Comparto la presentación que di esta mañana en la Escuela de Periodismo de Columbia University en Nueva York en la conferencia Press Freedom, Press Standards and Democracy in Latin America.
No hay mucho para celebrar este 3 de mayo.
El reciente informe del Freedom House indica que estamos en el quinto año de retrocesos. Que Ecuador y Paraguay cayeron en la categoría de países No Libres. Están junto a Cuba, Honduras, México y Venezuela.
Pero prefiero ver la situación desde otra perspectiva. El informe de la Universidad de Missouri del año pasado observó una relación directa entre libertad de prensa y felicidad, esa búsqueda constante del ser humano.
El informe comprobó que en países donde hay más respeto por la libertad de prensa, la gente vive mejor, más feliz. La libertad de prensa sirve para mejorar la calidad de vida. La gente puede mejorar la calidad ambiental, el accountability del gobierno, exigir más beneficios y mejores servicios públicos.
La libertad de prensa también es buena para el desarrollo económico. El ex presidente del Banco Mundial, James Wolfenshon, dijo que para reducir la pobreza, es necesario acceso a la información e información de calidad. La información empodera, y gente empoderada toma mejores decisiones.
Si hacemos un escenario mental de América Latina, lo veremos claramente. En los países donde no se respeta la libertad de prensa, existen mayores problemas económicos. La gente está polarizada políticamente, dividida, descontenta, enojada, infeliz.
Anoche Lee Bollinger nos recordaba la importancia de la Primera Enmienda.
La mayoría de las constituciones de América Latina y el Caribe tienen principios similares. Pero el problema es que con tantas reformas, casi un deporte nacional, los principios constitucionales nunca se pudieron establecer como parte de la cultura.
En nuestros países la libertad de prensa parece una disputa entre gobiernos y periodistas.
Para ser justos, existen grandes avances también en el campo legal.
En varios países se eliminó el desacato o leyes de insulto, en algunos se descriminalizó la difamación y en muchos se han creado leyes de acceso a la información. En algunos países se eliminaron requisitos de colegiación obligatoria y en otros se sancionaron leyes para proteger a los periodistas.
Todavía falta mucho para tener el marco legal adecuado, pero mucho más para que haya una mejor cultura de libertad de prensa.
En realidad si bien es malo que la difamación sea una ofensa criminal, peor es que un juez, presionado por el poder público, quiera encarcelar al periodista. O que un funcionario crea que tiene privilegios ante la crítica. A este escenario lo vimos con Rafael Correa.
El problema en América Latina no es tanto un problema legal, como la falta de independencia de la justicia.
No obstante lo que dicen las constituciones y un marco legal positivo (y que será cada vez más positivo), existen problemas más graves.
Desde hace tiempo un grupo de gobiernos readaptó el viejo concepto “democratización de la comunicación” del fallido Nuevo Orden Mundial de la Comunicación de la década de los 80. Con esa excusa tratan de crear un estatuto especial para controlar a los medios privados. Esto es más notable en Argentina, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
Esto implicó nuevas leyes de prensa con controles desmedidos del Poder Ejecutivo que aparecieron primero en la Ley de Responsabilidad Social de Venezuela; restricciones a la propiedad privada de medios y a la información pública.
En Ecuador y Honduras las leyes de Comunicación que lideran Correa y Porfirio Lobo están diseñadas para sus propios intereses. Los proyectos de ley distribuyen las licencias en 33 por ciento para medios estatales, comunitarios y privados. Es decir, 66 por ciento estará en manos del Poder Ejecutivo.
Creo que hay nuevos problemas que han superado los desafíos de otras épocas en materia legal.
Antes nos concentramos en difamación, desacato, acceso a la información, todavía temas importantes.
Pero ahora la libertad de prensa está más amenazada ante la ausencia de reglas para los gobiernos.
Los gobiernos están aumentando considerablemente los gastos públicos en propaganda política, usando la publicidad oficial para discriminar y, lo que es peor, creando grandes redes de medios gubernamentales, que no tienen nada de público.
Estas son tres categorías de propaganda, que si las sumamos a la debilidad de las instituciones y la debilidad de la oposición, disminuyen la democracia.
Creo que mientras los periodistas debemos mejorar la calidad informativa para mantener la accountability de los gobiernos, a las universidades seguir generando espacios de discusión y a las ONGs seguir bregando por libertad de prensa, también hay otros actores importantes y responsabilidades.
Se necesita crear una cultura de libertad de prensa y de expresión por fuera de nuestro ámbito político / periodístico. Programas de media literacy y media development.
Antes de dejar el Banco Mundial, recuerdo que Wolfenshon creyó posible discutir sobre si los organismos internacionales podrían condicionar la ayuda financiera, a aquellos gobiernos que violen flagrantemente la libertad de prensa. Algo que la Ley Daniel Pearl permitiría al gobierno de EE.UU. pero que todavía no se ha puesto en práctica.
Creo que no puede haber apoyo a programas de desarrollo de medios de comunicación en América Latina si no se piensa en la sustentabilidad económica de los mismos, en hacer que haya reglas de juego claro, leyes que obliguen a los gobiernos a ser más transparentes en políticas que afectan a los medios.
Ayer un editorial del diario La Nación de Buenos Aires, mostraba preocupación por la escasa oposición social a la prohibición a la publicidad que impuso el gobierno a supermercados y comercios de electrodomésticos. Decía que resulta un “preocupante reflejo de cómo una sociedad puedeacostumbrarse progresivamente a un régimen que flagrantemente viola libertades y al que de ninguna manera debiéramos silenciosamente someternos”.
