Arepas y autogolpes. Maduro toca fondo

Venezuela está de patas para arriba. Hay señales inequívocas de que el país tocó fondo y de que el presidente Nicolás Maduro pronto hará honor a su apellido y caerá de la mata.

Maduro sofocó lo poco que restaba de democracia. Desconoció al Congreso con un nuevo autogolpe, esos que el chavismo ha institucionalizado a lo largo de una revolución que nunca tuvo tracción. Hugo Chávez fue el máximo exponente de los autogolpes. Asestó cuatro. Uno en 1999, su primer año, y en 2001, 2007 y 2010. Siempre se arropó con poderes especiales y leyes habilitantes para gobernar a su antojo y sin Congreso.

Maduro siguió el camino de su mentor. El de esta semana es uno de los varios que pegó contra las instituciones estatales. A principios de año, apoyado por una Justicia esclava, evitó que asuma un grupo de diputados que a la oposición le significaban mayoría. Repudió leyes y el proceso legítimo de referéndum revocatorio; y esta semana, con el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, borró al Congreso auto proclamándose como el único legislador.

Estas medidas suspendieron las garantías constitucionales. La excusa es la cansina de siempre, evitar el “golpe”. Esta vez sumó a Colombia, España y la OEA ser parte de esa conspiración internacional liderada por EEUU y los “gusanos de Miami”. Meses antes creó el Parlamento Comunal o “congreso del pueblo” para arrinconar a la “nueva burguesía opositora” instalada en la Asamblea Nacional.

La contradicción del chavismo entre las palabras y los hechos es abismal. Siempre diciéndose defender al pueblo, este régimen es el que más lo atropelló. Las evidencias son palpables. En economía, Venezuela tiene la inflación más alta del mundo y escasez de todo, desde arepas, cerveza, papel higiénico, electricidad, agua, salud e infraestructura. En política el sistema es oportunista y acomodaticio. A los disidentes los persigue. Y siempre manipuló al pueblo como masa y lo arengó para reprimir a la oposición, ya sea mediante sistemas de vigilancia de vecinos contra vecinos o en masivas manifestaciones subsidiadas. Ahora, cuando el pueblo cambió de lado, simplemente le arrebató su derecho más preciado: el de reunión.

La fuerza pública reprimió a todos los líderes y ciudadanos que se aproximaron al Consejo Nacional Electoral para entregar más de un millón y medio de firmas, de las 200 mil que se necesitan para iniciar el revocatorio y para que el término presidencial baje de seis a cuatro años. La represión esta semana no necesitó ser tan férrea. El pueblo se dispersó rápido sabiendo que el abuso de poder está a flor de piel durante las crisis y es impune, como aquella en la que 43 estudiantes perdieron la vida por desafiar el poder.

A Maduro no le queda pueblo que lo apoye. No tiene una pizca de credibilidad y nadie lo respeta. El ex presidente uruguayo, José Mujica, dijo que estaba “más loco que una cabra” al criticar su forma torpe de gobernar. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue más lejos. Lo tildó de “dictadorzuelo” por desconocer al pueblo, al Congreso y advirtió que se le podría aplicar la Carta Democrática. Los dichos de Almagro resultaron agradables, por venir de una institución a la que por muchos años se la apreció de “insulza”, en honor al apellido de quien la dirigía.

El pueblo sabía que Chávez y Maduro no eran buenos administradores y desconfiaba que la “quinta república” sería la fórmula mágica prometida para redistribuir la riqueza. Pero calló por mucho tiempo debido a los subsidios y el clientelismo, moneda corriente que el gobierno usó para tapar robos, corrupción y escasez. En época de vacas flacas, cuando el precio del petróleo está por el piso y se produce el doble menos que hace dos décadas, se advierte con claridad que el chavismo desperdició sus mejores años exportando ideología en lugar de diversificar la economía.

No es difícil sugerir que Maduro es un mal político, pésimo administrador y que su tiempo se acorta. Quedó en evidencia esta semana cuando arengó al pueblo en cadena nacional a usar harinas alternativas a la del maíz para hacer arepas y arremetió contra la empresa Polar por no producir más cerveza. Es que la regla de oro indica que un Presidente o un líder dejan de serlo, cuando el micromanagement ocupa gran parte de su tiempo. trottiart@gmail.com

Soplo de transparencia

Muchos son los problemas que impiden el desarrollo económico de un país: Corrupción, narcotráfico, inseguridad y escasa educación. Sin embargo, existe un elemento que los potencia y agrava, al punto de poner en riesgo el sistema político: La falta de transparencia.

Esta falta de transparencia es el ingrediente que se mostró como protagonista principal de las noticias fuertes de la semana. La presidenta brasileña Dilma Rousseff inició un purgatorio de 180 días por la oscuridad con la que manejó presupuestos, asuntos fiscales, beneficiando a un anillo de amigos que desfalcaron al Estado con sobornos y prebendas. Mientras tanto en Argentina nuevas causas de cohecho se fueron acumulando contra la ex presidente Cristina Kirchner, su hijo y amigos que cobijados en la inmunidad del poder, manejaron dineros públicos como propios y con total impunidad.

Por años, en ambos casos, aunque más pronunciado en el kirchnerismo con ciertas similitudes que el chavismo, la forma despótica de gobernar con personalismo, clientelismo y propaganda, fue la venda en los ojos que cegó a la Justicia y a la gente en general. Ahora, sin esos escudos autoritarios, se advierte como con mayor transparencia, la sociedad pueden encontrar los correctivos.

La transparencia es el elemento que permite mayor eficacia y rapidez a la Justicia. Precisamente fue el elemento protagonista de la Cumbre Anti-Corrupción celebrada esta semana en Londres, donde los Panama Papers o la oscuridad generada por empresarios, artistas y políticos a través de empresas off-shore, el tumultuoso presente de Brasil y el dopaje inducido a deportistas olímpicos rusos, capitalizaron los debates. Nada desvió la definición: Comparado a la lacra del terrorismo internacional, la corrupción fue calificada como el cáncer que carcome a la sociedad moderna y que crea las mayores desigualdades.

Ningún país o ideología están exentos de esa falta de transparencia y, en muchos casos, las apariencias engañan. El saludable acercamiento entre Barack Obama y Mauricio Macri ya empezó a tener sus réditos esta semana. El gobierno estadounidense comenzó a desclasificar documentos de sus agencias de Seguridad sobre el último período de dictadura militar. Posiblemente revelen y certifiquen datos y hechos que ayudarán a reconstruir la memoria y cicatrizar heridas.

Pero me refería a las apariencias, ya que con este gesto Obama se muestra como el más transparente. Sin embargo, por lo que sucede en su propio país, su gobierno ha sido uno de los más oscuros de la historia. Ha incentivado la clasificación indiscriminada de documentos oficiales que, en muchos casos, bajo excusas ligeras de seguridad nacional, violaron muchos principios garantizados por la Ley de Acceso a la Información Pública.

Durante sus casi ocho años de gobierno se registró el mayor número de periodistas apresados por no revelar sus fuentes confidenciales y se dio el caso más patético de espionaje periodístico contra la agencia Associated Press y la cadena Fox. Persiguió a soplones dentro del gobierno, como al soldado Manning que originó las filtraciones de Wikileaks y a Edward Snowden que se refugió en Rusia después de revelar las prácticas de vigilancia masiva, cuando todo hacía pensar que una ley de protección de soplones, ayudaría a crear mayor transparencia y reducir la corrupción en las esferas públicas.

¿Qué importancia tiene crear un marco legal que legitime las filtraciones y las denuncias por corrupción? Edward Snowden da en el clavo. En un avance del libro que publicará este año la Universidad de Columbia, “Periodismo después de Snowden: El futuro de la prensa libre en un Estado vigilante”, este informante explica que se ha confundido el sentido de su denuncia. Dice que no la hizo para evidenciar la vigilancia propiamente dicha, sino para demostrar que el público no siempre tiene conocimiento sobre actos que el gobierno se arroga para sí mismo, que nunca le fueron conferidos.

Esta es la mejor perspectiva sobre la importancia de proteger tanto a los soplones como a los periodistas y sus fuentes. No se trata solo de denunciar el hecho cancerígeno, sino de demostrar como su metástasis corroe la confianza del público en el sistema político. Nada contribuye más a la democracia que el soplo de la transparencia.