde otros estados llegaron para generar caos y anarquía.

Las circunstancias en Ferguson trajeron a la memoria el asesinato de Trayvon Martin, un joven negro y desarmado de un pueblo del centro de Florida que en 2012 fue abatido por un agente de seguridad vecinal, George Zimmerman. Al igual que ahora, con el racismo a flor de piel y tras comprobarse el exceso de fuerza y que las policías están desproporcionadamente compuestas por policías blancos en ciudades de predominancia negra, las reacciones civiles violentas con piedras, bombas molotov y algunos tiros se multiplicaron por doquier.

Los crímenes raciales, las armas y la fuerza policial, alguna vez coctel motivacional para los enérgicos discursos de Martin Luther King, siempre terminan por poner a Obama frente a una encrucijada. Como Presidente no puede disparar dardos por los derechos civiles como quisiera, sino buscar puntos de equilibrio y bien común.

En el caso de Florida y después que Zimmerman fuera declarado inocente en 2013 por la ley que permite el uso de armas de fuego en defensa personal, Obama lideró una cruzada en contra de las armas de fuego para uso civil que no llegó a buen fin. Pese a las movilizaciones en su apoyo en más de 100 ciudades, grupos de poder lograron sostener que la portación de armas para defensa personal es un derecho constitucional garantizado.

En el caso de Ferguson no se trata de un derecho individual a la protección personal sino de exceso por parte de fuerzas del orden. La desmesura está provocada por el “programa 1033” del Departamento de Defensa que permite al Pentágono traspasar a las policías pertrechos de guerra en desuso que quedaron tras las guerras de Irak y Afganistán. Esa reutilización del armamento cobra una dimensión desproporcionada entre los vecinos de una ciudad, que solo acostumbraban a verlo por televisión o en videojuegos.

La discusión ya empezó a calar hondo. Algunos legisladores quieren desmilitarizar a la policía y otros creen que el armamento militar es la única forma de disuadir a posibles terroristas, mafias y narcotraficantes con alta capacidad de fuego.

Lamentablemente, la polémica parece que derivará hacia ese terreno, así como antes derivó hacia el uso de armas para defensa personal, por lo que la discusión profunda sobre el racismo quedará de nuevo postergada. O hasta que ocurra un nuevo crimen de odio.