El presidente Rafael Correa de Ecuador tiene un látigo por lengua y siempre encuentra la excusa perfecta para atacar la libertad de prensa, a los “mentirosos” medios y periodistas, con tal de seguir argumentando a favor de un emporio de medios estatales que está creando con el dinero de los contribuyentes para aumentar su capacidad de propaganda estatal.
Este fin de semana atacó a El Universo de Guayaquil (por denuncias sobre maquinarias de la industria petrolera que afectarían la ecología) y al diario Hoy de Quito (por denuncias sobre irregularidades en la compra de turbinas para generar energía eléctrica) quejándose que ambos diarios publican información falsa y mentirosa, y que estarían boicoteando al gobierno.
Correa aprovecha sus programas sabatinos para dedicar gran parte de los mismos a criticar a los periódicos y cualquier medio que haga denuncias sobre corrupción, considerando que es una fórmula para desprestigiar y desestabilizar a su gobierno. Obviamente, nunca se le ocurre agradecer a la prensa, y plantear que le pedirá a las autoridades competentes que investigará las irregularidades, lo que debiera hacer un gobierno normal y sensato de acuerdo al mandato que tiene en una democracia: administrar en forma eficiente el dinero de los ciudadanos.
Pero lo de Correa va más allá. En sus programas no solo hace propaganda de los medios que el su gobierno mantiene, expropió y creó, sino que además plantea que seguirá aumentando su capacidad de comunicación con una línea de medios oficiales, que por más que él los llame público, con la forma que maneja su gobierno, no caben dudas de que los usará para la propaganda oficial.
Este es un párrafo textual de su alocución del sábado pasado, que habla por sí mismo: “Gracias a Dios – dijo Correa – es que tenemos estos enlaces los sábados para poder aclararlo, sino se quedan con esta mentira. Como conclusión, no compren estos periódicos, infórmense un poco con la televisión, los canales públicos, compren El Telégrafo, estamos preparando un diario más popular que informe objetivamente, porque diario El Telégrafo está posicionado por un diario editorial, de cosas más profundas, pero tendremos un diario de consumo más popular para no ser víctimas de los que nos quieren engañar, engañar y engañar, para hacerle daño al Gobierno, para tratar de abortar la revolución ciudadana, un proyecto político inédito y volver a los privilegios de siempre, pero no pasarán nunca más al pasado”.
Quiero contarles sobre los procesos creativos de esta nueva historia sobre la verdad, la libertad y el miedo al futuro. Es mi nueva novela y espero publicarla cuando se sincronicen los planetas (las editoriales) o cuando se me acabe la paciencia y decida autopublicar -- Los contenidos de mi blog Prensa y Expresión están en el archivo. Blog por Ricardo Trotti
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febrero 08, 2010
febrero 06, 2010
Magnates nuevos en la prensa
Dirigentes políticos latinoamericanos con vocación de magnates de la prensa, desde hace años vienen amasando un conglomerado de medios de comunicación con el que soñarían Silvio Berlusconi, Rupert Murdoch y Ted Turner, juntos.
Pero a diferencia de esos “tycoons”, y del presidente electo chileno Sebastián Piñera, quien mantiene su televisora con bolsillo propio, rating y competencia, los nuevos jerarcas de la prensa tienen mayores facilidades y peores intenciones: compran o crean medios con dinero de los contribuyentes y, cuando no pueden con esa táctica, simplemente se los auto asignan o se apropian de ellos tras escandalosas expropiaciones.
Se trata de una camada de presidentes latinoamericanos - incitados por Hugo Chávez - convencidos que con medios y propaganda bajo su ala pueden consolidar o perpetuar su poder. Para conseguirlo, las estrategias parecen sacadas del mismo manual de instrucción: acogotan a los medios privados a los que le achacan una vocación golpista y conspirativa; dictan leyes de prensa “correctivas” que siempre son restrictivas; y sus testaferros y operadores, con billetera estatal, compran espacios o controlan medios privados desde donde tejen su ofensiva ideológica y electoral.
Esta estrategia corrupta y corrosiva, que antes tuvo afectos entre Fujimori y Menem, o siempre la practicaron los Castro y todos los “ismos” que ideologizaron el planeta, es ahora práctica común en los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela que, no satisfechos con crear y manipular medios oficiales, se abalanzan contra la propiedad privada.
Esta semana, el periodista Carlos Fernando Chamorro renunció a su popular programa de opinión en Canal 8 de Nicaragua, denunciando que no podría trabajar con su nuevo patrón, el presidente Daniel Ortega, quien habría adquirido la mayoría de la televisora con recursos públicos, sacados de un fondo de ayuda nacional aportado por el chavismo venezolano.
Con otros canales y radios en su haber, Ortega podría estar imitando a Chávez, quien además de las agencias de propaganda Telesur y la Bolivariana de Noticias, dispone de 238 emisoras, 28 estaciones de televisión, 340 impresos y más de 125 sitios en internet. Eso sin considerar que cerró radios, persigue periódicos y promete una ofensiva contra internet, redes sociales y mensajes de texto por incitar el terrorismo.
Chávez no construye su hegemonía mediática solo creando, sino destruyendo. Excusándose en una ley mordaza, la misma que esta semana anunció Evo Morales en Bolivia para controlar que los medios privados “no mientan” y “luchen contra el capitalismo”, Chávez sacudió a la opinión pública cerrando canales de cable, entre ellos RCTV, a cuya versión abierta no sólo clausuró en el 2007, sino que le robó sus equipos de trasmisión para operar su propia televisora.
Ese tipo de hurto oficial también es frecuente en Ecuador. El gobierno sigue manejando y resistiéndose a entregar en licitación pública los canales que confiscó, TC Televisión, Gama TV, Americavisión y Cablevisión; además, controla El Telégrafo, diario del que se apropió tras larga disputa, Ecuador TV, Radio Pública y el portal El Ciudadano. En diciembre lanzó la agencia de noticias Andes cuya meta, según la Presidencia, “es potenciar la imagen del país”, lo que denota el mero carácter propagandístico del nuevo órgano.
La ley de Comunicación que se pretende sancionar en Ecuador, es casi un calco de la vengativa legislación que se alcanzó con los Kirchner en Argentina. No solo sirvió para castigar a medios privados como Clarín, sino como plataforma para que el gobierno limite las licencias o se las auto asigne para conformar su anhelado “multimedio kirchnerista”. Las previsiones no eran falsas. Este año el gobierno operará diez nuevas televisoras estatales, que se sumarán a una grilla importante de medios oficiales y a una fastuosa intervención de testaferros y amigotes en el sector privado, con lo que quedará conformado un temerario sistema de propaganda con el fin de construir el continuismo hacia el 2011.
Nunca antes se había visto en América Latina una estrategia comunicacional tan grande y entrelazada, como hipócrita. Porque mientras a Piñera se le exige la venta de su televisora para evitar conflictos de interés desde el sillón presidencial, los nuevos magnates usan la Presidencia para meter sus manos en nuestros bolsillos y así edificar sus propias y privadas maquinarias de propaganda.
Pero a diferencia de esos “tycoons”, y del presidente electo chileno Sebastián Piñera, quien mantiene su televisora con bolsillo propio, rating y competencia, los nuevos jerarcas de la prensa tienen mayores facilidades y peores intenciones: compran o crean medios con dinero de los contribuyentes y, cuando no pueden con esa táctica, simplemente se los auto asignan o se apropian de ellos tras escandalosas expropiaciones.
Se trata de una camada de presidentes latinoamericanos - incitados por Hugo Chávez - convencidos que con medios y propaganda bajo su ala pueden consolidar o perpetuar su poder. Para conseguirlo, las estrategias parecen sacadas del mismo manual de instrucción: acogotan a los medios privados a los que le achacan una vocación golpista y conspirativa; dictan leyes de prensa “correctivas” que siempre son restrictivas; y sus testaferros y operadores, con billetera estatal, compran espacios o controlan medios privados desde donde tejen su ofensiva ideológica y electoral.
Esta estrategia corrupta y corrosiva, que antes tuvo afectos entre Fujimori y Menem, o siempre la practicaron los Castro y todos los “ismos” que ideologizaron el planeta, es ahora práctica común en los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela que, no satisfechos con crear y manipular medios oficiales, se abalanzan contra la propiedad privada.
Esta semana, el periodista Carlos Fernando Chamorro renunció a su popular programa de opinión en Canal 8 de Nicaragua, denunciando que no podría trabajar con su nuevo patrón, el presidente Daniel Ortega, quien habría adquirido la mayoría de la televisora con recursos públicos, sacados de un fondo de ayuda nacional aportado por el chavismo venezolano.
Con otros canales y radios en su haber, Ortega podría estar imitando a Chávez, quien además de las agencias de propaganda Telesur y la Bolivariana de Noticias, dispone de 238 emisoras, 28 estaciones de televisión, 340 impresos y más de 125 sitios en internet. Eso sin considerar que cerró radios, persigue periódicos y promete una ofensiva contra internet, redes sociales y mensajes de texto por incitar el terrorismo.
Chávez no construye su hegemonía mediática solo creando, sino destruyendo. Excusándose en una ley mordaza, la misma que esta semana anunció Evo Morales en Bolivia para controlar que los medios privados “no mientan” y “luchen contra el capitalismo”, Chávez sacudió a la opinión pública cerrando canales de cable, entre ellos RCTV, a cuya versión abierta no sólo clausuró en el 2007, sino que le robó sus equipos de trasmisión para operar su propia televisora.
Ese tipo de hurto oficial también es frecuente en Ecuador. El gobierno sigue manejando y resistiéndose a entregar en licitación pública los canales que confiscó, TC Televisión, Gama TV, Americavisión y Cablevisión; además, controla El Telégrafo, diario del que se apropió tras larga disputa, Ecuador TV, Radio Pública y el portal El Ciudadano. En diciembre lanzó la agencia de noticias Andes cuya meta, según la Presidencia, “es potenciar la imagen del país”, lo que denota el mero carácter propagandístico del nuevo órgano.
La ley de Comunicación que se pretende sancionar en Ecuador, es casi un calco de la vengativa legislación que se alcanzó con los Kirchner en Argentina. No solo sirvió para castigar a medios privados como Clarín, sino como plataforma para que el gobierno limite las licencias o se las auto asigne para conformar su anhelado “multimedio kirchnerista”. Las previsiones no eran falsas. Este año el gobierno operará diez nuevas televisoras estatales, que se sumarán a una grilla importante de medios oficiales y a una fastuosa intervención de testaferros y amigotes en el sector privado, con lo que quedará conformado un temerario sistema de propaganda con el fin de construir el continuismo hacia el 2011.
Nunca antes se había visto en América Latina una estrategia comunicacional tan grande y entrelazada, como hipócrita. Porque mientras a Piñera se le exige la venta de su televisora para evitar conflictos de interés desde el sillón presidencial, los nuevos magnates usan la Presidencia para meter sus manos en nuestros bolsillos y así edificar sus propias y privadas maquinarias de propaganda.
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