Los 28 cadáveres de los
estudiantes de magisterio que se descubrieron en una fosa común en Iguala,
México, muestran la capacidad violenta y despiadada del narcotráfico; difícil
de extirpar cuando los gobiernos no adoptan medidas a tiempo.
Ya no hay país libre de esta
lacra en América Latina. Puede resultar efectivo, políticamente hablando,
echarle la culpa a la demanda por drogas de los países consumidores del norte,
EEUU y los europeos. Pero el achaque no resuelve el problema. El narco carcome
la sociedad donde produce, comprando conciencias y voluntades, y creando un
sistema corrupto donde le resulta fácil instaurar un mercado de consumo, ganar
territorios y dedicarse a otros negocios de alto rendimiento económico.
La falta de políticas de
Estado eficientes y la impunidad, son el caldo de cultivo del narco. Ricardo
Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Argentina, hace años que no
baja de su discurso el problema de la inseguridad y la estrecha relación con el
narcotráfico. La define como “cóctel explosivo” y demanda medidas que el gobierno
ignora o no adopta.
De no actuar con premura, Argentina
tiene en el espejo de otros países desafortunados su imagen futura. Los altos índices
de criminalidad en México y Honduras, las matanzas en Brasil y las enseñanzas del
proceso de Paz en Colombia en donde las guerrillas narcotraficantes de las FARC
admiten sus crímenes, revelan que un futuro con narcotráfico es ingobernable y
que las conjeturas sobre los beneficios de la legalización de la marihuana y
otras drogas son irrelevantes o no atacan el problema de fondo.
El problema de las drogas es
corrupción. Cuando el adjetivo narco antecede a sustantivos como estado, elecciones,
política, justicia, o comercio, demuestra que los carteles están pujando por
más poder y están infiltrados en las instituciones. El proceso no es difícil,
corrompe a fuerza de sobres y chantajes o, más naturalmente, se mezcla en las
comunidades a través de sus hijos y parientes en escuelas, clubes y entidades, con
obras samaritanas y filantropía a destajo, que muchos sospechan, pero también festejan.
La masacre de Iguala, donde
se encontraron las fosas con 28 cadáveres y 15 estudiantes siguen desaparecidos,
se observa claramente la connivencia del narco con la política y los procesos
electorales. Por eso, el primer prófugo, tras la desaparición de los alumnos, fue
el intendente de la ciudad, de quien se sabía cercano al cartel de los hermanos
Beltrán Leyva, donde dos de sus cuñados hicieron sus primeras armas.
El gobernador Ángel Aguirre
del estado de Guerrero anunció que serán investigados los 81 alcaldes del
estado para saber si existen más conexiones con el narco; que nadie descarta. Los
estudiantes desaparecidos, que reclamaban por la pobreza, la violencia y la
corrupción política en la zona, fueron entregados por la policía a los sicarios
de los carteles, quienes se arrogan con las armas y la connivencia de las
autoridades, la impartición de justicia.
El problema es que los encargados
de investigar, policías, fiscales y agentes judiciales, también están
sospechados de trabajar para el narco. Ya fueron detenidos 26 policías municipales
que cobraban sobresueldos de los Guerreros Unidos. Este Cartel fue el que dio
la bienvenida a los policías federales que envió el presidente Enrique Peña
Nieto con un narco-pasacalle. Amenazaron al gobierno que si no libera a los policías,
darán los nombres de todos los políticos involucrados o en su nómina. Elijan, “ya
empezó la guerra”, notificaron.
Tal vez en respuesta a esa muestra
de fuerza, el gobierno mexicano esta semana asestó su golpe apresando al
hermano fundador del Cártel de Juárez. Así también en Honduras apresaron a los
hermanos del Cartel de Los Valles, tomando el control de propiedades lujosas, comercios,
hoteles y una televisora por cable, empresas de su propiedad con las que
lavaban dinero.
Esto demuestra que la lucha contra el
narcotráfico no solo se tiene que librar en la prevención de la violencia, la
inseguridad, las adicciones, el tráfico y con la legalización de algunas
drogas, sino también en desbaratar las complicidades políticas y financieras
que le permiten crear negocios anexos y anidar impunemente en cualquier
comunidad.
