sábado, 11 de agosto de 2012

Que no sea solo demagogia

Terminamos anoche en Tegucigalpa la conferencia sobre Seguridad, Protección y Solidaridad para la Libertad de Expresión con marcado éxito en materia de compromisos gubernamentales para hacer reformas de políticas públicas a favor de la protección de periodistas.

El Plan de Acción alcanzado incluye las cuatro propuestas del presidente Porfirio Lobo, las de la secretaria de Justicia y Derechos Humanos y los proyectos de ley presentados por los diputados Jariet Waldina Paz y Augusto Cruz Asensio, y varios otros puntos que fueron demandas de los asistentes así como de reclamos históricos que la Sociedad Interamericana de Prensa viene realizando en Honduras y países de la región.

¿Fue exitosa la reunión? Yo diría que sí por el solo hecho de que hubo compromisos concretos del gobierno. ¿Ayudará esta reunión a que haya menos problemas de violencia contra los periodistas y los medios de comunicación? Yo diría que depende.

Depende de que los actores, periodistas, medios, asociaciones de prensa y de los derechos humanos, presionen a las autoridades para que cumplan con su compromiso, para que estas promesas no queden en pura demagogia. Cuando expliqué en uno de los paneles lo que significó la lucha de la SIP para obtener cambios en otros países, indiqué que se logran sobre la base de la perseverancia y persistencia en reclamar, pedir e influir a los poderes públicos para que mantengan el nivel de voluntad política necesaria para hacer los cambios.

Ya no es tanto el gobierno (quien asumió los compromisos) sino los periodistas los que deben presionar para que esas reformas de política públicas se concreten.
Resumen de los compromisos y propuestas del Plan de Acción de Tegucigalpa:

Propuestas y compromisos
•Creación de una unidad especial de investigación de crímenes contra periodistas y grupos vulnerables, conformada por policías de investigación y fiscales.
•La implementación y funcionamiento del mecanismo institucional para protección de los periodistas y otros grupos especialmente afectados por la violencia generalizada, creado dentro de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Honduras.
•Creación de juzgados especiales en derechos humanos para procesar, entre otros casos, aquellos en los que los periodistas sean víctimas.
•La elaboración de la propuesta de reforma para la despenalización de los delitos de injurias, calumnias y difamación para que solo se atiendan y diriman por la vía civil.
•Se exhorta a los poderes públicos a llevar a cabo un análisis técnico-jurídico y consensuar una propuesta única de ley que dé soporte y facilite la implementación efectiva del mecanismo de protección para periodistas y grupos vulnerables.
•Estas iniciativas serán impulsadas y apoyadas por el Partido Liberal, aseguró el presidente de esa bancada en la conferencia. Se hizo un llamado por los legisladores para que prevalezca la voluntad política para la aprobación de estas iniciativas.

Seguimiento de propuestas en mesas de trabajo
• Exigir que el Estado asuma su responsabilidad y obligación de respeto de la libertad de expresión y pensamiento, cumpliendo las sentencias emitidas por tribunales nacionales e internacionales, así como la implementación oportuna y eficaz de medidas cautelares para la protección de periodistas y comunicadores sociales.
• Demandar que el Ministerio Público cuente con la infraestructura técnica y presupuestal suficiente, particularmente la unidad especial que el Ejecutivo creará para los casos de periodistas y grupos vulnerables, y que sus funcionarios reciban capacitación para que puedan atender los delitos de forma integral y eficaz.
• Exigir que en los órganos persecutores de delitos establezcan estándares de calidad en su desempeño, que fomenten la transparencia en las investigaciones de ataques contra periodistas y comunicadores sociales.
• Verificar que el Poder Legislativo discuta y apruebe la propuesta de despenalización de los delitos de injuria y calumnia, particularmente en torno a los funcionarios públicos, para que no sea una forma de censura del ejercicio periodístico.
• Exigir el fortalecimiento de los mecanismos para un acceso genuino a la información de gobierno, a través Instituto de Acceso para la Información Pública, considerando la transparencia.


    

viernes, 10 de agosto de 2012

Lobo: proteger libertad de expresión


Después de una maratónica sesión ayer en Tegucigalpa, durante la primera jornada de la conferencia sobre Seguridad, Protección y Solidaridad para la Libertad de Expresión, organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa y la Asociación de Medios de Comunicación hondureña, el presidente Porfirio Lobo asumió importantes compromisos:

Lobo dijo que el gobierno analiza la creación de una unidad especial de investigación de crímenes contra periodistas y grupos vulnerables, conformada por policías de investigación y fiscales.

Agregó que dentro de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos se creará un mecanismo institucional para proteger a los periodistas y otros grupos afectados por la violencia generalizada.

También dijo que promoverá la creación de juzgados especiales en derechos humanos para procesar casos en que los periodistas sean víctimas.

Propuso que se despenalizarán los delitos de injurias, calumnias y difamación, para que esos delitos se diriman por la vía civil.

Al término de su discurso, Lobo dijo que tendrá en cuenta las recomendaciones de esta conferencia, las experiencias exitosas que se darán a conocer hoy y los conceptos enmarcados en la Declaración de Chapultepec.

Previamente durante la conferencia, Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien hizo un análisis del avance que ha tenido el crimen organizado en Honduras, según reporta hoy el diario La Prensa de San Pedro Sula, Tegucigalpa:

La rectora expuso que mientras no se realicen investigaciones de nada servirá aplicar medidas públicas en protección de la prensa hondureña. A su criterio, por temor, en la Fiscalía no prosperan las investigaciones y ese temor surgió cuando se empezó matando jueces y fiscales y el Estado no reaccionó.

Manifestó que en Honduras el crimen organizado en su definición es un abstracto, porque no se conocen nombres de las personas que lo  integran, al contrario de México; entretanto se vuelve real con sus ejecuciones. Se preguntó de quién se protege a los periodistas si no se sabe quién los ataca, porque no funciona la investigación y ninguna política pública será acertada si no hay investigación.

Criticó que, en los casos que logran investigar, a los parientes de las víctimas les dicen que ya tienen el 80, 90, 95% del caso resuelto, pero nunca llegan al 100%, es decir, no se sabe quiénes son los autores intelectuales de las muertes y puso como ejemplo el caso del periodista Alfredo Villatoro.

El relator de la Naciones Unidas, el guatemalteco Frank La Rue, dijo que no es que los periodistas busquen derechos distintos al del resto de la humanidad, sino que se buscan mecanismos de protección por la función social que tienen.

“Los periodistas garantizan el derecho de la sociedad de estar informada, tener un periodismo libre, con pluralidad, nos garantizará un modelo democrático; por eso se protege a la prensa, por la función”.

Propuso tres mecanismos de protección: uno integral, como en Colombia, donde todos los organismos crearon un plan que ya es ley para la protección de periodistas; el segundo sería como en México, donde el delito es federal, se incrementaron las penas contra los agresores de periodistas y hasta se creó una fiscalía especial porque el ataque contra la prensa debe ser visto como un ataque contra la democracia.

La tercera propuesta es general: reducir la impunidad y el Sistema de Naciones Unidas podría generar apoyo para avanzar en las investigaciones.

miércoles, 8 de agosto de 2012

Acabar violencia en Honduras contra la prensa


Comenzamos mañana una conferencia sobre protección de la libertad de expresión en Honduras y para acabar con la violencia contra periodistas, con la esperanza de que los funcionarios públicos de ese país se comprometan, planteen objetivos factibles y cumplan.

El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, ministros y funcionarios de su gabinete, así como el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández y otros legisladores nacionales, participarán en la conferencia “Seguridad, Protección y Solidaridad para la Libertad de Expresión”, que organizamos con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC), el 9 y 10 de agosto en Tegucigalpa.

Propusimos discutir y buscar consensos sobre reformas de políticas públicas tendientes a combatir las agresiones contra la prensa y la impunidad de los crímenes contra periodistas en Honduras, donde la violencia ha cobrado la vida de 18 periodistas desde 2009.

La actividad dará inicio el jueves 9 de agosto a las 2:30 de la tarde con una conferencia magistral de Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuyo caso personal, la pérdida de un hijo universitario a causa de la violencia el año pasado, representó un punto de inflexión respecto a la seguridad pública en su país.

Hemos convocado a la fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de México, Laura Borbolla, al director de la Unidad Nacional de Protección de Colombia, Andrés Villamizar y al magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Perú, Duberlí Apolinar Rodríguez, a quienes solicitó referirse a las medidas adoptadas en sus países, las que podrían ser fuente de consulta e inspiración para impulsar reformas en la políticas públicas de Honduras.

También fueron invitados a la conferencia el relator especial de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección de la Libertad de Expresión y de Opinión, Frank La Rue y la oficial senior de Información Pública de la ONU, Suzanne Bilello, para que expongan las alternativas que existen a nivel internacional sobre protección para los periodistas, investigación y procesamiento de delitos contra la libertad de expresión.
La conferencia es de carácter gratuito y se realizará en el hotel Real Intercontinental Tegucigalpa.

martes, 7 de agosto de 2012

Brasil: Su verdadera Olimpiada


Puede que Brasil se retire de Londres con oro en fútbol, imitando a su nuevo Señor de los Anillos, Arthur Zanetti, pero sus verdaderas olimpíadas no son las de la capital británica, sino las que se juegan en casa en los estrados judiciales.

Brasil quiere pasar de ser la sexta economía en el mundo, para convertirse en un líder y para ello ha decidido sortear una de las vallas más difíciles de sobrepasar que lo han tenido alejado de los primeros planos internacionales: la corrupción.

Sumado a una cruzada de los derechos humanos que la presidenta Dilma Rousseff está liderando con la creación de una Comisión de la Verdad para descubrir lo que realmente pasó durante la última dictadura, en Brasil comenzó la semana pasada el mayor juicio por corrupción, algo impensado tan solo un par de años atrás.

Ayer comenzaron los alegatos de la defensa del ex ministro José Dirceu, uno de los 38 acusados por una gran campaña de compra de votos durante la presidencia del popular Luiz Inácio Lula da Silva, cuya sentencia se espera a mediados de setiembre próximo.

La acusación señala a Dirceu como jefe de una banda que usó dineros públicos en beneficio electoral para el Partido de los Trabajadores (PT) y para sobornar a decenas de diputados que apoyaran al gobierno.

Los alegatos terminarán tres días después que las Olimpiadas de Londres, el 15 de agosto, y se espera que la Justicia brasileña pueda instruir de cargos a varios políticos corruptos. Seguramente esta carrera contra la corrupción no le dará lauros tan inmediatos como los de los deportistas para que inspiren a otros atletas para las olimpiadas de Río en el 2016, pero será la mejor carrera de la vida política del país que le permitirá soñar con convertirse en líder y dejar el subdesarrollo. 

domingo, 5 de agosto de 2012

Desmemoria e impunidad ayudan a Kirchner


Otras de las cosas que me sorprendieron en un reciente y relámpago viaje a la Argentina es lo corta que es la memoria de muchos. 

Si algo me impresionó de la reciente historia argentina, durante las presidencias de los Kirchner fue la cantidad de actos de corrupción que terminaron en la nada.

Les pregunté a varios amigos sobre aquella valija de Antonini, los 800 mil dólares que envió en efectivo Hugo Chávez para la campaña presidencial y ya nadie se acuerda. También pregunté sobre que destino tuvieron los dineros generados por el petróleo en la provincia petrolera del ex presidente Néstor Kirchner escondidos en algún banco del interior y ya nadie se acuerda. Y pregunté sobre la venta de terrenos en El Calafate que los Kirchner hicieron después de haber comprado esas tierras como terrenos fiscales a unos 6 dólares el metro cuadro y habiéndolos vendido a un precio 50 veces superior, y ya nadie se acuerda.

En realidad no es que mis amigos hayan perdido la memoria, sino que ya toman estas cosas a la chacota, con sorna; sabiendo que como no pasa nada y la impunidad es tan alta, es inútil hacerse mala sangre.

Cuando estuve allá me acordé del movimiento #YoSoy132 de México, esos jóvenes que se hicieron famosos por protestar por la compra de votos y la manipulación de imagen que el presidente electo Peña Nieto logró en Televisa. Me preocupa que un movimiento no exista en Argentina, donde la compra de votos es pan de todos los días.