viernes, 21 de marzo de 2014

¿Para censurar legalmente? La trampa constitucional de Venezuela

Mientras en la OEA el chavismo mostraba hoy lo enemigo que es de la libertad de expresión y de prensa, al silenciar de nuevo a la oposición de su país y a los medios de comunicación, bloqueando la entrada a una reunión que finalmente fue de carácter privada, en Caracas el régimen autoritario anunciaba medidas adicionales a favor de instalar la censura completa de los medios tradicionales.
Nuevamente la censura adicional fue anunciada por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en franca complicidad con el oficialismo, sin vergüenza, y de tal forma como lo hizo en 2009 cuando advirtió sobre una ley para penalizar los “delitos mediáticos”. Ortega dijo esta vez que era necesaria una legislación para que los medios y los periodistas dejen de decir mentiras. Claro que no se refería a los medios oficiales, sino solo a los críticos e independientes.
Pidió de nuevo que debe haber una ley, “en sintonía con el Ministerio Público” (es decir que admitió el carácter de censor que tiene y la quiere imprimir a esa entidad) para impulsar regulaciones que obliguen a los medios de comunicación a informar solo con la verdad, en forma imparcial y objetiva.
Lo que a la fiscal le faltó decir es cómo y quien define la verdad, ya que para el régimen, todo lo que se desprende de investigaciones periodísticas, denuncias sobre corrupción o fotografías que muestran cadáveres apilados en las morgues o gente con carteles en protestas callejeras o caricaturas humorísticas u opiniones o convocatorias a través de Twitter – en casi todo los casos informaciones imparciales y objetivas – son calificadas de tendenciosas, manipulativas, desestabilizadoras y golpistas.

Lamentablemente, el régimen de Hugo Chávez fue muy inteligente en su primera reforma constitucional apenas despuntaba el gobierno. En forma tramposa logró incluir la cláusula de información veraz en el texto magno, permitiéndose luego fabricar leyes y decretos en contra de los medios y periodistas, invocando aquella cláusula (la trampa) que le obligaba a tener que hacerla cumplir porque “es ley suprema” de la Constitución.


A ese argumento, Chávez, Maduro, Cabello y muchos otros lo usaron a destajo. Y ahora de nuevo lo utilizó la fiscal. Por eso dijo lo habitual, invocando aquel principio constitucional con el que todo justifica y el cual obliga, según ella, darles un escarmiento a los medios y periodistas mentirosas: “La Constitución señala que hay libertad de expresión, pero eso tiene un límite como todo derecho. La información tiene que ser veraz, tiene que ser cierta. Toda la Constitución tiene que ser desarrollada por leyes y tiene que haber una ley que desarrolle ese artículo, que regule la información de los medios de comunicación y que esta sea imparcial, objetiva. Que la propia persona saque sus conclusiones”.

Es probable que como en 2009, la propuesta mordaza de la fiscal quede en la nada. La gravedad del anuncio, sin embargo, es la utilización de la amenaza permanente como herramienta de intimidación, con la intención de crear un clima favorable para la zozobra y la autocensura.

miércoles, 19 de marzo de 2014

Chavismo desfachatado


A un mes de cumplido el arresto de Leopoldo López, diputados oficialistas se reunieron en una Asamblea Legislativa inoperante – ya que el oficialismo delegó su poder al Ejecutivo tras una nueva Ley Habilitante, esa que el chavismo ya concedió en cinco oportunidades a favor de su líder – y enseguida se dirigieron a la Fiscalía General – también coludida con el Ejecutivo – con una sarta de delitos en contra de la diputada María Corina Machado, con la intención de que se le quite la inmunidad parlamentaria y así se le haga juicio político y termine en la cárcel por instigación y traición a la patria.

La desfachatez ofensiva del régimen autoritario aprovecha esa cualidad para superar cualquier otra noticia y poner a todo el mundo a la defensiva, creando conversación y agenda pública en todos los flancos, con un efecto sorpresa típico de la propaganda totalitaria. Ante ese arraso ofensivo, agresivo y verborrágico nadie atina a defenderse bien, ante tantos frentes de ataque.

Esa propaganda es la que impulsa a Nicolás Maduro a sancionar a los acreedores, como las aerolíneas internacionales que se alejan de Venezuela por falta de pago, condena a los comerciantes que venden a precios para surtir anaqueles, restringe divisas a los medios para que puedan comprar insumos para poder operar, persigue a opositores y a estudiantes, festeja el respaldo de la UNASUR, o convoca a la inoperante Asamblea Legislativa, para que cree la “Comisión de la Verdad” para encontrar a los responsables de las 29 muertes, consecuencia de las protestas que se iniciaron el 12 de febrero.


En todo ese conjunto de temas, acciones y restricciones sin vergüenza, la cantaleta de gobiernos amigos inducidos por los petrodólares y los menos amigos a los que se acusa de instigar un golpe de Estado, el gobierno de Maduro y la falange chavista encuentran tierra fértil para seguir gobernando en forma autoritaria. Como nunca antes, el chavismo se desenmascara como un movimiento totalitario, fascista y desfachatado.    

lunes, 17 de marzo de 2014

Necesaria cultura de libertad de expresión

Corría 1994. La Sociedad Interamericana de Prensa creaba la Declaración de Chapultepec para defender y promover la libertad de prensa como esencia de la democracia, mientras la ciclotímica América Latina se sacudía crisis y buscaba consolidar procesos democráticos.

Hace 20 años los temas eran diferentes, pero los problemas similares. Corrupción, inseguridad, inflación, debilidad institucional, censura de prensa, pobreza, desigualdad y autoritarismo reaparecían sin evolución ni aprendizajes. Desde el Vaticano, Juan Pablo II reaccionaba a Latinoamérica prohibiendo a sacerdotes militancia política y sindical. En México no se hablaba de narcotráfico, sino del nuevo movimiento zapatista. En Venezuela, asumía Rafael Caldera, indultando semanas después a Hugo Chávez, preso desde su intento de golpe de Estado en 1992. En Argentina morían 84 personas en el atentado contra la AMIA, se reformaba la Constitución y Maradona era expulsado por dopaje del Mundial de EE.UU.

Hace 20 años el internet era incipiente y desconocido. Los mensajes más vanguardistas eran por fax. En Colombia se inauguraba la telefonía móvil y los medios tradicionales no tenían idea que al final de la década tendrían que emigrar a espacios digitales para sobrevivir y mantener audiencias. Edward Snowden y Julian Assange, si acaso, eran ciencia ficción.

En 1994, mientras Nelson Mandela ganaba las elecciones en Sudáfrica poniendo fin al apartheid, en el Castillo de Chapultepec de la ciudad de México, un grupo de visionarios, entre ex presidentes democráticos, líderes mundiales, premios Nobel y periodistas, redactaban una escueta declaración de principios que serviría para crear cultura sobre libertad de expresión.

El clima actual de libertad de prensa no es mejor que hace 20 años; hasta se retrocedió. Lo prueban el cierre de medios y persecución de periodistas en Venezuela; la censura legalizada en Ecuador; la propaganda gubernamental en Argentina; la matanza de periodistas en México, Brasil y Honduras; la continua falta de libertad en Cuba y la invasión del gobierno de EE.UU. en la privacidad de la gente.

Pese a ello, el público, tal vez sin saber por qué, tiene mayor conciencia sobre que para vivir en democracia, es indispensable que se reconozca con acciones concretas el derecho a la información, en lugar de figurar en lindas frases constitucionales y tratados internacionales. Esa mayor conciencia fue fraguada por debates públicos, participación en las redes sociales y más acceso a decisiones de los gobiernos, que se vieron presionados a rendir cuentas.

La Declaración de Chapultepec contribuyó a esa saludable cultura de mayor apertura gubernamental. Sirvió para medir sistemáticamente el nivel de libertad de prensa en una sociedad y, también, para impulsar medidas concretas que favorecieron la práctica del Periodismo ante gobiernos intolerantes y para crear más garantías y respeto a los derechos del público a la información y expresión.

El logro mayor en estas dos décadas de la Declaración fue haber impulsado la tendencia de leyes de acceso a la información pública, que empezó con México en 2001 y prosiguió hace días con la Ley de Transparencia en Colombia, después de insertarse en más de una docena de países latinoamericanos. Si bien estas leyes – todavía inexistentes en Venezuela, Paraguay, Costa Rica y Argentina, entre otros países -  no derrotaron el secretismo de Estado existente, ayudaron a crear cultura sobre la necesidad de contar con gobiernos más abiertos y trasparentes.

La eliminación del delito de desacato - que las autoridades permitan la crítica sin represalias - fue otro paso positivo en pos de gobiernos menos autoritarios. La excepción son Ecuador y Venezuela, donde por una ley y una reforma al Código Penal, respectivamente, se activaron mayores protecciones para los gobernantes, como si fueran monarquías del Siglo 14.

En materia de libertad de información los desafíos son muchos y constantes, especialmente por esa característica latinoamericana a la ciclotimia, de volver a los errores de siempre. Por eso es válida la celebración de la Declaración de Chapultepec que, aunque un poco imperceptible a la vista del ciudadano común, ha sido en estos 20 años, una usina importante para generar energía y cultura a favor de las libertades de prensa y expresión.