Saqueos a la democracia

Argentina tendría hoy que estar festejando la reinserción democrática que se logró hace 30 años. Sin embargo, está de luto por casi una decena de muertos, consecuencia de los saqueos y alborotos públicos que siguieron al chantaje de las policías de 17 provincias que dejaron de trabajar o se acuartelaron en protesta por mejores salarios.

El problema que se originó en Córdoba la semana pasada hasta que la policía consiguió un aumento salarial, mimetizándose en los destacamentos de prácticamente todo el país, desnuda una nueva crisis que va más allá de los problemas económicos que asfixian a los más vulnerables. Una crisis de la que se deben deslindar responsabilidades.

Primero, las policías. Si bien todo ciudadano, según la Constitución, tiene garantías a la libertad de asociación, no todos pueden gozar de los mismos niveles de ese derecho. Si los policías hubiesen hecho huelga escalonada y no se hubiera producido ningún desborde de inseguridad, seguramente estarían protegidos por los principios constitucionales. Si a sabiendas de que su protesta causaría desmanes y azuzarían mayor inseguridad, y se cruzaran enteramente de brazos para poder conseguir sus fines, su libertad de asociación estaría más emparentado con el chantaje que con otra cosa.

Segundo, la población. Por más vulnerable o pobre que alguien sea, ello no da patente de corso  para aprovechar situaciones y transformarse en un ladrón enmascarándose en el protegido anonimato que ofrecen los saqueos populares, ya sea para desvalijar supermercados o negocios de electrodomésticos o generar violencia. Es obvio que esto denota una más profunda que aquella que deviene de la condición deplorable de muchos que siguen marginados económica y socialmente.

Tercero, el gobierno. Si bien este no se comporta como el de Nicolás Maduro que fue quien semanas atrás incentivó a la población a robar negocios de electrodomésticos, el gobierno argentino peca por omisión y manipulación. Corto de mente y muy político, miró hacia el otro lado cuando comenzó la crisis en Córdoba porque se trataba de un gobernador antagonista, con escasa visión para advertir que todo movimiento de desorden que comienza en Córdoba como reguero de pólvora siempre termina por afectar a todo el país. Pero hasta aquí se trata de lo superficial.

En la profundidad, el gobierno nacional es responsable por manipular, desde los índices de inflación hasta los de pobreza, y por tratar de remediar absolutamente con dos elementos que lo transforman a cualquier gobierno en demagógico: Propaganda y clientelismo. Estos dos elementos son de los que consumen una gran parte del presupuesto nacional. La propaganda para mostrar un país que está mejor de lo que está, que vive de las apariencias; y el clientelismo, usado malamente como sinónimo de empleo, para mantener a la gente medianamente aplacada.

La crisis actual demuestra que la demagogia tarde o temprano queda desenmascarada, ya que la propaganda deja de ser eficiente cuando es superada por la realidad y que los clientes del clientelismo siempre terminarán insatisfechos y pedirán más y más.