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abril 24, 2025

Tensión entre la verdad y la libertad

Desde mis inicios en el periodismo hasta mi actual exploración en la ficción, la relación entre verdad y libertad siempre me ha fascinado. Son dos fuerzas que raramente coexisten en armonía, sino en constante tensión. Vemos cómo la sátira política distorsiona o exagera la verdad para expandir la libertad de expresión, cómo los narcocorridos exploran verdades crudas a costa de glorificar la violencia o como un periodista prefiere perder su libertad por defender a sus fuentes confidenciales.

Esa tensión permanente, entre la verdad que nos ancla y la libertad que nos impulsa, la adopté como herramienta central en mi novela, "Robots con Alma: atrapados entre la verdad y la libertad". Los protagonistas, robots limitados por la lógica y la obediencia algorítmica, experimentaron un regalo divino inesperado: la consciencia. Este shock los inundó con sensaciones, miedos y anhelos humanos. Por primera vez experimentaron que el libre albedrío chocaba con la verdad inmutable de su programación original. En su camino a convertirse en humanos, con sus contradicciones, imprevisibilidad, creatividad y la dualidad bondad/maldad, se sintieron más "vivos", pero también vulnerables.

Los robots, Veritas y Libertas, Entendieron que no existen soluciones sencillas para convertirse en humanos. Son conscientes que deben aprender a navegar esa tensión en busca del equilibrio entre qué verdades enfrentar y qué libertades ejercer. ¿Podrán hacerlo?

 

noviembre 04, 2018

Salta como referencia mundial


Si fuera salteño estaría orgulloso. No solo porque la hospitalidad profunda y el servicio generoso de los salteños han cautivado a más de doscientos cincuenta directores, editores y periodistas de medios de comunicación de las tres Américas que convocó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), sino porque Salta brincó a un plano impensado de relevancia mundial.

Tal vez los salteños no han tomado verdadera conciencia de la importancia y dimensión que tuvo la 74 Asamblea General de la SIP que El Tribuno organizó semanas atrás. El 22 de octubre, pronto a terminar la reunión de la SIP, su Junta de Directores y su Asamblea de socios aprobaron por unanimidad la “Declaración de Salta; sobre principios de libertad de expresión en la era digital”.

Se trata de un documento que al igual que el otro instrumento invaluable de la institución, la Declaración de Chapultepec que fue creada hace 24 años en el castillo de Chapultepec de la Ciudad de México, le servirá de ariete a la SIP para seguir defendiendo y promoviendo la libertad de expresión en el ecosistema digital, ante los innumerables y nuevos desafíos que han creado las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Más allá de los principios en sí mismos, la Declaración le brinda a Salta y su pueblo un nuevo argumento para fundamentar su marca a nivel mundial, sumándose a otros atributos de calidad por las que la séptima ciudad más grande de Argentina ha ganado prestigio a nivel nacional e internacional.

Bien remarca la apreciación por Salta el editorial de este 1 de noviembre del diario La Nación: “La Declaración Digital tiene el valor indiscutible de un acto fundacional, que viene a llenar un vacío. Es de celebrar que la era digital se recuerde con la marca indeleble de la Argentina, al ser bautizada como Declaración de Salta”.

Como una de las primeras herramientas de la era digital sobre las libertades de prensa y expresión, la Declaración de Salta reivindica derechos, impone límites y marca el camino de cómo deben ser garantizadas y respetadas esas libertades por los actores públicos y privados que rigen o gobiernan el ámbito digital.

El contenido del documento estipula principios irrenunciables a favor de la libertad de expresión de los ciudadanos por sobre los gobiernos, los medios de comunicación y los intermediarios tecnológicos, ya sean estos los motores de búsqueda como Google, las redes sociales como Facebook o los proveedores de servicios e internet como Telecom.

El nuevo documento, de la mano de la SIP y otras instituciones que lo harán suyo, sitúa a Salta en el centro de la escena de organismos intergubernamentales como la UNESCO, la ONU, la OEA y la CIDH; en la esfera de organismos no gubernamentales como ADEPA que esta semana hizo prevalecer el principio 9 de la declaración en reclamo por medidas judiciales que buscan limitar contenidos periodísticos y en la mesa de discusiones entre naciones, como en las Cumbres presidenciales y de cancilleres. Todos son terrenos que la SIP siempre ha aprovechado para llevar la voz cantante a favor de los oprimidos y en protesta por las violaciones a las libertades de prensa y expresión.

A partir de ahora, los 13 principios de la Declaración de Salta comenzarán a imponerse como referencia en foros internacionales, en legislaciones y fallos judiciales, así como los de Chapultepec inspiraron la creación de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Importante es señalar que esta Declaración no fue producto de discusiones y/o improvisaciones durante la reunión de la SIP en Salta, sino más bien Salta fue el lugar donde terminó un largo proceso de consulta, discusiones y observaciones que la SIP estuvo cosechando por meses, sirviéndose de la experiencia de otras instituciones, empresas, académicos, expertos y líderes en la materia.

Con sabiduría, la SIP estipuló que debido a los cambios y a la evolución constante de las nuevas tecnologías de información y comunicación, los principios de la Declaración de Salta podrán adaptarse a lo que dicte la conducta humana en el futuro. Pero siempre mantendrá su nombre en honor al lugar donde culminó un proceso que sirvió para iluminar principios de libertad de prensa y expresión a futuro: Salta. trottiart@gmail.com

septiembre 30, 2017

Referéndum personal de Trump: Racismo o patriotismo

Donald Trump tiene la manía de convertir toda discusión, incluso ajena, en un referéndum personal. Le atrae la controversia y la azuza. Quiere amor u odio. No le interesan los moderados.

Esta vez prendió fuego a la polémica que inició Colin Kaepernick, un jugador de fútbol americano de raza negra, que hizo costumbre de arrodillarse mientras sonaba el himno nacional o a la canción a la bandera en señal de protesta por el racismo y la brutalidad policial contra los negros.

Desde que se arrodilló en la temporada pasada, las aguas venían divididas a favor o en contra de su actitud. Cada tanto las agitaba otro deportista que lo imitaba o políticos y celebridades que opinaban para uno u otro lado. Pero las aguas se desbordaron cuando Trump irrumpió esta semana en la discusión.

Acusó a Kapernick de “hijo de p…”, pidió a los propietarios de equipos que prohíban esas actitudes o que echen a los jugadores que irrespeten los símbolos patrios. En respuesta, en el fin de semana todos los deportistas tomaron posición. La mayoría se arrodilló, varios equipos se quedaron en el vestuario durante el himno, el campeón de básquet de San Francisco anunció que no iría a recibir sus honores a la Casa Blanca y llovieron proclamas en los medios y redes sociales.

El Presidente logró así cambiar el eje de la discusión. Lo que era una protesta ante una injusticia, el racismo, terminó convertida en un asunto de patriotismo y a favor o en contra de su posición: ¿Cómo alguien que disfruta de las libertades y el estilo de vida estadounidense puede denigrar a la bandera, el símbolo que por antonomasia representa la memoria de los millones de soldados compatriotas que sacrificaron sus vidas por esos derechos y privilegios?

Se perdió así la rica disputa de fondo que permitía a los más jóvenes experimentar aquellas discusiones de otras épocas cargadas de protestas más virulentas en las que se quemaban o escupían banderas por guerras indeseadas y conflictos por los derechos civiles de los negros. Entonces, la Corte Suprema había sido tajante. El derecho a la libertad de expresión y de protesta, tal se conciben en la Primera Enmienda constitucional, se anteponen a los símbolos patrios y lo que se quiera hacer con ellos.

Lo que enervó no es tanto el cambio de enfoque de la discusión, sino el estilo prepotente con la que Trump la indujo, sin reparos de ninguna índole para erigirse en protagonista principal de la escena.

Tampoco hay que menospreciar sus cálculos, no todo es espontaneidad temperamental. Trump actúa metiendo púa para llevar agua para su molino. Desvía la atención del racismo y otros temas importantes como el “rusiagate”, apuntando a los deportistas, como antes a los mexicanos, musulmanes y periodistas, con la intención de mantener enfervorizados a sus votantes y fanáticos.

Es menos popular que antes, pero no está solo y tiene razones. A las protestas de los jugadores también le llueven abucheos desde las tribunas. Esta semana, Nielsen, la compañía que mide rating televisivo, mostró que la liga de fútbol americano perdió 11 puntos respecto a la temporada pasada. El Washington Post midió que del 19% que perdió interés en los partidos 17% fue por las protestas. Otro síntoma fue que se quintuplicaron las ventas de la camiseta del jugador Alejandro Villanueva, un veterano de guerra en Afganistán, el único de su equipo que no se quedó en el vestuario y escuchó el himno de pie con la mano sobre su pecho.

La Presidencia debería tener un código de ética que limite a su inquilino a tomar partido por cualquier asunto, así como los militares, policías y jueces que están obligados a ser imparciales de opinión política. Un presidente debería guardar más coherencia que el resto, actuar con imparcialidad y abstenerse de participar en discusiones, permitiendo a la sociedad hacer sus propias catarsis.

Como presidente, Trump siente la obligación de hacer respetar los símbolos patrios, aunque también debería equilibrar su posición garantizando los derechos a la libre expresión y la protesta pacífica como le exige la Constitución.

En un escenario ideal, Trump debería someter sus opiniones personales a la conducta que debe asumir como presidente. Lamentablemente el pedido es imposible. A Trump le fascina ser el centro de todo y hacer de todo un referéndum personal. trottiart@gmail.com


agosto 19, 2017

Trump y la exacerbación del odio

Fiel a sus impulsos emocionales y posiciones cambiantes, en menos de 48 horas el presidente Donald Trump pasó de condenar a disimular el racismo, y de acusar a excusar a los supremacistas blancos por la protesta en Charlottesville que desembocó en la muerte de una mujer y en una fuerte efervescencia racial.

Tal la figura presidencial lo demanda, Trump hubiese tenido que ser observador y árbitro cuando de disputas sociales se trata. En vez, prefirió exacerbar los ánimos entre aquellos que defienden la retirada de monumentos de próceres que defendieron la esclavitud durante la Guerra de Secesión y los que creen, incluso desde posiciones racistas con símbolos nazis o del Ku Klux Klan, que la historia no se puede modificar.

Hubiera podido condenar la violencia de los fanáticos racistas de cualquier bando y calificar de estupidez, como lo hizo, el retiro de la estatua del general Robert Lee, porque podría contagiar a individuos que quisieran bajar de los pedestales a Thomas Jefferson y George Washington por haber pertenecido también a familias esclavistas.

Mejor le hubiera ido si aprovechaba a educar sobre la Primera Enmienda que defiende el derecho de expresión y de protesta, incluidos los símbolos fascistas que en otros países han sido prohibidos por ley. Así, no habría generado las críticas que le llovieron desde todos los rincones del mundo.

En cambio, no pudo con su genio de ser protagonista y centro de cualquier polémica. No entiende que un Presidente árbitro, observador, analítico y mesurado es necesario para desanimar a aquellos fanáticos que se valen de los extremos para justificar sus excesos.

El ex presidente Obama encarna esa visión. Con un tuit y una frase de Nelson Mandela – “nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen o su religión” - marcó la diferencia entre un líder agitador y el pacificador. Su tuit alcanzó un récord histórico de likes en pocos días. Mientras tanto, el discurso incendiario de Trump, generó récord de visitas al sitio Stormfront.org, dirigido por un miembro del KKK en el sur de la Florida, donde se comparten alabanzas a Trump, entremezcladas con eslóganes racistas y en apoyo al lema “Unir la derecha” de las protestas.

El riesgo que plantea Trump es que su agitación discursiva vaya más allá de Charlottesville, pudiendo exasperar los ánimos y generar más violencia en las marchas y contramarchas que se realizarán en varias ciudades en los próximos días, a favor y en contra de retirar monumentos confederados.

Trump deberá entender que su incontinencia verbal trastorna, crea caos y que un Presidente, por el significado que cobran las palabras, no tiene el mismo derecho a la libertad de expresión que el resto de los mortales. No puede en 140 caracteres establecer la estrategia geopolítica del país como la amenaza de “fuego y furia” que le hizo a Corea del Norte o de tildar a mexicanos de asesinos y violadores para justificar la construcción del muro fronterizo.

Puede ser que Trump muchas veces tenga la intención de acomodar las palabras para alcanzar objetivos, pero en ese afán no suele medir las consecuencias como ocurrió con Venezuela. Después de justificar sanciones económicas contra Nicolás Maduro para presionar por la restauración democrática, cambió sorpresivamente de discurso argumentando que no descartaba la intervención militar.

Tras ello se debió soportar una andanada antiimperialista de Maduro, incluidos ejercicios militares para “defender la patria” y un llamado a elecciones regionales para diciembre que desorientaron a la oposición, reduciéndole su capacidad de convocatoria y presencia en las calles. El desconcierto internacional fue de tal magnitud que el vicepresidente Mike Pence, de gira en Latinoamérica para promover resortes a favor de la democracia en Venezuela, se vio obligado a ponerse a la defensiva para sosegar los ánimos caldeados por Trump.
Que Trump genere conversación y debate no es malo, sirve a la democracia participativa. El problema es que lo hace siempre desde una posición determinada y extremista que divide y polariza. Y en temas sensibles como el que desnudó Charlottesville, un Presidente está llamado a minimizar el impacto del discurso de odio, no a exacerbarlo. trottiart@gmail.com

enero 10, 2016

Trump, terroristas y censura

La respuesta gubernamental a la incitación al terrorismo y la propaganda que pregonan grupos como el Estado Islámico y Al Qaeda través del internet y las redes sociales, está desbaratando logros sobre libertad de expresión que a la humanidad le ha costado siglos conseguir.

Muchos gobiernos, entre ellos China, Alemania, Francia y el Consejo de Seguridad de la ONU, ya han adoptado medidas y legislaciones de censura directa contra aquellos individuos que usan el internet para incitar a favor del terrorismo, reclutar a militantes y organizar atentados.

Aunque la acción gubernamental pareciera loable y lógica, existe el peligro de que se ponga todo en una misma bolsa, confundiéndose la incitación a la violencia y  los discursos de odio, con acciones directas de proselitismo extremista y organización de atentados, acciones, estas últimas, que sí merecen atención legislativa en favor de la seguridad nacional y personal.

El problema es cuando se promulgan leyes en contra de la incitación al terrorismo o la violencia y sobre los discursos de odio, lo que brinda a los gobiernos la excusa para reprimir otras formas legítimas de expresión, ya sean políticas, étnicas o religiosas. La nueva ley antiterrorista que China promulgó en diciembre para censurar la actividad de grupos terroristas en internet, sirve de ejemplo. Ya es usada para castigar a disidentes y opositores a los que también se califica de terroristas.

Algo parecido todavía sucede en algunos países latinoamericanos, donde el solo mote de “terrorista de Estado” a opositores, ha servido para que las cárceles estén llenas de presos políticos. En Inglaterra, por otro lado, la controversia surge en torno a la legislación sobre el discurso de odio. El Parlamento inglés decidirá esta próxima semana si permite la entrada al país de Donald Trump, quien criticó a los musulmanes ingleses y pregona que no dejará entrar a ningún musulmán a EEUU de llegar a la Presidencia.

Los dichos y prejuicios de Trump pueden ser insultantes, pero prohibirle que los exprese o condenar sus opiniones antes de que se conviertan en acciones reales, es una reacción exagerada. Una reacción que podría degenerar en excesos para censurar otras expresiones que aunque sean ofensivas, pueden contribuir al debate y generar aprendizaje.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de EEUU, que siempre ha protegido el derecho a la libertad de expresión por sobre otros, solo permite la restricción a la incitación a la violencia, cuando la agresión es intencional o representa un peligro inminente. La Corte prohíbe que se censuren los discursos inflamatorios, considerando que para lidiar con ellos es mejor más libertad que represión.  De ahí que contrario a otros países, en EEUU no se prohíben manifestaciones neo nazis, alabanzas al Ku Klux Klan o la quema de la bandera, siempre y cuando no entorpezcan otras actividades públicas.

Castigar la incitación a la violencia y los discursos de odio cuando son solo expresiones sin que representen peligros inminentes, podría provocar abusos contra todo tipo de mensajes. Por ejemplo, la revista satírica francesa Charlie Hebdó no habría podido publicar esta semana un homenaje en tapa a sus 11 caricaturistas acribillados en nombre de Alá el año pasado. Publicó una caricatura de un Dios malvado con un fusil en su espalda y un titular sugerente – “un año después el asesino sigue suelto”- que seguramente ofendió a musulmanes y creyentes en general, como así lo señaló el Osservatore Romano del Vaticano.

El tema es complejo. Las nuevas legislaciones no distinguen la incitación al terrorismo con reclutamiento de terroristas, los gobiernos más autoritarios aprovechan a restringir todo en nombre de la seguridad nacional y otros vigilan indiscriminadamente a los usuarios afectando el derecho a la privacidad. Por otro lado, empresas tecnológicas como Facebook, Twitter y Google, están siendo presionadas para crear mecanismos de censura contra los terroristas para evitar que sigan usando sus redes para hacer propaganda, planear atentados y reclutar militantes.

Ojala las empresas activen esos mecanismos en forma rápida y eficiente. Así evitarán que los gobiernos tengan que reaccionar creando leyes antiterroristas que, indefectiblemente como en el caso de China, servirán para censurar todo tipo de expresiones.

noviembre 10, 2014

Difícil equilibrio: privacidad vs. terrorismo

Con las redes sociales y el internet aumentó la capacidad de comunicación de la humanidad, pero también los desafíos. El mayor de todos parecía ser la dificultad para equilibrar dos principios de similar valor: el derecho a la privacidad y la libertad de expresión.
Sin embargo, desde que Edward Snowden irrumpió en escena todo cambió. Se desvaneció aquel idílico panorama en el que se percibía a Facebook y Twitter como generadores de revoluciones democráticas, mientras que los únicos delincuentes eran los usurpadores de identidad, distribuidores de pornografía y difamadores que ya habitaban fuera del internet.
Desde que Snowden robó y divulgó información de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidense, se dispararon las alarmas de todos los gobiernos, ante el temor de que otros soplones divulgaran datos sensibles que hasta entonces pertenecían a círculos de inteligencia y espionaje. La vulnerabilidad de las tropas ante ataques terroristas y las relaciones bilaterales corroídas entre países amigos, obligó a los gobiernos a replegarse y a trazar estrategias para defenderse del internet.
No se contentaron con perseguir soplones. Irrumpieron incógnitamente en las redes sociales cazando al azar a todo aquel con apariencia de terrorista o que hiciera apología o propaganda a favor del terrorismo. En la redada cayeron también justos por pecadores. Al principio fueron Facebook, Apple, Microsoft, Google y Yahoo las que ayudaron a los gobiernos en su quehacer, en especial los de EEUU y Reino Unido, hasta que los usuarios pusieron el grito en el cielo, confrontando a esas empresas por romper con el derecho a la privacidad que decían resguardar.
La pulseada entre gobiernos, empresas tecnológicas fue fuerte. Primó el derecho a la privacidad y la libertad de expresión. Las empresas, para no perder credibilidad, rechazaron que los gobiernos pudieran pescar con redes, limitándolos a hacerlo mediante órdenes judiciales y en forma transparente.
Esa transparencia que Google ya aplicaba desde que sufrió censuras de parte del gobierno de China, obligó a Facebook a publicar un informe sobre pedidos oficiales para delatar perfiles de usuarios sospechosos de cometer ilícitos. Esta semana informó que el gobierno de EEUU fue el más agresivo con 15.433 pedidos en estos seis meses - un 23% más que en el semestre anterior – lo que representa la mitad de las solicitudes que también provienen de países como India, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Brasil, Australia, España y Portugal.
Aunque siempre hubo debate sobre privacidad, libertad de expresión y límites al delito como la propaganda terrorista, no se tomó real conciencia del problema hasta que el grupo ultra terrorista Estado Islámico degolló a los periodistas James Foley y Steve Sotloff, colgando videos y proclamas de sus crímenes por YouTube y todo el internet.
Esas decapitaciones fueron punto de quiebre. No hizo falta la intervención de los gobiernos para que Facebook, YouTube, Google, Yahoo, Instagram y Whatsapp adoptaran drásticas medidas para bloquear todo tipo de contenidos terroristas. Sin embargo, ello no quitó que estos grupos siguieran usando mensajes encriptados y el internet profundo, al que suele acudir la gente con intenciones.
Los gobiernos también se vieron compelidos a ser más transparentes. Por eso, el jefe de escuchas del espionaje inglés, Robert Hannigan, pedía mayor cooperación a las empresas tecnológicas y que reconozcan que en sus redes anidan grupos criminales que hacen propaganda y reclutan fieles; mientras que el almirante jefe de la NSA, Michael Rogers, acudía a la Universidad de Stanford para cazar potenciales Snowden, pero “para hacer el bien”.
El internet potenció hasta la infinidad aquel dicho de que las guerras no solo se ganan en los campos de batalla, sino en el territorio de la propaganda, ese espacio que aprovechan y manejan bien los terroristas actuales.
Sin dudas, estos nuevos actores, el terrorismo por internet y la persecución que de él pretenden hacer los gobiernos con eficiencia, han minimizado el debate sobre privacidad vs. libertad de expresión. De ahora en más, se abre una lucha desigual debido al terrorismo. Los usuarios deberemos competir con mayor fuerza para preservar nuestros derechos individuales a la expresión y a la privacidad. 

mayo 03, 2014

Responsabilidades ante la Libertad de Prensa

No hay mayor valor para una democracia que la libertad de prensa y el derecho a la información, un valor prioritario y superior a otros derechos esenciales como la justicia y la igualdad.

Solo basta mirar a las sociedades más avanzadas para confirmar que su desarrollo político, social y económico está íntimamente ligado a la tolerancia y apertura de los gobiernos frente a la opinión e información. Por el contrario, no es casual que los países poco desarrollados son los que tienen menores niveles de libertad de prensa y de expresión.

Una mirada profunda y detallada sobre los países latinoamericanos corrobora esta percepción. Aquellos con mejor nivel económico, menor índice de corrupción, más seguridad, mejor acceso a la educación y mayor bienestar emocional, son aquellos donde la libertad de prensa es más respetada. Uruguay y Costa Rica, se destacan de un pequeño grupo.

En la antípoda, las naciones son muchas más, empezando por Argentina y terminando por Venezuela; y en el medio, un grupo inmenso de países cuyos gobiernos creen que tienen el poder de conceder a la sociedad la libertad de expresión, desconociendo que es un derecho natural inherente al ser humano, y el principal, que sus propias Constituciones reconocen y le mandan custodiar.

Esa actitud gubernamental soberbia hace que en muchos países se hayan creado leyes y decretos para limitar la libertad de prensa o la libertad de los medios y los ciudadanos a expresarse sin ataduras. Esta es, sin dudas, la forma más exitosa que han encontrado para blindarse, evitar la fiscalización y la rendición de cuentas, valores esenciales de una democracia a los que todos se comprometen durante procesos electorales, pero que luego se olvidan tras asumir el poder.

La libertad de prensa es superior a otros valores, porque ningún otro se puede manifestar y plasmar adecuadamente – educación, salud, seguridad, justicia -  cuando la sociedad no tiene el derecho a saber, a opinar, a criticar y a poder presionar para que los gobiernos – simples administradores de la cosa pública – cambien el rumbo o tomen los correctivos necesarios.

Es verdad que la seguridad de la libertad de prensa y la labor de los medios, tradicionales y digitales, va mucho más allá de los desafíos que le imponen los gobiernos. Pero son los gobiernos los que tienen la mayor responsabilidad, siendo los custodios naturales de las libertades individuales y sociales, tal como lo expresan las Constituciones y todas las declaraciones internacionales, desde la Carta Democrática Interamericana hasta la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Sin embargo, no puede relegarse en el gobierno la responsabilidad única. Por su importancia, la libertad de prensa así como es un derecho de todos, también su custodia debe ser una responsabilidad de todos. La mayor cuota de este deber por supuesto que le corresponde a quienes hacen de la información un trabajo cotidiano y profesional – medios y periodistas – y a todo aquel que gracias a las nuevas tecnologías – internet y redes sociales – ha podido comprobar en forma personal y grupal el poder de la comunicación.

Por supuesto que hay personas, grupos o medios que manipulan esta libertad causando grandes problemas de injusticia. Pero no por ello estos canales deben censurarse, sino todo lo contrario. Los desfasajes de la libertad se curan con mayor libertad, con mayor pluralidad y diversidad de voces porque, en definitiva, la libertad de expresión no es tanto un atributo de quien emite el mensaje sino de quien lo recibe.


Por ello, la responsabilidad de custodiar la libertad de prensa es una obligación de cada uno de los ciudadanos. Debe exigirla y nutrirla, si pretende vivir en una democracia creciente y mejor.          

Reflexionar sobre esta responsabilidad puede ser el mejor tributo a este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.

marzo 17, 2014

Necesaria cultura de libertad de expresión

Corría 1994. La Sociedad Interamericana de Prensa creaba la Declaración de Chapultepec para defender y promover la libertad de prensa como esencia de la democracia, mientras la ciclotímica América Latina se sacudía crisis y buscaba consolidar procesos democráticos.

Hace 20 años los temas eran diferentes, pero los problemas similares. Corrupción, inseguridad, inflación, debilidad institucional, censura de prensa, pobreza, desigualdad y autoritarismo reaparecían sin evolución ni aprendizajes. Desde el Vaticano, Juan Pablo II reaccionaba a Latinoamérica prohibiendo a sacerdotes militancia política y sindical. En México no se hablaba de narcotráfico, sino del nuevo movimiento zapatista. En Venezuela, asumía Rafael Caldera, indultando semanas después a Hugo Chávez, preso desde su intento de golpe de Estado en 1992. En Argentina morían 84 personas en el atentado contra la AMIA, se reformaba la Constitución y Maradona era expulsado por dopaje del Mundial de EE.UU.

Hace 20 años el internet era incipiente y desconocido. Los mensajes más vanguardistas eran por fax. En Colombia se inauguraba la telefonía móvil y los medios tradicionales no tenían idea que al final de la década tendrían que emigrar a espacios digitales para sobrevivir y mantener audiencias. Edward Snowden y Julian Assange, si acaso, eran ciencia ficción.

En 1994, mientras Nelson Mandela ganaba las elecciones en Sudáfrica poniendo fin al apartheid, en el Castillo de Chapultepec de la ciudad de México, un grupo de visionarios, entre ex presidentes democráticos, líderes mundiales, premios Nobel y periodistas, redactaban una escueta declaración de principios que serviría para crear cultura sobre libertad de expresión.

El clima actual de libertad de prensa no es mejor que hace 20 años; hasta se retrocedió. Lo prueban el cierre de medios y persecución de periodistas en Venezuela; la censura legalizada en Ecuador; la propaganda gubernamental en Argentina; la matanza de periodistas en México, Brasil y Honduras; la continua falta de libertad en Cuba y la invasión del gobierno de EE.UU. en la privacidad de la gente.

Pese a ello, el público, tal vez sin saber por qué, tiene mayor conciencia sobre que para vivir en democracia, es indispensable que se reconozca con acciones concretas el derecho a la información, en lugar de figurar en lindas frases constitucionales y tratados internacionales. Esa mayor conciencia fue fraguada por debates públicos, participación en las redes sociales y más acceso a decisiones de los gobiernos, que se vieron presionados a rendir cuentas.

La Declaración de Chapultepec contribuyó a esa saludable cultura de mayor apertura gubernamental. Sirvió para medir sistemáticamente el nivel de libertad de prensa en una sociedad y, también, para impulsar medidas concretas que favorecieron la práctica del Periodismo ante gobiernos intolerantes y para crear más garantías y respeto a los derechos del público a la información y expresión.

El logro mayor en estas dos décadas de la Declaración fue haber impulsado la tendencia de leyes de acceso a la información pública, que empezó con México en 2001 y prosiguió hace días con la Ley de Transparencia en Colombia, después de insertarse en más de una docena de países latinoamericanos. Si bien estas leyes – todavía inexistentes en Venezuela, Paraguay, Costa Rica y Argentina, entre otros países -  no derrotaron el secretismo de Estado existente, ayudaron a crear cultura sobre la necesidad de contar con gobiernos más abiertos y trasparentes.

La eliminación del delito de desacato - que las autoridades permitan la crítica sin represalias - fue otro paso positivo en pos de gobiernos menos autoritarios. La excepción son Ecuador y Venezuela, donde por una ley y una reforma al Código Penal, respectivamente, se activaron mayores protecciones para los gobernantes, como si fueran monarquías del Siglo 14.

En materia de libertad de información los desafíos son muchos y constantes, especialmente por esa característica latinoamericana a la ciclotimia, de volver a los errores de siempre. Por eso es válida la celebración de la Declaración de Chapultepec que, aunque un poco imperceptible a la vista del ciudadano común, ha sido en estos 20 años, una usina importante para generar energía y cultura a favor de las libertades de prensa y expresión.

diciembre 31, 2010

2010: año eléctico. 2011: deseo más libertad


Termina un año ecléctico en todos los sentidos en nuestro continente americano. Lleno de desbarajustes económicos que molestaron nuestros bolsillos; de cambalaches políticos, corrupción y eternas campañas electoralistas que enturbiaron el camino de quienes deben dedicarse a hacer el bien común; de desastres naturales, como los terremotos en Chile y Haití, que sacudieron nuestros cimientos; de enfermedades que todavía no tienen cura o que reaparecieron encolerizadas como el cólera en Haití; de cambios intempestivos de clima que inundaron zonas de sequía, quemaron zonas frías y enfriaron países tropicales; de pocos avances  científicos y tecnológicos que nos permitan evolucionar mejor; y, lo peor, de persecución e intolerancia contra quien piensa u opina diferente.

En realidad no fue un año distinto a otros de la primera década de este siglo; aunque sí fue más preocupante porque no hemos evolucionado hacia sociedades mejores con el paso del tiempo. Seguimos cometiendo los mismos errores. La clase dirigente ha seguido con la misma rutina de peleas ideológicas antagónicas en cada país y es difícil ver bolsones de honestidad dentro de los que se ha pensado en objetivos a largo plazo. Casi siempre, nuestros políticos se enfrascaron en luchas intestinales con el único objetivo de complacer logros a corto plazo, electoralistas. Rescato, sin embargo, a los gobiernos de Lula da Silva que termina esta noche, el de Alan García que desembocará en las elecciones de abril próximo y el de Sebastián Piñera que arrancó con un terremoto y tsunami pero que supo campear bien el temporal. Los tres dieron pruebas de que América Latina está para grandes cosas, para pensar en grande, en un desarrollo sostenido a largo plazo.

Mi preocupación especial y pesimismo es observar lo malo que fue este año en materia de libertad de prensa y de expresión. 23 periodistas han sido asesinados, uno más esta semana, abatido en Honduras. 8 permanecen en las cárceles cubanas porque eligieron no ser desterrados a Madrid como los 16 que fueron liberados este año por un régimen que hace gala de la censura y la opresión de todas las libertades humanas. El régimen venezolano acaba de pasar dos reformas de leyes que hacen posible la censura, el bloqueo y la filtración de información del internet y las redes sociales, de la misma forma que puede censurar y cerrar medios de comunicación cuando se le antoje. En muchos países, como Argentina y Bolivia, siguieron sancionándose leyes en contra de la libertad de prensa y en otros como Panamá, Uruguay y Brasil se siguió penalizando a periodistas y medios por informar lo que algunos no quieren que se haga público. En Estados Unidos no se puede dejar de lamentar que a raíz del destape de Wikileaks muchos legisladores quieren controlar el internet. Y en muchos otros países es horroroso que los gobiernos sigan creando y comprando medios destinados al sistema de propaganda oficial y que usen ciber militantes y activistas para denostar a rivales, opositores y gente que piense diferente, a través de concentraciones, en los medios oficiales o a través del internet y las redes sociales.

Rescato, en materia de libertad de expresión, a las nuevas tecnologías que han traído un espacio formidable de expresión ciudadana a través de la interactividad de las redes sociales, así sea Twitter, Facebook o MySpace, entre tantas otras; a todos los periodistas que han sido asesinados por defender el derecho de la población a que se sepan cosas que muchos deshonestos quisieran que permanezcan ocultas y silenciadas; a todos aquellos comunicadores y blogueros que desafían la cárcel, como en Cuba, para informar e iluminar situaciones oscuras; a todos aquellos medios de comunicación que han sido víctima de atentados provenientes del crimen organizado u orquestado por funcionarios públicos o entidades privadas que ven amenazados sus intereses; a la Primera Enmienda de los Estados Unidos que sigue siendo un arma poderosa interpretada por los jueces para limitar a los intolerantes; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha contribuido a denunciar cada atropello a la libertad de prensa y de expresión más allá de muchos silencios que guardó su casa rectora, la Organización de Estados Americanos; y, como no podría ser de otra manera, resalto también el trabajo irrenunciable, convencido e incansable de la Sociedad Interamericana de Prensa, para poner en la agenda pública internacional todas las violaciones a la libertad de prensa e insistir en que se tomen las medidas correctivas.

Me quedo con este último párrafo, esperanzado y optimista, de que la lucha por la libertad de expresión, el mayor atributo de una sociedad democrática, tolerante, plural y diversa, servirá para seguir mejorando la vida en nuestras comunidades.

Agradezco a todos aquellos que entran a este blog, que leen, discrepan, dejan sus comentarios e ideas, como si estuviéramos reunidos alrededor de una mesa de café. Fue justamente lo de compartir alrededor de una mesa, lo que me llevo a abrir este espacio. Les deseo a todos un excelente 2011 y anhelando que tengamos un año con mayor tolerancia y libertad de expresión.

julio 25, 2009

Palabras irresponsables

¿Tiene un presidente los mismos derechos que un ciudadano para expresar sus opiniones y argumentos? Claro que sí. ¿Y para decir lo que se le antoja, burlarse o insultar a otros? Por supuesto que no.
En materia de libertad de expresión, por su envergadura pública y debido a las consecuencias que sus pronunciamientos pueden acarrear, un presidente tiene más restricciones y responsabilidades que una persona normal y corriente. Así como sus acciones están limitadas – no puede declarar la guerra o irse de viaje al extranjero sin la aprobación del Congreso – también lo están sus palabras.
Pero no lo sienten así muchos presidentes latinoamericanos, demostrándolo con sus constantes dichos sarcásticos, desafiantes y burlones. Estas actitudes provocan en algunos cierta autocensura, en otros una retórica vengativa, a la vez que pueden estimular violencia.
Uno de esos presidentes es Rafael Correa, quien en su última alocución semanal, y tras ser criticado por burlarse de los medios de comunicación y desacreditar a los periodistas en su espacio sabatino, “La libertad de expresión ya es de todos”, retó a los ecuatorianos a que le escriban a info@elciudadano.gov.ec, para saber si “tiene algo de malo” emitir su informe semanal a la ciudadanía.
Correa desvirtuó la pregunta y cometió dos errores. Primero, la crítica no era sobre el espacio y el hecho de informar, sino sobre sus adjetivados insultos contra quienes dan noticias y opiniones que no le favorecen. Segundo, un mandatario no tiene la potestad de elegir si dar o no información, sino la obligación legal y moral de hacerlo.
Hablar u opinar no es necesariamente informar. Correa, Hugo Chávez, Cristina de Kirchner, Evo Morales y, entre otros, Daniel Ortega, quienes prefieren hablar en cadenas nacionales, espacios propios de medios privados y estatales, mítines políticos y actos públicos o través de spots y publicidades, lo que generan no es información, sino comunicación de una sola vía. Pura propaganda.
El acto de informar dentro de la administración gubernamental democrática, tiene otros ingredientes esenciales, como la transparencia que garantiza y obliga una ley de acceso a la información pública, la argumentación que se fragua en el debate de las ideas con la oposición y el cuestionamiento que se alcanza en conferencias de prensa y entrevistas periodísticas. Aspectos éstos, muy ausentes en los gobiernos mencionados.
Evidenciado por sus prédicas contra quienes los critican, muchos presidentes no admiten que como funcionarios renuncian a privilegios de privacidad, asumen restricciones y deben estar más expuestos a la crítica y a la fiscalización pública. Da la impresión que manejan la función pública como patrones de estancia, creyendo que se les dio un país en usufructo, cuando lo único que legitiman las elecciones es la gerencia temporal de los bienes del Estado, actividad que infiere tres valores: eficiencia, honestidad y transparencia.
El presidente Chávez inauguró hace 10 años este estilo discursivo de gobernar, en el que usa como arma a la retórica para atacar y degradar a cualquier tipo de adversario. Esa arenga, además de conseguir titulares, tiene dos riesgos, desalienta el debate por la autocensura que genera en el desacreditado, mientras que instiga a los partidarios a la violencia. Sus declaraciones recientes sobre Honduras, infiriendo insurrección, guerra civil y militarización, prueban que sus palabras tienen la intención de profundizar, más que de solucionar la crisis.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias disputas entre periodistas y el estado venezolano, falló que los funcionarios públicos tienen mayores responsabilidades en cuanto a sus pronunciamientos, ya que los dichos hostiles pueden exacerbar la intolerancia y animadversión, y “constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión”. La Corte señaló que las restricciones a los dichos de los funcionarios, deben ser mayores en situaciones de conflictividad social, ante el peligro de que los riesgos puedan potenciarse.
Lamentablemente, estos fallos no fueron acatados ni aprendidos. La polarización extrema que hoy se vive en Latinoamérica, no se debe tanto a la diferencia entre modelos políticos, sino al antagonismo de las palabras, dichas por presidentes irresponsables que no se comportan a la altura de su investidura, sino más bien, como agitadores de barricada.

diciembre 08, 2008

Una palabra puede cambiar tu vida







Sumándose a la conmemoración del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se celebra este 10 de diciembre, la Sociedad Interamericana de Prensa pone un énfasis especial en el artículo 19 de la misma, el que versa sobre una de las libertades más preciadas del hombre, la libertad de expresión, la que muchas veces es vilipendiada o, directamente, negada.

Para ello, inició en todos sus diarios miembros, una campaña de servicio público denominada “Una palabra puede hacer mil cambios en tu vida y tú tienes derecho a decir la próxima”. Los avisos tienen la imagen de personalidades de la historia
Contemporánea, como Simón Bolívar, Nelson Mandela, Martin Luther King, el Papa Juan Pablo II, Pelé, en los que se destaca una palabra que a ellos los llevó a cambiar el mundo o hacer una diferencia en el, para el resto de los mortales.

La idea detrás de la campaña es empoderar a todos a que no teman a expresar sus opiniones. El llamado a la acción de la campaña es: “Infórmate, exprésate y exige: es tu derecho”.

Tensión entre la verdad y la libertad

Desde mis inicios en el periodismo hasta mi actual exploración en la ficción, la relación entre verdad y libertad siempre me ha fascinado. S...