Vivimos una época libertad de expresión irresponsable. Es verdad que las redes sociales han democratizado la expresión, pero también muchos se escudan en ellas para divulgar mentiras intencionadas, bulos y hasta para hablar o escribir dichos en forma anónima, que de otra forma no lo dirían por pudor, temor o por hacer el ridículo. Es que la libertad de expresión requiere responsabilidad y tiene límites, éticos y legales, entre ellos la difamación.
También es necesario potenciar el anonimato porque siempre es una
forma de denuncia que evita la consecuencia, de ahí que haya leyes que protejan
a los whistleblowers o soplones, aquellas personas que desde las empresas
gubernamentales y privadas denuncian o revelan injusticias y corrupción que, no
ser por ellos, nunca saldrían a la luz. También hay profesiones que necesitan estar
a resguardo de las consecuencias, para proteger su discurso, denuncias u
opiniones, como por ejemplo las de un legislador disidente o un periodista
consciente.
Podemos enumerar casos y excepciones, pero hay un ser que no tiene ni
puede tener la misma libertad de expresión que los demás: los presidentes o
presidentas de un país.
Actualmente, muchos de ellos evitan las conferencias de prensa y solo
hablan a través de mensajes cerrados (es decir sin el contrapeso de las
preguntas periodísticas) a través de redes sociales como X o directamente en
sus redes propias, como Donald Trump en la suya, Truth Social. Y aquí viene la
pregunta: ¿Tiene un presidente los mismos derechos que un ciudadano para
expresar sus opiniones y argumentos? Claro que sí. ¿Y para decir lo que se le
antoja, burlarse o insultar a otros? Por supuesto que no.
En materia de libertad de expresión, por su envergadura pública y
debido a las consecuencias que sus pronunciamientos pueden acarrear, un
presidente tiene más restricciones y responsabilidades que una persona normal y
corriente. Así como sus acciones están limitadas – no puede declarar la guerra
o irse de viaje al extranjero sin la aprobación del Congreso – también lo están
sus palabras.
Pero no lo sienten así muchos presidentes, demostrándolo con sus
constantes dichos sarcásticos, desafiantes y burlones, además de insultos por
doquier. Estas actitudes provocan autocensura en los disidentes y acólitos autocensura
y, lo que es peor, generan una retórica vengativa o estimulan violencia. A
Trump hay que sumarle lo que hace Javier Milei o Nayib Bukele o, en la vereda de
enfrente lo que hacen Nicolás Maduro o Daniel Ortega.
Hay que tener en cuenta que hablar, opinar o insultar no es
necesariamente informar, mandato que todo presidente tiene en la Consituticón
de su país y en las leyes de Transparencia que le mandan informar y les
prohíben hacer propaganda partidaria o de sus logros como si estuvieran en un
eterno proceso electoral.
Evidenciado por sus prédicas contra quienes los critican, muchos
presidentes no admiten que como funcionarios renuncian a privilegios de
privacidad, asumen restricciones y deben estar más expuestos a la crítica y a
la fiscalización pública. Da la impresión que manejan la función pública como
patrones de estancia, creyendo que se les dio un país en usufructo, cuando lo
único que legitiman las elecciones es la gerencia temporal de los bienes del
Estado, actividad que infiere tres valores: eficiencia, honestidad y
transparencia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias disputas entre
periodistas y los gobiernos, falló que los funcionarios públicos tienen mayores
responsabilidades en cuanto a sus pronunciamientos, ya que los dichos hostiles
pueden exacerbar la intolerancia y animadversión, y “constituir formas de
injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes
pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión”. Y
estableció que las restricciones para que puedan hablar deben ser mayores en situaciones
de conflictividad social, ante el peligro de que los riesgos puedan potenciarse.
Lamentablemente, estos fallos no fueron acatados ni aprendidos. La
polarización extrema que hoy se vive, no se debe tanto a la diferencia entre modelos
políticos, sino al antagonismo de las palabras, dichas por presidentes irresponsables
que no se comportan a la altura de su investidura, sino más bien, como agitadores
de barricada.
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