NICARAGUA: la catástrofe previsible

Nicaragua y su gobierno sandinista pasaron debajo del radar de la comunidad internacional por años, lo que le permitió al presidente Daniel Ortega construir un autoritarismo progresivo que recién se visualizó tras el estallido social de estos días.

La indiferencia internacional no fue casual sino estrategia trabajada por Ortega y su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta y autoridad detrás del trono. Construyó su propia impunidad con los mismos mecanismos totalitarios que usó la dictadura de Anastasio Somoza, a la que derrotó durante una dura lucha armada que lo catapultó a su primera presidencia de 1979 a 1990.

Esas similitudes inspiraron el canto más pegadizo de las manifestaciones públicas actuales: “Somoza y Ortega son la misma cosa”. Ambos gobiernos hicieron del nepotismo su marca registrada, manipularon todos los resortes democráticos de la república, desde someter a todos los poderes públicos para su beneficio, perseguir a la oposición, censurar a la prensa, hasta coartar la libertad de expresión y mancillar el derecho de reunión. Ortega y Somoza se creyeron Estado y que el libre albedrío es un regalo de su autoridad.

El avasallamiento de estos principios básicos tiene su origen el mismo día que Ortega asumió su presente período presidencial hace 11 años, en 2007. Con la típica vocación de tirano, se sumó a la tendencia de muchos líderes latinoamericanos para reformar la Constitución y eternizarse en el poder. Y toda reforma, según indica el manual del dictador, siempre viene acompañada de fraude electoral. Ese fue su método para ganar inmunidad y esconder la corrupción y el despotismo.

Ortega y su esposa Murillo, siempre ataviada de religiosidad popular, con cantos a la Virgen y construcción de árboles de la vida, estructuras de metal gigantescas que se fueron regenerando después de una Navidad, supieron evadir la atención internacional. Compraron medios de comunicación que pusieron en manos de sus hijos y censuraron a la prensa privada e independiente. Hoy un par de diarios, entre ellos La Prensa y cuatro canales y un puñado de radios hacen malabarismos para sobrevivir ante la censura oficial que se acrecentó con el estallido social. La vicepresidenta insiste en regular las redes sociales para evitar la conversación y auto convocatoria ciudadanas.

El gobierno también incorporó a los empresarios, muchos de los cuales fueron comprados con dádivas y privilegios. Ortega supo diferenciarse de Evo Morales, Hugo Chavez, Fidel Castro y Rafael Correa, sus correligionarios ideológicos, siendo más mesurado con sus discursos anti imperio para evitar sanciones y mantener el comercio con el vecino del norte.

Toda su estrategia fue posible gracias a los miles de millones de dólares que le regaló Hugo Chávez y Nicolas Maduro, en época de vacas gordas, cuando Venezuela todavía pensaba en el milagro de una revolución del siglo 21 que terminó siendo del siglo 14. Como parásito del chavismo y buen pasar económico, Ortega tuvo el privilegio de gobernar con una fuerza desproporcionada y en silencio, lejos de los flashes.

La debacle venezolana arrastró a Nicaragua. Ortega derrochó cuando pudo haber ahorrado. En aprietos se vio obligado a meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos con una reforma al sistema previsional, quitándoles ingresos a los jubilados. Nadie lo soportó. El estallido era evidente.

La fuerza excesiva y desproporcionada de la Policía y de la Juventud Sandinista causaron más de 30 muertos. El régimen cerró canales y censuró radios. Muchos periodistas en canales oficiales y cuasi oficiales renunciaron. Nadie quiso quedar pegado a las groserías antidemocráticas. El tema económico fue solo la gota que rebasó el vaso.

Ortega siempre usó careta de demócrata, pero nunca lo fue. Su autoritarismo es en parte responsabilidad de los nicaragüenses que esperaron mucho tiempo para gritar como ahora y de la comunidad internacional que le dejó pasar muchas arbitrariedades sin chistar.

Hace semanas terminé mi columna con “¿Suena Nicaragua?”, aludiendo a que la comunidad internacional no podía cometer el mismo error de ser indiferente a la situación nicaragüense como se fue con la venezolana. Esta catástrofe se hubiera podido prevenir si se hacía cumplir la Carta Democrática Interamericana.  trottiart@gmail.com

Diferencias sobre Periodismo Norte – Sur

Esta semana se pudo observar la diferencia que existe sobre las repercusiones de lo que publican y dicen los medios de comunicación, en esa división norte - sur del continente americano, que va mucho más allá de la política, lo económico y el nivel de desarrollo de los países.

Mientras en el norte las revistas Time y Sports Illustrated causaban polémica por sus portadas, la primera por mostrar al presidente Enrique Peña Nieto bajo el título “Salvando a México” y la otra mostrando a la muñeca Barbie en traje de baño antes de su habitual número pre verano, en Brasil y México asesinaban a periodistas, en Colombia los espiaban y en Venezuela los censuraban.

No solo las tapas de revistas tuvieron repercusión en EE.UU. en temas de comunicación, también se reflotó el tema de Edward Snowden por sobre cómo consiguió los documentos de NSA, y se armó controversia por sobre la compra de Time Warner por parte de la cablera Comcast, lo que podría derivar en un monopolio con precios de servicios por cable siderales y aumentar la ya alta ineficiencia de atención a los usuarios.

En América Latina los temas para los medios y los periodistas fueron más profundos y preocupantes, no tanto por lo que publicaron sino por la censura y lo que dejaron de publicar. En Brasil dos periodistas fueron asesinados, uno, Santiago Andrade un camarógrafo que fue sorprendido por un explosivo durante una marcha en Río de Janeiro en reclamo por el aumento del boleto.  Otro, Pedro Palma, un periodista propietario de un periódico al que le dispararon a quemarropa tres balazos dos tipos que se dieron a la fuga en motocicleta.

En México también la comunidad periodística está de luto. Fue asesinado Gregorio Jiménez en Veracruz, y mientras el gobierno dijo que se trataba de un tema personal, no por cuestiones profesionales, a las horas tuvo que rectificar porque junto al cuerpo del periodista encontraron el de un sindicalista, sobre el que el periodista estaba investigando luego de haber recibido amenazas por su trabajo sindical.

Esa censura en Brasil y México, se observó extrema en Venezuela, cuando el gobierno sacó de la grilla a la cadena colombiana NTN24, y prohibió a televisoras informar sobre las marchas de estudiantes universitarios este miércoles, que arrojaron tres muertos y una centena de heridos y detenidos. Nicolás Maduro dijo que sacar del aire a NTN24 era cuestión de Estado y por su intromisión en asuntos internos y apología de la violencia, siguió responsabilizando a los medios locales, principalmente a los diarios, por desestabilizar al mostrar imágenes y fotografías sobre las protestas. Con ello justificó mantenerse férreo para que estos no accedan a divisas que les permitan importan papel y otros insumos para publicar.

En Ecuador la censura también siguió de la mano del presidente Rafael Correa que insiste en la culpabilidad del caricaturista Bonil del diario El Universo, a quien se le aplicó la nueva Ley de Comunicación, lo que evidencia de que se trata de una ley mordaza aunque el gobierno lo niegue y diga que sirva para “democratizar la información. En Colombia, los militares continúan negando que no espían a periodistas, aunque existen evidencias certeras de que sí lo han hecho – correos electrónicos entre diferentes mandos que así lo atestiguan – contra aquellos comunicadores que están informando sobre el proceso de paz entre el Gobierno y las guerrillas narcotraficantes de las FARC.

En Argentina, el Gobierno se negó a cumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le obliga a entregar publicidad a la televisora Canal 13, propiedad del Grupo Clarín. La desobediencia es la tercera en esta materia, ya que la Corte obligó por el mismo propósito a que no se discrimine con publicidad a los diarios Perfil de Buenos Aires y Río Negro del sur del país.

La presidente Cristina de Kirchner argumentó que no se cumplirá el fallo porque la Corte debe respetar la división de poderes en el país, un argumento justamente inválido por todo lo contrario. Todo vale en el aquelarre de un gobierno argentino que todo lo retuerce, esconde y manipula, así sean fallos desfavorables, índices de inflación y niveles de pobreza.   

Visto así, el periodismo latinoamericano pareciera más agresivo y acucioso por los efectos que acarrea. Sin embargo, no es así; paga consecuencias porque jamás se ha podido consolidar en el continente una cultura en la que se respete la libertad de prensa y de expresión, garantías que solo se declaman aparatosamente en las Constituciones. 

Telenovelas y papel o la censura a la venezolana

La censura tiene mil caras y todas muy audaces. La más desfachatada en estos días fue la esgrimida por el gobierno venezolano, culpando a las telenovelas por los altos índices de inseguridad pública en el país.

No es la primera vez que sin evidencia ni estudios en mano, el presidente Nicolás Maduro, obsesionado por crear cortinas de humo, se las ingenia para encontrar chivos expiatorios. Acusó a las telenovelas de servir de culto a la muerte, la droga y la proliferación de armas.

Puede que la TV y los videojuegos tengan mala influencia en los niños, pero responsabilizarlos por la violencia general es, al menos, exagerado. Si así fuera, EE.UU., bajo el dominio de Hollywood y sus antivalores, tendría que ser el país más inseguro y peligroso del mundo, aunque en realidad dista mucho de los 79 homicidios cada cien mil habitantes que se cometen en Venezuela y que Caracas sea la segunda ciudad más violenta de las Américas, después de la hondureña San Pedro Sula.

El argumento de Maduro, aunque parece simple, no es inofensivo. Desenmascara una estrategia. Años atrás, su antecesor Hugo Chávez, también anteponiendo principios morales sobre contenido de los medios, utilizó la defensa de los niños para crear una ley, que terminó sirviéndole para cerrar cientos de televisoras, radios y periódicos, no por su contenido sobre violencia, sino por su posición crítica hacia el gobierno.

Maduro no es muy innovador. Hace meses los presidentes José Mujica de Uruguay y Porfirio Lobo de Honduras, también justificaron legislaciones para controlar el contenido ofensivo de los medios, creyendo que con eso se rebajarían los índices de inseguridad. Si bien esas leyes no prosperaron, sí tomó fuerza en Ecuador, donde bajo el mismo argumento, Rafael Correa, promulgó la Ley de Comunicación que en estos días sirvió para procesar a un caricaturista que dibujó alusiones a la corrupción en el gobierno, bajo el pretexto de que tergiversó la verdad, apoya la agitación social y a quien el Presidente calificó de “sicario de tinta”.

El gobierno venezolano es muy creativo a la hora de censurar. Con sus leyes impone multas millonarias a los periódicos, prohibiéndoles publicar fotografías con sangre o de cadáveres apilados en las morgues, sanciones que se aplican contra diarios críticos, como El Nacional, pero no contra periódicos oficialistas y gubernamentales.

En estos meses, la censura cobró una dimensión más sutil. El gobierno no autoriza la entrega de divisas para que los diarios puedan importar papel. El resultado, como lo perseguía en su época Juan Domingo Perón, es simple y lapidario. Diez diarios dejaron de publicarse, 21 están en riesgo de no poder hacerlo y decenas han reducido su cantidad de páginas, quedando el público a expensas de información de medios amigos y subyugados por el poder, a los que no se aplican esas restricciones.

El informe de esta semana de Human Rights Watch habla del clima de terror y el irrespeto por la libertad de expresión. Concluye que el gobierno socavó la autoridad de los jueces para juzgar imparcialmente y las denuncias de periodistas y activistas de derechos humanos, que prefieren autocensurarse para evitar represalias. Conclusión válida también para Freedom House que esta semana ubicó a Venezuela entre los países menos libres del continente.

En estos años de chavismo, la censura justificada siempre fue el discurso oficial para la protección de la moralidad, las buenas costumbres y exorcizar la violencia ciudadana. Sin embargo, como sucede hoy en China con la censura masiva del internet y las redes sociales, esas argucias siempre sirvieron para tapar los escándalos oficiales de corrupción y, así, aplicar el bozal a medios independientes y críticos.

Aunque Maduro trate de comprar tiempo buscando responsables en el contenido de las telenovelas y los diarios, la evidencia es que la inseguridad es culpa de la inacción de su gobierno, la crisis económica, el clientelismo, la politización del Poder Judicial y, especialmente, por haber armado a un grupo de autodefensa, fuera del marco de las fuerzas de seguridad, que terminará sin control y generando más violencia de la que proyectaba prevenir, como está sucediendo con los grupos civiles que armó el gobierno mexicano en Michoacán. 

Globovisión: Televisión domesticada

En momentos en que en muchos países crece la cantidad de televisoras para dar una oferta informativa más plural y diversa, como el caso de Al Jazeera America en EE.UU., en una nota en el diario español El País de Alfredo Meza sobre las últimas renuncias de periodistas de la televisora Globovisión en Venezuela, se acierta en el título, al decir que “La televisión venezolana inicia su definitiva domesticación”.

Si bien el proceso de domesticación de medios de comunicación se inició con Hugo Chávez - cerró medios a rolete y abrió nuevos espacios noticiosos de propaganda gubernamental - es a partir de los últimos meses con Nicolás Maduro, que el gobierno desplegó su estrategia de hostigamiento y presión económica. Una táctica más sutil que las medidas que llevaron al cierre directo de RCTV y centenares de otros medios, pero igualmente de contundentes. Los medios que son desbaratados económicamente, no tienen la fortaleza para ser independientes y de ahí su triste final: vender al mejor postor, casi siempre testaferro o amigo del oficialismo.

La televisora de noticias Globovisión, la que más espacio ofrecía a la oposición, pasó por la misma crisis. Después de un profundo hostigamiento económico, uno de sus dueños mayoritarios, Guillermo Zuloaga, aceptó la opción de vender. Sus nuevos dueños, quienes habían prometido desde el arranque un espacio plural, diverso y equilibrado, hicieron todo lo contrario plegándose a una política de no indagar y criticar al gobierno.

Debido a esa política de acercamiento al oficialismo, son varios los periodistas que decidieron renunciar. La renuncia más resonante de todas fue la del periodista Leopoldo Castillo, quien conducía el programa “Aló, Ciudadano”, desde hacía 12 años. Otros cinco periodistas renunciaron este martes: Roberto Giusti, María Elena Lavaud, María Isabel Párraga, Román Lozinski y Gladys Rodríguez.

Estas seis renuncias son parte de 18 desde que en abril Globovisión cambió de mando. Al despedirse de sus audiencias, los cinco periodistas enviaron un comunicado que sintetiza la nueva política editorial de Globovisión: “Con pleno y absoluto conocimiento de causa, tenemos que alertar a la población venezolana: Globovisión es moral, ética y periodísticamente inviable”.

El chavismo, sus funcionarios y, en especial, Maduro, Diosdado Cabello y André Izarra, quienes comandan la estrategia de la homogeneidad informativa que pedía Chávez, están ahora de parabienes. El sueño controlar a todos los medios y periodistas, sin importar qué tipo de tácticas se utiliza, es cada vez más realidad.

Globovisión ha sido domesticada y toda Venezuela pierde.

Correa logró lo que buscó

La nueva Ley de Comunicación de Ecuador es lo que el presidente Rafael Correa siempre quiso durante su Presidencia: el desmantelamiento de los medios privados e independientes y la neutralización de la crítica a su gobierno.

Ecuador se convierte en otro país donde la libertad de prensa y de expresión queda totalmente manipulada, donde la arrogancia de los políticos le dan viso de legalidad a lo ilícito, donde hacen ver que lo malo es bueno, que el disenso es pecado, que la expresión y el derecho a la expresión es contrario a lo establecido como principios esenciales para los derechos humanos y para la democracia.

Varios son los componentes de la ley que establecen la censura. Por un lado, las trabas a la crítica en forma directa con lo que la ley denomina “linchamiento mediático”, es decir que la crítica o su exageración podrá ser considerada un delito, algo muy peligroso en un país donde el presidente Correa está acostumbrado a perseguir la crítica mediante acciones judiciales y, además, donde acusa a la prensa de ser corrupta y mercantilista por el solo hecho de informar, denunciar u opinar sobre corrupción.

La ley crea además un ente regulador de los contenidos de los medios a través de un órgano establecido por miembros del gobierno, por lo que es evidente que quitarán la esencia más importante de la expresión: la libertad.

Pero tal vez lo más pernicioso es que la ley establece cupos para la creación de medios o para entregar las licencias de operación. Especifica que el 33% de los medios serán públicos, otro 33% comunitarios y el resto se otorgarán a medios privados, desnaturalizando así el significado de la libertad de prensa en una democracia, poniéndola al servicio del Estado, en este caso del gobierno.

Los medios privados son los únicos que permiten que haya verdadera libertad de prensa en una democracia. El Estado, si así fuera, no necesita 33% por ciento de medios públicos, de por sí una exageración y una exaltación inapropiada del gobierno, que todo lo reduce a propaganda, no a información. Con el peligro, además, de que podrá otorgar el 33% de medios comunitarios solo a aquellas asociaciones o personas que comulguen con el gobierno.

Esta ley es una intromisión moralmente indebida en la libertad de prensa.  

Chávez el censor. Su legado

Da lo mismo, ya sea desde su lecho o por su voluntad, los chavistas más rojos del régimen, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, invocan las enseñanzas de su líder para censurar a los medios de comunicación y a cualquier ciudadano u opositor que critique al gobierno o que trate de hablar de un tema de interés público como es su convalecencia.

Muy al estilo de las autoridades chinas que esta semana declararon que la censura es oficial y que los medios responden al criterio editorial del partido, en Venezuela, por obra y gracia de Cabello, el órgano que rige las comunicaciones, Conatel, prohibió a la cadena Globovisión. La televisora no puede seguir difundiendo videos en los que Chávez, antes de partir hacia La Habana, decía lo que el chavismo debía hacer. Todo lo contrario de lo que orquestó Maduro con los hermanos Castro desde La Habana y con el aval de un Supremo Tribunal de Justicia sometido o aliado al poder político.

La censura contra Globovisión se disfrazó de apología a los disturbios y de intolerancia política, los mismos criterios que Chávez vino utilizando desde 1999 para atacar a la oposición y hacer de Venezuela, una republiqueta cada vez más parecida a la Cuba de las libertades individuales y sociales coartadas. La censura en Venezuela es legal.

Esta censura no sorprende. El régimen y sus acólitos que siempre critican a los monopolios internacionales, no han hecho otra cosa que instaurar un gran ensamblaje de medios gubernamentales, propagandísticos o someter mediante leyes y extorsiones a los independientes. Desde hace rato que Globovisión tiene las horas contadas; terminará algún día con la misma suerte que RCTV, más de 50 emisoras, periódicos y sitios de internet que han sido cerrados por criticar al régimen, acusados de golpistas y pendencieros.

En Venezuela los medios y periodistas que idolatran a Chávez sobreviven, lo que critican al régimen son perseguidos. Chávez ha dado siempre órdenes expresas en ese sentido, ya sea mediante amenazas directas, promulgando leyes mordazas o decretando el cierre de medios. La censura y la intolerancia, violaciones expresas a los derechos humanos, son y serán parte de su legado histórico.    

SIP: Ataques a la libertad

La Sociedad Interamericana de Prensa arrancó su reunión semestral en Sao Paulo, la primera en 20 años de cuarenta que me pierdo. Y lo hace con la misma fuerza de siempre denunciando los ataques a los periodistas, a la prensa y a la ciudadanía general que sufren de gobiernos, del sector privado o de grupos ilícitos y en cada país de las Américas.

En la reunión de mañana domingo cuando se debatan los informes país por país, tres temas serán los que más llamarán la atención. La violencia contra los periodistas y medios que ya se cobró más de una docena de asesinatos en lo que va de  2012, la censura a través de las legislaciones tanto por la falta o irrespeto de leyes al acceso a la información pública como el impulso de leyes de medios y, también importante, la cantidad de medios que algunos gobiernos han creado en estos últimos tiempos a los que usan no como medios públicos sino como gubernamentales para difundir propaganda partidaria.

En el caso de la violencia los países que recibirán mayor atención son México, Honduras, Brasil, Ecuador, República Dominicana y Panamá.

En materia de incumplimiento con pautas sobre gobiernos abiertos, transparentes y restricciones al acceso a la información pública, la lista es más larga: Argentina, Canadá, El Salvador, Ecuador, Haití, Nicaragua, Panamá, Venezuela. Respecto a países con leyes en contra de medios o que buscan establecer estos mecanismos: Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela.

Respecto a los países cuyos gobiernos han creado medios gubernamentales y de propaganda: Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. 

Induciendo autocensura digital

Los macabros narcotraficantes mexicanos se han propuesto lograr en las redes sociales de su país, lo mismo que ya han conseguido en los medios de comunicación tradicionales: autocensura.

Con el asesinato de dos jóvenes twiteros y de una periodista profesional que los delataba en las redes sociales, extendieron su mensaje de violencia y venganza contra quien se atreva revelar sus crímenes en el internet.

Las consecuencias fueron espeluznantes. Los cuerpos de los jóvenes fueron colgados de un puente y el de María Macías fue decapitado y exhibido en una plaza. Sobre una cartulina apuñalada a su cadáver, el firmante cartel de los Zeta sentenciaba sarcásticamente: “Soy Nena Laredo y estoy aquí por mis reportes y los suyos”, en referencia al seudónimo con el que la periodista denunciaba a los narcotraficantes en el sitio Nuevo Laredo en Vivo y en las redes sociales, actos que no se atrevía ni podía revelar en el periódico que dirigía.

Los narcotraficantes son conscientes que los más de 2.5 millones de usuarios de Twitter en México son sus potenciales delatores, pero también que su violencia sin límites es efectiva. En la zona fronteriza con Estados Unidos ya probaron a fuerza de decapitaciones y violencia extrema, que los periodistas, periódicos, radios y televisoras prefieren el silencio a la confrontación. La prensa aprendió la lección con decenas de periodistas asesinados, desaparecidos y docenas de atentados contra medios. Desde hace unos años, debido a la ineficacia gubernamental para combatir al crimen organizado y la impunidad, la prensa ya no se ruboriza cuando admite que recula ante el crimen organizado, que se autocensura, no investiga y solo publica comunicados oficiales.

Pero ahora, el crimen de María Macías ha hecho que muchos usuarios de redes sociales aprendan a golpe y porrazo lo que los periodistas experimentan desde hace décadas: Toda información o comentario que se difunde, así sea en papel, voz o video, siempre afecta a alguien y provoca reacciones.

La violencia extrema no es la única arma para provocar autocensura. Hay grupos que utilizan el agravio y la difamación, piratean cuentas o roban identidades para amedrentar a sus víctimas. En Venezuela, en estas últimas semanas, varios opositores, humoristas y periodistas críticos al gobierno de Hugo Chávez, sufrieron el embate de un grupo anónimo de piratería cibernética.

Los ataques de estos hackers, autodenominados N33, fueron duros. Les infiltraron a los opositores sus cuentas de e-mail y Twitter, les bloquearon el acceso y, asumiendo su identidad, enviaron insultos a sus más de quinientos mil destinatarios y seguidores. Lo que más molestó del escarnio público, es que el comunicado de N33 fue propalado por programas de televisión oficiales, en los que se hizo apología del delito, justificando las represalias contra quienes no están alineados al oficialismo. “Sepan, irresponsables dirigentes opositores, que los estamos observando. Todos son objetivos”, sentenciaba el comunicado.

El caso es más grave aún, si se considera el anonimato de los ataques e insultos. Ante la falta de una entidad contra quien pelear o demandar ante la justicia, las víctimas se sienten impotentes y vulnerables. Quizás no tanto en este caso porque los atacados eran personas públicas y con trayectoria, pero cuando las agresiones se perpetran contra usuarios menos reconocidos, este tipo de amedrentamiento siempre desemboca en autocensura. Esta táctica es bien conocida por el chavismo, el kirchnerismo y el raulismo cubano, en cuyos aparatos de propaganda, los ciber militantes se entrenan en estrategias de ataques contra blogueros y usuarios críticos.

Los gobiernos también tienen sus pesadillas. El grupo de ciber activistas Anonymous viene amenazando a Hugo Chávez con implementar la operación de hackeo “tormenta de papel” y a Rafael Correa con “cóndor libre”, por sus incontables ataques a la libertad de expresión.

Pero como el fin no justifica los medios; mejor desconfiar de Anonymous u otros grupos de hackers que se esconden detrás de máscaras o capuchas. En su búsqueda de justicia por manos propias, terminan cometiendo mayores abusos que los que dicen combatir. Al final permiten que los gobiernos justifiquen restricciones al internet, induciendo así, otra fuente de autocensura para los usuarios.

Embajador debería ser censurado, por…

El embajador estadounidense en China, John Huntsman, es censurado en el internet por el gobierno chino, en represalia por haberse mostrado en un video de YouTube en una calle céntrica de Pekín, el domingo pasado, adonde acudió como parte de una protesta pública que organizadores desconocidos convocaron en la web.

China, uno de los países donde más censura existe y donde Facebook y Twitter no son permitidos y Google tiene límites, ya estaba bloqueando desde la semana pasada toda noticia sobre la canciller Hillary Cinton, desde que anunció que EEUU estaría invirtiendo 25 millones de dólares para apoyar a blogueros y cibernautas víctimas de censura en varios países del mundo.

No se sabe a ciencia cierta quienes o quien convocó virtualmente a la llamada ``revolución china de los jazmines'', la que se suma a la convocada por la web de derechos humanos Boxun, que pide a los chinos que salgan a dar un paseo a las dos de la tarde cada domingo en 13 ciudades del país. Las evidencias indican que, entre el presupuesto de los 25 millones y la presencia del embajador, EEUU podría estar detrás de incentivar a los chinos para que emulen los alzamientos en Libia, Egipto, Túnez y los demás países árabes.

Si fuera así, se trataría de un hecho lamentable. Las protestas en el mundo árabe se han registrado por motu proprio, y el gobierno estadounidense no debería meterse ni siquiera aparentar de meterse, para que los gobiernos luego no tengan la excusa de reprimir por las injerencias del imperio, como suele ocurrir.

Lo mejor que ha sucedido hasta ahora, es que son los propios ciudadanos de esos países con la ayuda de las nuevas tecnologías y las redes sociales, que les han servido de medios e instrumentos, los que han incentivado las revoluciones debido a la falta de libertad, corrupción y altos índices de desempleo y opresión.

El gobierno estadounidense debería guardar una actitud pasiva con los pobladores y seguir presionando a los gobiernos, como al de Libia, para que dejen de lado las matanzas. Debe limitarse a eso y evitar las fantochadas como las del embajador Huntsman, que parece que busca publicidad para posicionarse en la escalera electoral.  

Una cosa es apoyar a cibernautas y blogueros y otra es participar directamente en las protestas. El gobierno estadunidense debería censurar esta falta de diplomacia del gobernador.

Google neutraliza la censura egipcia

A pesar del corte y gran censura que el todavía presidente egipcio, Hosni Mubarak, impuso al internet, Google se las ingenió para ir más allá de sus servicios, al haber habilitado tres números de teléfono para que los mensajes de texto se conviertan en tweets y así burlar el bloqueo a Twitter y otras redes sociales.

Esta es la forma que Google contrarrestó el anuncio del gobierno egipcio de que para la marcha multitudinaria de hoy nuevamente enfocaría los cañones en contra de la telefonía móvil y el internet. Marcando los números +97316199855, +16504194196 y +390662207294, los egipcios podrán dejar un mensaje de voz que se transformará en mensajes de 140 caracteres en Twitter  que aparecerán bajo la clave #egypt. Marcando esos números también se puede escuchar esos mensajes.

Google contribuye así con un novedoso y concreto instrumento para neutralizar la la censura.

Venezuela: ahora censura fotografías

Una vez más se comprobó la veracidad del dicho que reza que "una foto vale más que mil palabras", al menos para el gobierno venezolano, que a partir de hoy, dictó una de las medidas más fuertes y ridículas de censura a través de un tribunal, prohibiendo a los periódicos de ese país una medida que lo asemeja a un país talibán: "deben abstenerse de realizar publicaciones de imágenes violentas, sangrientas, grotescas, bien sea de sucesos o no, que de una forma u otra vulneren la integridad psíquica y moral de los niños".

El fallo judicial se produjo en reacción y represalia a una fotografía que publicó el viernes pasado el diario caraqueño El Nacional sobre cadáveres apilados en camillas en una morgue, con la cual se ilustró una nota sobre el deplorable estado de la inseguridad ciudadana. El tema ya venía levantando presión la semana pasada entre el gobierno y los medios, a raíz de la emisión del documental "Los Guardianes de Chávez" por parte de CNN en Español, referente al tema de la inseguridad.

Pero más allá de la polémica, lo que sucedió este martes fue pura censura política y una falta total de comprensión sobre el papel de los medios en una sociedad democrática. No solo están destinados a informar, educar, orientar, sino también a crear polémicas, debates, opinión y desafiar a la sociedad y al gobierno para que puedan establecerse los correctivos adecuados.

Pero las medidas ya se venían venir. El mismo viernes ya se amanazó a El Nacional con medidas judiciales, con las argucias no de fondo, sino de forma, de que la fotografía era trucada o tomada en 2006; lo que los directores del periódico explicaron que se trataba de una foto usada como ilustración sobre el estado de las morgues y de la inseguridad, y que había sido tomada en diciembre del año pasado.

La censura vino envasada en un fallo que plantea una "acción de protección" que tendrá "un lapso de un mes contado a partir de la presente decisión". Otra sentencia no general sino particular contra El Nacional le prohibe "la publicación de imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas que aticen contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y decesos".

La acusación contra el periódico, que incluye una multa del dos por ciento de los ingresos brutos por violación a la ley de la minoridad, se originó en dos fiscales ante la solicitud del grupo oficialista Frente de Estudiantes Contra la Privatización de la Universidad Central de Venezuela, el que pidió la investigación tras la publicación de la fotografía. El grupo planteó que la foto "vulnera el derecho a la integridad moral y psíquica de los niños, niñas y adolescentes, así como a recibir información adecuada a su formación integral", según un comunicado de la Fiscalía sobre el que informa el diario El Nuevo Herald de Miami.

Lo particular de este episodio fue que en solidaridad y en señal de protesta - como sucedió con los periódicos de toda Escandinavia que publicaron las caricaruras del profeta Mahoma con un turbante con bombas después de la amenaza de musulmanes radicales contra el diario danés que publicó originalmente los dibujos - el diario Tal Cual, así como otros periódicos del interior del país, publicaron la fotografía y más información sobre los graves problemas de inseguridad.

Esto comprueba que el dicho "una imagen vale más que mil palabras" no siempre es cierto, a veces el no poder publicar una imagen equivale a que se multipliquen las palabras. Justo el efecto negativo que el gobierno quería evitar. La censura siempre terminada burlada.

El director de El Nacional, Miguel Henrique Otero, dijo que el diario no dejará de seguir informando lo que debe informar y que se trata obviamente de una medida política del gobierno en represalia por los informes críticos sobre la inseguridad ciudadana.

Chávez oficializa la censura

Hugo Chávez oficializó la censura en Venezuela, con un reciente decreto presidencial por el cual creó el Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA), un organismo que estará encargado de “recopilar, procesar, analizar e integrar” informaciones de interés nacional provenientes del Estado y la sociedad.

Es decir, continuará, pero ahora oficialmente, centralizando la información, posición contraria a la tendencia generalizada en Latinoamérica de países que están promulgando leyes sobre acceso a la información pública, lo que obliga a los estados a ser más transparentes y compartir la información que administran pero que no les pertenece.

De esta forma, este nuevo instrumento será el que tendrá el poder de “declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualquier información, hecho o circunstancia”. Lo que obviamente, por la experiencia de lo que viene demostrando el chavismo, de no dar información pero sí hacer propaganda, no es difícil imaginar que este será un órgano dedicado a establecer la censura de lo que el régimen no quiere compartir.

Una ley de acceso a la información pública no solo obliga al Estado a ofrecer lo que no es suyo, sino que además permite que los funcionarios que niegan la información sean castigados, asegurando de esa forma que sea un instrumento de servicio al pueblo y no de protección de los funcionario.

Esta es otra vuelta de tuerca de un régimen que se sigue consolidando como autoritario.

Chávez y sus costumbres

No hay nada que Hugo Chávez deje librado al azar. No quiere que nada se mueva o se diga sin su consentimiento. Nuevamente asestó un duro golpe al derecho a la libre expresión, aunque como siempre, justificando que todos deben cumplir con la ley.

El lunes por la noche fue detenido el líder opositor Oswaldo Alvarez Paz por el “delito de opinión”, lo que demuestra y es una evidencia más de que el régimen chavista SI persigue a sus opositores. El ex candidato presidencial y ex gobernador del estado de Zulia fue acusado de conspirar, instigar a delinquir y difundir información falsa.

De ser juzgado, estas acusaciones pueden costarle al ex candidato entre dos y 16 años de cárcel, según el Código Penal, a lo que naturalmente se le irán sumando otros delitos conexos que ampliarán la cantidad de años para amedrentamiento de los demás opositores al gobierno.

Las declaraciones que le costaron a Alvarez Paz su detención las hizo en el programa Aló Ciudadano de Globovisión, al opinar que el gobierno de Hugo Chávez facilita el narcotráfico y sobre las relaciones entre las FARC y la ETA, un tema de amplia difusión en el país después de que fueran reveladas acusaciones por parte de la justicia española.

Venezuela es uno de los pocos países del mundo que lejos de seguir la tendencia internacional de eliminar el delito de desacato de su Código Penal, lo ha fortalecido, creando un escudo protector y de privilegio para el Presidente y otras altas autoridades, quienes así se autoproclaman con privilegios y protecciones especiales por arriba de cualquier ciudadano venezolano.

Esta discriminación en contra de las opiniones, también la viene sufriendo Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, después de sus opiniones vertidas en la reciente reunión de la SIP en Aruba. Los legisladores ya han expresado, mediante acordada, estudiar qué delito habría cometido Zuloaga para buscar las sanciones más apropiadas.

Es evidente que esta nueva medida configura el manto de silencio que Chávez quiere en su país para poder reinar a su antojo.

Irán: conociendo a una dictadura

Poco se sabía del Irán moderno, excepto por sus broncas con Estados Unidos, por el armamentismo nuclear que podría desencadenar en contra de Israel y por las simpatías que a diario le prodiga al presidente iraní Hugo Chávez, quien hasta fabrica autos y bicicletas iraní-venezolanos para sus compatriotas.
Pero la historia ha cambiado. Con las elecciones fraudulentas del 12 de junio, quedó en evidencia que Irán es un régimen despótico y dictatorial, el que hoy, justamente, después de que ayer se admitió que hubo tres millones de votos adicionales al padrón electoral para el presidente actual y reelecto Mahmoud Ahmadinejad – quien ha negado que el holocausto judío haya existido - el Consejo de los Guardianes, principal organismo electoral, anunció que no hubo fraude, descartando la posibilidad de anular los resultados y que el reelecto mandatario asumirá pronto en una ceremonia oficial.
Ya nada sorprende en Irán si no se considera fraude a tres millones de votos que aparecieron por arte de magia o por mandato de los ayatolás. El régimen es un recordatorio de cómo las dictaduras se perpetúan por la fuerza o disfrazando procesos. Mientras la pelea sigue en el orden político interno, la dictadura le sigue endilgando a los gobiernos extranjeros, en especial a Estados Unidos y a los europeos, que hayan nutrido a la oposición, contagiándola para realizar marchas y protestas por el fraude.
Más allá de que hubiera habido algún tipo de injerencia, lo que por ejemplo Barack Obama desmintió hoy categóricamente, lo cierto es que los propios iraníes se sintieron motivados para buscar espacios de libertad y hacer valer su derecho de reunión. Aún así, esta experiencia iraní dejó entrever todos los mecanismos utilizados por la dictadura para censurar, restringir y bloquear a quienes piensan diferente o quieren exteriorizar sus sentimientos.
El régimen, así como lo hace comúnmente el gobierno dictatorial de La Habana, está acostumbrado a censurar a los periodistas ya sean sus connacionales o corresponsales extranjeros. Se estima que ya han sido arrestados 24 periodistas en la última semana, muchos han sido expulsados o se les ha negado la visa de estadía o no se les renovó y a todos los que quedaron se les prohíbe cubrir las marchas anti gubernamentales y circular libremente. Muchas agencias internacionales en sus despachos explican que están siendo monitoreados, que solo pueden enviar un despacho al día y, en el extranjero, la mayoría utiliza imágenes y textos enviados por teléfonos celulares por los propios ciudadanos iraníes.
El gobierno, a pesar de que vive infiltrando páginas y portales de internet y filtrando los contenidos, no puede contener toda la información que los usuarios despachan y cargan a sus páginas personales o a través de Facebook, Twitter y YouTube.
Lo más triste de esta historia, es que el gobierno, para poder realizar estos filtrados y bloqueos, utiliza las herramientas que le han provisto con anterioridad buscadores como los estadounidenses Yahoo, Google, Microsoft y otras compañías telefónicas extranjeras como la alemana Siemens y la finlandesa Nokia.
Irán, desde hace años, tiene uno de los sistemas de control más sofisticados en existencia del mundo, permitiéndole revisar contenidos en forma individual y masiva, no solo para filtrar y controlar información, sino también para modificar y desinformar.
Se hace necesario una revisión de las normas comerciales de todas las grandes compañías mundiales de internet, ya que si bien están proveyendo al mundo entero de las normas necesarias para que las denuncias emerjan y fluyan, también es verdad que son responsables de apadrinar a regímenes despóticos como los de China, Irán, Túnez, Cuba, Vietnam, para que puedan censurar, reprimir y encarcelar a sus ciudadanos.
Este sistema sofisticado les ha permitido a las autoridades iraníes detener a unas 475 disidentes de acuerdo a información recabada de diferentes agencias noticiosas, sin embargo, algunos indican que esa cifra ya debe ser cercana a 5.000.
El gobierno también acusa a la prensa extranjera de apología del delito y de instigar hasta incluso de entrenar a hackers, como a la CNN, para que interfiera en sus sitios de internet. Este martes, por ejemplo, la televisión estatal iraní presentó a supuestos manifestantes arrestados, quienes confesaron ante las cámaras que actuaban influenciados y motivados por la BBC y el canal estadounidense la Voz de América.

Sandinistas y chavistas

El gobernante Frente Sandinista nicaragüense sigue a pie juntilla las maniobras del chavismo venezolano, tornándose cada vez más agresivo e intolerante contra quienes desafíen sus postulados, así sean sus propios partidarios, ex revolucionarios, liberales, opositores o periodistas.
“Así en Nicaragua como en Venezuela” parece ser la plegaria del presidente Daniel Ortega quien espejándose en el proyecto de Hugo Chávez, cada día más se aleja del sandinismo para conformar un proyecto de culto personal. El “danielismo” se percibe a la luz y en las sobras, tanto en cartelones desperdigados por Managua con el lema “Cumplirle al pueblo es cumplirle a Dios”, como en pactos políticos para esconder fraudes y cobijar corruptos.
Pareciera que todo tuviera que hacerse a gusto o a semejanza de Ortega y su omnipresente esposa Rosario Murillo, de ahí que el cura y ex líder sandinista, Ernesto Cardenal, ahora acosado judicialmente, confesara a una delegación de la SIP que “estamos frente a una dictadura familiar”.
Ortega no solo depende del maná de Chávez sino también aprende de sus tácticas legales y judiciales para disfrazar arrebatos antidemocráticos. Se nutre con estrategias para controlar el poder, desconociendo la independencia de las instituciones, manipula a los órganos judicial y electoral, neutraliza al legislativo y a los partidos políticos, somete a la policía y presiona a la prensa.
Ese control le permitió disimular el fraude en las elecciones municipales de noviembre a expensas del candidato liberal Eduardo Montealegre y otros alcaldes opositores, así como pactar la liberación del corrupto ex presidente Arnoldo Alemán, a favor de conseguir de los diputados “arnoldistas” la reelección presidencial tras una reforma constitucional en ciernes.
Más allá de los poderes públicos, el gobierno utiliza muy bien la agitación y propaganda para profundizar la polarización, logrando que todos deban definirse, a favor o en contra, oligarcas o pobres, imperialistas o “danielistas”. De esa forma capta adeptos, aunque a quienes no consigue persuadir, los neutraliza con violencia. Así como Chávez creó sus turbas y Néstor Kirchner a sus piqueteros, Ortega resucitó fuerzas de choque estilo cubano de su pasada revolución, los Comité del Poder Ciudadano, desconociendo a la policía, generando miedo y desbaratando a opositores con insultos y golpes, coartando así libertades de movilización y asociación.
Esta política de amedrentamiento también es utilizada para castigar a periodistas y dirigentes de ongs., aunque contra éstos prefiere motivar la autocensura con métodos legales y acoso judicial. En un paralelismo con el chavismo que arremetió contra la ong Súmate por malversar fondos provenientes del “imperialismo”, el periodista Carlos Fernando Chamorro y su ong CINCO fueron víctimas de un proceso criminal por un inexistente lavado de dinero de donaciones de gobiernos europeos para proyectos de comunicación, aunque el fin era desprestigiarlo y amordazarlo.
Ortega es alérgico al diálogo y al debate, por eso se niega a dar conferencias de prensa y, como Chávez, prefiere “comunicar al pueblo” a través de actos públicos. La ley de acceso a la información pública en vigencia es opacada por una cultura del secretismo y los medios independientes son castigados con la quita de publicidad oficial, presionados con leyes que elevarían impuestos y discriminados con permisos y licencias.
El gobierno tiene influencia en varios canales y emisoras en los que se despide a comentaristas polémicos o se premia a los dóciles, y ha creado con fondos estatales una red mediática que utiliza como propios, entre los que se cuenta a Canal 4 y al periódico El 19, para difundir propaganda y difamar a detractores al mejor estilo de la “prensa chicha” peruana que manipulaba Montesinos.
Muchos auguran que el futuro es sombrío a pesar de que en las últimas semanas Ortega ha morigerado su discurso como táctica para no seguir ahuyentando la ayuda económica que redujeron EE.UU. y países europeos, desilusionados por la represión general, el ataque a las ongs y el fraude electoral.
Sin embargo, aunque la crisis económica se profundizará por la merma de los subsidios venezolanos tras la caída del petróleo, nadie confía en que Ortega desvíe su atención hacia la economía. Su ambición es todo el poder, controlarlo, así en su tierra como en su cielo venezolano.

Censura en Argentina

Como ocurre en forma ciclotímica en Argentina, el gobierno se las ingenia para censurar a los periodistas – en realidad al público en general – cortando de raíz a todo periodista que en forma independiente intente criticarlo y fiscalizarlo.

El método que emplea el gobierno argentino es bien sutil pero burdo a la vez. No hace las cosas en forma directa como Hugo Chávez, por ejemplo, que públicamente desafía o amenaza a periodistas y medios. Lo hace en una forma más solapada: trata de quedarse con el medio, comprarlo literalmente, y a partir de allí convierte a ese medio en una simple caja de resonancia de noticias insípidas e inofensivas.

La última muestra de intolerancia fue la compra de parte de la Radio del Plata por parte de la compañía Electroingeniería, muy allegada al gobierno, y a través de nuevas directivas canceló el contrato que tenía hasta fines de año uno de los periodistas más creíbles y críticos del gobierno argentino, Nelson Castro.

Muerto el perro, acabada la rabia dice el viejo adagio, y así el gobierno se deshace de los críticos más acérrimos. También utiliza la publicidad oficial para callar a los medios que no pueden controlar, como a varios periódicos, entre ellos La Nación y Perfil.

Castro corrió la misma suerte que Víctor Hugo Morales otro periodista a quien súbitamente le cancelaron un contrato y a Pepe Eliaschev, aunque este último caso fue aún peor, porque trabajaba para radio Nacional, emisora del Estado, que se supone que debe ser utilizada como un órgano de todos los argentinos y para lo cual su contenido debe estar basado en la pluralidad y diversidad de los puntos de vista de sus comentaristas y periodistas.

Desafío de blogueros

La bloguera Yoani Sánchez y cuatro otros blogueros cubanos están desafiando a las autoridades de su país, intercambiando información, a pesar de que habían sido citados y amenazados de que no podrían realizar un taller de entrenamiento conjunto.

De esta forma, los blogueros están corriendo las chances de aumentar el número de encarcelados. El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), informó que hasta este pasado 1 de diciembre 125 periodistas en el mundo permanecen encarcelados, siendo China y Cuba los países que tienen más comunicadores detrás de las rejas, junto con Burma, Eritrea y Uzbekistán, entre 29 naciones censadas.

Asimismo, lo revelador de este año del informe es que el 45 por ciento de todos los comunicadores encarcelados a nivel mundial, 56 de ellos, son blogueros y periodistas o editores que trabajan en secciones digitales de los medios o en forma independiente en el internet, sobrepasando por primera vez en la historia la cifra de periodistas de la prensa escrita encarcelados.

Los delitos más comunes utilizados contra estos periodistas, en este caso del 59%, son subversión, divulgación de secretos de Estado y actuar contra la seguridad nacional. Estos delitos en Cuba le han permitido al gobierno encarcelar decenas de periodistas, 26 de los cuales permanecen todavía en las cárceles.