viernes, 29 de julio de 2011

Duro panorama de SIP sobre libertad de prensa




Las autoridades de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), determinaron que “se agravó este año la situación de la libertad de prensa en las Américas”, a raíz de la violencia provocada por el crimen organizado y el acoso judicial y legal al que están sometido periodistas y medios de comunicación independientes.

El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín del periódico guatemalteco Siglo 21, junto al titular del diario ecuatoriano El Universo, Carlos Pérez, reclamaron al gobierno del presidente Rafael Correa “cesar el acoso contra la prensa” y desistir de una demanda contra ese diario, cuyos directivos fueron sentenciados la semana pasada a tres años de cárcel y a pagar una indemnización por 40 millones de dólares a favor del primer mandatario.

Pérez, quien fue demandado junto a otros directivos del diario y un ex columnista, expresó que “…….”.

Durante una conferencia de prensa tras la reunión de Comité Ejecutivo realizada en su edificio sede, la SIP mostró “su máxima alerta y preocupación” por los asesinatos de 19 periodistas en los primeros siete meses de 2011”, lo que el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, del diario estadounidense San Antonio Express-News, calificó “como el año más trágico de las últimas dos décadas para la prensa latinoamericana”.

Rivard recordó que en los últimos días fueron asesinados Yolanda Ordaz de la Cruz en México y Auro Ida en Brasil. En total y por países suman cinco asesinados en México, cuatro en Brasil, cuatro en Honduras y uno en cada uno de los siguientes países: Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela. (Ver detalles al final). También en este período, se mantiene desaparecido un reportero mexicano.

La SIP reclamó por la impunidad y la falta de “voluntad política” de los gobiernos para que se esclarezcan los crímenes y reclamó por la “gravedad de que muchos casos están prescribiendo”. Entre ellos, citó como ejemplos los casos de Víctor Manuel Oropeza, en México; Jorge Torres y Julio Daniel Chaparro, en Colombia y Santiago Leguizamón, en Paraguay.

En ese sentido, Marroquín recordó los compromisos incumplidos por el presidente de México, Felipe Calderón, quien ante una delegación de la SIP en setiembre pasado, prometió que impulsaría la federalización de los delitos contra los periodistas y la libertad de prensa. Marroquín aprovechó para hacer oficial la celebración de una Conferencia Hemisférica Universitaria que la SIP está organizando en Puebla, México, entre el 25 y 26 de agosto, a la que invitó a más de 20 universidades latinoamericanas para que recomienden reformas de políticas públicas para combatir la impunidad.
En otros asuntos importantes, las autoridades de la SIP mencionaron el acoso legal contra la libertad de expresión. En ese ámbito, el co presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, del semanario uruguayo, Búsqueda, se refirió al proyecto de Ley de Comunicación en Ecuador,  que impone la creación de un Consejo de Comunicación con mayoría de miembros del gobierno que podrá censurar contenidos que se consideren violentos o discriminatorios, obliga a los medios a crear Códigos de Ética y aplica sanciones, que incluyen multas y cierre de medios, incluso contra periódicos.

En aspectos legales, la SIP lamentó que en Costa Rica los legisladores descartaran el 27 de junio un proyecto de ley que despenalizaría los delitos por difamación y se mostraron esperanzados de que una iniciativa similar en el Congreso del Perú, sea sancionado por el flamante presidente Ollanta Humala, para que los periodistas no sean castigados con cárcel en caso de que sean acusados de cometer delitos contra el honor.

También, la SIP apoyó un recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Corte de Constitucionalidad de Ecuador, para que se elimine el delito de desacato o protección del Presidente y otros altos funcionarios ante las críticas.

Asimismo, la SIP evaluó numerosos proyectos de ley y decretos que involucran regulaciones excesivas para los medios y que “es indispensable mayor debate público”. Así, hizo referencia a un proyecto de ley en Nicaragua que prohibiría los mensajes publicitarios sobre bebidas alcohólicas, otro en Chile sobre el mismo tema además de otro que restringiría la publicidad sobre productos “altos en grasa y sal”, y un decreto Ejecutivo en Argentina que prohíbe la transmisión de mensajes de contenido sexual.

En materia judicial, y en concordancia con la sentencia contra el diario ecuatoriano El Universo, la SIP criticó el acoso judicial, una práctica también extendida en Brasil, El Salvador, Paraguay y Venezuela, en donde los periodistas y medios de comunicación han sido censurados y multados. En ese orden, se destacaron las sanciones administrativas sufridas por Globovision en Venezuela y Teleamazonas en Ecuador.

Como parte de su informe, la SIP también denunció el uso indiscriminado de la publicidad oficial y de la propaganda electoral para castigar a los medios independientes de comunicación, práctica común en países como Argentina, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

La SIP calificó de “hipócrita y nefasta” la política de gobiernos como los de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, que en los últimos años han concentrado gran cantidad de medios de comunicación que usan como órganos de propaganda, alejándose de sus obligaciones constitucionales sobre la creación y manutención de medios públicos, de servicio social.

Como ejemplo, citaron el caso de Ecuador, donde el gobierno de Rafael Correa posee 19 medios de comunicación y la concentración de medios gubernamentales en Nicaragua, “donde la situación ha empeorado”. El gobierno de Daniel Ortega posee las emisoras Radio Ya, Sandino, Primerísima y Nicaragua; las televisoras 4, 8, 91 y 13, a la cual se sumaría el nuevo canal 47 en UHF; y varias páginas de noticias por internet. La SIP reclamó que estos gobiernos suelen utilizar estos medios para difamar a miembros de la oposición, así como a periodistas independientes y medios privados.

La SIP no pasó por alto las agresiones a la libertad de expresión que se cometen a través de intentos para restringir y controlar el internet. En ese sentido, señaló como restrictiva el proyecto de ley de Comunicación en Ecuador, las regulaciones Ejecutivas en Venezuela y la política oficial en Cuba.

Además de las restricciones al internet en Cuba, pese a la instalación de un cable de fibra óptica desde Venezuela que aumentó la penetración en la isla, la SIP recordó que ese país continúa siendo el más restrictivo de todo el hemisferio. La SIP denunció que más allá de la esperanza sobre las reformas económicas, en Cuba los periodistas independientes siguen siendo acosados y sufren arrestos y detenciones temporales como forma de hostigamiento.

Periodistas asesinados en el 2011:

Brasil: Auro Ida (22 de julio); Edinaldo Filgueira (15 de junio), Valério Nascimento (3 de mayo) y Luciano Leitão Pedrosa (9 de abril).
Colombia: Luis Eduardo Gómez (30 de junio).
El Salvador: Alfredo Hurtado (25 de abril).
Guatemala: Yansi Roberto Ordóñez Galdámez (19 de mayo).
Honduras: Nery Jeremías Orellana (14 de julio); Adán Benítez (4 de julio), Luis Mendoza (19 de mayo) y Héctor Francisco Medina Polanco (10 de mayo).
México: Yolanda Ordaz de la Cruz (26 de julio); Miguel Ángel López Velasco (20 de junio); Noel López Olguín (1 de junio); Luis Emmanuel Ruiz Carrillo (24 de marzo); y Rodolfo Ochoa Moreno (10 de febrero). Desaparecido: Marco Antonio López (7 de junio).
Paraguay: Medardo Moreno (3 de marzo).
Perú: Julio Castillo Narváez (3 de mayo).
Venezuela: Wilfred Ojeda (17 de mayo).


jueves, 28 de julio de 2011

Fuerte repudio a Correa en Perú

Al presidente ecuatoriano no le gusta que lo critiquen a nivel internacional y nunca había atraído tantas críticas como después de que logró que la justicia de su país sentencie a directivos del diario El Universo a pagarle 40 millones de dólares y a ir a la cárcel por tres años, por una opinión en una columna en que se criticó su perfil de dictador y por haber hecho que se dispare a mansalva contra un hospital durante la asonada policial de setiembre pasado.

Ahora, asu llegada a Perú para presenciar la asunción de Ollanta Humala, los diarios peruanos le dieron una bienvenida que no esperaba. Publicaron una solicitada en que se repudia su presencia y hubo diarios, como Correo, que publicó su repudio y lo declaró persona non grata en primera página como muestra la fotografía de la portada.

Seguramnete Correa dirá que Coreeo y todos los demás medios de Perú que se plegaron a esta campaña de repuido forman parte de la prensa corrupcta que él está dispuesta a combatir, calificación que se la dió a medios independientes de otros países que visitó, toda vez que los medios, como en el caso de ABC Color de Asunción criticaron sus políticas autoritarias.

En la SIP tendremos mañana una conferencia de prensa sobre el tema del acoso judicial de parte de Correa a los medios. Seguramente el presidente insistirá, como ya lo viene haciendo el secrteario de Comunicación de la presidencia ecuatoriana, Fernando Alvarado, que la SIP no tiene "autoridad moral" para criticar al gobierno.

Lo interesante de Correa es que la sentencia que él buscó y forzó en contra de los periodsitas y medios de su paí,  terminó resultándole un tiro por la culata, en un descrédito que lo pone de manifiesto como un presidente autoritario y enemigo de las opiniones y de las críticas.

miércoles, 27 de julio de 2011

Embarrada de la AFA; como siempre


El fútbol argentino sigue cuesta abajo. No se trata esta vez ni del éxodo masivo de jugadores antes de cumplir 20, ni del fracaso en la Copa América y los cuestionamientos a la Pulga; tampoco de la caída de River a la B, ni de las denuncias de corrupción que pesan sobre Julio Grondona provenientes del Diego… bueno, en realidad se trata de un poco de todo, en especial de una bomba molotov que arrojó la dirigencia de la AFA para unificar los campeonatos de la A y de la B.

Si bien Grondona se desmarcó de que la iniciativa largada por el presidente de Independiente de Rivadavia haya obedecido a presiones del gobierno de Cristina de Kirchner para favorecer a River y de que el propio presidente de los millonarios, Daniel Pasarella, haya dicho que River no tenía nada que ver en todo esto, la verdad que las apariencias engañan.

El enojo del público por este atajo para que River pueda volver a la A en la temporada próxima es hasta una vergüenza propia para quienes somos fanáticos de este club. Al dolor de haber caído a la B ahora le suman quitarnos el orgullo de tener el potencial de poder sobreponernos a las dificultades.

La AFA está jugando con fuego. Da la sensación que del otro lado de los gritos de renovación hay oídos sordos y que el gobierno se trata de meter en asuntos que no le pertenecen. Seguramente este episodio también le traerá a Cristina algunos puntos de descuento para las elecciones venideras.

Peligra libertad de expresión en Ecuador

Una nota del periodista Antonio M. Delgado de El Nuevo Herald, con quien hablé esta tarde de esta situación. "La sentencia contra el diario ecuatoriano El Universo -que implica una multa de $40 millones y tres años de cárcel para los directivos y el autor de un artículo que ofendió al presidente Rafael Correa- amenaza no sólo con quebrar al periódico guayaquileño, sino también la libertad de expresión en el país andino, dijeron los demandados.

La sentencia, producto de una demanda personal introducida por Correa contra uno de los diarios más antiguos y de mayor circulación del país, es el último de una serie de esfuerzos emprendidos por el gobierno ecuatoriano a fin de silenciar a los medios de comunicación, que ahora enfrentan mayores presiones para practicar la autocensura, añadieron.

“Ellos no quieren una prensa independiente”, dijo en una entrevista telefónica el director del diario, Carlos Pérez Barriga. “Aquí se está aplicando un sistema de premios y castigos [para silenciar a los medios]”.

El sistema comenzó a ser aplicado en Ecuador desde que Correa llegó al poder, afirmó.

Por un lado, el gobierno amenaza constantemente a los medios con retirarles la publicidad estatal si muestran una línea editorial adversa al gobierno, y por el otro introduce demandas en las cortes contra aquellos medios que se atreven a formular denuncias.

Todo esto está dirigido a fomentar la autocensura, sostuvo.

Una corte ecuatoriana sentenció la semana pasada a Pérez a tres años de prisión conjuntamente con los otros dos directores del diario y al ex editor de Opinión, Emilio Palacios, luego de que Correa los demandara por un artículo de opinión publicado en febrero.

Palacios, quien posteriormente renunció a su cargo en un infructífero intento por evitar que el diario se viera perjudicado, había escrito que un eventual sucesor de Correa podría enjuiciarlo por los acontecimientos de la rebelión policial de septiembre del 2010.

“En el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”, escribió.

Tras un juicio realizado con sorprendente celeridad para los estándares ecuatorianos, la corte dictaminó que los acusados deben pagarle $30 millones a Correa, mientras que el periódico debía darle otros $10 millones.

Según Pérez Barriga, esos montos son insostenibles para el diario.

“Nos demandan por $40 millones, con eso no nos quiebra; nos requiebra”, expresó.

La sentencia -que está siendo apelada por los demandados, y por el propio Correa, quien en vez de $40 millones aspira a obtener $80 millones- ha dado que hablar alrededor del mundo, con diversos diarios acusando al mandatario de hacer uso de las cortes para tratar de silenciar a sus críticos.

Ricardo Trotti, director de la Sociedad Interamericana de Prensa, dijo en Miami que la decisión propina un duro golpe al derecho de los ecuatorianos de expresar lo que piensan.

“Es una regresión en materia de libertad de expresión, no solamente de prensa, porque busca realmente instaurar un régimen de autocensura a través del miedo y del temor creado en medios y en periodistas”, comentó.

Palacios dijo que Correa lleva ya más de cuatro años convirtiendo a los medios de comunicación en el blanco de sus ataques, lanzando insultos regularmente contra ellos y concentrando su ira contra aquellos periodistas que le han resultado más incómodos.

“En mi caso, en particular, está es la tercera vez que de manera directa o indirecta me trata de enviar a la cárcel, mediante demandas penales”, señaló Palacios en una entrevista telefónica.

Las dos anteriores ocasiones, Correa no tuvo éxito, pero Palacios piensa que está ocasión podría ser distinta con vista en la celeridad con que se está moviendo el proceso.

“Con esto se acaba la libertad de expresión. Nadie va a poder opinar nada”, dijo Palacios, antes de añadir que la autocensura se ha estado apoderando paulatinamente de los medios de comunicación del país.

“Hoy en día [la autocensura] es muy fuerte. Los medios se limitan a dar la noticia de lo que es muy, pero muy, evidente. Divulgan sólo aquellos temas que ya de alguna manera se han cubierto y tratan de tener mucho cuidado en las redacciones en el manejo de las noticias para no cometer ningún error que pueda ofender al presidente”, dijo.

Correa ha señalado que no tiene pensado abandonar su demanda contra el diario.

“Este soldado de la revolución no dará marcha atrás hasta que judicialmente brille la verdad”, expresó recientemente en un acto público realizado en Guayaquil.


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Peligra libertad de expresión en Ecuador - América Latina - ElNuevoHerald.com

martes, 26 de julio de 2011

México: cementerio de periodistas


México sigue siendo un cementerio de periodistas. La reportera Yolanda Ordaz del diario Notiver de Veracruz, secuestrada el domingo, fue encontrada muerta y degollada por obra y gracia del narcotráfico. Sospechosa de haber sido asesinada porque colaboraba con los “Zetas”, aunque también se tejen otras hipótesis y se duda sobre si los móviles del crimen estaban atados a su trabajo en la cobertura de hechos policiales, lo cierto es que se convirtió en el quinto periodista en ser abatido este 2011 en México y en la décima de ser asesinada en el estado de Veracruz desde 2003.

Los crímenes contra periodistas en la región no ceden. Lamentablemente han aumentado este año, alcanzando la cifra de 17 en toda Latinoamérica.

Más lamentable aún es que los gobiernos no están haciendo mucho para detener esta violencia. En el caso particular de México, donde la SIP ha conseguido el compromiso de las autoridades, como del presidente Felipe Calderón, para federalizar este tipo de delitos, que los crímenes no prescriban y que se agravan las penas – todas medidas destinadas a hacer disminuir la impunidad y destrabar el círculo vicioso de la violencia – han caído en saco roto.

También es horroroso que la violencia generalizada se haya institucionalizado y forma parte de la cultura. Los medios que hasta hace poco hicieron ruido y desplegaron páginas sobre el fenómeno de la violencia contra los periodistas, ya se están acostumbrando a reportar sobre sus propios trabajadores con poca capacidad de asombro y sin reacción, quizás por la frustración de experimentar la inacción e inmovilidad del gobierno.

Correa y las revoluciones inquisidoras


La revolución ciudadana de Rafael Correa se asemeja cada vez más a la bolivariana de Hugo Chávez. En ambas, la crítica a la autoridad y el disenso se han convertido en delitos de opinión, castigándose con cárcel, multas millonarias o exilio forzado.

Así como la iglesia del Siglo 14, el presidente ecuatoriano se siente dueño de la verdad, infalible y censor de sus críticos. Esta semana un ex columnista del diario El Universo, y sus directivos, pagaron muy caro la osadía de llamarlo “dictador” en una columna de opinión. En un trámite judicial vertiginoso - digno de un récord Guinness – un juez dictó sentencia en doce horas tras leer cinco mil fojas de expedientes, condenando a los demandados a tres años de cárcel y a indemnizar al mandatario con 40 millones de dólares.

La desproporción entre el castigo y el delito de opinión, desenmascaran un juicio politizado. Similar al que hace días fue sometido el opositor venezolano Oswaldo Alvarez Paz, sentenciado a dos años de cárcel por declarar en TV que el narcotráfico corroe a Venezuela. Un entretejido sistema jurídico-legal, usado para castigar la crítica de políticos y periodistas, quienes ante la persecución, eligen el destierro antes que la cárcel.

A este sistema perverso, Chávez y Correa lo completan con la estrategia del escarnio público. Dedican horas por semanas para satirizar e insultar a sus contrincantes. Correa consagró siete cadenas nacionales de más de una hora para atacar a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores de “El gran hermano”, un libro que denuncia nepotismo y corrupción de contratos millonarios entre el Estado y su hermano mayor, Fabricio. A la ofensiva verbal, le sumó una demanda por 10 millones de dólares.

La astucia de Correa es que la burla pública, las represalias legales y la inseguridad jurídica generen miedo y autocensura. Lo está logrando. Un 70% de los periodistas la practican, según una encuesta nacional de Fundamedios.

Al igual que el presidente de Venezuela, Correa se sirve de su estrategia integral, para expropiar y controlar empresas. Creó un emporio de 19 medios de comunicación, sin contar los que controla mediante presión de publicidad oficial,  inspecciones impositivas y sanciones administrativas. En esa concentración mediática, utiliza un ejército de periodistas militantes para defender su revolución, así sea con propaganda noticiosa o programas televisivos al estilo “6, 7 y 8” en Argentina o “La Hojilla” en Venezuela, desde donde se califica de gusano y vendepatria a quien piense diferente.

Su mayor anhelo es contar con una ley de comunicación que le permita “controlar los excesos de la prensa corrupta”. Introdujo su semilla en la Constitución de 2008, apenas asumió, aunque no pudo cristalizarla tras varios empellones en el Congreso. Pero en una coartada perfecta, Correa retomó el tema en la Consulta Popular de mayo, buscando el apoyo ciudadano para que se legisle “sin dilaciones”. Consiguió su sueño, y de un solo zarpazo contra la libertad de empresa y de prensa, logró que el proyecto de ley incluya una prohibición para que los dueños de medios no posean otro tipo de empresas y que se sancione la difusión de contenidos explícitos sobre violencia, sexo y discriminación.

El gobierno ecuatoriano se ha encargado de vender gato por liebre para que pasen desapercibidas esas violaciones. Los ciudadanos creen que se trata de una ley de comunicación o de medios; no obstante que la censura recaerá sobre todas las expresiones, así sean cartas al director, declaraciones de opositores, páginas de internet o mensajes por  redes sociales.

Pero a Correa el tiro puede salirle por la culata. El costo político de estas estrategias inquisidoras contra medios, oposición y ciudadanía, será caro; al menos, certificará su autoritarismo, lo que trata afanosamente de simular tras una falsa estampa de líder apegado a las leyes y la justicia.

Ojalá que los legisladores, antes de votar la “ley Correa”, miren el mural que pende en el Palacio Legislativo, del extinto Oswaldo Guayasamín, quien al representar al populismo con rostro oscuro y adusto, explicó: “Cuando el pueblo escucha estos cantos de sirena, se engaña, y forma la chusma con la que los populistas llegan al poder, para luego cargarle el peso de sus ambiciones”.