El presidente de Honduras Porfirio Lobo se está encuadrando en la fila
de presidentes latinoamericanos, como el uruguayo José Mujica, que en los
últimos tiempos está arremetiendo contra los medios de comunicación y
periodistas, como un mecanismo de defensa para evadir los problemas del país
que son de su responsabilidad.
Más allá de sus encendidas acusaciones contra medios y propietarios y
amenazas de que en Honduras se necesita una “democratización” de la
comunicación, Lobo viene insistiendo últimamente que las “malas” noticias y las
de carácter sangriento solo sirven al interés comercial de los medios, mientras
le hacen mala publicidad al país espantando inversiones extranjeras y al turismo
internacional.
Como sucedió en Uruguay, también en Ecuador, Bolivia, Venezuela y en
parte en Argentina, Lobo ha enfocado sus ataques sobre el contenido de
violencia en los medios, pero con el fin último de justificar algún tipo de ley
de prensa para disciplinar a aquellos que no acuerdan con el gobierno algún
tipo de conducta periodística conveniente.
Al ojo del ciudadano promedio, la estrategia funciona. El gobierno
acusa a los medios de generar un clima de violencia que perjudica los altos
intereses del país y desvía la atención sobre el problema de la inseguridad
pública, la corrupción general y policial, la debilidad de la justicia y de las
instituciones del Estado, acciones todas que caben bajo su órbita de
responsabilidad.
Pero lo que en realidad se pierde de vista es el peligroso fin del
gobierno para censurar todo aquello que le perjudique o señale sus
irresponsabilidades y negligencias.
No es verdad que haya arreglos entre gobiernos y medios sobre el tema
de la violencia, sí en cambio que en algunos casos gobiernos y medios se
sientan a la mesa para generar mecanismos de autorregulación, nunca para tapar
noticias, sino para cambiar la forma de presentación. Aún en ese tipo de
escenarios, el problema es que muchos gobiernos, como sucedió en Venezuela y
Ecuador más recientemente, comienzan con exigir nuevos reglamentos de horarios
de protección al menor, que luego terminan justificando leyes de prensa para controlar
y censurar.
El gobierno de Mujica viene insistiendo desde que asumió la
presidencia que son los medios los que han generado el clima de inseguridad en
el país, mientras los ministros son los que exigen una ley de prensa que le
diga a los medios qué no pueden publicar, contraviniendo lo establecido en la
Constitución en materia de censura previa.
Siempre será importante que los medios de comunicación manejen rigurosos
estándares éticos para minimizar el impacto de la violencia, pero muy distinto
es cuando se quieren imponer esos mecanismos mediante leyes de prensa, que
terminan siendo mecanismos del gobierno para tapar la realidad.
