sábado, 11 de febrero de 2012

Las estupideces del ALBA


Los presidentes que conforman el ALBA jamás desaprovechan oportunidad para hacer propaganda y vociferar su odio contra Estados Unidos, desviando así la atención sobre temas más importantes.

Rafael Correa pidió a los países del ALBA boicotear la Cumbre de las Américas prevista para mediados de abril en Cartagena, Colombia, en caso de que Cuba no sea invitada, algo a lo que no solo se opone en forma tajante el gobierno estadounidense sino también los estatutos de la organización, que prohíben la participación de cualquier país que no cuenta con elecciones abiertas y multipartidarias. Pero en realidad, lo que Correa quiere hacer, en consonancia con Chávez, es desestabilizar la realización de la Cumbre en Cartagena y así dejar a la CELAC (que prohíbe la participación de USA y Canadá) al ALBA y al UNASUR como las instancias únicas de integración regional.

Ante la propuesta, la canciller colombiana fue de forma urgente esta semana a Cuba para saber cuál era la posición del castrismo, ya que en otra oportunidad se trató sólo de propaganda como cuando los mismos líderes del ALBA requirieron públicamente el reingreso de Cuba a la OEA, lo que finalmente los hermanos Castro dijeron que no les interesaba.

Esta vez como lo anterior, parece que se trata solo de una estupidez de Correa para evadir con este tema, las críticas que le lloverían a raudales por el juicio contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro El Gran Hermano que expone a su Presidencia en un caso de corrupción y nepotismo a favor de su hermano Fabricio por la contratación privilegiada de contratos por 80 millones de dólares con el gobierno ecuatoriano. Con vientos y justicia a favor, los periodistas deberán pagarle dos millones de dólares a Correa.

El pedido de Correa muestra una tremenda estupidez y de que el odio por EEUU le enceguece, a tal punto que él y los demás del ALBA están todos los días orquestando nuevas modalidades de fricción y polarización. Entre otras perlitas al respecto, esta semana Chávez aprobó un nuevo decreto para reincorporar a las fuerzas armadas a los participantes del fallido golpe de Estado que comandó en 1992.

Celebrar este golpe de Estado y condenar otros, es uno de los más grandes chistes e hipocresías que se le hayan ocurrido en sus 13 años de gobierno.

Venezolanos convencidos


Mañana será un día histórico para la oposición venezolana. Hacía años que no se veía tanto entusiasmo ante la posibilidad de que emerja un buen líder de las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática para tratar de arrebatarle el poder eternizado a Hugo Chávez.

Las mejores opciones parecen ser las de Henrique Capriles quien sigue liderando las encuestas y quien en encontró en la alianza con Leopoldo López un mayor reputen de sus preferencias. Lo importante, de todas maneras, será que quien resulte ganador tenga el empuje de todo el resto de los contrincantes, porque Chávez está demasiado atornillado al poder.

Lo que no me gustó hasta ahora de los debates, fue que la mayoría usó un discurso muy preparado y poco espontáneo, casi como leyendo un libreto. Recuerdo algunas entrevistas como la de Leopoldo López y María Corina Machado con CNN en las que no escuchaban las preguntas y repetían como disco rayado un discurso cargado de propaganda anti chavista pero sin propuestas convincentes.

Así como los republicanos en EE.UU. para poder vencer a Barack Obama, los opositores venezolanos tendrán que lidiar con un Chávez que más que una billetera enorme para gastar en propaganda, obras de último momento y promesas de más educación, salud y subsidios para una gran franja de venezolanos, tendrán que lidiar con la excelente conexión que el presidente venezolano tiene con las clases menos pudientes.  

Dime con quién andas

RICARDO TROTTI: Dime con quién andas - Opinión - ElNuevoHerald.com

jueves, 9 de febrero de 2012

Honduras insegura y puntos de inflexión


La ley aprobada la semana pasada por el Congreso de Honduras con el objetivo de depurar a la Policía y acabar con sus mafias internas vinculadas al crimen organizado, no fue fruto de un proceso político o de la voluntad gubernamental como pregonan los políticos.

Se debió, más bien, a una reacción de hastío ciudadano ante la inseguridad pública que se profundizó cuando policías asesinaron a dos estudiantes universitarios en octubre pasado. Desde entonces, Julieta Castellanos, madre de una de las víctimas y rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, supo aglutinar esa irritación social contra el abuso policial y la ineficiencia de las autoridades para controlarla.

Esos crímenes fueron la gota que rebalsó el vaso, el punto de quiebre. La furia ciudadana generó consenso social en contra de la inseguridad, permitiendo que el presidente Porfirio Lobo pueda iniciar el proceso de depuración de la policía, sorteando las presiones de grupos de intereses que paralizaron a gobiernos anteriores.

Los sociólogos coinciden en que los puntos de quiebre o inflexión son provocados por detonantes que súbitamente motivan grandes cambios culturales. El caso más palpable es la Primavera Árabe, originada por un vendedor ambulante en Túnez que, asqueado de los policías que le exigían sobornos continuos, decidió inmolarse en una plaza pública. De inmediato, ese hecho congregó la bronca social contra la opresión y el abuso, causando una revolución ciudadana imparable a favor de cambios democráticos.

Aunque los ciudadanos reaccionan con energía ante sacudones trágicos e inesperados, no siempre este tipo de hechos, por graves que sean, provocan puntos de inflexión. En México, por ejemplo, en algún momento se pensó que las marchas por la paz y contra la inseguridad convocadas por el poeta Javier Sicilia para crear conciencia sobre la inseguridad y protestar por el asesinato de su hijo en marzo de 2011, generarían una ruptura y un cambio positivo en la lucha contra las drogas. Las marchas tuvieron amplia repercusión, pero por motivos indescifrables no generaron un quiebre en la cultura.

Por eso creo que será muy difícil que tenga efecto positivo el reclamo que esta semana hicieron Mario Vargas Llosa, Salman Rushdie, Elena Poniatowska y otros escritores famosos, al presidente Felipe Calderón para que esclarezca más de 100 crímenes contra periodistas, todavía impunes. Quizá las autoridades y la sociedad recién se movilicen cuando asesinen a un periodista de un medio importante, como sucedió en Argentina con el caso del fotógrafo José Luis Cabezas y en Brasil con el de Tim Lopes. Digo quizá, porque no sabemos qué ingredientes pueden llegar a tocar las fibras íntimas de una sociedad y provocar puntos de inflexión, como quedó demostrado con los casos de la rectora hondureña y del poeta mexicano; dos casos similares pero con resultados diferentes.

En Cuba, por ejemplo, hubo varios signos que despertaron la indignación ciudadana en años recientes, pero no fueron suficientes para provocar cambios sociales ni políticos. Casos como los del encarcelamiento de 75 disidentes en marzo de 2003 y las muertes de Orlando Zapata Tamayo en 2010 y de Wilman Villar Mendoza en días recientes por sus huelgas de hambre, hubieran estimulado cimbronazos en cualquier otro país.

Tal vez el clima generalizado de represión y la apatía internacional sean los factores de contexto que protegen al gobierno cubano de los puntos de quiebre. Esta semana la visita de la presidente brasileña Dilma Rousseff confirma la regla. Evitó solidarizarse con las víctimas de violaciones a los derechos humanos y esquivó reunirse con disidentes y las Damas de Blanco, situación que habrá que ver como asumirá el Papa Benedicto XVI en su visita de marzo próximo a la isla.

En Centroamérica, una de las regiones más violentas del mundo, tampoco resultan suficientes las incesantes cumbres presidenciales y las estrategias internacionales para reducir la inseguridad pública. Lamentablemente, lo que pareciera faltar, son hechos espontáneos que eleven el nivel de hastío y consenso social para exigir soluciones que las autoridades, como las de Honduras, no puedan evitar.

La experiencia indica que los puntos de inflexión, dolorosos muchas veces, han estimulado grandes y necesarios cambios sociales.

Obama y la natalidad


El presidente Barack Obama la tiene difícil. Los republicanos encendidos en su campaña por robarle el sillón presidencial están pegándole en un flanco débil, un decreto por el cual se limita la Primera Enmienda respecto a un decreto presidencial sobre control de la natalidad, tema sensible y que condiciona la libertad religiosa.

Aunque el tema nos retrotrae a medio siglo atrás, recobra importancia dada el origen religioso católico de Rick Santorum, quien arrasó con triunfos en las elecciones primarias republicanas de esta semana en Misuri, Minesota y Colorado, dejando por atrás a otro religioso practicante, el mormón Mitt Romney, quien también está apuntándole a Obama.

El Presidente de EE.UU. procura, según su decreto, que en toda dependencia gubernamental y no gubernamental se exija la distribución gratuita a las mujeres empleadas de píldoras anticonceptivas.

El decreto de Obama no es procedente por inconstitucional. Viola principios establecidos en la Primera Enmienda en materia religiosa en el que se establece que no podrá haber ley alguna que contravenga esa libertad de culto. Bajo este principio, organizaciones o escuelas religiosas, por ejemplo las católicas, se verían obligadas a controlar la natalidad con anticonceptivos, algo que es contrario a sus enseñanzas y conciencia.

Notoriamente, Obama tendrá que modificar sus aspiraciones, ya que desde el punto de vista constitucional – además del electoral - esta es una pelea muy fácil para perder. Se trata de dar a los republicanos un arma fácil para fastidiarlo y, en las condiciones en que se encuentra la economía, Obama no querrá mostrar otro flanco más débil aún.

miércoles, 8 de febrero de 2012

Correa sigue castigando a periodistas


Nadie puede tener dudas ya de que en Ecuador la justicia está a favor del presidente Rafael Correa y contra la libertad de prensa. Ayer en un nuevo fallo, de varios que vienen favoreciendo al Presidente, los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, coautores del libro “El Gran Hermano”, fueron sentenciados por una jueza a pagar un millón de dólares en compensación por daño moral al Presidente.

“El Gran Hermano” es un libro en el que se describe los contratos privilegiados que el Estado ecuatoriano le había otorgado al hermano mayor del Presidente, Fabricio Correa, beneficiándolo con unos 80 millones de dólares y con pleno conocimiento de Rafael Correa. El Presidente negó saber algo de los contratos sobre lo que Fabricio lo desmintió, diciendo que él sí sabía. La investigación de los periodistas se corporizó en ese libro, pero antes fue denunciada por los periodistas mientras trabajaban en el diario Expreso, como una denuncia del propio hermano del Presidente.

Como siempre y haciendo buen uso de sus dotes manipulativas, el Presidente esquivó el bulto diciendo que él no sabía nada y que por eso demandaba a los periodistas en un juicio que solicitó 10 millones de dólares en compensación; aunque en una actitud magnánima y endiosada dijo que si los periodistas se retractaban él dejaría sin efecto la demanda.

Obviamente, los periodistas no se pueden retractar de algo que no dijeron como opinión sino que recabaron como denuncia de Fabricio Correa.

La Sociedad Interamericana de Prensa reaccionó rápidamente. Dijo que se trata de un nuevo caso judicial desproporcional en materia de indemnización por el que se trata de infundir autocensura en todos los periodistas. Agregó que implica un golpe al periodismo investigativo y al deber que le asiste al gobierno de que debe rendir cuentas y ser transparente.

La SIP también argumentó, a través de su presidente Milton Coleman, respeto a principios de la jurisprudencia interamericana sobre que los funcionarios públicos deben estar más expuestos a las críticas y a que el fallo desconoció el criterio de la real malicia o la comprobación de que el demandado tuvo intención expresa de causar un daño. También se argumentó que las medidas civiles de responsabilidad ulterior pueden también configurar censura indirecta con un carácter de mayor inhibición que las responsabilidades penales (Corte Interamericana de Derechos Humanos del 29 de noviembre de 2011, “Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina).

La SIP recordó la declaración conjunta de 2000 entre el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la OSCE sobre Libertad de los Medios y el Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión, respecto a las indemnizaciones: “Las sanciones civiles por difamación no deben ser de tales proporciones que susciten un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión, y deben ser diseñadas de modo de restablecer la reputación dañada, y no de indemnizar al demandante o castigar al demandado; en especial, las sanciones pecuniarias deben ser estrictamente proporcionales a los daños reales causados, y la ley debe dar prioridad a la utilización de una gama de reparaciones no pecuniarias”.