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octubre 27, 2014

Censura: Pueblo anestesiado

La censura tiene mil caras y muy creativas. La reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa fue una muestra fotográfica de esa creatividad. Los gobiernos clonan diarios para auto elogiarse, los narcos usan Facebook para perseguir a sus víctimas y muchos medios se pliegan a la propaganda oficial.
Tres censuras, sin embargo, se mantienen inalterables y tan burdas como siempre; carcomiendo la verdad y el derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados.
La más repugnante de todas es la del plomo. Diecisiete (17) periodistas fueron asesinados en este 2014, entre ellos una bloguera que en forma anónima denunciaba las actividades de los narcos hasta que la descubrieron. Los demás fueron abatidos en México, Honduras, Brasil, Paraguay y Colombia por miembros del crimen organizado. Los silenciaron porque denunciaban corrupción, escribían sobre tala ilegal de árboles, contrabando y trata de personas, o por no rendirse a las exigencias de los narcos.
En dos casos tétricos, los sicarios atentaron contra un periodista en Perú, pero mataron a su esposa; mientras en México apuntaron contra el reportero, pero mataron a su hijo. Lo más triste es que en casi todos los casos, los asesinos tenían lazos con policías y políticos, evidencia de cómo las mafias siguen conquistando espacios y voluntades.
La otra censura es la del lobo disfrazado de oveja. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, es el representante más encumbrado de esta política. Hasta hace poco engañaba con su verborragia a favor de crear una ley para disciplinar a la prensa corrupta y desbocada, a la que acusaba de vender la patria al enemigo y de aumentar sus intereses económicos a expensas del pueblo oprimido.
El engaño se agudizó aún más. Con la aplicación de la Ley de Comunicación, Correa demostró que su verdadero interés es controlar a la prensa para que su imagen permanezca inmaculada, pese a casos de corrupción y autoritarismo. La ley es implacable. Más de 300 censores oficiales examinan los contenidos de los medios, imponiendo multas y castigos, ya sea por publicar una caricatura irreverente o por omitir información, como la sanción impuesta a algunos medios porque no destacaron suficiente la visita oficial a Chile de Correa.
A la censura directa se le sumaron dispositivos indirectos de acoso económico e impositivo que hicieron a muchos medios inviables y cerraron. Los que sobreviven, ante el temor de duras consecuencias, hacen un periodismo más light, sin investigaciones, autocensurado, casi pidiendo permiso, excepto para las obligatorias cadenas nacionales de propaganda. El pueblo, si antes estaba oprimido, ahora está encadenado y desinformado.
A la violencia y al engaño legal, se le suma una censura más sutil pero también maligna. Es la máscara de carnaval con la que los gobiernos promulgan leyes de acceso y transparencia para darse aires de administrar la cosa pública con total honestidad.
El gobierno de EEUU, campeón otrora de transparencia, es ahora uno de los más oscuros. Barack Obama ha encontrado en la seguridad nacional la excusa perfecta para saltar la ley de acceso y negar información pública a los ciudadanos. En Canadá, así como en El Salvador, Honduras, México, Nicaragua o Perú, los gobiernos también invocan excepciones a sus leyes para obstaculizar los pedidos de información de ciudadanos y periodistas.
Pese a la buena tendencia a favor de la transparencia, con la promulgación de leyes en Colombia y Paraguay este año; otros gobiernos, como los de Argentina, Ecuador y Venezuela, niegan tener que rendir cuentas al público. Lo hacen, sin embargo, a su manera, con gastos estrafalarios de propaganda para informar solo aquello que consideran que el pueblo debe saber. De ahí que las cadenas nacionales sean obligatorias e interminables, o que hayan tejido, a base de dineros de todos, una red de medios y periodistas para su servicio personal. Mediante ese combo de personalismo, servilismo y demagogia, las leyes de transparencia son pura declamación; sirven para todo lo contrario.
Si a esa demagogia se le suma la impunidad con la que actúan los violentos y la propaganda desenfrenada, es fácil advertir que estos distintos tipos de censura se utilizan para que el pueblo viva anestesiado, en una realidad convenientemente deformada. 

junio 17, 2013

Correa logró lo que buscó

La nueva Ley de Comunicación de Ecuador es lo que el presidente Rafael Correa siempre quiso durante su Presidencia: el desmantelamiento de los medios privados e independientes y la neutralización de la crítica a su gobierno.

Ecuador se convierte en otro país donde la libertad de prensa y de expresión queda totalmente manipulada, donde la arrogancia de los políticos le dan viso de legalidad a lo ilícito, donde hacen ver que lo malo es bueno, que el disenso es pecado, que la expresión y el derecho a la expresión es contrario a lo establecido como principios esenciales para los derechos humanos y para la democracia.

Varios son los componentes de la ley que establecen la censura. Por un lado, las trabas a la crítica en forma directa con lo que la ley denomina “linchamiento mediático”, es decir que la crítica o su exageración podrá ser considerada un delito, algo muy peligroso en un país donde el presidente Correa está acostumbrado a perseguir la crítica mediante acciones judiciales y, además, donde acusa a la prensa de ser corrupta y mercantilista por el solo hecho de informar, denunciar u opinar sobre corrupción.

La ley crea además un ente regulador de los contenidos de los medios a través de un órgano establecido por miembros del gobierno, por lo que es evidente que quitarán la esencia más importante de la expresión: la libertad.

Pero tal vez lo más pernicioso es que la ley establece cupos para la creación de medios o para entregar las licencias de operación. Especifica que el 33% de los medios serán públicos, otro 33% comunitarios y el resto se otorgarán a medios privados, desnaturalizando así el significado de la libertad de prensa en una democracia, poniéndola al servicio del Estado, en este caso del gobierno.

Los medios privados son los únicos que permiten que haya verdadera libertad de prensa en una democracia. El Estado, si así fuera, no necesita 33% por ciento de medios públicos, de por sí una exageración y una exaltación inapropiada del gobierno, que todo lo reduce a propaganda, no a información. Con el peligro, además, de que podrá otorgar el 33% de medios comunitarios solo a aquellas asociaciones o personas que comulguen con el gobierno.


Esta ley es una intromisión moralmente indebida en la libertad de prensa.  

septiembre 06, 2011

Correa: libertad de prensa pero con represalias

El presidente Rafael Correa dijo a la agencia oficial del estado Andes, que es ridículo que organismos internacionales de prensa, como la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité de Protección de Periodistas o Human Rights Watch digan que en el Ecuador no hay libertad de prensa.

Considera que hay libertad de prensa porque en su país el gobierno no llama a los medios o a los periodistas para censurarlos o porque cualquiera puede decir lo que se le antoja. Incluso recriminó que hasta los extranjeros pueden llegar a Ecuador a criticarlo, en clara referencia al presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, quien en un foro de empresarios en la ciudad de Guayaquil dijo que Correa era intolerante y autoritario.

Lo que Correa no dice es que el gobierno toma represalias – legales y judiciales - contra quienes lo critican, como el caso de varios periodistas a quienes los demandó por cifras millonarias. Uno de ellos, Emilio Palacio, estuvo en nuestra sede de la SIP en Miami la semana pasada, denunciando que está buscando asilo político ante la persecución de la que es víctima en su país.

Las declaraciones de Correa son similares a las del régimen cubano. Ayer, en un comunicado de prensa de la Iglesia Católica cubana se dijo que el gobierno jamás dio orden alguna para que se reprimiera a los disidentes y a las Damas de Blanco en las últimas semanas, quienes fueron brutalmente reprimidas por turbas gubernamentales.

Así como el gobierno de Cuba toma por ingenua a la comunidad internacional, Correa también quiere hacer ver que en su país hay amplia libertad de prensa. La realidad, sin embargo, muestra otra cosa. Son muchos los periodistas y medios que asumen las represalias, y pronto, una nueva Ley de Comunicación irá no solo contra los medios sino contra el derecho de todos los ciudadanos a recibir información.

julio 26, 2011

Correa y las revoluciones inquisidoras


La revolución ciudadana de Rafael Correa se asemeja cada vez más a la bolivariana de Hugo Chávez. En ambas, la crítica a la autoridad y el disenso se han convertido en delitos de opinión, castigándose con cárcel, multas millonarias o exilio forzado.

Así como la iglesia del Siglo 14, el presidente ecuatoriano se siente dueño de la verdad, infalible y censor de sus críticos. Esta semana un ex columnista del diario El Universo, y sus directivos, pagaron muy caro la osadía de llamarlo “dictador” en una columna de opinión. En un trámite judicial vertiginoso - digno de un récord Guinness – un juez dictó sentencia en doce horas tras leer cinco mil fojas de expedientes, condenando a los demandados a tres años de cárcel y a indemnizar al mandatario con 40 millones de dólares.

La desproporción entre el castigo y el delito de opinión, desenmascaran un juicio politizado. Similar al que hace días fue sometido el opositor venezolano Oswaldo Alvarez Paz, sentenciado a dos años de cárcel por declarar en TV que el narcotráfico corroe a Venezuela. Un entretejido sistema jurídico-legal, usado para castigar la crítica de políticos y periodistas, quienes ante la persecución, eligen el destierro antes que la cárcel.

A este sistema perverso, Chávez y Correa lo completan con la estrategia del escarnio público. Dedican horas por semanas para satirizar e insultar a sus contrincantes. Correa consagró siete cadenas nacionales de más de una hora para atacar a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores de “El gran hermano”, un libro que denuncia nepotismo y corrupción de contratos millonarios entre el Estado y su hermano mayor, Fabricio. A la ofensiva verbal, le sumó una demanda por 10 millones de dólares.

La astucia de Correa es que la burla pública, las represalias legales y la inseguridad jurídica generen miedo y autocensura. Lo está logrando. Un 70% de los periodistas la practican, según una encuesta nacional de Fundamedios.

Al igual que el presidente de Venezuela, Correa se sirve de su estrategia integral, para expropiar y controlar empresas. Creó un emporio de 19 medios de comunicación, sin contar los que controla mediante presión de publicidad oficial,  inspecciones impositivas y sanciones administrativas. En esa concentración mediática, utiliza un ejército de periodistas militantes para defender su revolución, así sea con propaganda noticiosa o programas televisivos al estilo “6, 7 y 8” en Argentina o “La Hojilla” en Venezuela, desde donde se califica de gusano y vendepatria a quien piense diferente.

Su mayor anhelo es contar con una ley de comunicación que le permita “controlar los excesos de la prensa corrupta”. Introdujo su semilla en la Constitución de 2008, apenas asumió, aunque no pudo cristalizarla tras varios empellones en el Congreso. Pero en una coartada perfecta, Correa retomó el tema en la Consulta Popular de mayo, buscando el apoyo ciudadano para que se legisle “sin dilaciones”. Consiguió su sueño, y de un solo zarpazo contra la libertad de empresa y de prensa, logró que el proyecto de ley incluya una prohibición para que los dueños de medios no posean otro tipo de empresas y que se sancione la difusión de contenidos explícitos sobre violencia, sexo y discriminación.

El gobierno ecuatoriano se ha encargado de vender gato por liebre para que pasen desapercibidas esas violaciones. Los ciudadanos creen que se trata de una ley de comunicación o de medios; no obstante que la censura recaerá sobre todas las expresiones, así sean cartas al director, declaraciones de opositores, páginas de internet o mensajes por  redes sociales.

Pero a Correa el tiro puede salirle por la culata. El costo político de estas estrategias inquisidoras contra medios, oposición y ciudadanía, será caro; al menos, certificará su autoritarismo, lo que trata afanosamente de simular tras una falsa estampa de líder apegado a las leyes y la justicia.

Ojalá que los legisladores, antes de votar la “ley Correa”, miren el mural que pende en el Palacio Legislativo, del extinto Oswaldo Guayasamín, quien al representar al populismo con rostro oscuro y adusto, explicó: “Cuando el pueblo escucha estos cantos de sirena, se engaña, y forma la chusma con la que los populistas llegan al poder, para luego cargarle el peso de sus ambiciones”.

julio 24, 2011

La “Ley Correa” es criticada por la Relatora


La relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, tras una visita a Ecuador en 2010, en carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Fernando Cordero, en agosto de ese año, criticó numerosos puntos del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, al considerar que se contrapone a estándares internacionales sobre libertad de expresión y de prensa.

La relatora basó sus críticas en los siguientes puntos de la futura ley:

1)    Se refiere a la “información” veraz, y argumenta sobre la intencionalidad del periodista de mentir.
2)    Critica que varios cargos estén solo disponibles para periodistas profesionales, recordando la Opinión Consultiva de la CIDH de 1985.
3)    Critica la creación del Consejo de Comunicación e Información, calificándolo de problemático y que debe reunir plenas garantías de autonomía e independencia del gobierno.
4)    Se manifiesta en que es muy ambigua y vaga la ley en cuanto a la imposición de sanciones.
5)    Que el derecho de rectificación o respuesta excede en la ley, lo que está establecido en el Art. 14 de la Convención Americana, ya que así como es un derecho, en la ley se establece como una restricción a la libertad de expresión del medio.
6)     Que debe tener condiciones de equidad y que resulte absolutamente imprescindible.
7)    Se refiere a las prácticas éticas de los medios que establece el Art. 8 y las sanciones en artículos posteriores; lo que critica por no condecir con la autorregulación y porque esta debe ser una actividad fuera del ámbito del Estado.
8)    Sobre la cláusula de conciencia, establece que un medio debe tener plena libertad para cambiar su línea editorial y que ello hace a la pluralidad de la libertad de expresión.
9)    Sobre la reserva de la fuente establece que no debe haber sanciones y que es un derecho de raigambre en tratados internacionales, una garantía fundamental para que la prensa ejerza su función.
10)                    Critica la posibilidad de censura previa. (Vale aclarar que la crítica indicaba que no se especificaba el tema de responsabilidades ulteriores en el Art. 29, lo que sí está incluido en la nueva versión del proyecto).
11)                    Elogió que se haya eliminado la obligación de los medios de inscribirse en forma anual en un Registro de medios; aunque critica que haya que registrar “políticas editoriales e informativas”.
12)                    Sobre la Defensoría del Pueblo, con sus funciones de “evitar” y “prevenir” que se publiquen cosas, critica que pudiera devenir en censura previa.
13)                    Sobre cadenas oficiales a través de los medios, critica que no se establezcan en forma rigurosa cuándo y cómo la autoridad puede arrogarse ese derecho.
14)                    Sobre medios comunitarios, pide que no se impongan a esas radios obligaciones exorbitantes.
15)                    Sobre radiodifusión, dice que si bien es evidente que debe prevenirse la concentración, no por ello no debe existir un régimen jurídico que les brinde seguridad y de una estructura viable a los medios que les permita afrontar las múltiples presiones públicas y privadas.
16)                    Por último, siendo este un documento de agosto de 2010, la Relatoría alaba que el proyecto tiene modificaciones favorables al sometido en 2009, el que también la SIP había criticado.

julio 23, 2011

La “Ley Correa” o mordaza de los medios


La discusión en la Asamblea Nacional de Ecuador sobre el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, presentado el 1 de julio de 2010, por el diputado oficialista Mauro Andino de Alianza País, se revitalizó después de la Consulta Popular que ganó el presidente Rafael Correa en mayo de este año.

La consulta, especie de coartada perfecta por parte de Correa, tuvo dos preguntas claves (3 y 9) sobre la actividad periodística: la 3, prohibiendo a los dueños de medios que tengan participación accionaria fuera de su ámbito comunicacional y la 9 referida a que se sancione pronto una Ley de Comunicación que contenga un Consejo de regulación para regular la difusión de contenidos con mensajes explícitos de violencia, sexo y discriminación. La Consulta obtuvo el SI inducido por Correa para cada una de las 10 preguntas, aunque por un margen mucho menor de lo que el gobierno esperaba. Incluso la 9, fue la que menor diferencia tuvo entre el SI y el NO.

El proyecto de ley actual es similar al que provocó una misión de la SIP en 2009 y que se criticó con vehemencia, que nucleaba tres proyectos de ley presentados por diputados del oficialismo y oposición; discusión que se paralizó por distintas facciones dentro de la Asamblea Legislativa que discutían el carácter “autónomo” e “independiente” al gobierno que tendría un consejo regulador de la prensa; y, también, después de que la relatora de la CIDH, Catalina Botero, criticara en forma muy sensata aquella Ley que violaba preceptos sobre derechos humanos y libertad de expresión contenidos en tratados internacionales sobre DD.HH. Esas críticas persisten hasta hoy, y varios diputados de oposición y medios, tratan de que se tome en consideración aquella carta de la relatora del 10 de agosto de 2010.

La Ley de Comunicación es un gran anhelo de Correa. El Presidente siempre dijo que ésta le permitiría “controlar los excesos de la prensa corrupta”. Ahora, justificándose con lo que establece la Constitución y con el “mandato” que dice emanar de la Consulta Popular, Correa tiene las excusas necesarias para que la ley sea aprobada a como dé lugar.

Lo peor de la Ley es que establecerá un organismo supranacional con mayoría de miembros del Poder Ejecutivo, una especie de consejo de censura superior que estará bajo las órdenes de Correa.

El proyecto de Ley de Comunicación que será aprobado en breve, tiene 105 artículos. En forma resumida establecen:

Art. 8: Obliga a todos los medios a contar con un código de ética que induzca buenas prácticas y conductas.

Art. 9: Se refiere a que la información debe ser veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural…

Art. 13: Establece la cláusula de conciencia y describe, el derecho del periodista a negarse a una orden de trabajo o hacer contenidos contrarios al código de ética; y a que los periodistas pueden hacer público en sus medios el desacuerdo con el propio medio.

Art. 16: Se refiere a la reserva de la fuente y secreto profesional, expresando que el periodista tiene ese derecho a excepción de la Constitución y los instrumentos internacionales.

Art. 17: Establece como Derecho a la protección contra la censura que el periodista puede demandar judicialmente al medio cuando suspenda la publicación de un artículo o noticia o cancele un programa o modifique un horario de emisión.

Art. 18: Reingresa el tema de la colegiación obligatoria – algo que fue calificado de inconstitucional por la Corte Constitucional ante un pedido del presidente Correa – para los periodistas en los medios y oficinas públicas.

Art. 20: Sobre Derecho de Rectificación, por informaciones sin pruebas o inexactas, se da el derecho al ofendido a que “rectifique”, “con las mismas características y en el mismo espacio u horario”.

Art. 21: Hace una distinción al citar Derecho a la Réplica o Respuesta, especifica que quien resultare ofendido tendrá derecho a réplica o “respuesta de forma gratuita e inmediata”. Que el medio deberá notificar, en caso de investigar (corrupción por ejemplo) a alguien, para que pueda contestar por sí mismo o su representante legal.

Art. 28: Los medios deben diferenciar y no mezclar información y opiniones.

Art. 34: Crea el Consejo de Comunicación e Información. (CCI)

Art. 35: Entre sus atribuciones: monitoreo técnico de la programación para clasificar contenidos y franjas horarias; velar por los gastos de publicidad oficial; crear mecanismos de transparencia sobre tiraje, sintonía.

Art. 36: Estará formado por dos integrantes del Poder Ejecutivo, uno del Consejo de Igualdad, uno de facultades de comunicación y tres representantes de la ciudadanía. No podrán tener otra función, excepto la decencia universitaria (Art. 37).

Art. 51. Crea un Defensoría del Pueblo, permitiéndole suspender propagandas, publicidad o programas con pornografía infantil, intolerancia religiosa o política, incitación a la violencia, etc… Y también deberá evaluar las normas que dicte el CCI para garantizar la erradicación de la violencia, sexismo, racismo y homofobia de los medios, así como el respeto al estado laico, etc…

Art. 52 Define a los medios públicos y dice que se “garantizará su autonomía editorial y su independencia del poder político”.

Art. 61: Define a los medios privados.

Art. 62 Define a los medios comunitarios, de los que dice no tienen finalidad de lucro. Y en el Art. 64, les reserva el 33% del espectro radioeléctrico.

Art. 72: Se refiere a la obligación de los medios de dar espacio en su programación para cadenas nacionales, aunque dice que los espacios se deberán “utilizar única y exclusivamente para informar de la materias de su competencia”.

Art. 73: Sobre Gasto Público en Publicidad, se refiere  a que las entidades del sector público deben contratar publicidad y propaganda con criterio de igualdad de oportunidades, y que se debe dar participación a medios de menor cobertura o tiraje o de zonas rurales.

Art. 84: se refiere a la administración del espectro radioeléctrico y que deben estar precedidos por un informe vinculante elaborado por el Consejo de Comunicación e Información (CCI); el cual, según Art. 86, deberá pedir un informe semestral y en el Art. 87, se establecen requisitos para impedir la concentración de medios.

Art. 90: Establece en 10 años las licencias de operación para medios privados y comunitarios

Art. 97: A partir de este articulado se establecen “procedimientos administrativos”. El 98, sobre rectificación, réplica o respuesta; el 100, sobre generalidades y derechos a procesos legales y judiciales.

Art. 101: A partir de éste, se especifican sanciones administrativas a los medios como aquellos que operen sin licencia; el 102  impone amonestaciones escritas, desde publicar publicidad sobre cigarrillos, alcohol hasta no publicar sus normas de autorregulación o inobservancia de los códigos de ética; el 103 es referente a multas, por reincidencia de infracciones, incumplimiento del derecho de réplica, violación de la cláusula de conciencia o por no registrarse en el CCI.

La misión anterior de la SIP realizada el 15 y 16 de octubre de 2009, sobre la ley, sostuvo: se trata de “una ley restrictiva, que generará censura gubernamental, que incentivará la autocensura y limitará el periodismo investigativo y sus denuncias sobre corrupción, desnaturalizando la función que le cabe a la prensa en una democracia”.

La misión consideró que  la nueva ley profundizará las restricciones a la libertad de prensa y al pluralismo que busca fomentar, además de entrometerse en los contenidos de los medios de comunicación, a pesar de que reconoce ciertos avances en la polémica general. En específico expresó que la configuración de un órgano de control supraestatal que la probable futura ley creará; las regulaciones y sanciones similares que se aplicará a medios de comunicación diferentes, como los escritos y radioeléctricos; la obligación de inscripción de medios escritos en un registro anual especial; la distribución en porcentajes iguales de medios privados, públicos y comunitarios y, entre otros factores, la intromisión en la líneas editoriales en lo que se pudiera incurrir al obligar a los medios a seguir ciertas pautas éticas obligatorias, son disposiciones contrarias a la libertad de prensa y de expresión.

julio 18, 2011

Triste experiencia en Ecuador


Acabamos de terminar una misión de la SIP en Ecuador esta tarde. En materia de libertad de prensa la situación es mala y puede convertirse en caótica. Los ataques de la que son futo los medios y los periodistas, a si sea por el descrédito a los que los tiene sometidos el presidente Rafael Correa o los juicios multimillonarios, están generando cada vez mayor autocensura más allá de los límites del periodismo.

Que los periodistas se están autocensurando y los ejecutivos de los medios también, no es una novedad. Una encuesta realizada por Fundamedios entre 300 periodistas, arrojó un resultado pavoroso: el 70 por ciento de los reporteros se autocensuran por temor a sufrir las mismas represalias que muchos de sus colegas que se ven intimidados o sufren agresiones directas por lo que dicen, opinan y publican.

Lo más preocupante, es que no se trata solamente de ataques directos del poder. Sucede ya en Ecuador lo que desde hace años ocurre en Venezuela, Argentina, Bolivia y Nicaragua. La confrontación sistemática de parte del presidente Correa contra los medios y los periodistas ha contribuido a degradar la credibilidad de la prensa y muchos periodistas terminan siendo señalados, acusados y amenazados en la calle, por el ciudadano común, a causa de sus investigaciones o pronunciamiento sobre actos de corrupción.

Además de la injuria permanente contra directivos de medios y periodistas, Correa ha ido mucho más allá. Ha creado una estructura legal y jurídica con la que puede darse el lujo de restringir cada vez más a la prensa, dentro de un marco simulado de legalidad y democracia. La Consulta Popular de mayo de 2007 apuntó a ello, ya que incluyó dos preguntas directas sobre los medios, una relativa a la propiedad y la otra sobre los contenidos.

A pesar de que no ganó con los márgenes que creía, le sirvieron para fundamentar una nueva Ley de Comunicación, cuyo proyecto permanecía estancado en la Asamblea Nacional. Ahora, con la “autorización” ciudadana, el nuevo proyecto está convirtiéndose en un arma letal de restricción cuando empiece a aplicarse a través de un órgano supranacional gubernamental que tendrá que vigilar los contenidos.

Es decir, la libertad de prensa quedará sometida a los arbitrios del gobierno de Correa. Es algo que él predijo que lo haría y que ya lo ha conseguido. Ecuador, de a poco, se está convirtiendo en uno de los países con menos libertad de prensa en el continente americano.

Tensión entre la verdad y la libertad

Desde mis inicios en el periodismo hasta mi actual exploración en la ficción, la relación entre verdad y libertad siempre me ha fascinado. S...