Como a muchos nos pasó de chicos, ante la pregunta esperada de la tía sobre nuestra suerte en el futuro, siempre contestaba lo mismo: “seré presidente”.
Muy ingenuo e inocente, claro. Hoy sería la profesión que menos me gustaría ser; de solo observar lo que está sucediendo en varios de nuestros países latinoamericanos.
Muchos presidentes se pelean con medio mundo, polarizan, amenazan, imponen y quieren imponer leyes restrictivas, ganan plata debajo de la mesa, corrompen, se dejan corromper, ganan dinero ilícito, hacen menos por el bien común que por el bienestar personal, subyugan a la justicia. Simplemente no están a la altura de ese sueño de niños que todos tenemos, ser líderes, ser el personaje más importante de una comunidad y ayudar y servir al resto.
Hoy muchos presidentes han degradado la investidura presidencial. La han hecho harapos. Y a pesar de que votemos por otros para cambiarlos a éstos, terminan a la postre siendo más de lo mismo.
Qué lástima que los corruptos nos quiten los sueños!
Quiero contarles sobre los procesos creativos de esta nueva historia sobre la verdad, la libertad y el miedo al futuro. Es mi nueva novela y espero publicarla cuando se sincronicen los planetas (las editoriales) o cuando se me acabe la paciencia y decida autopublicar -- Los contenidos de mi blog Prensa y Expresión están en el archivo. Blog por Ricardo Trotti
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agosto 30, 2010
febrero 06, 2010
Magnates nuevos en la prensa
Dirigentes políticos latinoamericanos con vocación de magnates de la prensa, desde hace años vienen amasando un conglomerado de medios de comunicación con el que soñarían Silvio Berlusconi, Rupert Murdoch y Ted Turner, juntos.
Pero a diferencia de esos “tycoons”, y del presidente electo chileno Sebastián Piñera, quien mantiene su televisora con bolsillo propio, rating y competencia, los nuevos jerarcas de la prensa tienen mayores facilidades y peores intenciones: compran o crean medios con dinero de los contribuyentes y, cuando no pueden con esa táctica, simplemente se los auto asignan o se apropian de ellos tras escandalosas expropiaciones.
Se trata de una camada de presidentes latinoamericanos - incitados por Hugo Chávez - convencidos que con medios y propaganda bajo su ala pueden consolidar o perpetuar su poder. Para conseguirlo, las estrategias parecen sacadas del mismo manual de instrucción: acogotan a los medios privados a los que le achacan una vocación golpista y conspirativa; dictan leyes de prensa “correctivas” que siempre son restrictivas; y sus testaferros y operadores, con billetera estatal, compran espacios o controlan medios privados desde donde tejen su ofensiva ideológica y electoral.
Esta estrategia corrupta y corrosiva, que antes tuvo afectos entre Fujimori y Menem, o siempre la practicaron los Castro y todos los “ismos” que ideologizaron el planeta, es ahora práctica común en los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela que, no satisfechos con crear y manipular medios oficiales, se abalanzan contra la propiedad privada.
Esta semana, el periodista Carlos Fernando Chamorro renunció a su popular programa de opinión en Canal 8 de Nicaragua, denunciando que no podría trabajar con su nuevo patrón, el presidente Daniel Ortega, quien habría adquirido la mayoría de la televisora con recursos públicos, sacados de un fondo de ayuda nacional aportado por el chavismo venezolano.
Con otros canales y radios en su haber, Ortega podría estar imitando a Chávez, quien además de las agencias de propaganda Telesur y la Bolivariana de Noticias, dispone de 238 emisoras, 28 estaciones de televisión, 340 impresos y más de 125 sitios en internet. Eso sin considerar que cerró radios, persigue periódicos y promete una ofensiva contra internet, redes sociales y mensajes de texto por incitar el terrorismo.
Chávez no construye su hegemonía mediática solo creando, sino destruyendo. Excusándose en una ley mordaza, la misma que esta semana anunció Evo Morales en Bolivia para controlar que los medios privados “no mientan” y “luchen contra el capitalismo”, Chávez sacudió a la opinión pública cerrando canales de cable, entre ellos RCTV, a cuya versión abierta no sólo clausuró en el 2007, sino que le robó sus equipos de trasmisión para operar su propia televisora.
Ese tipo de hurto oficial también es frecuente en Ecuador. El gobierno sigue manejando y resistiéndose a entregar en licitación pública los canales que confiscó, TC Televisión, Gama TV, Americavisión y Cablevisión; además, controla El Telégrafo, diario del que se apropió tras larga disputa, Ecuador TV, Radio Pública y el portal El Ciudadano. En diciembre lanzó la agencia de noticias Andes cuya meta, según la Presidencia, “es potenciar la imagen del país”, lo que denota el mero carácter propagandístico del nuevo órgano.
La ley de Comunicación que se pretende sancionar en Ecuador, es casi un calco de la vengativa legislación que se alcanzó con los Kirchner en Argentina. No solo sirvió para castigar a medios privados como Clarín, sino como plataforma para que el gobierno limite las licencias o se las auto asigne para conformar su anhelado “multimedio kirchnerista”. Las previsiones no eran falsas. Este año el gobierno operará diez nuevas televisoras estatales, que se sumarán a una grilla importante de medios oficiales y a una fastuosa intervención de testaferros y amigotes en el sector privado, con lo que quedará conformado un temerario sistema de propaganda con el fin de construir el continuismo hacia el 2011.
Nunca antes se había visto en América Latina una estrategia comunicacional tan grande y entrelazada, como hipócrita. Porque mientras a Piñera se le exige la venta de su televisora para evitar conflictos de interés desde el sillón presidencial, los nuevos magnates usan la Presidencia para meter sus manos en nuestros bolsillos y así edificar sus propias y privadas maquinarias de propaganda.
Pero a diferencia de esos “tycoons”, y del presidente electo chileno Sebastián Piñera, quien mantiene su televisora con bolsillo propio, rating y competencia, los nuevos jerarcas de la prensa tienen mayores facilidades y peores intenciones: compran o crean medios con dinero de los contribuyentes y, cuando no pueden con esa táctica, simplemente se los auto asignan o se apropian de ellos tras escandalosas expropiaciones.
Se trata de una camada de presidentes latinoamericanos - incitados por Hugo Chávez - convencidos que con medios y propaganda bajo su ala pueden consolidar o perpetuar su poder. Para conseguirlo, las estrategias parecen sacadas del mismo manual de instrucción: acogotan a los medios privados a los que le achacan una vocación golpista y conspirativa; dictan leyes de prensa “correctivas” que siempre son restrictivas; y sus testaferros y operadores, con billetera estatal, compran espacios o controlan medios privados desde donde tejen su ofensiva ideológica y electoral.
Esta estrategia corrupta y corrosiva, que antes tuvo afectos entre Fujimori y Menem, o siempre la practicaron los Castro y todos los “ismos” que ideologizaron el planeta, es ahora práctica común en los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela que, no satisfechos con crear y manipular medios oficiales, se abalanzan contra la propiedad privada.
Esta semana, el periodista Carlos Fernando Chamorro renunció a su popular programa de opinión en Canal 8 de Nicaragua, denunciando que no podría trabajar con su nuevo patrón, el presidente Daniel Ortega, quien habría adquirido la mayoría de la televisora con recursos públicos, sacados de un fondo de ayuda nacional aportado por el chavismo venezolano.
Con otros canales y radios en su haber, Ortega podría estar imitando a Chávez, quien además de las agencias de propaganda Telesur y la Bolivariana de Noticias, dispone de 238 emisoras, 28 estaciones de televisión, 340 impresos y más de 125 sitios en internet. Eso sin considerar que cerró radios, persigue periódicos y promete una ofensiva contra internet, redes sociales y mensajes de texto por incitar el terrorismo.
Chávez no construye su hegemonía mediática solo creando, sino destruyendo. Excusándose en una ley mordaza, la misma que esta semana anunció Evo Morales en Bolivia para controlar que los medios privados “no mientan” y “luchen contra el capitalismo”, Chávez sacudió a la opinión pública cerrando canales de cable, entre ellos RCTV, a cuya versión abierta no sólo clausuró en el 2007, sino que le robó sus equipos de trasmisión para operar su propia televisora.
Ese tipo de hurto oficial también es frecuente en Ecuador. El gobierno sigue manejando y resistiéndose a entregar en licitación pública los canales que confiscó, TC Televisión, Gama TV, Americavisión y Cablevisión; además, controla El Telégrafo, diario del que se apropió tras larga disputa, Ecuador TV, Radio Pública y el portal El Ciudadano. En diciembre lanzó la agencia de noticias Andes cuya meta, según la Presidencia, “es potenciar la imagen del país”, lo que denota el mero carácter propagandístico del nuevo órgano.
La ley de Comunicación que se pretende sancionar en Ecuador, es casi un calco de la vengativa legislación que se alcanzó con los Kirchner en Argentina. No solo sirvió para castigar a medios privados como Clarín, sino como plataforma para que el gobierno limite las licencias o se las auto asigne para conformar su anhelado “multimedio kirchnerista”. Las previsiones no eran falsas. Este año el gobierno operará diez nuevas televisoras estatales, que se sumarán a una grilla importante de medios oficiales y a una fastuosa intervención de testaferros y amigotes en el sector privado, con lo que quedará conformado un temerario sistema de propaganda con el fin de construir el continuismo hacia el 2011.
Nunca antes se había visto en América Latina una estrategia comunicacional tan grande y entrelazada, como hipócrita. Porque mientras a Piñera se le exige la venta de su televisora para evitar conflictos de interés desde el sillón presidencial, los nuevos magnates usan la Presidencia para meter sus manos en nuestros bolsillos y así edificar sus propias y privadas maquinarias de propaganda.
julio 25, 2009
Palabras irresponsables
¿Tiene un presidente los mismos derechos que un ciudadano para expresar sus opiniones y argumentos? Claro que sí. ¿Y para decir lo que se le antoja, burlarse o insultar a otros? Por supuesto que no.
En materia de libertad de expresión, por su envergadura pública y debido a las consecuencias que sus pronunciamientos pueden acarrear, un presidente tiene más restricciones y responsabilidades que una persona normal y corriente. Así como sus acciones están limitadas – no puede declarar la guerra o irse de viaje al extranjero sin la aprobación del Congreso – también lo están sus palabras.
Pero no lo sienten así muchos presidentes latinoamericanos, demostrándolo con sus constantes dichos sarcásticos, desafiantes y burlones. Estas actitudes provocan en algunos cierta autocensura, en otros una retórica vengativa, a la vez que pueden estimular violencia.
Uno de esos presidentes es Rafael Correa, quien en su última alocución semanal, y tras ser criticado por burlarse de los medios de comunicación y desacreditar a los periodistas en su espacio sabatino, “La libertad de expresión ya es de todos”, retó a los ecuatorianos a que le escriban a info@elciudadano.gov.ec, para saber si “tiene algo de malo” emitir su informe semanal a la ciudadanía.
Correa desvirtuó la pregunta y cometió dos errores. Primero, la crítica no era sobre el espacio y el hecho de informar, sino sobre sus adjetivados insultos contra quienes dan noticias y opiniones que no le favorecen. Segundo, un mandatario no tiene la potestad de elegir si dar o no información, sino la obligación legal y moral de hacerlo.
Hablar u opinar no es necesariamente informar. Correa, Hugo Chávez, Cristina de Kirchner, Evo Morales y, entre otros, Daniel Ortega, quienes prefieren hablar en cadenas nacionales, espacios propios de medios privados y estatales, mítines políticos y actos públicos o través de spots y publicidades, lo que generan no es información, sino comunicación de una sola vía. Pura propaganda.
El acto de informar dentro de la administración gubernamental democrática, tiene otros ingredientes esenciales, como la transparencia que garantiza y obliga una ley de acceso a la información pública, la argumentación que se fragua en el debate de las ideas con la oposición y el cuestionamiento que se alcanza en conferencias de prensa y entrevistas periodísticas. Aspectos éstos, muy ausentes en los gobiernos mencionados.
Evidenciado por sus prédicas contra quienes los critican, muchos presidentes no admiten que como funcionarios renuncian a privilegios de privacidad, asumen restricciones y deben estar más expuestos a la crítica y a la fiscalización pública. Da la impresión que manejan la función pública como patrones de estancia, creyendo que se les dio un país en usufructo, cuando lo único que legitiman las elecciones es la gerencia temporal de los bienes del Estado, actividad que infiere tres valores: eficiencia, honestidad y transparencia.
El presidente Chávez inauguró hace 10 años este estilo discursivo de gobernar, en el que usa como arma a la retórica para atacar y degradar a cualquier tipo de adversario. Esa arenga, además de conseguir titulares, tiene dos riesgos, desalienta el debate por la autocensura que genera en el desacreditado, mientras que instiga a los partidarios a la violencia. Sus declaraciones recientes sobre Honduras, infiriendo insurrección, guerra civil y militarización, prueban que sus palabras tienen la intención de profundizar, más que de solucionar la crisis.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias disputas entre periodistas y el estado venezolano, falló que los funcionarios públicos tienen mayores responsabilidades en cuanto a sus pronunciamientos, ya que los dichos hostiles pueden exacerbar la intolerancia y animadversión, y “constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión”. La Corte señaló que las restricciones a los dichos de los funcionarios, deben ser mayores en situaciones de conflictividad social, ante el peligro de que los riesgos puedan potenciarse.
Lamentablemente, estos fallos no fueron acatados ni aprendidos. La polarización extrema que hoy se vive en Latinoamérica, no se debe tanto a la diferencia entre modelos políticos, sino al antagonismo de las palabras, dichas por presidentes irresponsables que no se comportan a la altura de su investidura, sino más bien, como agitadores de barricada.
En materia de libertad de expresión, por su envergadura pública y debido a las consecuencias que sus pronunciamientos pueden acarrear, un presidente tiene más restricciones y responsabilidades que una persona normal y corriente. Así como sus acciones están limitadas – no puede declarar la guerra o irse de viaje al extranjero sin la aprobación del Congreso – también lo están sus palabras.
Pero no lo sienten así muchos presidentes latinoamericanos, demostrándolo con sus constantes dichos sarcásticos, desafiantes y burlones. Estas actitudes provocan en algunos cierta autocensura, en otros una retórica vengativa, a la vez que pueden estimular violencia.
Uno de esos presidentes es Rafael Correa, quien en su última alocución semanal, y tras ser criticado por burlarse de los medios de comunicación y desacreditar a los periodistas en su espacio sabatino, “La libertad de expresión ya es de todos”, retó a los ecuatorianos a que le escriban a info@elciudadano.gov.ec, para saber si “tiene algo de malo” emitir su informe semanal a la ciudadanía.
Correa desvirtuó la pregunta y cometió dos errores. Primero, la crítica no era sobre el espacio y el hecho de informar, sino sobre sus adjetivados insultos contra quienes dan noticias y opiniones que no le favorecen. Segundo, un mandatario no tiene la potestad de elegir si dar o no información, sino la obligación legal y moral de hacerlo.
Hablar u opinar no es necesariamente informar. Correa, Hugo Chávez, Cristina de Kirchner, Evo Morales y, entre otros, Daniel Ortega, quienes prefieren hablar en cadenas nacionales, espacios propios de medios privados y estatales, mítines políticos y actos públicos o través de spots y publicidades, lo que generan no es información, sino comunicación de una sola vía. Pura propaganda.
El acto de informar dentro de la administración gubernamental democrática, tiene otros ingredientes esenciales, como la transparencia que garantiza y obliga una ley de acceso a la información pública, la argumentación que se fragua en el debate de las ideas con la oposición y el cuestionamiento que se alcanza en conferencias de prensa y entrevistas periodísticas. Aspectos éstos, muy ausentes en los gobiernos mencionados.
Evidenciado por sus prédicas contra quienes los critican, muchos presidentes no admiten que como funcionarios renuncian a privilegios de privacidad, asumen restricciones y deben estar más expuestos a la crítica y a la fiscalización pública. Da la impresión que manejan la función pública como patrones de estancia, creyendo que se les dio un país en usufructo, cuando lo único que legitiman las elecciones es la gerencia temporal de los bienes del Estado, actividad que infiere tres valores: eficiencia, honestidad y transparencia.
El presidente Chávez inauguró hace 10 años este estilo discursivo de gobernar, en el que usa como arma a la retórica para atacar y degradar a cualquier tipo de adversario. Esa arenga, además de conseguir titulares, tiene dos riesgos, desalienta el debate por la autocensura que genera en el desacreditado, mientras que instiga a los partidarios a la violencia. Sus declaraciones recientes sobre Honduras, infiriendo insurrección, guerra civil y militarización, prueban que sus palabras tienen la intención de profundizar, más que de solucionar la crisis.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias disputas entre periodistas y el estado venezolano, falló que los funcionarios públicos tienen mayores responsabilidades en cuanto a sus pronunciamientos, ya que los dichos hostiles pueden exacerbar la intolerancia y animadversión, y “constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión”. La Corte señaló que las restricciones a los dichos de los funcionarios, deben ser mayores en situaciones de conflictividad social, ante el peligro de que los riesgos puedan potenciarse.
Lamentablemente, estos fallos no fueron acatados ni aprendidos. La polarización extrema que hoy se vive en Latinoamérica, no se debe tanto a la diferencia entre modelos políticos, sino al antagonismo de las palabras, dichas por presidentes irresponsables que no se comportan a la altura de su investidura, sino más bien, como agitadores de barricada.
mayo 24, 2009
Deterioro de las instituciones democráticas
Las instituciones democráticas de América Latina están débiles y no creo que se le pueda echar la culpa a los imperios totalmente, como suele hacer Hugo Chávez y otros presidentes neo populistas. Mucha de la culpa está en nuestro propio suelo.
Este es el discurso sobre el deterioro de las instituciones democráticas que ofrecí ayer en un Foro latinoamericano sobre derechos humanos y libertad de expresión convocado por la Nicaraguan Civil Task Force con sede en Miami.
Quiero expresar algunos puntos de vista sobre las instituciones democráticas desde la óptica de la libertad de prensa, mi trabajo diario.
La más importante es que resulta fácil observar la directa relación que tienen la democracia y la libertad de prensa. Diría que son inversamente proporcionales. A mayor libertad de prensa, menor democracia y viceversa.
Si uno observa los atropellos que se registran en un país contra la libertad de prensa y de expresión de los ciudadanos, puede observar indefectiblemente el grado de democracia que existe.
Para muestra vale observar lo que sucede con Globovisión en Venezuela o contra La Prensa, Canal 10 y Nuestro Diario en Nicaragua o La Prensa de La Paz o La Prensa de San Pedro Sula.
Ese clima de confrontación, polarización y atomización entre el gobierno y los medios de comunicación en cada uno de esos países, es el mismo clima que está generado entre el gobierno y los partidos de oposición, la propiedad privada, la educación, etc…
Donde en esos países los medios quieren ser subyugados o donde los gobiernos quieren adueñarse de la información y de los medios, o donde quieren crear cadenas televisivas, inventar periódicos y radios y televisoras de propaganda – como en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, donde los familiares de Daniel Ortega son dueños de Canal 4 – aunque también vemos que los gobiernos se quieren adueñar del Congreso y del Poder Judicial, de la defensoría del pueblo y de las fiscalías.
Estamos frente a un tipo de gobiernos que les vale madre las instituciones democráticas. Sólo piensan que sus ideologías revolucionarias son las verdaderas y que gobernar es hacerlo de acuerdo a sus pensamientos, no por el bien común del país. Lamentablemente, el pasado pero de gobiernos dictatoriales y autoritarios y corruptos los justifica.
Los estados, como nunca antes, están gastando en propaganda ideológica, ya sea con marchas para contrarrestar movilizaciones de la oposición, como lo hacen gobiernos como el de Chávez, de Ortega o de Cristina de Kirchner o comprando publicidad en los medios amigos que se prestan a ser parte de la maquinaria propagandística del Estado.
Como nunca antes este círculo vicioso entre el Estado todopoderosos, la debilidad pasmosa de los partidos políticos y el desprestigio de las instituciones públicas como la de los tres poderes del Estado, hace que la gente esté cada vez más apática de las instituciones democráticas y le vale un pepino. Es más, por ahí hasta uno escucha peligrosamente a la gente decir que en la época de las botas había más orden.
La reciente Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago desnudó el problema de América Latina. El egoísmo político ha hecho que los gobiernos piensen en los gobiernos, y no en la gente, por eso la agenda derivó con su tema principal si Cuba debería insertarse nuevamente en la OEA; lo que sigue siendo un debate este fin de semana sobre un tema que la Cuba y sus gobernantes vienen repitiendo que no quieren formar parte de ese organismo multilateral.
Miopía política la de incluso nueve presidentes latinoamericanos que viajaron este año a La Habana a rendirle culto a 50 años de engaños mientras un montón de personas, entre ellas unos 300 presos políticos y 26 periodistas se pudren en las cárceles.
La debilidad de los poderes políticos es evidente en América Latina si uno observa de cerca esa miopía y egoísmo político de sistemas que se quieren eternizar mediante las reelecciones.
A gente como Chávez, Correa, Morales, ahora también se le quieren sumar Zelaya, Ortega (o Rosario Murillo), Fernández y hasta posiblemente Uribe, quien todavía deshoja la margarita, y queda confundido porque el 60% de los colombianos apoyan su posible nominación para un tercer mandato; pero igual estuvieron confundidos en otra época Alberto Fujimori y Carlos Menem.
La falta de recambio político, incentivada incluso por los partidos de oposición por ese tipo de acuerdos fraudulentos como el que perpetraron las gentes de Ortega y Alemán, permitirá que cada vez tengamos democracias más débiles y riesgosas.
Y encima, cuando vamos a elecciones se corre el riesgo que en muchos países voten nuestros abuelos muertos y los fraudes sean impúdicos y sinvergüenzas, como paso en noviembre del año pasado en que se robaron las elecciones en muchos departamentos de Nicaragua.
Las instituciones políticas son las más desprestigiadas en general de toda la América Latina. Según el Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad la gente tiene mucha desconfianza en la estabilidad democrática como en Argentina, Panamá Paraguay y Nicaragua; siendo que donde mayor confianza existe es en Uruguay, Colombia y Estados Unidos.
Mientras las Fuerzas Armadas es la institución de mayor prestigio en general, las peores situadas son, en este orden, la Policía, el Congreso y los partidos políticos.
Atado a todo esto, la percepción general promedio indicia que el mayor problema de los latinoamericanos es la corrupción, seguido por el desempleo y la economía, y luego la inseguridad.
La inseguridad, es quizás, el mayor problema que estamos enfrentando en todo el continente, minimizado ahora por las preocupaciones económicas. Y nuevamente se ve acá una estricta relación entre la libertad de prensa y la democracia.
La inseguridad provocada como en México por el narcotráfico, por las mafias en la triple frontera, las pandillas en Centroamérica, la delincuencia común incentivada por la falta de trabajo y la provocada por el propio Estado, ya sea por la corrupción en la administración pública o la ejercida como método de presión para intimidar a los disidentes.
El video póstumo de Rodrigo Rosemberg acusando al presidente de Guatemala Alvaro Colom y a su entorno muestra un poco el problema de la corrupción y la violencia que se origina en el propio Estado. Cuántos videos nos harían falta para denunciar todos los atropellos que quedan escondidos. Por suerte aparecen cada tanto evidencias como éstas o las que dejó Vladimiro Montensinos de cómo la corrupción y la violencia caminan estrechamente de la mano.
Lo más triste y desesperante de todo, es que mientras los gobiernos cometen o permiten que se comentan estos hechos y queden en la impunidad, se viven al mismo tiempo firmando y firmando acuerdos y tratados internacionales que quedan muy bonitos solo en el papel, como la Carta Democrática de la OEA, la que por ejemplo nunca fue impulsada en Venezuela, donde tampoco se obedecen los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de que el Presidente intimidó con el calificativo de pendejo al secretario ejecutivo de la OEA.
No solo es suficiente el atropello, la violencia, la corrupción, el quiebre de las instituciones, sino también la descalificación y el insulto permanente de todo aquel que no piense adoctrinadamente igual. Esto demuestra que el otro verdadero mal de América Latina es la intolerancia.
Qué hacer con tanta desesperanza. A quién responsabilizar.
Nada cambiará en América Latina si no se toma conciencia que la única solución pasa por tener sistemas justos y equitativos. El fortalecimiento de la Justicia, un buen sistema independiente de incentivos y castigos, es lo único que nos hará salir del pozo.
Lamentablemente, esto no se logra de un día para el otro, ni de un lustro para el otro. Se trata de un recambio generacional, los políticos deben sembrar las semillas ahora para que germinen en unas décadas y ahí recién con nuestros hijos o nietos se podrá cosechar.
No hay atajos. Ningún tipo de sistema político nos puede sacar adelante si no es fortalecido con un sistema independiente de justicia.
Está bien por ejemplo que en Guatemala se haya aprobado la ley que permite la transparencia y una mejor elección de magistrados y jueces.
Pero ese mismo celo debería aplicarse en los partidos políticos y en el Congreso, para que haya controles más estrictos de selección, para que se nutran de los mejores, de los más honestos.
Muchas gracias
Este es el discurso sobre el deterioro de las instituciones democráticas que ofrecí ayer en un Foro latinoamericano sobre derechos humanos y libertad de expresión convocado por la Nicaraguan Civil Task Force con sede en Miami.
Quiero expresar algunos puntos de vista sobre las instituciones democráticas desde la óptica de la libertad de prensa, mi trabajo diario.
La más importante es que resulta fácil observar la directa relación que tienen la democracia y la libertad de prensa. Diría que son inversamente proporcionales. A mayor libertad de prensa, menor democracia y viceversa.
Si uno observa los atropellos que se registran en un país contra la libertad de prensa y de expresión de los ciudadanos, puede observar indefectiblemente el grado de democracia que existe.
Para muestra vale observar lo que sucede con Globovisión en Venezuela o contra La Prensa, Canal 10 y Nuestro Diario en Nicaragua o La Prensa de La Paz o La Prensa de San Pedro Sula.
Ese clima de confrontación, polarización y atomización entre el gobierno y los medios de comunicación en cada uno de esos países, es el mismo clima que está generado entre el gobierno y los partidos de oposición, la propiedad privada, la educación, etc…
Donde en esos países los medios quieren ser subyugados o donde los gobiernos quieren adueñarse de la información y de los medios, o donde quieren crear cadenas televisivas, inventar periódicos y radios y televisoras de propaganda – como en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, donde los familiares de Daniel Ortega son dueños de Canal 4 – aunque también vemos que los gobiernos se quieren adueñar del Congreso y del Poder Judicial, de la defensoría del pueblo y de las fiscalías.
Estamos frente a un tipo de gobiernos que les vale madre las instituciones democráticas. Sólo piensan que sus ideologías revolucionarias son las verdaderas y que gobernar es hacerlo de acuerdo a sus pensamientos, no por el bien común del país. Lamentablemente, el pasado pero de gobiernos dictatoriales y autoritarios y corruptos los justifica.
Los estados, como nunca antes, están gastando en propaganda ideológica, ya sea con marchas para contrarrestar movilizaciones de la oposición, como lo hacen gobiernos como el de Chávez, de Ortega o de Cristina de Kirchner o comprando publicidad en los medios amigos que se prestan a ser parte de la maquinaria propagandística del Estado.
Como nunca antes este círculo vicioso entre el Estado todopoderosos, la debilidad pasmosa de los partidos políticos y el desprestigio de las instituciones públicas como la de los tres poderes del Estado, hace que la gente esté cada vez más apática de las instituciones democráticas y le vale un pepino. Es más, por ahí hasta uno escucha peligrosamente a la gente decir que en la época de las botas había más orden.
La reciente Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago desnudó el problema de América Latina. El egoísmo político ha hecho que los gobiernos piensen en los gobiernos, y no en la gente, por eso la agenda derivó con su tema principal si Cuba debería insertarse nuevamente en la OEA; lo que sigue siendo un debate este fin de semana sobre un tema que la Cuba y sus gobernantes vienen repitiendo que no quieren formar parte de ese organismo multilateral.
Miopía política la de incluso nueve presidentes latinoamericanos que viajaron este año a La Habana a rendirle culto a 50 años de engaños mientras un montón de personas, entre ellas unos 300 presos políticos y 26 periodistas se pudren en las cárceles.
La debilidad de los poderes políticos es evidente en América Latina si uno observa de cerca esa miopía y egoísmo político de sistemas que se quieren eternizar mediante las reelecciones.
A gente como Chávez, Correa, Morales, ahora también se le quieren sumar Zelaya, Ortega (o Rosario Murillo), Fernández y hasta posiblemente Uribe, quien todavía deshoja la margarita, y queda confundido porque el 60% de los colombianos apoyan su posible nominación para un tercer mandato; pero igual estuvieron confundidos en otra época Alberto Fujimori y Carlos Menem.
La falta de recambio político, incentivada incluso por los partidos de oposición por ese tipo de acuerdos fraudulentos como el que perpetraron las gentes de Ortega y Alemán, permitirá que cada vez tengamos democracias más débiles y riesgosas.
Y encima, cuando vamos a elecciones se corre el riesgo que en muchos países voten nuestros abuelos muertos y los fraudes sean impúdicos y sinvergüenzas, como paso en noviembre del año pasado en que se robaron las elecciones en muchos departamentos de Nicaragua.
Las instituciones políticas son las más desprestigiadas en general de toda la América Latina. Según el Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad la gente tiene mucha desconfianza en la estabilidad democrática como en Argentina, Panamá Paraguay y Nicaragua; siendo que donde mayor confianza existe es en Uruguay, Colombia y Estados Unidos.
Mientras las Fuerzas Armadas es la institución de mayor prestigio en general, las peores situadas son, en este orden, la Policía, el Congreso y los partidos políticos.
Atado a todo esto, la percepción general promedio indicia que el mayor problema de los latinoamericanos es la corrupción, seguido por el desempleo y la economía, y luego la inseguridad.
La inseguridad, es quizás, el mayor problema que estamos enfrentando en todo el continente, minimizado ahora por las preocupaciones económicas. Y nuevamente se ve acá una estricta relación entre la libertad de prensa y la democracia.
La inseguridad provocada como en México por el narcotráfico, por las mafias en la triple frontera, las pandillas en Centroamérica, la delincuencia común incentivada por la falta de trabajo y la provocada por el propio Estado, ya sea por la corrupción en la administración pública o la ejercida como método de presión para intimidar a los disidentes.
El video póstumo de Rodrigo Rosemberg acusando al presidente de Guatemala Alvaro Colom y a su entorno muestra un poco el problema de la corrupción y la violencia que se origina en el propio Estado. Cuántos videos nos harían falta para denunciar todos los atropellos que quedan escondidos. Por suerte aparecen cada tanto evidencias como éstas o las que dejó Vladimiro Montensinos de cómo la corrupción y la violencia caminan estrechamente de la mano.
Lo más triste y desesperante de todo, es que mientras los gobiernos cometen o permiten que se comentan estos hechos y queden en la impunidad, se viven al mismo tiempo firmando y firmando acuerdos y tratados internacionales que quedan muy bonitos solo en el papel, como la Carta Democrática de la OEA, la que por ejemplo nunca fue impulsada en Venezuela, donde tampoco se obedecen los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de que el Presidente intimidó con el calificativo de pendejo al secretario ejecutivo de la OEA.
No solo es suficiente el atropello, la violencia, la corrupción, el quiebre de las instituciones, sino también la descalificación y el insulto permanente de todo aquel que no piense adoctrinadamente igual. Esto demuestra que el otro verdadero mal de América Latina es la intolerancia.
Qué hacer con tanta desesperanza. A quién responsabilizar.
Nada cambiará en América Latina si no se toma conciencia que la única solución pasa por tener sistemas justos y equitativos. El fortalecimiento de la Justicia, un buen sistema independiente de incentivos y castigos, es lo único que nos hará salir del pozo.
Lamentablemente, esto no se logra de un día para el otro, ni de un lustro para el otro. Se trata de un recambio generacional, los políticos deben sembrar las semillas ahora para que germinen en unas décadas y ahí recién con nuestros hijos o nietos se podrá cosechar.
No hay atajos. Ningún tipo de sistema político nos puede sacar adelante si no es fortalecido con un sistema independiente de justicia.
Está bien por ejemplo que en Guatemala se haya aprobado la ley que permite la transparencia y una mejor elección de magistrados y jueces.
Pero ese mismo celo debería aplicarse en los partidos políticos y en el Congreso, para que haya controles más estrictos de selección, para que se nutran de los mejores, de los más honestos.
Muchas gracias
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