Las amenazas a la libertad de prensa en las Américas son cada vez más
intensas y sofisticadas, pero tan grotescas como siempre. Así lo estoy
comprobando en esta reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa que se
celebra este fin de semana en Denver, Colorado.
Un dato sobresale y contrae el corazón. Catorce periodistas han sido
asesinados en este último semestre en Brasil, Guatemala, Haití y Paraguay,
entre otros países, por denunciar los abusos del poder político y económico o
tocar los intereses de los narcotraficantes, abusos e intereses que muchas
veces van de la mano. La violencia se incentiva por el alto grado de impunidad,
producto de poderes judiciales débiles, ineficientes o subyugados al poder, lo
que permitió que 17 casos de asesinatos de periodistas prescribieran en Colombia
y México después de 20 años sin justicia.
No poder resolver la corrupción, la inseguridad y la miseria es un
problema que aqueja a gobiernos de todas las ideologías. Pero varios de ellos,
en especial en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, prefieren culpar a los
medios privados, a los que acusan de ejercer oposición política y estar
enquistados en las oligarquías que golpean las puertas de los cuarteles.
El discurso anti medios y sobre que la democracia sería mejor sin
ellos, como repite Rafael Correa, es bueno y convincente, pero solo una treta
para acallar y restarle credibilidad a la prensa. Si estos gobiernos no
creerían en los medios, no estarían comprándolos a través de testaferros o
allegados como sucede con Nicolás Maduro, Correa, Evo Morales y Cristina
Kirchner o con familiares como hace Daniel Ortega en Nicaragua. El grave
problema de que posean medios, es que los convierten en vehículos de propaganda,
para apoyar actos políticos, cambios constitucionales y procesos electorales
que les permitan eternizarse en el poder.
Además de la compra directa, los gobiernos también siguen acosando a
la prensa con otros mecanismos económicos de vieja data con la intención de que
los medios mueran por sí solos, como producto de sus equívocos financieros, y
así los presidentes pueden salvar sus apariencias democráticas. En muchos
países los medios menos críticos son favorecidos con publicidad oficial, no así
los díscolos, creando problemas de competencia desleal.
En Argentina el gobierno incentiva a los supermercados a crear un
boicot publicitario y en Venezuela se retacea divisas a los periódicos para que
no puedan comprar papel y otros insumos que no se fabrican en el país, por lo
que varios ya debieron dejar de publicarse. Mientras tanto, en Brasil,
Colombia, Panamá y Perú, los funcionarios públicos acusados de corrupción han
encontrado más fácil hacer que los medios se autocensuren luego de demandarlos
judicialmente con indemnizaciones millonarias, que responder a la justicia por
sus fechorías.
Pero de todas, la peor amenaza contra la libertad de prensa y la
democracia, es la cultura del secreto que todavía persiste en todos los países
de las Américas. La excusa de la seguridad nacional sigue siendo las más usada como
lo demostró el gobierno de EE.UU. El
presidente Barack Obama, quien había prometido transparencia al principio de su
mandato, es el que más abusó en clasificar información y en procesar a
delatores del gobierno, pese a una ley que protege a quienes denuncian
irregularidades en la administración pública. La inseguridad pública fue la
excusa para la vigilancia indiscriminada, en una versión similar a la que se
utilizó durante la Guerra Fría.
En El Salvador y Paraguay, pese a leyes y órdenes judiciales que
obligan a la transparencia, los mismos legisladores niegan dar información
sobre sus patrimonios, salarios y asesores, como si trabajaran en el sector
privado. No todos los países tienen leyes de acceso y transparencia; pero donde
existen, como en Canadá, cada vez con mayor facilidad se impone el sello de
“información clasificada” a documentos gubernamentales, para negar su difusión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario