La foto falsa de Chávez

Hacía rato que una publicación de una foto no despertaba tanto rechazo como el diario español El País, con su publicación en portada de una foto falsa del presidente Hugo Chávez, convaleciente e intubado.

Momentos antes de que fuera publicada el jueves y retirada horas después con las disculpas del caso, el director del El Mundo, diario de la competencia, Pedro J. Ramírez, anunció por twitter que su sala de Redacción había rechazado pagar por la misma foto y pese a que consideró su publicación sin la verificación necesaria, decidió no publicar debido a consideraciones éticas.

El diario El País dijo que abrió una investigación para deslindar responsabilidades, pero lo que no se entiende es que teniendo unos de los libros de estilo de referencia del periodismo mundial, que exigen verificación y precisión, dos valores ineludibles del buen periodismo, haya decidido publicar sin saber a ciencia cierta si se trataba o no de una foto sobre el líder venezolano. Las explicaciones de que la foto fue provista por la agencia Gtres Online – que advirtió que la foto había sido tomada por una persona siete días antes pero que ya había salido del entorno médico de Chávez y que no se podía verificar nada para no poner en riesgo a la fuente – solo puede ser excusado bajo el argumento de que quienes tomaron la decisión de El País creyeron que la fotografía ofrecía algo de luz a un tema tan oscuro.

Creo que las consideraciones éticas sobre si se debe publicar una foto de ese estilo aunque fuera verdadera y hubiera sido posible verificar su autenticidad, pueden quedar a discusión, ya que si bien podría no ser adecuado en otros casos, el hermetismo sobre la convalecencia y suerte de Chávez, un personaje público de gran relevancia en el contexto mundial, podrían justificar la publicación. Es, de todas maneras, una decisión que seguramente fue tomada a conciencia, asumiendo los riesgos que existirían.

El mayor riego es el de la credibilidad y confianza del público, no hay riesgos legales como trata de hacer ver el gobierno de Venezuela que dijo que intentará demandar al diario por el mal causado a los venezolanos y los familiares del líder. Tampoco se trata de una canallada como dijo la presidente Cristina de Kirchner, dando a entender que fue obra y gracia de un sabotaje de la prensa internacional, como si El País hubiera tenido la intención o alevosía de hacerlo a sabiendas de que la foto era falsa.

En todo caso, el mal criterio del diario – y de ahí viene la buena intención – fue remendado media hora después de su publicación después de verificar que la foto no era de Chávez ni reciente, sino una toma digital de un video en YouTube de años atrás.

Como adelanté varias veces en este blog y en mis columnas sobre el tema, la salud de un Presidente es de interés público y el gobierno tiene la responsabilidad de informar al público, no hacerlo es, además, una violación a la Constitución de Venezuela. Si el gobierno venezolano informaría con la verdad, este tipo de rumores y falsedades no tendrían por qué ocurrir.

Todo esto no exonera para nada al periodismo cuyas obligaciones van por dos andariveles: una que es ética, que tiene que ver con el por qué publicar una foto de este tipo y por qué no verificar hasta la última instancia para hacerlo. Pero, la responsabilidad más importante, es qué el periodismo tiene el deber de investigar para sacar la verdad a flote, y desde que Chávez se enfermó hace dos años atrás, el periodismo solo se ha quedado con la verdad oficial.

Venezuela: ahora censura fotografías

Una vez más se comprobó la veracidad del dicho que reza que "una foto vale más que mil palabras", al menos para el gobierno venezolano, que a partir de hoy, dictó una de las medidas más fuertes y ridículas de censura a través de un tribunal, prohibiendo a los periódicos de ese país una medida que lo asemeja a un país talibán: "deben abstenerse de realizar publicaciones de imágenes violentas, sangrientas, grotescas, bien sea de sucesos o no, que de una forma u otra vulneren la integridad psíquica y moral de los niños".

El fallo judicial se produjo en reacción y represalia a una fotografía que publicó el viernes pasado el diario caraqueño El Nacional sobre cadáveres apilados en camillas en una morgue, con la cual se ilustró una nota sobre el deplorable estado de la inseguridad ciudadana. El tema ya venía levantando presión la semana pasada entre el gobierno y los medios, a raíz de la emisión del documental "Los Guardianes de Chávez" por parte de CNN en Español, referente al tema de la inseguridad.

Pero más allá de la polémica, lo que sucedió este martes fue pura censura política y una falta total de comprensión sobre el papel de los medios en una sociedad democrática. No solo están destinados a informar, educar, orientar, sino también a crear polémicas, debates, opinión y desafiar a la sociedad y al gobierno para que puedan establecerse los correctivos adecuados.

Pero las medidas ya se venían venir. El mismo viernes ya se amanazó a El Nacional con medidas judiciales, con las argucias no de fondo, sino de forma, de que la fotografía era trucada o tomada en 2006; lo que los directores del periódico explicaron que se trataba de una foto usada como ilustración sobre el estado de las morgues y de la inseguridad, y que había sido tomada en diciembre del año pasado.

La censura vino envasada en un fallo que plantea una "acción de protección" que tendrá "un lapso de un mes contado a partir de la presente decisión". Otra sentencia no general sino particular contra El Nacional le prohibe "la publicación de imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas que aticen contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y decesos".

La acusación contra el periódico, que incluye una multa del dos por ciento de los ingresos brutos por violación a la ley de la minoridad, se originó en dos fiscales ante la solicitud del grupo oficialista Frente de Estudiantes Contra la Privatización de la Universidad Central de Venezuela, el que pidió la investigación tras la publicación de la fotografía. El grupo planteó que la foto "vulnera el derecho a la integridad moral y psíquica de los niños, niñas y adolescentes, así como a recibir información adecuada a su formación integral", según un comunicado de la Fiscalía sobre el que informa el diario El Nuevo Herald de Miami.

Lo particular de este episodio fue que en solidaridad y en señal de protesta - como sucedió con los periódicos de toda Escandinavia que publicaron las caricaruras del profeta Mahoma con un turbante con bombas después de la amenaza de musulmanes radicales contra el diario danés que publicó originalmente los dibujos - el diario Tal Cual, así como otros periódicos del interior del país, publicaron la fotografía y más información sobre los graves problemas de inseguridad.

Esto comprueba que el dicho "una imagen vale más que mil palabras" no siempre es cierto, a veces el no poder publicar una imagen equivale a que se multipliquen las palabras. Justo el efecto negativo que el gobierno quería evitar. La censura siempre terminada burlada.

El director de El Nacional, Miguel Henrique Otero, dijo que el diario no dejará de seguir informando lo que debe informar y que se trata obviamente de una medida política del gobierno en represalia por los informes críticos sobre la inseguridad ciudadana.

Fotografías malditas

“Ojos que no ven, corazón que no siente”, dice el refrán, implicando que sólo las imágenes nos dan la certeza de cómo ocurren los hechos. Las palabras, en cambio, no tienen tanta fuerza ni credibilidad.

Se dice también que “una fotografía vale más que mil palabras”, ya que lo visual nos acerca más a la realidad. De ahí, que las imágenes del desmoronamiento de las torres gemelas nos ofrecen una mejor impresión sobre el terrorismo; las de un zapato volando hacia un presidente infieren un pésimo gobierno y la foto del gol de Maradona a los ingleses evidencia que la “mano de Dios” existe.

Pero a las fotografías se las suele malinterpretar, ya que se las responsabiliza por lo que en ellas queda retratado. De ahí que despierten controversias más allá de sus protagonistas, como sucedió con el padre Alberto Cutié después que lo pescaron engolosinado con su novia en una playa de Miami; con el premier italiano Silvio Berlusconi regocijado en sus orgías de Cerdeña o con el olímpico Michael Phelps enfiestado con su pipa de marihuana.

Las polémicas son mayores cuando las imágenes originan una disputa entre dos principios de igual valor, pero opuestos. Una disyuntiva así, entre la seguridad nacional y el acceso a la información pública, tiene mareado y a maltraer al presidente Barack Obama. Hace unos días pidió a la Justicia que no obligue al Pentágono a divulgar unas fotografías de los militares carceleros torturando a prisioneros en Irak y Afganistán, bajo el argumento de que puede generar mayor opinión pública antiestadounidense, poner en peligro la vida y seguridad física de las tropas e incentivar a Al Qaeda a que reclute más terroristas.

En la otra cara de la moneda, la Asociación Americana para las Libertades Cívicas, exigiendo que se conozca la verdad, reclama la validez de un fallo judicial de setiembre de 2008 que manda desclasificar las fotos bajo la Ley de Acceso a la información Pública. En estos días deberá pronunciarse la Corte Suprema de Justicia, poco después de que Obama regrese de su periplo por países musulmanes.

Las imágenes sobre las guerras en Irak y Afganistán siempre generaron discusiones, desde las menos complicadas como las de ataúdes con cuerpos de soldados estadounidenses que fueron prohibidas a los periodistas, hasta las más conflictivas, como las que se filtraron en el 2004 desde la cárcel de Abu Ghraib exponiendo casos aberrantes de tortura. Las fotografías tildadas de malditas fueron erróneamente responsabilizadas de aquel escándalo; en realidad, las malas acciones en ellas registradas, fueron las culpables.

La posición de Obama de no divulgar, si bien no es débil legalmente – y tal vez es una de las primeras medidas que apoyan los republicanos y critican sus partidarios demócratas - es contradictoria con el compromiso moral que adoptó el primer día de su mandato. Aquel 21 de enero prometió transparencia y rendición de cuentas y, distanciándose de la cultura del secreto creada por la administración Bush, aprobó un decreto para fortalecer la Ley de Acceso; estableciendo que de existir una disputa reñida o una duda entre la secrecía por razones de seguridad nacional y la transparencia, siempre deberá prevalecer esta última.

Suprimir información para prevenir peligros potenciales como los que argumenta Obama, no es muy convincente. Probablemente la publicidad de las fotos pudiera traer algún tipo de represalia y causar un revuelo internacional, pero no difundirlas, habiendo trascendido parte de su contenido, no atempera los ánimos o hace que el delito de la tortura sea inexistente.

Por el contrario, desclasificarlas estaría más en sintonía con la imagen y confianza que debe generar un líder, dando la oportunidad al Pentágono de repudiar y no repetir esas conductas, y poder exigir a otros gobiernos que también muestren sus atrocidades. Además, permitiría a Obama ser más consecuente con su reciente discurso en el Cairo sobre que “cometimos actos contrarios a nuestras tradiciones y nuestros ideales”.

La publicación de las imágenes, por más bochornosos y nocivos que los hechos puedan ser, es la única fórmula certera de que se pueda conocer la verdad y generar los anticuerpos para combatir las violaciones. Ni la transparencia ni las fotografías son malditas; prohibirlas es lo que genera duda.