Las tareas del nuevo papa

 

Escribí mucho sobre el papa Francisco, pero hoy quiero homenajear a su reformista y austero papado de transición con una columna que escribí el 1 de marzo de 2013, apenas renunció Benedicto XVI y no se sabía quién lo sucedería. Hoy como antes, creo que el nuevo papa deberá asumir reformas que se vienen demorando desde Juan Pablo II, Benedicto y Francisco, referentes a la discriminación de la mujer al sacerdocio, la imposición del celibato, la corrupción y los abusos de menores. Titulé aquella columna “Las tareas del nuevo papa” que, creo, son aplicables para el próximo.

“Pronto habrá humo blanco. No debería importar que el nuevo papa sea joven o viejo; italiano, austríaco o latinoamericano; pero que tenga la firmeza de Cristo para echar a la escoria de la Iglesia y la convicción para reformarla.

La “suciedad” a la que refería el Papa Emérito, todavía está enquistada en la cúspide y en la base de la curia. Los VatiLeaks confirmaron cuán sucias e intrigantes son las finanzas del Vaticano; y las denuncias de víctimas de abusos, cuán esparcida está la pederastia en muchas diócesis del mundo.

El encubrimiento de estos crímenes por la jerarquía de la Iglesia muestra el trabajo colosal que enfrentará el próximo Pontífice para derrotar la opacidad y reconquistar la credibilidad de los fieles. Una tarea de “tolerancia cero” contra los corruptos, que Benedicto XVI dejó inconclusa cuando su físico y espíritu le dijeron basta.

Ojalá que en el nuevo papa confluyan la espiritualidad pragmática de Juan Pablo II y la intelectualidad teológica de Benedicto XVI, pero también un carácter más progresista y reformista que sus antecesores no tuvieron. La Iglesia no solo necesita salir de esta crisis, sino ir más lejos. Así como con el Concilio Vaticano II, se hizo más terrenal y optó por los pobres, ahora la Iglesia necesita ser más incluyente y misericordiosa.

Acabar con la discriminación de la mujer a la vocación del sacerdocio y la imposición del celibato, son temas urgentes que no comprometen la moralidad cristiana como otros referidos a la eutanasia, el aborto o la manipulación de las células madre. En lo pragmático, resolverían la división entre católicos ortodoxos y liberales, la escasez de vocaciones y ayudarían a cambiar una cultura oscurantista que ha sido cultivo para los abusos sexuales.

La abolición del celibato obligatorio – y que sea solo una opción - es tema de vieja data y recurrente. Como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y como papa, Benedicto XVI mostró su oposición. Sin embargo, cuando enseñaba Teología en su Alemania natal, Joseph Ratzinger, firmó en 1970 un documento con otros sacerdotes, en el que pidió a la Conferencia Episcopal de su país, una revisión urgente de la regla del celibato.

Días atrás, antes de renunciar a participar del cónclave de cardenales en el Vaticano por denuncias de conducta sexual inapropiada, el cardenal de Escocia, Keith O’Brien, también defendió que los curas “puedan casarse y tener familia”, lo que describió como compatible y beneficioso para la vida pastoral.

En caso de que el nuevo pontífice abrace una reforma, no creo que el papa emérito se interponga, como algunos predicen. Benedicto XVI comprometió obediencia incondicional a su sucesor, siempre se mostró ajeno al poder y sabe que son otros los temas mundanos y graves con los que “el diablo ensucia la obra de Dios”.

Por esas suciedades justamente renunció, en plena libertad, sabiendo que ya estaba débil y viejo, y consciente de que se necesita fortaleza física y espiritual para afrontarlas. No por nada los escándalos sexuales y financieros se intensificaron durante la convalecencia de Juan Pablo II.

Ahora el papa emérito tendrá un merecido descanso, recompensado por una vida de meditación que ama, después de haber lidiado con muchas tempestades y durante las cuales creyó que “el Señor parecía dormir”.

Su legado es grande. Como uno de los teólogos más sabios, dejó enseñanzas y liderazgo, rematadas en clases magistrales de catecismo y en tres encíclicas papales sobre la esperanza, la caridad y el amor, quedándole en el tintero otro sobre la fe. Y con su reciente tríptico “Jesús de Nazaret”, concluyó una misión literaria de más de 65 libros sobre fe y dogma cristianos.

Su obra más generosa, sin embargo, no fue mística ni espiritual, sino pragmática y burocrática. Tomó al diablo por la cola, reconoció pecados y delitos de la curia, exigió investigaciones internas, demandó justicia ordinaria y, en especial, hizo que la Iglesia se asumiera piadosa y caritativa con las víctimas.

Benedicto XVI también fue débil para castigar, de ahí su pedido de perdón. Sin embargo, se debe reconocer que fue mucho más que un papa de transición, alguien que sacudió a la Iglesia y la hizo más transparente, una puesta a punto para que un nuevo líder abrace la tarea de reformarla y modernizarla. trottiart@gmail.com

Maduro, acorralado, y las hipocresías del chavismo y la izquierda internacional

Primero lo primero: Nicolás Maduro debería llamar a elecciones, libres claro. Pero como no lo hará, debería ir a Cuba como excusa y desde allá, arropado en su victimización y martirologio, renunciar por email, como por fax lo hizo Alberto Fujimori desde Japón. Sería la salida más airosa posible para evitar el embate del presidente autoproclamado, Juan Guaidó que, apoyado por el Grupo de Lima, EE.UU. y gran parte de la comunidad internacional democrática, están ofreciendo una amnistía a los militares y exigiendo elecciones libres lo antes posible, como ahora piden España, Francia y Alemania.

Dejando los sueños de lado: Estoy harto hasta la coronilla de la hipócrita victimización de Nicolás Maduro y del chavismo y la izquierda internacional de que la “actual democracia venezolana” es víctima de una gran conspiración internacional comandada por el “imperio” y sus acólitos, cuya única intención es desestabilizar a la “república” bolivariana mediante un golpe de Estado.

Máxime, porque casi como ningún otro movimiento, el chavismo tuvo un cheque en blanco para profundizar su estilo destructivo gracias a la apatía y la indiferencia que la comunidad internacional le prodigó hasta hace poco.

Fieles al martirologio hipócrita acostumbrado de la izquierda radical, Hugo Chávez y Maduro siempre usaron la propaganda, la desinformación o las noticias falsas, como se les llama ahora, para auto proclamarse defensores del pueblo, de la democracia y la república, justamente los tres adjetivos que han defenestrado y pisoteado a base de autogolpes de Estado desde que el chavismo asumió el poder. En su historia, el chavismo se auto gestó mediante ocho auto golpes de Estado, para ser más precisos: 1999, 2001, 2007, 2010, 2013, 2015, 2016 y 2018. No hay dudas de que los autogolpes son parte del ADN del chavismo, como veremos a continuación.

Primero desmitifiquemos la hipocresía de la revolución democrática y republicana del chavismo. Una república como la pensaron los griegos y adoptaron los países occidentales, se distingue por la independencia y división de poderes; por los mecanismos de fiscalización y chequeos permanentes sobre quienes ostentan el poder, pero sobre todo por una Justicia equitativa e independiente; por los privilegios y beneficios que se le da a las minorías; por la libertad de la prensa para informar y por la de los ciudadanos a expresarse, asociarse y movilizarse, sin trabas ni represalias, en igualdad de condiciones ante la ley. Nada de esto respetó el chavismo.

Los máximos atributos de una democracia son la Constitución y la libertad del pueblo para elegir a sus gobernantes. Una buena Constitución no solo remarca los derechos y garantías del pueblo, sino que impone límites al gobierno a fin de que no pueda pisotear el derecho natural o el libre albedrío de los ciudadanos. La democracia demanda elecciones libres, pero sobre todo limpias, en igualdad de condiciones. Tampoco, nada de esto respetó el chavismo.

La Venezuela chavista no es república ni democracia. Pasó del autoritarismo a engalanarse hoy con las mismas propiedades de una dictadura. Ni siquiera los que defienden que el régimen cumple con calendarios electorales se cree esa hipocresía. El chavismo dilapida recursos públicos; utiliza fuerzas de choque ilegales para generar caos y pánico; y criminaliza la protesta, justificando así su necesidad de reprimir la expresión disidente para mantener la paz y el orden.

Desmitifiquemos ahora la revolución del pueblo. Es cierto que el chavismo llegó al poder arropado por casi todos los sectores cansados de tanta corrupción y desidia de los partidos políticos tradicionales. Pero también es cierto que ha dejado a Venezuela peor de la que recibió, con mayor crisis social, más pobreza y demasiado más corrupción. El agravante es que el chavismo ha sido un pésimo administrador. Ha dilapidado casi una década de bonanza con precios del petróleo en la estratósfera para usar esa billetera abultada en la expansión de su ideología por Latinoamérica. En su lugar, hubiera podido invertir las ganancias en su gente, creando fuentes alternativas de recursos y empleos, infraestructura, y en educación y salud desideologizadas. Realmente desperdició la bonanza y traicionó a su propio pueblo.

Sigamos. Pese a la farsa electoral de las presidenciales en mayo de 2018 y a que pocos gobiernos reconocieron el triunfo de Maduro, él se auto legitimó mediante un nuevo autogolpe. Cerró el Congreso elegido por el pueblo. Creó una Asamblea Constituyente de facto con la que legalizó la proscripción de los partidos políticos y creando la hegemonía del partido oficial. Siguió manipulando a la Justicia, expulsando a los organismos internacionales, incentivando el cierre de medios e imponiendo nuevas formas legales de censura al internet. Si Maduro siempre proclamó su idolatría por el régimen comunista de los Castro, todas esas medidas no hicieron más que certificar el destino de Venezuela: Hacerla a imagen y semejanza de la altanera pero desdichada Cuba.

Maduro ya había sofocado lo poco que le quedaba a Venezuela de democracia en mayo de 2016. Entonces desconoció al Congreso con un autogolpe. Repudió leyes y el proceso legítimo de referéndum revocatorio; y con el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, borró al Congreso auto proclamándose como el único legislador. Aquellas medidas suspendieron las garantías constitucionales y deslegitimaron la “toma de caracas” aquellas marchas masivas con las que la oposición exigía el respeto a los resultados del referendo revocatorio, una cláusula constitucional creada por el propio chavismo. La excusa cansina de siempre para reprimir fue la de “evitar el golpe”, intento que perseguían Colombia, España y la OEA, liderados por EE.UU. y los “gusanos de Miami”.

Antes, en diciembre de 2015, Maduro ya había dado el segundo autogolpe al crear el Parlamento Comunal, una especie de “congreso del pueblo” que tenía como misión contrarrestar a “la nueva burguesía” que de nuevo había ganado la mayoría en la Asamblea Nacional. El primer autogolpe lo pegó en noviembre de 2013, cuando la Asamblea Nacional le otorgó al entonces, como flamante presidente, el título de legislador máximo o único, delegándole el derecho de legislar por decreto por 12 meses. Maduro consiguió aquella habilitación con una buena coartada. Diosdado Cabello fue el gestor. Desaforó a una diputada de la oposición fabricándole un caso de corrupción. Con el desafuero llegó a contar 99 votos a favor, necesarios para hacer a Maduro legislador absoluto.

Con todos esos autogolpes Maduro igualó a su progenitor. Chávez practicó la misma metodología en cuatro ocasiones. En 1999, su primer año, y en 2001, 2007 y 2010, arropándose con poderes especiales y leyes habilitantes para gobernar a su antojo y sin Congreso. Lo de diciembre de 2010 fue el de las mayores hipocresías del régimen chavista. Chávez presentó varias propuestas de ley para permitirse legislar sin Congreso, excusándose en una crisis social provocada por las inundaciones. Entonces frenó a la oposición unas semanas antes del 5 de enero de 2011, fecha en que debían incorporarse 67 legisladores de la oposición a la Asamblea Legislativa, después de ser elegidos democráticamente. Los legisladores oficialistas y chavistas de entonces le ofrecieron a Chávez en bandeja de plata su autodisolución. Se auto marginaron dos años, más del tiempo que Chávez les había solicitado. El servilismo y la hipocresía ya campeaban por entonces.

Antes, a fines de 2000, Chávez logró que el Congreso le habilitara a gobernar por decreto por 18 meses, y empezó a hablar de la “quinta república”, en la que se buscaría la redistribución de la riqueza por los ingresos del petróleo, lo que nunca se plasmó. Aquel autogolpe le dio excusas perfectas para reformar la Constitución. De esa forma se autorizó a expropiar empresas, crear y armar las milicias urbanas llamada círculos bolivarianos, militarizar su gabinete, ideologizar la educación en las escuelas primarias, encarcelar y echar al exilio a sus opositores, privilegiar a los revolucionarios por arriba de otros ciudadanos y crear alianzas con gobiernos extranjeros mediante regalos y subsidios petroleros.

Reitero: los autogolpes son el ADN del chavismo.

Conclusión: A Maduro no le quedan muchas opciones, aunque siempre tendrá a su disposición la propaganda, el arma de agitación predilecta, que no es más que un artilugio de su mercadeo.

Maduro sueña con una conspiración e intervención internacional. Sueña con un golpe de Estado que lo victimice y convierta en mártir, como escribí tras el autogolpe de 2016 cuando se avizoraron las primeras críticas serias contra el régimen.

Sin embargo, el golpe, tarde o temprano, no vendrá desde afuera, sino arropado por su propia gente, cansada de no gozar de las mieles de una república. Las minorías despreciadas ya se han convertido en la nueva mayoría y están, ahora sí, empoderadas por la comunidad internacional, esa que fue cambiando gracias al infatigable látigo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que, en 2017, con informe investigativo de 75 páginas en mano, hablaba de que en Venezuela existía una "ruptura total con el orden democrático”.

Maduro si quiere sostenerse en su puesto tendrá que ser mucho más autoritario que nunca, pero el régimen ya no tiene el plafón político de antes. Sus opciones se agotan. Cuaba es su mejor salida, su coartada. trottiart@gmail.com

Almagro: Un David contra Goliat

Luis Almagro asumió en marzo de 2015 las riendas de la Organización de Estados Americanos. Desde el arranque enfiló sus cañones contra el gobierno de Nicolás Maduro, en momentos que todos los gobiernos del continente y del mundo eran indiferentes o guardaban silencio ante las atrocidades del régimen venezolano.

Fue entonces, y todavía ahora, una lucha ciclópea de un David contra Goliat. Maduro mantenía una retórica antiimperialista seduciendo con la idea de la revolución forjada por Hugo Chávez y una billetera todavía amplia para comprar voluntades. Almagro se basó en su eslogan “más derechos para más gente”, obligándose a denunciar a una dictadura disfrazada de oveja.

Al principio, Almagro consiguió más repudios que adhesiones por su mensaje anti chavista. Habiendo sido canciller del izquierdista José Mujica, traidor y burgués renegado fueron los calificativos más benignos que recibió de la izquierda latinoamericana. No le importó. Siguió machacando, y así como el cántaro a la fuente, logró que finalmente muchos gobiernos admitieran que el régimen de Maduro es una dictadura.

“Una dictadura que criminaliza toda forma de disenso” subrayó Almagro ante la Sociedad Interamericana de Prensa al recibir el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2017. Fue a fines de octubre, días antes que Maduro aprobara su ansiada ley para encarcelar a los disidentes y neutralizar las críticas en las redes sociales y de los medios independientes.

La ley sanciona el odio, la discriminación y la propaganda, paradójicamente desvalores que practica y promueve el chavismo. A Maduro la ley le servirá para demorar la caída, pero no para evitar el porrazo definitivo. Es cuestión de tiempo.

Tampoco se puede ser ingenuo. Maduro siempre se ingenia las armas adecuadas para retrasar su debacle. Engaña a la oposición y a los negociadores incautos del mundo con procesos de diálogo que nunca cumple. Cierra el Congreso y abre una Asamblea Constituyente que busca inventar la nueva democracia, un atajo para construir un sistema a semejanza de la Cuba gastada y colapsada.

Gracias a su retórica antiimperialista o anti títeres del imperio, de lo que acusa a Almagro o Juan Manuel Santos, consigue salvatajes que le prolongan la vida, pese a ser un narco estado y cometer crímenes de lesa humanidad, evidenciados por la suma de más de 140 muertos como consecuencia de la brutal represión de las protestas públicas.

El salvavidas más audaz lo arrojaron Rusia y China. Estas potencias no se presentaron en una reunión no oficial del Consejo de Seguridad de la ONU, donde se buscaba concertar estrategias para neutralizar la desestabilización que crea el régimen venezolano en la región. Convertido en la piedra en el zapato, Almagro criticó ahí el silencio que todavía se le prodiga al régimen. Responsabilizó a Maduro por las muertes, la pobreza y el sufrimiento de los venezolanos y por ser un “esquema criminal con vínculos con el narcotráfico”.

Rusia no le prestó atención, y pese a la reprobación de la calificadora crediticia Standard & Poors por no pagar la deuda externa, renegoció y dio a Maduro más tiempo. No le servirá de mucho. Venezuela está en bancarrota. Su economía adicta al petróleo ya no produce como antaño, los precios del barril singuen desplomados y el régimen desperdició dos décadas en las que habría podido diversificar la economía, en lugar de haber estado imponiendo ideología a fuerza de petróleo subsidiado o regalado.

Es verdad que esta vez Almagro no consiguió nada en la ONU. Pero es sagaz. Sabe que su prédica constante en otros foros motivó a EE.UU. a disponer de tres olas de sanciones a funcionarios venezolanos y que Canadá y España se sumaran con medidas similares. También esta semana la Unión Europea dispuso impedir la venta de equipos y armas para evitar que sean usados en la represión interna.

Almagro, aunque tenga apariencia de pequeño David ante un enorme Goliat, sabe que el sentido común y la denuncia permanente permitirán cambiar las percepciones y que tarde o temprano, así como las Américas y Europa, el resto del mundo terminará avergonzado por su silencio. Almagro sabe que su misión es cuestión de perseverancia y de seguir luchando por “más derechos para más…” venezolanos. trottiart@gmail.com

Chavismo deschavado: La dictadura perfecta

Antes era más fácil descubrir a una dictadura; solo bastaban botas y charreteras. Ahora, estas eluden la definición mediante disfraces democráticos.

El régimen de Nicolás Maduro es ejemplo palpable. Mantiene en las formas procesos electorales, división de poderes y una Constitución vigente; pero, en la práctica, nada de eso respeta.

Todos los adornos democráticos se le cayeron al chavismo cuando la pasada semana el máximo órgano electoral del país suspendió el proceso de recolección de firmas para el proceso revocatorio contra Maduro. Hasta entonces, la oposición y el 70% de los venezolanos se aferraban a esa arma democrática, ahora declarada ilegítima sin ton ni son, para desembarazarse de un régimen que año tras año hizo del fraude electoral, el encierro de opositores y la expulsión del trabajo de quien no confesara su comunión con la revolución, su modo operativo.

“La Toma de Venezuela” esta semana evidenció la tensión creciente y mostró una vez más la intolerancia del gobierno contra el derecho de reunión, lo que la oposición potenció con la huelga de este viernes. El régimen arrojó a las brigadas paramilitares contra los primeros y buscó “recuperar” las empresas en huelga para los trabajadores; nueva excusa para seguir expropiando empresas privadas como botín de la corrupta e inoperante élite gobernante.

La oposición no parará, aupada por el desencanto de una revolución estilo cubana que solo trajo privilegios para algunos; agotada por la escasez y agobiada por la inflación e incertidumbre de un futuro más negro que rojo. Este 3 de noviembre la convocatoria es frente al Palacio de Miraflores, para tratar que un Maduro, como lo acentúa su apellido, se caiga de la mata.

El presidente, previendo lo peor por los daños causados tras la suspensión del revocatorio, prometió más autoritarismo y se colgó del Vaticano para que el papa Francisco interceda en una mesa de diálogo. La oposición, cansada de engaños y desplantes, ya no quiere diálogo hasta que Maduro reconozca su autoritarismo, legitime al Congreso, no use a la Justicia como arma y libere a los presos políticos.

En Miami, un día después de la anulación del revocatorio, participé de un foro de ex presidentes iberoamericanos. Lo inauguró el secretario general de la OEA, Luis Almagro, un acérrimo crítico de Maduro. Sin rodeos, tildó a Maduro de dictador por haber dado innumerables autogolpes de Estado contra los demás poderes estatales.

En coro, varios ex presidentes como José María Aznar, Jorge Quiroga, Vicente Fox y Andrés Pastrana, cantaron que a Maduro se le terminó por caer la máscara democrática. Reclamaron que ningún gobierno e institución puede desconocer que Maduro cortó todo vestigio de hilo constitucional y de que se trata de una nueva clase de dictadura. El silencio de los gobiernos democráticos de América Latina agobia ante tanto atropello.

Maduro se aferra a su puesto, no por creer que la revolución todavía está a punto de hacer lo que no hizo en 20 años, sino para evitar el destino de muchos otros presidentes latinoamericanos que tras el descalabro terminaron en la cárcel o, al menos, acusados de pies a cabeza con interminables procesos judiciales. Maduro ya no puede soñar con un exilio de lujo en algún país exótico o en el Key Biscayne de Miami, atestado de ricos chavistas “arrepentidos” que conviven con los miles de exiliados por el régimen. Tarde o temprano, él y la élite deberán enfrentar a la Justicia que hoy no existe.

Da la sensación que el camino no tiene retorno. La oposición está unida y perdió la paciencia. Nada favorece a Maduro, ni el Santo Padre podrá hacer milagros ante un régimen que destila pura desconfianza. Algunos militares, más agazapados que nunca, salen a cada rato a comulgar fidelidad al gobierno como si ese no fuera su deber. El silencio de otros, más comprometidos con la democracia y la institución, evidencia que solo necesitan una señal fuerte para bajar las armas y dejar de defender a un régimen cada vez más antidemocrático y antirepublicano.

El chavismo quedó deschavado. Es solo una dictadura moderna. Su raíz autoritaria ni siquiera le permite sostener unos pocos formalismos democráticos con los que supo engañar y permanecer por tantos años en el poder. trottiart@gmail.com

Miami, construcciones y la corrupción injusta

La corrupción es una transacción injusta. El fruto de lo robado en países pobres se fuga hacia los más ricos. Es que los corruptos también necesitan mercados más confiables donde invertir y esconder sus botines. Miami es prueba irrefutable.

Esta área del sur de la Florida creció a ritmo vertiginoso. En los últimos cinco años la población aumentó en 500 mil habitantes. Solo en 2015 se vendieron propiedades por 6,5 mil millones de dólares, 53% en efectivo y en gran parte vendidas a extranjeros, muchos escondidos detrás de empresas pantalla.

Aunque no todo el efectivo es parte de la corrupción, es la forma preferida de quienes buscan pasar por debajo del radar. Así lo demostró una investigación del The Miami Herald, basada en los Panama Papers, aquella filtración de millones de correos del estudio panameño Mossack Fonseca, creador de empresas off-shore.

Muchos de los compradores son los nuevos ricos o ex funcionarios que se han forjado en la corrupción de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Hugo Chávez y Nicolás Maduro y Lula da Silva y Dilma Rousseff. Sin embargo, sería injusto atribuir la explosión de nuevos rascacielos a los ladrones kirchneristas, chavistas y brasileños o a los rusos y del este europeo. Miami, como Nueva York y Los Ángeles, también atrae capitales legítimos nacionales y los que se fugan de cada crisis política o económica en el mundo.

Las investigaciones más recientes apuntan a que ex funcionarios corruptos argentinos han tomado por asalto varios edificios en los barrios de Brickell y Sunny Isle, los chavistas se han afincado en Key Biscayne y Doral, y los brasileños entre Fort Lauderdale y Palm Beach. Casos notables sobran. El ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, fallecido hace tres meses, compró propiedades por 63 millones de dólares, cuando hace unos años declaró que solo tenía un Gol VW en su patrimonio. A Paulo Octavio Alves, vice gobernador por el estado de Brasilia, así como a una veintena de ex funcionarios brasileños, también se le atribuyen condominios de lujo en Miami.

El caso que más sonó esta semana es el de Angélica Rivera, la primera dama de México. The Guardian le atribuye usar un apartamento en Key Biscayne del Grupo Pierdant, que busca beneficiarse con obras públicas en puertos mexicanos. La ex actriz ya debió devolver la “casa blanca” en México, que se la había regalado la empresa Higa, beneficiada con licitaciones por parte de su esposo, Enrique Peña Nieto.

Lo extraño de toda esta corrupción es su característica impúdica. No se trata de ladrones que como los del “robo del siglo” casi que despiertan admiración, sino de casos patéticos. Los más extraños están ligados al kirchnerismo. José López tiraba bolsos con millones de dólares en conventos, Lázaro Báez los enterraba en sus estancias, Milagro Sala los enviaba por correo certificado a Olivos y Muñoz los reconvertía en Miami. Y todo esto durante un período de 12 años en los que la pareja presidencial de Cristina-Néstor aumentó 800%; al menos de patrimonio declarado.

El chavismo también destacó. A sus nuevos ricos escrachados en Miami por connacionales exiliados y perseguidos por el régimen, se les sumaron dos sobrinos de Maduro, criados como hijos, quienes esperan sentencia por intentar meter ocho toneladas de cocaína en EEUU. Y entre narcos, también se destaca el caso del español Alvaro López Tardón, líder de la banda Los Miami, a quien se le incautaron 13 condominios de lujo y una flota aparatosa de autos.

Claro que la culpa no es solo de los ladrones. EEUU, como gran beneficiario de estos capitales en fuga, ha hecho poco para detener la sangría de países a los que castiga oficialmente por corruptos. Es notable que el gobierno recién haya tomado cartas en el asunto después de los Panama Papers. Desde entonces, los federales en Miami están escudriñando todas las compras mayores a un millón de dólares en efectivo; pero, vale recalcar, que muchas se realizan con transferencias y menores a ese monto.

Lo irónico de todo esto, es que mientras la alta cotización del dólar aminora las inversiones de extranjeros y a que las investigaciones y el público en Latinoamérica arrojan a los corruptos al infierno, Miami sigue con la inercia de la construcción de otras épocas y alzándose cada vez más hacia el cielo. trottiart@gmail.com

Tras la ruta del dinero

Abril es un mes importante para el Periodismo en EEUU. Se entregan los prestigiosos Pulitzer que premian el servicio público de medios y periodistas que denuncian lo que muchos quieren que permanezca en la oscuridad, en especial las rutas del dinero mal habido, público o privado.

La agencia AP ganó un Pulitzer este año por un reportaje sobre el abuso humano en la industria pesquera del sudeste asiático que determinó la liberación de dos mil esclavos.

No todas las investigaciones tienen suerte. Una excelente del The Miami Herald quedó sin premio, aunque puso a un grupo de policías de Bal Harbour, zona del sofisticado shopping mall de Miami, en el banquillo de la Justicia. Los agentes habían incautado 74 millones de dólares a unos narcotraficantes por lavado de dinero. Luego de sus pesquisas, para las que usaron más de dos millones en lujos, pasajes de primera clase y hoteles cinco estrellas, le devolvieron el dinero a los narcos sin ton ni son. Nadie fue arrestado.

En América Latina las investigaciones del Periodismo son hasta más resonantes, pero la diferencia es que la Justicia no actúa en forma rápida y eficiente, ya sea por negligencia, falta de recursos y sometimiento al poder.

La corrupción suele ser tema recurrente en la conversación pública y el debate político, argumentándose siempre las mejores prácticas para debilitarla. En especial cada vez que en un país y en una época se toca fondo y resurge la idea del saneamiento moral. Se echa a los políticos como podría pasar en Brasil y se renuevan las autoridades como ocurrió tras el “corralito” argentino. Pero luego, como por arte de magia, se incurre en iguales o peores abusos que en el pasado.

A menudo se desaprovechen los momentos de quiebre en los que la sociedad reclama más ética y moral. Puede pasar de nuevo con la intención del Congreso de México que, presionado por 634 mil firmas de ciudadanos, creará el Sistema Nacional Anticorrupción. O con la iniciativa de ley de Elisa Carrió en Argentina que obligaría transparencia a sindicalistas y contratistas con el Estado para reducir los altos niveles de enriquecimiento ilícito.

Para esos puntos de quiebre no faltan oportunidades. Una de ellas son los Panama Papers. Pero incluso con la filtración de documentos que compromete a muchos líderes de gobiernos y corporaciones con compañías off-shore con las que evadían y lavaban, no se observó que los sistemas judiciales hayan actuado con premura investigativa, más bien se los notó cautos e incrédulos.

Hubo sí buenas reacciones políticas. El gobierno panameño, siempre refugio de secretos y evasores, firmó acuerdos de transparencia financiera con Alemania. Y Mauricio Macri, aunque no convenció con su defensa, aceptó presentarse ante la justicia. En Argentina, por otro lado, la ruta del dinero K se transformó en una búsqueda del tesoro escondido (y enterrado) en las estancias de Lázaro Báez, una muestra de la labor titánica que deben hacer las fiscalías para encontrar lo que se le robó al pueblo.

Brasil es un caso aparte. Dilma Rousseff puede quedar en la calle por malversación, aunque de los 547 legisladores que la enjuiciarían, más de la mitad tiene cuentas pendientes ante la Justicia. Venezuela es caso de diván. Nicolás Maduro representa el mayor embauque de la historia moderna; la de un chavismo que le ha robado a mansalva a un pueblo al que cínicamente idolatra como centro de la revolución.

El caso de Rafael Correa es sintomático. Acusó a los periodistas de los Panama Papers, porque no revelaron que él y su gobierno eran honestos. Esta semana se supo que el Presidente y su hermano Fabricio fueron investigados por la oficina anticorrupción panameña por una empresa off-shore, una honestidad que ya había sido comprometida en “El Gran Hermano”, un libro que denuncia como benefició a su hermano con la adjudicación de obras públicas.

Lamentablemente no se aprovechan las oportunidades ciclotímicas en las que se reclama ética y castigos para derrotar la corrupción. La falta de voluntad política, las escasas herramientas que se le dan a la Justicia y la cultura general de la viveza criolla, alimentan ese círculo vicioso de corrupción e impunidad, que genera no solo un clima asfixiante, sino uno extremadamente riesgoso para la salud misma de la democracia.

Dilma y Cristina: Acorraladas

La última vez que escribí sobre Dilma Rouseff y Cristina Kirchner en conjunto fue a fines de 2012. Por entonces visitaban la Facultad de Gobierno de la Universidad de Harvard y en discursos y acciones plasmaron sus diferencias.

Pese a que eran dos de las mujeres más influyentes en América Latina y estaban en su apogeo político, los contrastes entre ambas fueron abismales. Fieles a su estilo, Dilma se comportó como técnica aguda, consiguió becas y acuerdos científicos. Cristina fue política sarcástica, se mofó de los alumnos y le echó la culpa de todos sus males al FMI y a los ricos.

Hoy, un par de años después, las diferencias desaparecieron. Ambas están acorraladas por la Justicia por graves casos de corrupción, lavado de dinero e enriquecimiento ilícito que las tiene al borde de su ocaso político. Se han unido a un extenso grupo de presidentes latinoamericanos que fueron destituidos por violar la Constitución o que terminaron procesados apenas dejaron el poder.

La diferencia que persiste no es entre ellas, sino en el modo que actuó la Justicia bajo ambos gobiernos. En sus 12 años de mandato, los Kirchner lograron maniatar a los jueces y usarlos a conveniencia, ya sea para perseguir a opositores o escudar sus fechorías. Dilma, en cambio, siempre fue espectadora de una Justicia más independiente y temible, vigilante del poder.

Esta semana sus acciones confirmaron ese contraste. Cristina llegó a tribunales, se mofó del juez y, acostumbrada a arroparse entre multitudes partidarias y clientelistas, hizo gala de su sarcasmo echándole la culpa de todo – como en Harvard – a los medios de comunicación y a los jueces.

Su discurso desnudó una vez más su carácter populista y anticonstitucional, y su creencia de que la política está por arriba de la Justicia. Como una especie de Milagro Sala, siempre por arriba del Estado, gritó para el beneficio de sus clientes: “No necesito fueros, porque tengo los fueros del pueblo”. Debajo de ella, la masa, siempre irracional, que prefiere idolatrar al personalismo y los símbolos sin que importe la verdad o la justicia, amenazó: “Si Cristina va presa, se va a armar”.

Para Dilma el camino hacia el juicio político que se definirá este domingo en la Cámara de Diputados tuvo más espinas. Este viernes el Tribunal Supremo le negó la suspensión del proceso a su posible destitución. Pero el acelerador del impeachment tiene nombre: Lula da Silva. Acabó de cavarse la fosa cuando hace un par de semanas Dilma arropó a Lula con los fueros de su Gabinete para que no fuera investigado por múltiples casos de corrupción. A diferencia de Cristina y del contexto peronista, ni Dilma ni el PT tienen a disposición una masa de seguidores incondicionales; peor aún, las multitudinarias movilizaciones braman por justicia y piden la cabeza de los corruptos.

Ambas han catalogado a sus procesos de golpes de Estado. Cristina se comparó mal con las figuras de Irigoyen y Perón que fueron derrocados por militares y Dilma le achaca a su vicepresidente, Michel Temer, la “gran conspiración”. Mecanismos de autodefensa de lado, lo cierto es que sin Cristina en el poder, la Justicia tiene más campo de acción y Dilma debe enfrentarse a los resortes de la Constitución.

Dilma sigue los pasos de otros líderes destituidos o que debieron renunciar durante su mandato. Su antecedente es Fernando Collor de Melo y el caso más reciente es el del guatemalteco Otto Pérez Molina, destituido por corrupción. Pero la lista es larga y multinacional: El paraguayo Fernando Lugo; el hondureño Manuel Zelaya; el ecuatoriano Lucio Gutiérrez; el haitiano Jean-Bertrand Aristide; el venezolano Carlos Andrés Pérez; el boliviano Carlos Mesa y Fernando de la Rúa, son algunos ejemplos.

Cristina es parte de otra lista vergonzosa, la de ex presidentes investigados por corrupción, destacándose el hondureño Rafael Callejas, el salvadoreño Elías Saca, el peruano Alan García y Carlos Menem, entre otros. Puede, sin embargo, engrosar otra mucho más lúgubre, la de ex presidentes condenados, como el nicaragüense Arnulfo Alemán o los costarricenses Miguel Rodríguez y Rafael Calderón.

Pese a las listas y a lo que sucederá con Dilma y Cristina, lo relevante es que estos procesos son válidos para disuadir a los corruptos y creer un poco más en la Justicia.  

Trump, terroristas y censura

La respuesta gubernamental a la incitación al terrorismo y la propaganda que pregonan grupos como el Estado Islámico y Al Qaeda través del internet y las redes sociales, está desbaratando logros sobre libertad de expresión que a la humanidad le ha costado siglos conseguir.

Muchos gobiernos, entre ellos China, Alemania, Francia y el Consejo de Seguridad de la ONU, ya han adoptado medidas y legislaciones de censura directa contra aquellos individuos que usan el internet para incitar a favor del terrorismo, reclutar a militantes y organizar atentados.

Aunque la acción gubernamental pareciera loable y lógica, existe el peligro de que se ponga todo en una misma bolsa, confundiéndose la incitación a la violencia y  los discursos de odio, con acciones directas de proselitismo extremista y organización de atentados, acciones, estas últimas, que sí merecen atención legislativa en favor de la seguridad nacional y personal.

El problema es cuando se promulgan leyes en contra de la incitación al terrorismo o la violencia y sobre los discursos de odio, lo que brinda a los gobiernos la excusa para reprimir otras formas legítimas de expresión, ya sean políticas, étnicas o religiosas. La nueva ley antiterrorista que China promulgó en diciembre para censurar la actividad de grupos terroristas en internet, sirve de ejemplo. Ya es usada para castigar a disidentes y opositores a los que también se califica de terroristas.

Algo parecido todavía sucede en algunos países latinoamericanos, donde el solo mote de “terrorista de Estado” a opositores, ha servido para que las cárceles estén llenas de presos políticos. En Inglaterra, por otro lado, la controversia surge en torno a la legislación sobre el discurso de odio. El Parlamento inglés decidirá esta próxima semana si permite la entrada al país de Donald Trump, quien criticó a los musulmanes ingleses y pregona que no dejará entrar a ningún musulmán a EEUU de llegar a la Presidencia.

Los dichos y prejuicios de Trump pueden ser insultantes, pero prohibirle que los exprese o condenar sus opiniones antes de que se conviertan en acciones reales, es una reacción exagerada. Una reacción que podría degenerar en excesos para censurar otras expresiones que aunque sean ofensivas, pueden contribuir al debate y generar aprendizaje.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de EEUU, que siempre ha protegido el derecho a la libertad de expresión por sobre otros, solo permite la restricción a la incitación a la violencia, cuando la agresión es intencional o representa un peligro inminente. La Corte prohíbe que se censuren los discursos inflamatorios, considerando que para lidiar con ellos es mejor más libertad que represión.  De ahí que contrario a otros países, en EEUU no se prohíben manifestaciones neo nazis, alabanzas al Ku Klux Klan o la quema de la bandera, siempre y cuando no entorpezcan otras actividades públicas.

Castigar la incitación a la violencia y los discursos de odio cuando son solo expresiones sin que representen peligros inminentes, podría provocar abusos contra todo tipo de mensajes. Por ejemplo, la revista satírica francesa Charlie Hebdó no habría podido publicar esta semana un homenaje en tapa a sus 11 caricaturistas acribillados en nombre de Alá el año pasado. Publicó una caricatura de un Dios malvado con un fusil en su espalda y un titular sugerente – “un año después el asesino sigue suelto”- que seguramente ofendió a musulmanes y creyentes en general, como así lo señaló el Osservatore Romano del Vaticano.

El tema es complejo. Las nuevas legislaciones no distinguen la incitación al terrorismo con reclutamiento de terroristas, los gobiernos más autoritarios aprovechan a restringir todo en nombre de la seguridad nacional y otros vigilan indiscriminadamente a los usuarios afectando el derecho a la privacidad. Por otro lado, empresas tecnológicas como Facebook, Twitter y Google, están siendo presionadas para crear mecanismos de censura contra los terroristas para evitar que sigan usando sus redes para hacer propaganda, planear atentados y reclutar militantes.

Ojala las empresas activen esos mecanismos en forma rápida y eficiente. Así evitarán que los gobiernos tengan que reaccionar creando leyes antiterroristas que, indefectiblemente como en el caso de China, servirán para censurar todo tipo de expresiones.

FIFA, justicia y moral

La fiscal general estadounidense Loretta Lynch cumplió su palabra. Tras anunciar en junio que "iremos por más" después de culminar la primera etapa de investigación sobre corrupción en la FIFA, este diciembre encauso a otros 30 malandras de alto vuelo que usaban a la máxima institución del fútbol para sus chanchullos.

El mensaje de Lynch fue contundente camino al 2016. Dijo que la espiral de corrupción que  se viene fraguando desde hace 25 años desde la FIFA, por un total de 200 millones de dólares, es repugnante, inadmisible e intolerante y que perseguirá a cualquier culpable que permanezca en la sombra: "Nadie escapara de nuestro foco".

Sin dudas fue una de las mejores noticias del 2015. Una forma de terminar el 2015 con la esperanza de que se puede combatir la corrupción y que la justicia, tarde o temprano, cuando existen recursos, rigurosidad profesional  e independencia, puede corregir errores y crear disuasivos para que otros corruptos desistan de sus fines.

Que haya corrupción entre gobiernos y la empresa privada especialmente en su relación con el Estado es lamentablemente normal. Lo que aquí  sorprende es la avaricia de dirigentes de todos los colores y nacionalidades, como el ex presidente de Honduras Rafael Callejas o un juez constitucional de Guatemala, que se mantuvieron unidos por 25 años dentro de una rosca sin fin.

Lo importante es que la FIFA, que se manejaba como un Estado con sus propias reglas y sanciones y castigaba los "delitos" como si fueran fallas éticas, se ha quedado sin la inmunidad de sus propios privilegios. Todo esto, porque los corruptos usaron entidades crediticias de EEUU para sus transferencias y conspiraron para lavar dinero.

Lo que se vio este diciembre y se verá en 2016 ya no es tanto la rigurosidad Investigativa de la ministra de Justicia de EEUU, sino la acción de soplones y arrepentidos que, a cambio de reducción de penas y multas, "traicionarán" a sus antiguos colegas con tal de salvar en algo su pellejo. Si el grupo de corruptos no ha tenido moral para traicionar a todo el mundo del fútbol, menos lo tendrá para delatar a sus propios compañeros de faena.

El último peso pesado acaba de caer esta semana, el resistido secretario general Sepp Blatter, que aunque pende sobre el una investigación de las justicias suiza y estadounidense, término acusado por falta de moral. El tribunal de ética de la FIFA decidió que el y su pupilo, el célebre Michel Platini, no podrán participar de ninguna actividad en el fútbol por ocho años por un desfalco de unos dos millones de dólares.

La única diferencia que hay entre este diciembre y junio, es que la opinión pública y los medios ya no le dieron tanta atención a los hechos. No es porque los delitos sean menos graves - fraude, asociación ilícita y conspiración para el lavado de dinero entre dirigentes de la FIFA y ejecutivos de empresas de mercadeo deportivo -  sino porque las denuncias ya no son novedad y la corrupción, lamentablemente, está institucionaliza y aceptada.

Seguramente las acciones de la fiscal general estadounidense darán sus frutos para el 26 de febrero cuando la FIFA tenga que elegir a sus nuevas autoridades. Pero más allá de las elecciones, lo importante será que la institución, por respeto al mundo del fútbol, cree una estructura de controles éticos internos, con compliance officers y Ombudsmen, para que ayuden disparar las alarmas anti corrupción y disuadan a otros dirigentes que puedan seguir viendo a la FIFA como su botín como ha ocurrido por más de dos décadas impunes.  

Venezuela y Argentina deben crear institucionalidad y confianza

Argentinos y venezolanos empiezan nuevas etapas políticas. Optaron por países más serios, sin estridencias ni revanchismos. Erradicar la corrupción, combatir la inseguridad y crear bienestar y desarrollo son objetivos en común.

Cristina Kirchner y Nicolás Maduro aceptaron la derrota en las urnas, aunque por sus acciones, no reconocieron la victoria de la oposición. La ex mandataria se fue a los carterazos, criticando al presidente Mauricio Macri y a una justicia que nunca pudo dominar y a la que le teme, dejando una estela de nombramientos interminables y arcas vacías para empantanar el nuevo modelo.

Venezuela tiene un panorama todavía difícil, pese al rotundo éxito de la oposición en las legislativas del domingo. Maduro fue sentenciado en las urnas, pero sigue. Ya anunció que vetará cualquiera ley que emerja del nuevo Congreso opositor. Pero de aquí a enero, cuando asumirá la oposición, nombrará 12 jueces chavistas a la Corte Suprema, para neutralizar al nuevo Congreso.

Maduro de poca autocrítica, ya acusó de su derrota a la “guerra económica” y al avance de “las nuevas oligarquías latinoamericanas” (por aquello de Macri), y teme que los diputados quieran darle la estocada final, ahora que está insolvente y sin apoyo militar ni popular. Los 112 diputados opositores podrían legislar a su gusto, crear una ley habilitante, llamar a plebiscito para reformar la Constitución, destituir funcionarios y plantear juicios políticos.

Sin embargo, mejor sería que adopten la tónica del gobernador opositor Henrique Capriles, que pidió una legislatura que esquive “la venganza” y se dedique a procurar justicia. La oposición tiene que pensar que su fuerza, ahora monolítica y exultante por la victoria, puede ser pasajera. Después de la práctica del poder, cuando lleguen las primeras fisuras entre partidos de izquierda y derecha, el chavismo estará acechando como siempre. Tratará de comprar votos o amenazará con desafueros y cárcel, fiel a su estilo.

Por los primeros discursos de Macri, se entiende que no será un gobierno revanchista y que tiene en mente a todos los argentinos. Se valora aún más su decisión de ser implacable contra la corrupción, sin privilegios para nadie, tal vez el punto de quiebre con Cristina y lo que provocó la telenovela de la transición del mando.

A diferencia de Venezuela, Macri tiene frente a sí equilibrio de poderes. Un Congreso en el que tendrá que hacer alianzas y una justicia independiente a la que prometió no contaminar. La gobernabilidad le será difícil, pero de eso se trata la democracia. Tendrá que buscar consensos, respetar a las minorías y ojalá termine con la política habitual del Ejecutivo de castigar y premiar con fondos públicos como si fueran propios.

Lo más importante para los nuevos dirigentes en ambos países, es que deberán crear institucionalidad e incentivar la independencia y equilibrio de poderes. El estado de Derecho es la garantía indispensable para empezar a crear confianza y desarrollo. Las inversiones extranjeras y el crédito volverán cuando se deje de expropiar por ideología o conveniencia, se incentive la producción privada, se construya infraestructura pública y haya reglas de juego claras y transparentes.

El sinceramiento de las estadísticas públicas es de las primeras medidas que deberán adoptar. En Argentina el gobierno las manipuló y en Venezuela las escondió, como si evadiendo los datos de la inflación o la pobreza, hubieran podido evadir la realidad.

Venezuela tiene retos mayúsculos comparados a Argentina. Maduro es un cero a la izquierda en eficiencia administrativa y ha matado a la gallina de los huevos de oro, la estatal petrolífera PDVSA. No ha diversificado la economía más allá del petróleo, al cual todavía usa como como mercancía para exportar una ideología retrógrada que solo acarrea divisiones a quien la abraza.

Macri sabe de desarrollo y tiene delante de sí un mundo de posibilidades. Debe poner la casa en orden y ofrecer gobernabilidad, un atributo esquivo y todavía inmaduro desde que se ganó la democracia en 1983.

Más allá de izquierdas o derechas, argentinos y venezolanos sentenciaron en las urnas que están cansados del infantilismo político de las últimas décadas. Quieren países en serio y estables, donde todos puedan soñar su futuro. Esa es la esperanza.  trottiart@gmail.com

 

Vargas Llosa: "Llegar vivo hasta el final"

Lúcido y cáustico como siempre, Mario Vargas Llosa quiere “llegar vivo hasta el final”, no solo para seguir con sus ficciones, sino para denunciar a todos aquellos autoritarios que reniegan de la libertad para beneficio propio o que hacen de la corrupción su modo de vida.

Con el mismo ímpetu que destacó Gabriel García Márquez en su autobiografía Vivir para Contarla, Vargas Llosa siente la necesidad de seguir denunciando todos los días los atropellos contra las libertades individuales y sociales. No quiere callarse. La diferencia entre ambos premios Nobel de Literatura, en el lado opuesto del dial político, es la estridencia de Vargas Llosa para asumirse liberal y sin pelos en la lengua contra la corrupción, esa plaga amenazante que, como los nacionalismos, lastran a Latinoamérica dejándola sin paz ni desarrollo.

En Charleston, EE.UU., durante la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, Vargas Llosa se empachó en contra de los inmorales. Solo le faltó la FIFA y la Volskwagen, porque no dejó títere con cabeza. Se mostró ofendido por el milagro brasileño que desdibujó la corrupción de Dilma Rousseff y Lula da Silva. Tildó de “demagogia racista” al oportunista de Donald Trump. Vaticinó retroceso irreversible si Keiko Fujimori llega a la presidencia en Perú. Y puso énfasis sobre la “ficción maligna” que significan los nacionalismos, en especial, el lastre de la corrupción que nutrió al peronismo argentino y a la galopante podredumbre del chavismo mafioso.

Apuntó a la buena opción de Mauricio Macri, comparándola con la “perseverancia en el error” que significaría votar por Daniel Scioli. A esa vocación argentina por los yerros ciclotímicos se la endilgó a esa “gran tragedia” llamada peronismo, que ha hecho caer al país en el subdesarrollo, en el caos permanente y deambular en crisis tras crisis. “¿Cómo un país culto puede caer prisionero de esa maraña que es el peronismo?”, se preguntó.

Sobre el chavismo venezolano tuvo adjetivos aún más calificativos, siempre adornados por el maleficio de la corrupción. “El país es una putrefacción total”, dijo, sabiéndolo el más corrupto del mundo, con los mayores índices de criminalidad y en el que los jefes del gobierno y de las mafias no se diferencian, y los militares están sobornados por esos mafiosos. Acusó a Maduro de haber hecho todo lo necesario para convertir a un país rico en pobre.

Hace tiempo que Venezuela no goza de elecciones limpias y libres. Cree que esa putrefacción intencional, es la única esperanza que tiene el gobierno para salir victorioso. “La única manera que puede ganar… es con un fraude gigantesco”, señaló. Vaticinó que estas elecciones van a demostrar clarísimamente la desesperación de un Maduro impopular, “que va a cometer un fraude monstruoso”.

Las risas y aplausos más estentóreos en Charleston sonaron cuando Vargas Llosa satirizó a Maduro por no permitir a la OEA que supervise las elecciones legislativas de diciembre. “¿Le tiene miedo a la OEA?”. Y se respondió: “Si es la institución más inútil entre las inútiles… que no ha servido nunca para nada”.

Ante la “dictadura creciente” que continúa haciendo estragos desde la coacción de las libertades y el encarcelamiento de opositores, como Leopoldo López, lo que más le duele es la absolutamente lamentable hipocresía y la falta de coraje de los gobiernos de la región para manifestarse a favor de la democracia: “Una vieja tradición en nuestra región, la gran neutralidad frente a los gobiernos de extrema izquierda”.

La entrevista en el auditorio entre Vargas Llosa y Andrés Oppenheimer no podía terminar sin referencias a su vida íntima. De ahí que confesara que sufre en carne propia las críticas a la prensa del corazón que plasmó en su libro La Civilización del Espectáculo. Criticó hasta al New York Times por meterlo en “una chismografía de pésimo gusto” y sumarse a los diretes que causó tras romper su matrimonio de 50 años y su sonado romance con Isabel Preysler.

Más allá de no quedarle remedio más que bajar la cabeza y sortear los chismes como cualquier otro mortal o personaje público, Vargas Llosa seguramente hará honor a su dicho de que llegará muy “vivo hasta el final”. Es que la pobreza democrática y las paupérrimas libertades siempre necesitarán un delator de lujo. 

Gobiernos que se creen Estado

Los ciudadanos tienen derechos; los gobiernos, deberes. Así lo ordenan las constituciones en un Estado de derecho. Sin embargo, en países como Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, ese orden está invertido.

Estos gobiernos en vez de administrar el Estado, se creen su dueño. Abusan de privilegios y hasta disponen de la libertad de sus ciudadanos, cómo antes lo hacían las dictaduras militares o, todavía ahora, el régimen de los Castro.

Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa y Nicolás Maduro, tarde o temprano tendrán que rendir cuentas. Mientras tanto, protegidos por un blindaje auto creado, gobiernan autoritarios. El culto al personalismo es su rasgo característico, de ahí que haya textos escolares con dibujitos en los que Cristina es sinónimo de Estado o que Maduro, juez, busque encarcelar para siempre a Leopoldo López.

Quienes se creen predestinados buscan poder continuo. Morales, en el primer año de su tercer mandato, busca reelección eterna. Correa también lo hará en diciembre mediante reforma constitucional. En su pensamiento redentor de únicos “elegidos”, detestan que la justicia, los partidos y los medios les cuestionen.

Cuando más cuestionamientos, más se empecinan en crear controles. Correa busca darle rango constitucional a una propuesta que parece inofensiva. Quiere que la información sea un bien público, que al igual que el agua, la electricidad o la salud, pueda ser administrada por el Estado. De prosperar su iniciativa, podrá limitar, restringir o censurar la información, como en estos días, cuando dispuso que para evitar “alarmismos innecesarios”, nada se puede publicar sobre la erupción del volcán Cotopaxi.

Correa detesta que la información fluya libremente. Temeroso de las críticas, la cercena desde el primer día de su mandato, pero nunca lo hizo en forma tan eficiente después que sancionó la Ley de Comunicación hace dos años. A través de ella controla contenidos y sanciona a medios, periodistas e internautas que no se apegan a la verdad oficial.

Prueba de su autoritarismo es el hecho de no solo ha creado la ley, sino que también se auto adjudicó la función de juez. Mediante órganos de control que dependen del Poder Ejecutivo, la administra según sus intereses. Su parcialidad como juez es evidente. Solo una de las 161 sanciones fue aplicada contra medios estatales, las demás contra medios independientes; varios de ellos, ante las reiteradas sanciones y multas millonarias, se vieron obligados a cerrar.

La ley nació bajo la excusa de “democratizar” la comunicación, pero terminó siendo instrumento de autoritarismo. La mayoría de las veces es invocada por funcionarios que argumentando defender su honor, la usan para detener las críticas o investigaciones sobre corrupción.

Así como en Bolivia, donde Morales ordenó el cierre de decenas de organizaciones acusándolas de desestabilizar al gobierno, Correa arremetió ahora contra Fundamedios, una ong que defiende la libertad de prensa y a los periodistas. Su disolución, decretada para estos días, fue por el “delito” de publicar un par de blogs críticos a su gestión.

La Ley de Comunicación le da a Correa la coartada perfecta para crear silencio. Sus ataques, sin embargo, tienen un costo cada vez mayor en la comunidad internacional. 

Esta semana, una veintena de organizaciones convocadas por la Sociedad Interamericana de Prensa y Fundamedios en el “Foro de Quito por la Libertad de Expresión”, acusaron a Correa de violentar las libertades de expresión y de asociación, comprometiéndose a divulgar sus atropellos entre inversores extranjeros y los organismos multilaterales, con el objetivo de que condicionen su asistencia al cabal respeto de los derechos humanos.

Las primeras réplicas se sintieron horas después. Cinco defensorías de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciaron el clima restrictivo creado por Correa, reclamándole tolerancia ante las críticas y no disolver Fundamedios.

Lejos de que el propósito se logre, lo importante es que este tipo de acciones recuerdan que la verdadera democracia no está sustentada solo por elecciones, sino también por la separación de poderes, la rendición de cuentas, el respeto por los derechos de las minorías y, principalmente, que los gobiernos no se crean dueños del Estado.