Abril es un mes importante para el Periodismo en EEUU. Se entregan los
prestigiosos Pulitzer que premian el servicio público de medios y periodistas
que denuncian lo que muchos quieren que permanezca en la oscuridad, en especial
las rutas del dinero mal habido, público o privado.
La agencia AP ganó un Pulitzer este año por un reportaje sobre el
abuso humano en la industria pesquera del sudeste asiático que determinó la
liberación de dos mil esclavos.
No todas las investigaciones tienen suerte. Una excelente del The
Miami Herald quedó sin premio, aunque puso a un grupo de policías de Bal
Harbour, zona del sofisticado shopping mall de Miami, en el banquillo de la
Justicia. Los agentes habían incautado 74 millones de dólares a unos
narcotraficantes por lavado de dinero. Luego de sus pesquisas, para las que
usaron más de dos millones en lujos, pasajes de primera clase y hoteles cinco
estrellas, le devolvieron el dinero a los narcos sin ton ni son. Nadie fue
arrestado.
En América Latina las investigaciones del Periodismo son hasta más
resonantes, pero la diferencia es que la Justicia no actúa en forma rápida y
eficiente, ya sea por negligencia, falta de recursos y sometimiento al poder.
La corrupción suele ser tema recurrente en la conversación pública y
el debate político, argumentándose siempre las mejores prácticas para
debilitarla. En especial cada vez que en un país y en una época se toca fondo y
resurge la idea del saneamiento moral. Se echa a los políticos como podría
pasar en Brasil y se renuevan las autoridades como ocurrió tras el “corralito”
argentino. Pero luego, como por arte de magia, se incurre en iguales o peores
abusos que en el pasado.
A menudo se desaprovechen los momentos de quiebre en los que la
sociedad reclama más ética y moral. Puede pasar de nuevo con la intención del Congreso
de México que, presionado por 634 mil firmas de ciudadanos, creará el Sistema
Nacional Anticorrupción. O con la iniciativa de ley de Elisa Carrió en
Argentina que obligaría transparencia a sindicalistas y contratistas con el
Estado para reducir los altos niveles de enriquecimiento ilícito.
Para esos puntos de quiebre no faltan oportunidades. Una de ellas son
los Panama Papers. Pero incluso con la filtración de documentos que compromete
a muchos líderes de gobiernos y corporaciones con compañías off-shore con las
que evadían y lavaban, no se observó que los sistemas judiciales hayan actuado
con premura investigativa, más bien se los notó cautos e incrédulos.
Hubo sí buenas reacciones políticas. El gobierno panameño, siempre
refugio de secretos y evasores, firmó acuerdos de transparencia financiera con
Alemania. Y Mauricio Macri, aunque no convenció con su defensa, aceptó
presentarse ante la justicia. En Argentina, por otro lado, la ruta del dinero K
se transformó en una búsqueda del tesoro escondido (y enterrado) en las
estancias de Lázaro Báez, una muestra de la labor titánica que deben hacer las
fiscalías para encontrar lo que se le robó al pueblo.
Brasil es un caso aparte. Dilma Rousseff puede quedar en la calle por
malversación, aunque de los 547 legisladores que la enjuiciarían, más de la
mitad tiene cuentas pendientes ante la Justicia. Venezuela es caso de diván.
Nicolás Maduro representa el mayor embauque de la historia moderna; la de un
chavismo que le ha robado a mansalva a un pueblo al que cínicamente idolatra
como centro de la revolución.
El caso de Rafael Correa es sintomático. Acusó a los periodistas de
los Panama Papers, porque no revelaron que él y su gobierno eran honestos. Esta
semana se supo que el Presidente y su hermano Fabricio fueron investigados por
la oficina anticorrupción panameña por una empresa off-shore, una honestidad
que ya había sido comprometida en “El Gran Hermano”, un libro que denuncia como
benefició a su hermano con la adjudicación de obras públicas.
Lamentablemente no se aprovechan las oportunidades
ciclotímicas en las que se reclama ética y castigos para derrotar la
corrupción. La falta de voluntad política, las escasas herramientas que se le
dan a la Justicia y la cultura general de la viveza criolla, alimentan ese
círculo vicioso de corrupción e impunidad, que genera no solo un clima asfixiante,
sino uno extremadamente riesgoso para la salud misma de la democracia.
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