El poder de "la frase" de Lionel Messi

Fue el mejor golazo de Lionel Messi; pero esta vez sin pelota. Punzante. Inteligente. Otros jugadores de inmediato se alinearon detrás de él, pese a que Diego Maradona y Pelé coincidieron durante una venta de baratijas en París, que a la Pulga le faltaba personalidad para ser líder.

La Pulga pegó el portazo una hora después de un penal a las nubes en la Copa Centenario, su peor pesadilla. Sin embargo, cuando los argentinos y el mundo estaban a punto de tirarlo a la hoguera de los fracasados y convertirlo en meme global, Messi, consciente o inconscientemente, cambió la conversación: “Se terminó para mí la selección”.

Fue tan fuerte el poder de “la frase”, que el Brexit y la renuncia del primer ministro británico, David Camerón, quedaron en segundo plano. Tan sorpresiva y atrapante que Chile disfrutó de una celebración tan efímera como la duración de la oración, convertida ya en una de las más significativas de la historia del fútbol.

Messi siempre supo de su fama y magnetismo, pero nunca había experimentado el poder de sus dichos. La contundencia y credibilidad de su frase deviene de haberla dicho en el momento oportuno y porque nadie la hubiera esperado de alguien tan moderado y parco en el habla. Es que su humildad no le permite darse cuenta de la magnitud de su figura y las consecuencias de sus expresiones. Jamás hubiera imaginado, ni esperado, que el presidente Mauricio Macri convirtiera su frase en cuestión de Estado.

Messi aprendió de golpe que ya no es Messi. Sus dichos tienen vida propia y pueden impactar más allá del campo de juego. Algo que solo está reservado para aquellos cuyo inmenso talento los transforma en deportistas universales, más allá de los colores que defienden y de los resultados que obtienen. En ese olimpo de la popularidad y celebridad, la frase de Messi tiene su espejo en la de Lebron James, cuando en “La Decisión”, un programa especial de ESPN en 2010, el basquetbolista derrumbó a toda la población de Ohio y sacudió al mundo entero con su anuncio: “Me llevaré mis talentos al sur de la Florida”.

No hay seguridad si Messi fue espontáneo, si fue inducido con la intención de crear un mecanismo de autodefensa para evadir el ridículo de una tercera final consecutiva desperdiciada o si fue un tiro por arriba de la barrera para sacudir los cimientos de una AFA que sigue corrupta y sin cambios.

Pero de lo que sí hay seguridad, es que sin Messi la selección albiceleste perderá millones en auspicios, en derechos televisivos y, sobretodo, en seguidores. Habrá menos ganas de ir al estadio y se pierde aquel efecto de ver de parado los partidos, ante la expectativa de la magia de una gambeta irreverente, una asistencia precisa o un gol milimétrico junto al travesaño.

También es cierto que pese a los reclamos populares y la campaña de #LioNoTeVayas, tendrá que seguir soportando a los agoreros de siempre, que pese a la calidad desplegada, los cinco balones de oro, los records quebrados, el oro olímpico en Pekín y la copa mundial sub-20, no lo dejarán en paz porque no ganó un Mundial, como si esa fuera la única vara para medir a los grandes.

El periodismo deportivo no ayuda mucho en esta ecuación. Es exitista y superficial, y en materia de selecciones, muy nacionalista. Así que cuando no pueda justificar a Messi por los resultados, siempre sacará a relucir las dudas sobre su argentinidad o lo comparará injustamente con otras leyendas futbolísticas de épocas pasadas.

La contundencia del “se terminó para mí la selección” es que, de golpe y porrazo, los argentinos y muchos de sus fanáticos universales, tuvieron que hacerse a la idea catastrófica de una Argentina o un fútbol sin Messi. Es decir, de sentir que se esfuman las posibilidades ciertas de llegar a Rusia 2018 y de potencialmente alcanzar otra final para tomarse la revancha. Es que “la frase” es pura desesperanza, nociva, más agobiante que la derrota en cualquier final.

Sin embargo, pasados los días y con las heridas cicatrizando, todos, incluido el otro Messi, están al tanto que “la frase” tuvo un contexto determinado. Él y todos saben que la competencia es su sabia y la superación su objetivo. En el fondo, todos estamos convencidos que ese carácter competitivo y el amor por la pelota le impedirá desertar. trottiart@gmail.com

Narcotráfico: Máximo desafío para Macri

Mauricio Macri fue contundente en su primer mensaje al Congreso cuando desmitificó el papel de Argentina como un simple país de tránsito: “Somos un país que recibe droga, la transforma, la vende internamente y la exporta”.

El nivel de sinceridad contrasta con el gobierno anterior que nunca asumió la realidad manipulando estadísticas y datos a ficción. Macri citó informes internacionales y aseveró que Argentina se ha convertido en el tercer proveedor de cocaína del mundo.

A su pesar, le tocó poner los puntos sobre las íes. No es difícil entender que la verdad es la única fórmula para construir una estrategia antidroga. Si luego fracasa o tiene éxito en esa lucha, será otro cantar. Ahora la sinceridad era indispensable.

“Necesitamos verdad y justicia” fue su expresión sobresaliente. Son los ingredientes indispensables para combatir las drogas, en un país que se ha convertido en “próspero para los traficantes” y que dejó de asombrarse de los crímenes violentos en otras regiones, para experimentarlos en carne propia.

Ante el Congreso, Macri no solo desnudó un sombrío panorama heredado con alta inflación, nulo crecimiento y mucha pobreza, sino también con profusa corrupción, poca seguridad y escasa justicia. Casualmente estos elementos son los que influyen, potencian o retroalimentan el tráfico de drogas.

Es que los carteles de la droga se nutren del círculo vicioso que crean. Se empoderan entre la pobreza y desigualdad, potencian a otras mafias dedicadas a otros crímenes y riegan corrupción con la intención de debilitar a las instituciones democráticas para blindarse ante la ley y la justicia.

Puede ser que el presidente argentino haya exagerado en algo para crearse espacio y tiempo para trabajar, en especial después de un comienzo con medidas agobiantes para los ya menguados bolsillos y anuncios impopulares de arreglos con la usura internacional, la única forma de acceder a una cartera de créditos que le estaba negada al país.

Pero Macri no exageró sobre el impacto del narcotráfico. En el informe 2015 divulgado por Naciones Unidas esta semana, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) sentencia que el narcotráfico es el causante del devastador impacto económico, social y político de Centroamérica, aunque sus aseveraciones se aplican a cualquier región donde anidan los narcos.

El informe señala que hasta el desarrollo y crecimiento económico de un país es relativo, sí no se ataca de raíz el problema del narcotráfico, el que socava en forma directa el Estado de derecho y la calidad de la democracia. Ahora se puede apreciar aquella advertencia del Papa sobre la “mexicanización de Argentina”. Francisco no solo se refería al clima de violencia física e inseguridad ciudadana, sino a la inestabilidad democrática.

Macri apuntó bien en su mensaje cuando buscó la alianza del Congreso para delimitar el nuevo marco legal necesario para combatir al narcotráfico. Habló de fondo y de formas. Una reforma judicial que haga realidad la independencia de la Justicia y mejore su funcionamiento como estrategia. Y reformas al Código Penal, el fortalecimiento de la Justicia federal, el decomiso de bienes y las leyes del Arrepentido y la de Acceso a la Información Pública y Transparencia, como tácticas.

Más fácil decirlo que hacerlo. El mayor desafío del oficialismo no es la estrategia que parece clara, sino buscar consensos en una legislatura que no es mayoría. Le costará sudor y lágrimas, sobre todo cuando le está endilgando a esa mayoría haber sido el artífice de tanta inseguridad que “no es una sensación” y haber generado “la violencia verbal, la denigración de sentir que el Estado no solo no te cuida sino que te falta el respecto”.

El egoísmo político puede hacer descarrilar cualquier estrategia por buena que parezca. Sin embargo, Argentina no tiene otra alternativa si no quiere verse reflejado en el espejo mexicano, ese país cuya clase política estuvo por años negándose a admitir que las drogas lo estaba consumiendo todo.

Macri tuvo en este presente la razón de poder endilgarle al gobierno anterior sus responsabilidades. Pero ya está. De ahora en más, ya no podrá quedarse con las culpas del pasado sino mostrar sus propias soluciones y acciones. El narcotráfico ya es su batalla a futuro. 

Justicia - Nisman: Destinados a ser bananeros

¿En qué se diferencia un país desarrollado de una república bananera?

La respuesta más simple apunta a diferencias de nivel económico y desarrollo entre uno y otro país. La más competente, sin embargo, tiene que ver con el grado de estabilidad política, los niveles de corrupción y la independencia de poderes, especialmente de la justicia.

Sin justicia no hay igualdad y sin justicia independiente un país está destinado a la autodestrucción. La calidad de una democracia, incluso el desarrollo económico, está íntimamente ligada a la calidad de la justicia. Esto es palpable en América Latina.

No es casualidad que Uruguay, Chile, Colombia y Costa Rica tengan mejores sistemas judiciales y, a su vez, menos corrupción, más estabilidad económica y mejor institucionalidad. En las antípodas se encuentran Argentina, Venezuela y México, con poderes judiciales ineficientes, satélites del poder, y con resultado similar: Una superlativa sensación de impunidad, desigualdad e inseguridad.

Las marchas y cacerolazos en Argentina en reclamo por justicia tras la muerte dudosa del fiscal Alberto Nisman, muestran frustración e impotencia social frente a un Estado que, enajenado por el poder de turno, no ofrece ni garantías ni bien común.

El sistema de administración de justicia de Argentina, como el de Venezuela, está infiltrado por el gobierno. Quedó demostrado en ambos casos que los intentos por “democratizar la justicia” no fueron más que la búsqueda permanente de transformar al Poder Judicial en un aparato judicial para el interés y servicio propio.

Difícilmente pueda el caso Nisman ser punto de quiebre para que todo cambie de ahora en más. El kirchnerismo, como el chavismo después de que fue asesinado en Venezuela el fiscal  Danilo Anderson en 2004, sacará a relucir toda suerte de teorías de la conspiración y chivos expiatorios. La primera carta en Facebook de la presidenta Cristina Kirchner ya apuntó en esa dirección. Culpó a extraños y espías, conspiraciones, titulares de Clarín y a la propia víctima, librándose de la acusación de que el gobierno encubrió a funcionarios iraníes por la masacre contra la AMIA, a cambio de favores políticos y económicos.

Fue la misma fórmula original que Hugo Chávez utilizó para perseguir a periodistas y opositores sin ton ni son; muchos acusados, varios encarcelados y otros exiliados.

El secuestro de la justicia, que no se le puede achacar solo al presente gobierno argentino, es el mayor vicio del país. Las reformas judiciales siempre intentaron crear fiscales y jueces “gubernamentales”. La consecuencia es un estado perenne de impunidad e inmunidad, sintetizado ahora en las irregularidades irresueltas de la misma Presidenta sobre sus negocios inmobiliarios, en los negociados del vicepresidente Amadao Bodou y de tantos otros como los Báez, Ciccone, de Vido adosados como ornamentos a un gran arbolito de Navidad.

Es claro. Por la falta de independencia de la justicia se agudizan todos los vicios, el más perverso, la corrupción, y el más violento, las mafias. En su reciente viaje a Filipinas el papa Francisco advirtió que la corrupción o la falta de justicia es el equivalente a “terrorismo de Estado”, el origen de la desigualdad.

Lo más trascendente del discurso de Barack Obama al Congreso esta semana, no fue que se haya enfocado en la mejoría del empleo, la independencia energética y en terminar terrorismos y guerras, sino en su idea de que la justicia y la igualdad son la base del desarrollo de su país: “(Nos) va mejor cuando todo el mundo tiene su oportunidad justa, recibe lo justo, donde todo el mundo juega con las mismas normas”.

EEUU está repleto de ambigüedades y limitaciones como cualquier país. Pero si hay algo que los ciudadanos valoran es la sensación de que las reglas son claras y parejas para todos. Que las leyes no están inspiradas en revanchismos políticos, sino en el bien común.

La certeza ciudadana de que la justicia es independiente al poder político, que no se usa para perseguir o blindar a nadie, que no existe otro interés más que buscar la verdad y de que la ley se aplicará sin distinciones, crea confianza, institucionalidad y despeja el camino para el desarrollo.

La eficiencia de la justicia define a un país; sin independencia cualquier país está destinado a ser bananero. 

Saqueos a la democracia

Argentina tendría hoy que estar festejando la reinserción democrática que se logró hace 30 años. Sin embargo, está de luto por casi una decena de muertos, consecuencia de los saqueos y alborotos públicos que siguieron al chantaje de las policías de 17 provincias que dejaron de trabajar o se acuartelaron en protesta por mejores salarios.

El problema que se originó en Córdoba la semana pasada hasta que la policía consiguió un aumento salarial, mimetizándose en los destacamentos de prácticamente todo el país, desnuda una nueva crisis que va más allá de los problemas económicos que asfixian a los más vulnerables. Una crisis de la que se deben deslindar responsabilidades.

Primero, las policías. Si bien todo ciudadano, según la Constitución, tiene garantías a la libertad de asociación, no todos pueden gozar de los mismos niveles de ese derecho. Si los policías hubiesen hecho huelga escalonada y no se hubiera producido ningún desborde de inseguridad, seguramente estarían protegidos por los principios constitucionales. Si a sabiendas de que su protesta causaría desmanes y azuzarían mayor inseguridad, y se cruzaran enteramente de brazos para poder conseguir sus fines, su libertad de asociación estaría más emparentado con el chantaje que con otra cosa.

Segundo, la población. Por más vulnerable o pobre que alguien sea, ello no da patente de corso  para aprovechar situaciones y transformarse en un ladrón enmascarándose en el protegido anonimato que ofrecen los saqueos populares, ya sea para desvalijar supermercados o negocios de electrodomésticos o generar violencia. Es obvio que esto denota una más profunda que aquella que deviene de la condición deplorable de muchos que siguen marginados económica y socialmente.

Tercero, el gobierno. Si bien este no se comporta como el de Nicolás Maduro que fue quien semanas atrás incentivó a la población a robar negocios de electrodomésticos, el gobierno argentino peca por omisión y manipulación. Corto de mente y muy político, miró hacia el otro lado cuando comenzó la crisis en Córdoba porque se trataba de un gobernador antagonista, con escasa visión para advertir que todo movimiento de desorden que comienza en Córdoba como reguero de pólvora siempre termina por afectar a todo el país. Pero hasta aquí se trata de lo superficial.

En la profundidad, el gobierno nacional es responsable por manipular, desde los índices de inflación hasta los de pobreza, y por tratar de remediar absolutamente con dos elementos que lo transforman a cualquier gobierno en demagógico: Propaganda y clientelismo. Estos dos elementos son de los que consumen una gran parte del presupuesto nacional. La propaganda para mostrar un país que está mejor de lo que está, que vive de las apariencias; y el clientelismo, usado malamente como sinónimo de empleo, para mantener a la gente medianamente aplacada.

La crisis actual demuestra que la demagogia tarde o temprano queda desenmascarada, ya que la propaganda deja de ser eficiente cuando es superada por la realidad y que los clientes del clientelismo siempre terminarán insatisfechos y pedirán más y más.

Las mentiras de Argentina

Finalmente alguien tenía que ponerle el cascabel al gato. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se ha vuelto tan autoritario que se cree con el poder de manipular la información oficial o adecuarla a sus propios intereses desobedeciendo mandatos de sus propios decretos, como el firmado por el ex presidente Néstor Kirchner que obliga al Poder Ejecutivo a generar y dar información oficial en forma veraz y en término.

El FMI acaba de sancionar al oficial Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC (intervenido por el Poder Ejecutivo desde 2007) por manipular información y estadísticas sobre inflación.

Las denuncias no son nuevas, son las que por años las propias entidades argentinas, la oposición y la prensa vienen sosteniendo. El gobierno, en lugar de haber rectificado rumbos, prefirió prohibir a las consultoras privadas que hagan mediciones y a los medios que las divulguen, lo que ha llevado al Congreso - al menos al sector de la oposición – a llevar sus propias estadísticas sobre la inflación.

Como era de esperar, Cristina no demoró mucho en reaccionar y se despachó con decenas de tuits contra el FMI, acusando a la entidad de todas las crisis en el mundo y de la historia.

Sin embargo, lo que Cristina no dijo es si cumplirá con lo que se le pidió al gobierno respecto a que en siete meses debe generar mejores y más creíbles estadísticas o de lo contrario correrá el riesgo de no poder conseguir asistencia financiera o ser expulsada de la entidad.

Cristina no deja de tener razón en sus críticas al FMI, pero su reacción en nada invalida que su gobierno sí manipula las estadísticas, para mostrar una realidad diferente a la real, desde los índices de pobreza, de empleo formal e informal, del precio de la canasta familiar, por citar los datos más elementales.

Hay cosas que no se entienden de este entuerto. Por un lado, si las estadísticas sirven para crear políticas públicas, como hará el gobierno para hacer las más acertadas cuando no le queda otra que usar datos propios sobre los que ni siquiera puede confiar.

Y por otro lado, cada vez es más evidente que en el país se necesita una Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia, la única forma que el público podrá obligar al gobierno a entregarle no solo información, sino la metodología que utiliza para generarla.

Una ley de este tipo puede ser la única forma para fiscalizar a este gobierno.

Y dale con los votos

No hay dudas que los procesos electorales son la esencia de la democracia. Pero también es fundamental que las elecciones sean transparentes y en condiciones de igualdad.

Ayer Cristina de Kirchner desacreditó la huelga a nivel nacional que distintos gremios convocaron en Argentina, a la que calificó de “aprietes y amenazas contra los trabajadores”, diciendo que a ella “no la corre nadie” y sobre la fuerza de sus votos del 54% de los argentinos.

Cristina tiene razón sobre sus votos, pero tampoco puede ser tan arrogante, como lo son otros presidentes, tal el caso de Hugo Chávez por poner solo un ejemplo, de creer que sus votos son todos genuinos. Lamentablemente en Argentina existe mucho clientelismo y compra de votos en los procesos electorales mediante regalos y subsidios para encandilar a las masas. Y la polarización creada por el gobierno, tal el caso en Venezuela, de que todo es malo o todo es bueno, blanco o negro, ha hecho que muchos votantes, especialmente aquellos que dependen laboralmente de la administración pública, teman que no votar por el oficialismo les atraiga represalias.

Lamentablemente Cristina siguió ayer con un discurso poco conciliador y desafiante. Puso poca voluntad para escuchar las razones de la huelga así como tampoco escuchó el clamor del cacerolazo del 8 de noviembre pasado, lo que contradice su vocación netamente populista.

La democracia no solo se basa en elecciones limpias, sino en atender las necesidades de las minorías. Si Cristina se apoya en el 54% - un plafond que ya no tiene – es su deber tratar gobernar también para el 46%. 

Argentina chavista

No hay ya muchas dudas sobre que Argentina, en materia de libertad de Prensa, se está convirtiendo en un estado chavista, donde el gobierno clama todo para sí y dispone lo que los medios de comunicación deben hacer y decir.

La más flamante arremetida ocurrió este jueves en el Senado federal argentino. Se votó finalmente la ley que le permitirá al gobierno controlar la fábrica de Papel Prensa, mediante la cual podrá intervenir a esta sociedad que el estado tiene con los diarios Clarín y La Nación, y así establecer los cupos que le dará de papel a cada diario, con lo que podrá discriminar a aquellos que no se comportan adecuadamente con las líneas oficiales.

Esto no es un disparate. El gobierno de Cristina de Kirchner hace rato que utiliza la discriminación como método de persuasión y castigo contra los medios. La distribución de la publicidad oficial es usada en ese sentido, por lo que medios chicos pero propagandísticos a favor del gobierno reciben millonarias sumas de pauta publicitaria.

Este jueves el Senado sancionó - con 41 votos a favor, 26 en contra y una abstención - la ley que la semana pasada había aprobado la Cámara de Diputados, que regulará, a través del Ministerio de Economía, los precios, la comercialización y la producción del insumo, bajo la consigna de que el papel para diarios es de “interés público”.

La Sociedad Interamericana de Prensa ha planteado que la única forma que puede resarcirse este atropello a la libertad de prensa es mediante la justicia.

La ley se contrapone al Art. 32 de la Constitución argentina que establece que el Congreso no puede dictar ninguna ley que viole la libertad de prensa.

También en esta semana, y en episodios que no parecen aislados, Cablevisión, una de las empresas del Grupo Clarín fue intervenida por orden de un juez; mientras que otro dictó una medida contra el diario La Nación por una deuda impositiva que la Corte Suprema de Justicia había ordenado no pagar.

Es evidente que el gobierno también usa parte de la justicia para sus fines políticos, por lo que cualquier recurso de inconstitucionalidad que se presente, no es garantía automática para que se deje sin efecto la ley del papel.

Inflación mentirosa en Argentina

Desde 2007 el gobierno argentino viene tergiversando y manipulando los datos de la inflación en el país a través del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo), una situación que desencadenó en una serie de fuertes multas y censura de parte de la Secretaría de Comercio contra encuestadoras y compañías privadas e independientes que miden la inflación en el país.

El índice de inflación, según datos de esas compañías que ahora tienen prohibido hacer esas mediciones, alcanza entre el 25 y 30% en 2011, mientras que la cifra oficial no llega ni al 10%. Razón ésta, por la que los diputados nacionales de la oposición decidieron desde ayer hacerle frente al gobierno y al oficialismo divulgando un índice promedio del registrado por las empresas independientes.

No es la primera vez que el INDEC tergiversa índices, como lo ha hecho hasta ahora no sólo con la minimización de la inflación, sino también años anteriores cuando escondió los niveles reales de pobreza, lo que generó una gran confrontación entre el gobierno nacional y la Iglesia Católica.

Lo peor de toda esta manipulación es que el INDEC, un organismo que debería ser autónomo dentro del Estado, ya carece de todo signo de credibilidad, es utilizado como agente de propaganda del gobierno por arriba de su responsabilidad y que se han usurpado los principios más elementales de la libertad de expresión al habérseles prohibido a las compañías privadas e independientes buscar, investigar y difundir resultados de sus pesquisas.

Las consecuencias son graves para el país. La primera, es la falta de confianza que se genera en el público, especialmente porque no hace falta que ni el Congreso o las empresas encuestadoras divulguen datos sino sólo se necesita ir a los supermercados para comprobar que la inflación oficial está muy por debajo de lo que indican los precios de la canasta familiar. La segunda, es la desconfianza a nivel exterior, tanto para los organismos internacionales de crédito como para los inversores. La tercera, es que se establecen disparidades entre la realidad y los presupuestos que se quieran aprobar, así como lo que se establece en materia salarial y de jubilaciones. La cuarta, es la política de persecución de parte del gobierno de quienes solo tratan de recoger la información. Y la quinta – ojalá que no suceda – es que si el Estado permanece con esta política de mentiras y tergiversaciones sin que intervengan los jueces, se permitirá que la impunidad afecte la seguridad jurídica de la nación.

Por ahora, la buena señal es que algunos diputados de la oposición están empezando a poner en ridículo esta gran mentira del gobierno, y buscando formas para que se remedie la situación.

Propaganda avasalladora en Argentina

Tras unos días de descanso y de mirar a la Argentina en forma más objetiva a la distancia – después de regresar el viernes pasado con una misión de la SIP para analizar la situación de la libertad de prensa – me perturba pensar cuán avasallador es el aparato de propaganda oficial, que a todos por fuera de él, deja frustrados e impotentes.

El sistema de propaganda de quienes detentan el poder siempre fue grande, pero el que está demostrando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es superlativo. Y esto parece agravarse a medida que se acercan las elecciones de presidenciales de octubre próximo. Tras hablar con muchos políticos, legisladores, periodistas y líderes de opinión, es fácil advertir y sentir que existe un sentimiento de impotencia frente a un aparato que diluye todo gesto político opositor o cualquier investigación periodística que denuncia corrupción.

El aparato de propaganda está sustentado por un presupuesto enorme que le sirve para comprar espacios en medios de comunicación, regalar fútbol y comprar conciencias; y hacer mucha contra propaganda, usando medios amigos, aliados, oficialistas y públicos (que en Argentina jamás se usaron con criterios estatales sino sólo a beneficio de quien ostenta el poder) para denigrar a opositores, insultar a cualquiera que piense o diga diferente o desmentir todo lo que pueda afectar la imagen y las acciones de gobierno. Peor aún, es que todo este aparato gigantesco ya ha entrado en una vorágine infernal en que se retroalimenta a sí mismo, ya que al generar más oposición, también utiliza mayor presupuesto para contrarrestarla.

Lo que muy pocos piensan, como siempre sucedió en el país, es que ese aparato es sustentado por dineros del público que el gobierno gasta a su placer, como si fueran propios; lo que no es otra cosa que malversar fondos públicos o corrupción.

Argenina sin verdadera libertad de prensa

Publico el comunicado que sacamos con respecto a la visita que con la SIP hice a Argentina.

La Sociedad Interamericana de Prensa ratifica su preocupación por las acciones y omisiones del Estado que afectan en forma severa el ejercicio pleno de la libertad de expresión en el país, mediante una estrategia oficial de control de la información.

Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP, quien encabezó la delegación internacional, advirtió que las evidencias recabadas ratifican nuestros informes sobre que la libertad de prensa está en un proceso de deterioro en Argentina”. Asimismo, Marroquín “hizo un llamado a todos los sectores y a la población en general a defender y promover la libertad de expresión, porque sin ella no puede haber verdadera democracia”.

Marroquín, del diario Siglo 21, Ciudad de Guatemala, Guatemala, llegó acompañado a Buenos Aires de Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, del San Antonio Express-News, San Antonio, Texas, Estados Unidos; Claudio Paolillo, copresidente de esa comisión, del semanario Búsqueda, Montevideo, Uruguay; María Elvira Domínguez, titular de la Comisión Chapultepec, de El País, Cali, Colombia; por Julio E. Muñoz y Ricardo Trotti, director ejecutivo y director de Libertad de Prensa de la institución respectivamente.

Más allá del documento que entregó la Secretaría de Medios a la delegación internacional de la SIP, en la que realiza diversas acusaciones contra un grupo de medios concreto y establece que hay “completa libertad” de prensa en el país, la institución hemisférica ha constatado un panorama diferente en el que se ha incentivado la confrontación y polarización de la sociedad.

                                                                                                                      

Luego de las múltiples entrevistas con actores políticos, sociales y periodísticos, la misión de la SIP fue reiteradamente informada sobre la existencia de legislación que potencialmente afecta a la prensa en materia de discriminación de otorgamiento de licencias operativas, con una clara intromisión en los contenidos de los medios y sus criterios editoriales; y un proyecto para declarar de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel para periódicos.

También la SIP detectó el uso indebido de recursos públicos para castigar o premiar a medios y periodistas a través de dádivas y de la distribución de publicidad oficial de acuerdo a posiciones editoriales. En ese marco, fueron recabadas insistentes denuncias sobre la creación de redes públicas y privadas de medios y periodistas dedicados a hacer propaganda y/o apoyar las acciones de gobierno.

La misión también recibió denuncias concretas sobre hostigamiento y amedrentamiento de parte de organismos del Estado contra periodistas independientes o críticos; de incumplimiento de fallos judiciales en materia de libertad de prensa que permitió, por ejemplo, el bloqueo de la circulación de diarios el 27 de marzo pasado, sin que esa conducta hubiera acarreado responsabilidades ulteriores; y del impulso de sorprendentes acciones judiciales acusando a directivos de periódicos de supuestos delitos de lesa humanidad. 

Rivard dijo que el temor de la SIP es que el “clima de la libertad de prensa continúe deteriorándose” y que “si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no revierte esta situación de ataques permanentes contra los medios de comunicación, el pueblo argentino perderá otra vez, como en épocas oscuras del país, la verdadera libertad de expresión”.

Por su parte, Paolillo dijo que “debe quedar bien en claro que a diferencia de la opinión manifestada por el gobierno a la delegación, cualquiera sea la consideración sobre el accionar de periodistas y medios de comunicación, la responsabilidad principal para garantizar y promover el efectivo ejercicio de la libertad de expresión corresponde al Estado”. Ese mandato surge de la Constitución de la República y de los pactos internacionales reconocidos y suscritos por Argentina.

La SIP recibió un cuestionamiento de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) sobre la inequidad que padece la prensa regional en materia impositiva respecto a los grandes medios del país. En ese sentido, se remarcó una promesa incumplida de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en 2009 anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso estableciendo un tratamiento especial para los periódicos del interior del país.

Desconcertó a la misión de la SIP saber sobre declaraciones de altos funcionarios de gobierno que trasuntan un desconocimiento de las responsabilidades que les caben en el ejercicio de su función en una democracia, como por ejemplo, el ministro del Interior, ha declarado que “los medios públicos están al servicio del gobierno” u otros funcionarios que han establecido que los periodistas deben ser militantes.   

En ese sentido, la SIP considera imprescindible una mayor voluntad política tanto de la oposición como del gobierno, para que el país se sume a otros que han  adoptado leyes efectivas de acceso a la información pública y transparencia; y adopte reglas claras y técnicas para la utilización de los dineros públicos, ya sea en materia de publicidad oficial como de propaganda electoral.

La SIP recuerda que los medios de comunicación del Estado deben estar al servicio de toda la sociedad y no ser utilizados por los gobiernos, cualquiera sea la ideología de éstos.

Este es un informe preliminar de la misión, cuyos resultados finales serán elevadas a las autoridades de la SIP. La delegación tuvo entrevistas con organizaciones no gubernamentales, como con Laura Sommer, del Centro de Implementación de Políticas Públicas; Hugo Wortman Jofré, presidente de Poder Ciudadano; y Eduardo Oteiza, presidente de la Asociación por los Derechos Civiles. También con el secretario de Medios de la Presidencia de la Nación, Juan Manuel Abal Medina, y varios de sus colaboradores. Con la senadora, María Eugenia Estenssoro, presidenta de la Comisión Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación; la diputada, Silvana Giudici, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa y varios legisladores de esa Comisión de la Cámara de Diputados de la Nación.

La delegación se reunió con la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena I. Highton de Nolasco; con el presidente de la Comisión Episcopal para Medios de Comunicación Social, arzobispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani y el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, padre Jorge Oesterheld. Se realizaron reuniones con los periodistas Luis Majul, José Ignacio López, Magdalena Ruiz Guiñazú, Nelson Castro, Joaquín Morales Solá, Carlos Jornet, Julio Rajneri, Hugo Grimaldi y Daniel Dessein; así como con directivos de medios como Jorge Fontevecchia y Gustavo González, de Editorial Perfil; Bartolomé Mitre y Fernán Saguier, de La Nación y Héctor Magnetto y Héctor Aranda de Clarín, entre otros representantes.

La delegación también se reunió con representantes y directivos de medios del interior del país; miembros de la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI), Walter Burzaco, presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable, Alberto Gowland Mitre, vicepresidente de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Ripoll, presidente de la Asociación Argentina de Editores de Revistas, Carlos Molinero, director ejecutivo de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas y Edmundo Rébora y Héctor Parreira de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas.

Otras reuniones se realizaron con el secretario General de la Federación de Vendedores de Diarios y Revistas de la República Argentina y diputado nacional, Omar Francisco Plaini. Con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri; con legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos el diputado, Oscar Moscariello, vicepresidente de la Legislatura y Diana Martínez Barrios, presidenta de la Comisión de Comunicación Social. La SIP también se reunió con representantes de ADEPA, encabezados por su presidente, Daniel Dessein; con miembros de ADIRA, liderados por su presidente, Fernando Cuello; y de FOPEA, encabezados por su titular, Gabriel Michi.

Otras entrevistas que fueron solicitadas pero por motivos varios no fueron concedidas incluyeron a la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; al diputado nacional, Alejandro Rossi; al senador, Miguel Pichetto; al secretario general de la CGT, Hugo Moyano; al ministro del Interior, Florencio Randazzo;  y al asesor general de la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines, Carlos Taboada.

La SIP también recibió denuncias, y cuestionamientos, de parte de periodistas y otros empleados de medios de comunicación, que comparten la línea oficialista en materia de libertad de prensa sobre las amenazas, que según ellos, representan los “grupos monopólicos de la comunicación” para “el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”.