sábado, 28 de agosto de 2010

Piñera y su ejemplo

El presidente chileno Sebatián Piñera llegó a un acuerdo con la compañía estadounidense Time Warner, para vender Chilevisión, uno de los canales líderes en audiencia y ratings, por unos 140 millones de dólares; una promesa que el primer mandatario había hecho durante su campaña electoral para evitar conflictos de interés.

La promesa fue por la presión que recibió de parte de la oposición chilena, la que entendía que de tener una televisora sería beneficiado con propaganda para su gestión, se correría el riesgo de manipular información y beneficiarse políticamente. Al mismo tiempo, el canal también sufriría un conflicto de interés, ya que no le resultaría fácil se equilibrado y equitativo con un presidente que también es patrón.

Esta lección es la que deberían aprender muchos presidentes latinoamericanos que están haciendo todo lo contrario, ya sea comprando medios privados a través de testaferros o familiares o utilizando los medios públicos, pertencientes al Estado, como si fueran propios, gubernamentales, para hacer propaganda de su gestión.

La lista es larga, los medios gubernamentales han crecido desmedidamente con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y Daniel Ortega; gobiernos que también se han armado de medios privados.

¿Será que el ejemplo de Chile, de la oposición chilena y del presidente Piñera podrá contagiar al resto de los gobiernos latinoamericanos?

jueves, 26 de agosto de 2010

El regreso al Siglo Catorce

Una de las primeras planas más recordadas del periodismo latinoamericano es la del matutino guatemalteco Siglo Veintiuno, que el 25 de mayo de 1993 se publicó bajo la marca de Siglo Catorce, sin noticias y en negro, en protesta y desafiando la censura tras el autogolpe de Jorge Serrano Elías.

Esta semana el membrete de Siglo Catorce, que evoca las postrimerías del oscurantismo medieval, lo podrían haber adoptado El Nacional y el resto de los periódicos venezolanos a los que se les prohibió publicar fotografías e informaciones sobre violencia que pudieran “vulnerar la integridad psíquica y moral de los niños”, o las radios y televisiones brasileñas, las que tienen vedado por ley hacer bromas o parodias sobre los candidatos presidenciales.

La censura de hoy, como en el pasado, tiene un origen político; aunque reviste ahora mayor gravedad por disfrazarse de legalidad al ser aplicada por jueces con la intención de satisfacer al gobernante.

La prohibición de publicar imágenes, informaciones y publicidad después de que El Nacional publicó una fotografía de archivo en portada de cadáveres apilados en la morgue de Caracas para ilustrar una nota sobre inseguridad pública, fue más una medida política que judicial. Obedeció a criterios de funcionarios y del presidente Hugo Chávez que sostienen que la divulgación de la violencia evidencia la conspiración de la oposición para degradar el proceso electoral vigente.

Si bien el juez se retrotrajo a fines de esta semana de la medida original sobre El Nacional de inhibir cualquier tipo de noticias sobre violencia - así sean fotos o escritos – y solo mantuvo la prohibición sobre las imágenes, tanto para ese diario como para el resto de los medios impresos, la decisión no deja de ser grosera, incongruente, desproporcional e irracional.

Incongruente porque un juez no puede proteger a los menores solo por 30 días si el peligro es verdadero, continuo y latente. ¿Significaría que después de las elecciones del 27 de setiembre las imágenes violentas y macabras ya no dañarían a los menores?
Desproporcional, porque deja a los periódicos, amarillistas o no, al borde de cometer infracciones en forma constante, mediante el manejo de criterios que no deben estar ligados al carácter violento o no de las noticias, sino a la relevancia e interés público de los hechos.
Irracional porque al no estar definidos los estándares de violencia, queda a la arbitrariedad y discrecionalidad de la autoridad interpretar qué es o no correcto y publicable, obligando a los medios a ejercer la autocensura, comprometiendo el derecho del público a saber.
Pero por sobre todo, la medida es grosera, porque desconoce el papel de los medios en una sociedad, que muchas veces deben estar obligados a desafiar leyes y criterios éticos, con la intención de generar debate público y provocar a la sociedad a encontrar correctivos a los problemas. Una torpeza a la que todavía se enfrenta Tal Cual, un diario muy crítico del gobierno, que no podrá divulgar nada violento, ni fotos ni informaciones, por haber expresado su solidaridad con El Nacional al publicar la misma imagen de la morgue censurada.
Mientras tanto en Brasil, donde es usual que los políticos gocen del halo protector de los jueces, a partir de esta semana y hasta las elecciones del 3 de octubre, la radio y la televisión deben abstenerse de bromear sobre los candidatos a presidente, so pena de fuertes multas y suspensiones.
Esta prohibición – que será protestada con una marcha en Río de Janeiro este domingo - tiene origen en leyes de la última dictadura militar, época en que los diarios, como O Estado de S. Paulo, burlaban a los censores oficiales publicando recetas de cocina en los espacios noticiosos censurados. Como hizo este 18 de agosto El Nacional colocando espacios en blanco y el rótulo de “censurado”, donde debían estar sus fotografías.
La gravedad de lo que sucede en Venezuela y Brasil no es la censura directa, sino la previa, la presunción de la autoridad de que un delito pudiera cometerse. Justamente lo que el ser humano viene batallando desde el Siglo Catorce, y que logró incorporar en las Constituciones modernas que expresamente la prohíben por atentar contra la libertad de pensamiento. ¿Lo sabrán los jueces?

miércoles, 25 de agosto de 2010

Coherencias incongruentes

En un país donde la verdad y el equilibrio se pierden, donde la equidad es difícil de alcanzar y las mentiras se utilizan para alcanzar intereses personales por encima del bien común…; cuando aparece alguien con razonamientos coherentes, da la apariencia de estar hablando incongruencias y/o trivialidades.
Se trata del caso del vicepresidente de Argentina, Julio Cobos, quien - ante la furia y embestida del matrimonio presidencial contra Papel Prensa, para lo que pidieron una ley para controlar la fabricación, distribución y comercialización de papel para periódicos - dijo que “el Estado debe ser el garante de la libertad de prensa".
Las palabras de Cobos, cargadas de constitucionalidad y apegadas a derecho, sonaron superficiales. Es que hablar de sensateces en un país que el gobierno ya logró polarizar, parece superfluo. “La libertad de prensa y las políticas en torno a ella deben estar por encima de los intereses particulares con el objeto de fortalecerla, evitando en cualquier caso lesionarla o coartarla."
El comunicado de prensa en el que Cobos analizó estos puntos parece salido de una película de ciencia ficción en la Argentina de hoy, donde los Kirchner y sus funcionarios, desde mayo del 2003, vienen atacando y desairando a periodistas, medios y todo aquel que trate de comunicar en una onda diferente a la oficial.
Dijo Cobos en su comunicado: "Es de público conocimiento que existe un conflicto entre el Gobierno Nacional y el grupo Clarín. En este contexto y con más razón, toda acción o decisión que el Gobierno tome no debe estar motivada por ese conflicto. Por el contrario y como parte del Estado, debe ponerse por encima de él, con un ejercicio responsable del poder, respetando la libertad de prensa y preservando la seguridad jurídica. Es el Estado el garante de la libertad de prensa y en ese marco los medios de comunicación, deben mantener su independencia y objetividad".
Sobre una ley para regular el insumo básico, Cobos reflexionó: "Hay que asegurar la libre concurrencia en el mercado y permitir la provisión de papel a todo aquél que lo requiera, en función de las necesidades de los distintos medios periodísticos". Y en otros puntos recalcó que el Estado tiene varios recursos para garantizar los derechos vinculados a la libertad de prensa, sobre los que citó: El régimen de importaciones, que deberá mantenerse sin ningún tipo de barreras arancelarias para sumar otras ofertas de materia prima; la distribución equitativa de la pauta oficial en todos los medios, lo que permite una competencia leal y evita desigualdades y asimetrías; el rol responsable y adecuado de los medios públicos que pertenecen a toda la sociedad y no a un gobierno en particular.
Muchos sienten que Cobos está despistado, incoherente, incongruente. ¿O será el país?

martes, 24 de agosto de 2010

Triste papel presidencial

La presidenta Cristina de Kirchner hizo un triste papel para la democracia argentina. Leyó su informe “Papel Prensa: la verdad”, una crítica sobre la adquisición de la papelera Papel Prensa en 1976, atándola a crímenes de lesa humanidad, violación a los derechos humanos, conspiraciones y extorsiones, aspectos todos cometidos – según ella - por los diarios Clarín y La Nación, que junto con el Estado son dueños de la empresa.

Con muchas imprecisiones y en cadena nacional, la Presidenta concluyó que quiere un país sin miedos, con democracias sin tutelajes – típico discurso de su época como parlamentaria – y que para ello tratará de que haya una ley para regular la fabricación de papel periódico y que este insumo sea de interés público.

En definitiva lo que dijo es lo que viene pretendiendo desde que en los últimos meses Papel Prensa se convirtió en otro frente de batalla para debilitar a Clarín, grupo mediático al que tiene en la mira. Quiere que el papel sea un bien regulado, que salga del espectro de la empresa privada, imponerle precios y con eso, luego ella – u otro gobierno futuro – podrán tener el sartén por el mango; ergo, habrán inventado una nueva forma de discriminación y de presión contra los medios independientes y privados.

Triste papel el de la Presidenta. Sigue enloquecida en contra de Clarín y de La Nación. ¿Por qué este escándalo barato para un tema que si lo considera un problema de Estado – una empresa que fue adquirida a la familia Gravier en 1976 y que luego fue aclarado por la justicia que no hubo irregularidad en la compra-venta a La Nación, Clarín y La Razón en democracia en 1985 – lo hubiera llevado como cualquier gobierno civilizado a la justicia, a la que dijo respetar y que es la única que puede condenar? ¿Por qué no se ahorró esa discordia de tener que condenar algo públicamente que los jueces deberían tener que hacer después?

¿No sería mejor que el gobierno, en vez de estar empecinado en poner de rodillas a la empresa privada, con sus excusas de acabar con los monopolios y la concentración, no diera la primera lección con el ejemplo? ¿No sería más productivo, mejor administrador y más estadista si generara más competencia, llamando a licitación a más empresas privadas que fueran incentivadas para crear más papeleras y hacer bajar los precios? ¿No es eso lo que justamente busca Cristina? ¿Para qué pelear, crear polarización y malestar entre todos los argentinos? ¿Quién podría enojarse u oponerse a una buena Presidenta que incentivara la competencia, el desarrollo y el empleo?

Triste y torpe papel el de la Presidenta. Muestra su odio y ansias de poder.

lunes, 23 de agosto de 2010

Los Kirchner ganan; todos pierden

Mañana por la tarde la presidenta Cristina de Kirchner se espera que consume un furibundo ataque directo a la libertad de prensa. Dará a conocer el informe oficial “Papel Prensa, la verdad” que se prevé tendrá unas 400 páginas de artilugios y vericuetos para que el Estado, como accionista minoritario de la papelera, se quedé con la empresa.
Más allá de que pueda o no tener razón, de que presente argumentos válidos – cosa que no creo que los posea – sobre que los dueños mayoritarios, los diarios Clarín y La Nación, se hicieron de la empresa gracias a su confabulación con el gobierno militar que habría extorsionado a los propietarios anteriores, lo que molesta es la forma que el gobierno utiliza para intimidar, amedrentar y crear circo.
Si todo fuera razonable y verdad, ¿no tendría el gobierno argumentos lícitos y conciencia limpia y tranquila para acudir a la justicia? ¿Por qué este derroche de desparpajo público para ir en contra de una empresa que fabrica y abastece papel periódico a los diarios argentinos? ¿Por qué los funcionarios vienen haciendo tanto circo como hasta invitar a peleas de box en las asambleas de accionistas?
Esta actitud no es nueva con el gobierno kirchnerista. Sus roces con los medios ha sido parte de su idiosincrasia. Desde no ofrecer conferencias de prensa, no permitir que los periodistas accedan a las fuentes oficiales, hasta agredirlos públicamente. Ahora es el papel, la semana pasada fue la licencia de Fibertel, antes los hijos de Ernestina Herrera Noble, otrora los derechos de trasmisión del fútbol, el uso discriminatorio de la publicidad oficial, la compra de medios privados y la creación de medios gubernamentales, la Ley de Servicios Audiovisuales, y la manipulación de un tropel de periodistas oficialistas que en Twitter, blogs, Facebook y otras redes sociales desprestigian a quienes no se ajustan a las pautas gubernamentales.
Los Kirchner legitiman absolutamente todo desprestigiando a medio mundo en confabulaciones con la violación de los derechos humanos, un tema que lo han hecho popular y que están explotando y politizando.
Los Kirchner tienen facilidad para imponer la agenda pública y lamentablemente los medios están rezagados, ya que es el gobierno y sus funcionarios los que logran conducir la conversación pública, al mejor estilo chavista. Es más, les encanta que los medios estén de rodillas, a la defensiva.
Esta política les dará rédito político a corto plazo. Pero a la larga, confiscar a los medios y abalanzarse contra la libertad de prensa, irá en detrimento del país. La batalla que ganan los Kirchner es una pérdida de todos y para todos.

domingo, 22 de agosto de 2010

La Iglesia y su duro peregrinar en Cuba

No es fácil para la Iglesia Católica en Cuba agradar a todas las partes. Después de la mediación con el gobierno, mediante la cual logró que varios periodistas independientes y presos políticos fueran liberados, y que Guillermo Fariñas deje la huelga de hambre, que por poco le costó la vida, la Iglesia fue criticada por un grupo de disidentes que se queja de una actitud “lamentable” y “bochornosa”.

La carta de los disidentes, fue entregada en la sede del Arzobispado en La Habana el jueves pasado por Martha Beatriz Roque, conteniendo unas 165 firmas, entre ellas las de Vladimiro Roca y Jorge Luis García, teniendo como objetivo que sea entregada al Papa en Roma.

La carta critica a la Iglesia porque no se ha incluido a la disidencia en las pláticas con el gobierno, que los presos liberados hayan sido desterrados, que se le haya pedido a la madre de Orlando Zapata Tamayo, preso político que murió en huelga de hambre en febrero, que no visite la tumba de su hijo y que se haya solicitado al gobierno de Estados Unidos que flexibilice las medidas económicas y el embargo contra la isla.

Creo que la carta es injusta y ofensiva. Ni siquiera los gobiernos más amigos de La Habana han podido lograr que la disidencia sea incluida en cualquier tipo de conversaciones con los Castro. Es cierto que los excarcelados fueron desterrados; pero al menos se consiguió que salgan de prisión, el objetivo que tenían especialmente sus familiares y las Damas de Blanco. No hubiese sido posible la liberación y quedarse en el país, el gobierno no lo hubiera permitido.

Es mejor ver a una Iglesia activa, comprometida y no callada, que ha estado proscripta por décadas por el gobierno comunista. Seguramente esta mediación derivará en mayor activismo, permitiéndoles a los obispos, de a poco, no solo protestar, sino también terciar para que se acabe la represión en general y contribuir para que la dictadura vaya reconociendo más libertades.

Siglo Catorce - Opinión - EL UNIVERSAL

Siglo Catorce - Opinión - EL UNIVERSAL