sábado, 26 de octubre de 2013

Si Bush hubiera espiado

Son muchos los males que se le achacaron a George W. Bush durante su presidencia; y con razón. Aquella fecha fatídica para EE.UU., “Setiembre 11 de 2001”, cambió prácticamente todo en el país y en el mundo, especialmente la forma de hacer política.

A Bush se le condenó por errores inmensos, entre ellos, por haber adelantado una guerra en Irak justificada por armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Por la apertura de la guerra en Afganistán, la violación de los derechos humanos en el extranjero por parte de militares estadounidenses, por la apertura de la cárcel de Guantánamo, por no haber encontrado a tiempo a Osama Bin Laden y hasta por la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera por falta de regulaciones a la banca nacional.

Bush terminó deshecho y, pese a todos los errores de Barack Obama, ni siquiera puede soñar con hacer declaraciones críticas porque la gente y el periodismo le contestarán que no tiene derecho a nada. Seguramente que en su época, en la que defendió los intereses de los estadounidenses a como  diera lugar, también se espió, pero nunca se supo a ciencia cierta o, más bien, los delatores e informantes, como Bradley Manning y Edward Snowden, recién aparecieron en estos últimos años.

La prensa estadounidense, en general, así como la academia en especial de las grandes universidades, son demasiado liberales, y por eso el escándalo de espionaje masivo llevado a cabo por la Agencia Nacional de Seguridad del presidente Barack Obama contra usuarios de internet, empresas y líderes del mundo entero, pasa por debajo del radar en este país.

Claro que distinto sería si se hubiera descubierto que el responsable, en vez de Obama, habría sido Bush. La prensa lo habría asaltado sin pudor y con pasión. Ahora, en cambio, las exigencias a Obama son tibias y muchos defienden su validez cuando se excusa de que el espionaje es necesario por razones de seguridad nacional y para defender los intereses de los estadounidenses.


Con Bush no habría habido contemplaciones. De repente a Obama le quedan unos pocos años más de presidencia para que la prensa y el público reaccionen, en consideración de que este programa de vigilancia que denunció el ex contratista Edward Snowden, es uno de los mayores escándalos provocado por EE.UU., comparable a la ilógica invasión de Irak.    

martes, 22 de octubre de 2013

Conslusiones de la SIP en Denver

“Los 14 periodistas asesinados en Latinoamérica durante el último semestre – una de las cifras más altas de los últimos 20 años –, la confiscación secreta de archivos de llamadas a reporteros de The Associated Press por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como el acaparamiento de medios de comunicación por parte de gobiernos autócratas, la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador y la persistente carencia de acceso a la información pública en varios países fueron, entre otros, los mayores escollos para la libertad de prensa en el hemisferio occidental durante el último semestre.”
”La asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada del 18 al 22 de octubre en Denver, Colorado, condenó  el asesinato de 14 periodistas; tres en México, dos en Brasil, dos en Colombia, dos en Guatemala, dos en Haití y uno respectivamente en Ecuador, Honduras y Paraguay. Expresó también su total rechazo a la prescripción de 17 casos de asesinatos de periodistas (cinco en Colombia y 12 en México) por considerar que la impunidad y la acción de poderes judiciales débiles o sometidos son los motores generadores de la violencia.
”También durante este período tres periodistas debieron de abandonar Colombia y Honduras por amenazas y dos periodistas extranjeros fueron expulsados por el gobierno de Nicaragua.
”La SIP compartió la preocupación de organizaciones estadounidenses afines sobre el rumbo de la libertad de prensa en este país, sacudido por las revelaciones de espionaje contra periodistas e individuos. Así lo transmitió el presidente de The Associated Press (AP), Gary Pruitt, al manifestar ante la asamblea cómo el temor a la vigilancia gubernamental ha generado autocensura entre algunas de sus fuentes.
”La organización de la prensa hemisférica insistió que el Congreso de EE.UU. sigue mostrando resistencia a tramitar una ley de protección a la reserva de la fuente que evite el encarcelamiento de periodistas e instó al Departamento de Justicia a cumplir a cabalidad con las recomendaciones presentadas por delegaciones de la SIP que visitaron Washington, D.C. en los últimos años.
”Se observa con preocupación el acceso limitado a la información pública, un escollo para el trabajo periodístico en países como Ecuador, Honduras, El Salvador, Panamá, Uruguay y Venezuela, entre otros, mientras tanto en algunos países se carece de leyes de acceso a la información e impera una cultura gubernamental de secreto en la que, como ejemplo, los presidentes y funcionarios públicos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Venezuela, se niegan a ofrecer entrevistas o conferencias de prensa.
”La libertad de prensa también se vio afectada por la coacción económica en diversas formas, como la adquisición masiva de medios de comunicación por parte de los gobiernos, ya sea directamente o a través de personas afines a los mismos en Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Argentina, para convertirlos no en medios de función pública sino que en herramientas de propaganda partidista e ideológica. Esta coacción se manifiesta también con actitudes de discriminación en la pauta de publicidad oficial contra medios independientes.
”En Venezuela, la discriminación oficial llega a la no autorización de divisas para la importación de insumos que no se fabrican en el país, como el papel. En el caso de Argentina, se registró una presión oficial a los avisadores para ocasionar perjuicio económico a esos medios. Otra herramienta restrictiva en Argentina, la ley de medios, está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que puede receptar los principios internacionales en la materia.
”Asimismo, en países como Colombia, Panamá y Brasil, entre otros, se aprecia una creciente industria de juicios y demandas judiciales como forma de acoso a los medios de comunicación.
”En Ecuador se constituyó la forma más severa de censura con la vigencia, a partir del 25 de junio, de la Ley Orgánica de Comunicación que crea dos instituciones del Estado, un consejo y una superintendencia, que sirven para controlar y censurar los contenidos de los medios, además de obligar a estos a autorregularse.
”En Cuba, como lo especificó Yoani Sánchez, las reformas económicas en esa nación no han ido acompañadas de un mejoramiento de la libertad de prensa que, por el contrario, se ha visto agravada por una represión constante y detenciones arbitrarias de periodistas.
”Finalmente, la Asamblea General reiteró varias veces la necesidad de enfrentar los embates de los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), en su empeño por debilitar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual es blanco de ataques permanentes.
”La Asamblea General destacó que durante este período la SIP ha apoyado el fortalecimiento del sistema interamericano mediante gestiones directas con jefes de Estado y representantes diplomáticos ante la Organización de Estados Americanos (OEA).”

domingo, 20 de octubre de 2013

América opaca según informes SIP

Las amenazas a la libertad de prensa en las Américas son cada vez más intensas y sofisticadas, pero tan grotescas como siempre. Así lo estoy comprobando en esta reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa que se celebra este fin de semana en Denver, Colorado.

Un dato sobresale y contrae el corazón. Catorce periodistas han sido asesinados en este último semestre en Brasil, Guatemala, Haití y Paraguay, entre otros países, por denunciar los abusos del poder político y económico o tocar los intereses de los narcotraficantes, abusos e intereses que muchas veces van de la mano. La violencia se incentiva por el alto grado de impunidad, producto de poderes judiciales débiles, ineficientes o subyugados al poder, lo que permitió que 17 casos de asesinatos de periodistas prescribieran en Colombia y México después de 20 años sin justicia.

No poder resolver la corrupción, la inseguridad y la miseria es un problema que aqueja a gobiernos de todas las ideologías. Pero varios de ellos, en especial en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, prefieren culpar a los medios privados, a los que acusan de ejercer oposición política y estar enquistados en las oligarquías que golpean las puertas de los cuarteles.

El discurso anti medios y sobre que la democracia sería mejor sin ellos, como repite Rafael Correa, es bueno y convincente, pero solo una treta para acallar y restarle credibilidad a la prensa. Si estos gobiernos no creerían en los medios, no estarían comprándolos a través de testaferros o allegados como sucede con Nicolás Maduro, Correa, Evo Morales y Cristina Kirchner o con familiares como hace Daniel Ortega en Nicaragua. El grave problema de que posean medios, es que los convierten en vehículos de propaganda, para apoyar actos políticos, cambios constitucionales y procesos electorales que les permitan eternizarse en el poder.

Además de la compra directa, los gobiernos también siguen acosando a la prensa con otros mecanismos económicos de vieja data con la intención de que los medios mueran por sí solos, como producto de sus equívocos financieros, y así los presidentes pueden salvar sus apariencias democráticas. En muchos países los medios menos críticos son favorecidos con publicidad oficial, no así los díscolos, creando problemas de competencia desleal.

En Argentina el gobierno incentiva a los supermercados a crear un boicot publicitario y en Venezuela se retacea divisas a los periódicos para que no puedan comprar papel y otros insumos que no se fabrican en el país, por lo que varios ya debieron dejar de publicarse. Mientras tanto, en Brasil, Colombia, Panamá y Perú, los funcionarios públicos acusados de corrupción han encontrado más fácil hacer que los medios se autocensuren luego de demandarlos judicialmente con indemnizaciones millonarias, que responder a la justicia por sus fechorías.

Pero de todas, la peor amenaza contra la libertad de prensa y la democracia, es la cultura del secreto que todavía persiste en todos los países de las Américas. La excusa de la seguridad nacional sigue siendo las más usada como lo demostró el gobierno de EE.UU.  El presidente Barack Obama, quien había prometido transparencia al principio de su mandato, es el que más abusó en clasificar información y en procesar a delatores del gobierno, pese a una ley que protege a quienes denuncian irregularidades en la administración pública. La inseguridad pública fue la excusa para la vigilancia indiscriminada, en una versión similar a la que se utilizó durante la Guerra Fría.

En El Salvador y Paraguay, pese a leyes y órdenes judiciales que obligan a la transparencia, los mismos legisladores niegan dar información sobre sus patrimonios, salarios y asesores, como si trabajaran en el sector privado. No todos los países tienen leyes de acceso y transparencia; pero donde existen, como en Canadá, cada vez con mayor facilidad se impone el sello de “información clasificada” a documentos gubernamentales, para negar su difusión.

Esta opacidad, de negar información a los ciudadanos tras solicitudes legales o no ofrecerla a los periodistas, ni siquiera en conferencias de prensa, es sin dudas el mayor irrespeto a la ciudadanía, una forma eficiente de gobernar de espaldas que, lamentablemente, suele pasar inadvertida.