Magnates nuevos en la prensa

Dirigentes políticos latinoamericanos con vocación de magnates de la prensa, desde hace años vienen amasando un conglomerado de medios de comunicación con el que soñarían Silvio Berlusconi, Rupert Murdoch y Ted Turner, juntos.
Pero a diferencia de esos “tycoons”, y del presidente electo chileno Sebastián Piñera, quien mantiene su televisora con bolsillo propio, rating y competencia, los nuevos jerarcas de la prensa tienen mayores facilidades y peores intenciones: compran o crean medios con dinero de los contribuyentes y, cuando no pueden con esa táctica, simplemente se los auto asignan o se apropian de ellos tras escandalosas expropiaciones.
Se trata de una camada de presidentes latinoamericanos - incitados por Hugo Chávez - convencidos que con medios y propaganda bajo su ala pueden consolidar o perpetuar su poder. Para conseguirlo, las estrategias parecen sacadas del mismo manual de instrucción: acogotan a los medios privados a los que le achacan una vocación golpista y conspirativa; dictan leyes de prensa “correctivas” que siempre son restrictivas; y sus testaferros y operadores, con billetera estatal, compran espacios o controlan medios privados desde donde tejen su ofensiva ideológica y electoral.
Esta estrategia corrupta y corrosiva, que antes tuvo afectos entre Fujimori y Menem, o siempre la practicaron los Castro y todos los “ismos” que ideologizaron el planeta, es ahora práctica común en los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela que, no satisfechos con crear y manipular medios oficiales, se abalanzan contra la propiedad privada.
Esta semana, el periodista Carlos Fernando Chamorro renunció a su popular programa de opinión en Canal 8 de Nicaragua, denunciando que no podría trabajar con su nuevo patrón, el presidente Daniel Ortega, quien habría adquirido la mayoría de la televisora con recursos públicos, sacados de un fondo de ayuda nacional aportado por el chavismo venezolano.
Con otros canales y radios en su haber, Ortega podría estar imitando a Chávez, quien además de las agencias de propaganda Telesur y la Bolivariana de Noticias, dispone de 238 emisoras, 28 estaciones de televisión, 340 impresos y más de 125 sitios en internet. Eso sin considerar que cerró radios, persigue periódicos y promete una ofensiva contra internet, redes sociales y mensajes de texto por incitar el terrorismo.
Chávez no construye su hegemonía mediática solo creando, sino destruyendo. Excusándose en una ley mordaza, la misma que esta semana anunció Evo Morales en Bolivia para controlar que los medios privados “no mientan” y “luchen contra el capitalismo”, Chávez sacudió a la opinión pública cerrando canales de cable, entre ellos RCTV, a cuya versión abierta no sólo clausuró en el 2007, sino que le robó sus equipos de trasmisión para operar su propia televisora.
Ese tipo de hurto oficial también es frecuente en Ecuador. El gobierno sigue manejando y resistiéndose a entregar en licitación pública los canales que confiscó, TC Televisión, Gama TV, Americavisión y Cablevisión; además, controla El Telégrafo, diario del que se apropió tras larga disputa, Ecuador TV, Radio Pública y el portal El Ciudadano. En diciembre lanzó la agencia de noticias Andes cuya meta, según la Presidencia, “es potenciar la imagen del país”, lo que denota el mero carácter propagandístico del nuevo órgano.
La ley de Comunicación que se pretende sancionar en Ecuador, es casi un calco de la vengativa legislación que se alcanzó con los Kirchner en Argentina. No solo sirvió para castigar a medios privados como Clarín, sino como plataforma para que el gobierno limite las licencias o se las auto asigne para conformar su anhelado “multimedio kirchnerista”. Las previsiones no eran falsas. Este año el gobierno operará diez nuevas televisoras estatales, que se sumarán a una grilla importante de medios oficiales y a una fastuosa intervención de testaferros y amigotes en el sector privado, con lo que quedará conformado un temerario sistema de propaganda con el fin de construir el continuismo hacia el 2011.
Nunca antes se había visto en América Latina una estrategia comunicacional tan grande y entrelazada, como hipócrita. Porque mientras a Piñera se le exige la venta de su televisora para evitar conflictos de interés desde el sillón presidencial, los nuevos magnates usan la Presidencia para meter sus manos en nuestros bolsillos y así edificar sus propias y privadas maquinarias de propaganda.