El gobierno cubano sabe que tarde o temprano Barack Obama está esperando el momento adecuado para relajar el embargo hacia la isla. Y por ello, desesperado por la falta de efectivo, está presionando al Presidente estadounidense por todos los flancos y con todos sus funcionarios y sus amigos.
Hugo Chávez salió hoy en Twitter denunciando que el embargo le “ha costado” a Cuba más de 731 mil millones a la isla, con el que justifica su pobreza y la victimización de un régimen al que considera honesto, inmaculado, ejemplar. Lo que no dice Chávez en su campaña de propaganda, que el embargo no impide ni impidió jamás a Cuba comerciar con cualquier otro país, y que el embargo se hubiese levantado si Cuba despejaba el camino a elecciones limpias y deba libertad a sus ciudadanos.
Así como Cuba es soberana para tener el régimen que quiere, EEUU – por más que yo en lo personal no estoy tan convencido de su fin – también lo es para determinar con quien o no comerciar.
En esta presión por doblarle el brazo a Obama, el gobierno cubano envió a la ONU una lista de 19 iniciativas que debería tomar el Presidente estadounidense para empezar a normalizar las relaciones entre ambos países. Por ejemplo, abrir rutas de ferrys, ampliar el número de aeropuertos autorizados para vuelos a Cuba, permitir que los estadounidenses viajen libremente a la isla y que puedan usar tarjetas de crédito para sus gastos.
La desfachatez cubana de vender su filosofía política a cambio de dólares, debería desnudarse aún más con propuestas que exijan mayores cambios políticos en la isla, más allá de los destierros producto de la liberación de presos políticos en las últimas semanas.
Debería seguir exigiéndosele a Cuba con el mismo ímpetu, que permita a los cubanos trasladarse dentro y fuera del país libremente, que permita la libertad de prensa y de expresión y la libertad de reunión y de protesta sin represalias, que libere a todos los presos políticos, y que permita elecciones libres.
Darle dinero al gobierno cubano es permitir que continúe impunemente con su sistema opresor.
viernes, 17 de septiembre de 2010
jueves, 16 de septiembre de 2010
Rafael Correa, "el periodista"
Frente a los medios de comunicación y la información existen dos estilos presidenciales en América Latina que cada día se diferencian más. Uno lo pregona el mandatario ecuatoriano Rafael Correa. El otro lo asume el presidente chileno Sebastián Piñera.
Correa comenzó a publicar el lunes pasado “Periódico Popular: El verdadero”, un medio impreso destinado a “informar la verdad” a las clases populares, con una inversión de fondos públicos de U$S 16 millones, que busca contrarrestar la ineficiencia periodística y el déficit de U$S 6 millones que tiene “El Telégrafo”, otro diario estatal bajo su administración.
Piñera, en cambio, vendió a fines de agosto Chilevisión, canal de su propiedad, líder en audiencia, ratings y rentabilidad. La transacción fue producto de una promesa de campaña electoral que también incluyó la venta de un 26 por ciento de la empresa de aviación LAN. El propósito, como lo aceptó ante el pedido de la oposición, era evitar conflictos de interés en su dualidad de Presidente y empresario.
Después de asumir el 11 de marzo, Piñera debía ceder el canal, bajo el supuesto de que ese medio podría ser beneficiado con publicidad oficial, manipular información o servirle de plataforma propagandística. Además, Chilevisión corría el riesgo de perder objetividad o de no poder fiscalizar bien a su propio patrón; lo que se le achaca todavía a “La Nación”, diario sobre el que el gobierno mantiene un 69 por ciento de propiedad.
Si bien no es ilegal ser Presidente y dueño de un medio de comunicación, la calidad institucional que Chile ha alcanzado implica cuidar las formas, ya que la democracia se construye sobre la base de hechos, pero también de ejemplos y percepciones. Así lo defendió el Senado, cuando congeló nombramientos en el Consejo Nacional de Televisión y rehusó debatir el futuro de la televisión digital, hasta tanto Piñera no se desprendiera del canal.
En Ecuador, la inconsistencia no es casual, sino premeditada. El predicar que la información es un bien público y no un derecho humano le ha permitido alegar a Correa que ésta, en manos privadas, solo persigue fines espurios y desestabilizadores, por lo que debe ser controlada por el Estado. Así se explicita en el proyecto de Ley de Comunicación que patrocina, en su alucinación sobre que los medios no deben tener fin de lucro y en las campañas de desprestigio en contra de la prensa critica, pagadas con dineros de todos los ecuatorianos.
El gobierno de Correa, con “Periódico Popular” - que no fue concebido como medio público sino para competir con la prensa - y otra veintena de medios que ha creado o confiscado, concentra la mayor cantidad de medios en el país, pecado que siempre le endilgó al periodismo al que califica de burgués e imperialista. A su doble moral la justifica argumentando que sus medios dicen la “verdad”, la que otros callan o tergiversan.
Justamente esa “verdad” es la excusa que otros presidentes como Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega, Néstor y Cristina Kirchner, han esgrimido para sancionar leyes que les permitiesen cerrar o limitar a medios críticos, crear los propios, comprar privados a través de testaferros o manejar otros a voluntad, práctica agravada si se considera el eterno uso de recursos públicos.
En una democracia, los gobiernos están restringidos a utilizar medios y recursos estatales como si fueran propios o partidarios; y están obligados a manejar los medios públicos con criterios de pluralidad y diversidad para dar cabida a todas las corrientes ciudadanas.
Los medios operados por los gobiernos sin criterio público, siempre tienden a crear competencia desleal. Sus déficits son cubiertos con fondos estatales como el caso de “El Telégrafo”, son privilegiados con publicidad oficial, no fiscalizan ni transparentan actos de gobierno y sirven de órganos de propaganda, por lo que la “verdad”, no es más que la versión oficial.
En el seminario sobre Diarios Populares que la Sociedad Interamericana de Prensa ofreció esta semana en Lima, se recordaba el nefasto uso que el ex presidente Alberto Fujimori hizo de su “verdad”, manipulando y comprando a medios propios y ajenos. Su objetivo era eternizarse en el poder, lo que en definitiva es el fin de los medios en manos del gobierno.
Correa comenzó a publicar el lunes pasado “Periódico Popular: El verdadero”, un medio impreso destinado a “informar la verdad” a las clases populares, con una inversión de fondos públicos de U$S 16 millones, que busca contrarrestar la ineficiencia periodística y el déficit de U$S 6 millones que tiene “El Telégrafo”, otro diario estatal bajo su administración.
Piñera, en cambio, vendió a fines de agosto Chilevisión, canal de su propiedad, líder en audiencia, ratings y rentabilidad. La transacción fue producto de una promesa de campaña electoral que también incluyó la venta de un 26 por ciento de la empresa de aviación LAN. El propósito, como lo aceptó ante el pedido de la oposición, era evitar conflictos de interés en su dualidad de Presidente y empresario.
Después de asumir el 11 de marzo, Piñera debía ceder el canal, bajo el supuesto de que ese medio podría ser beneficiado con publicidad oficial, manipular información o servirle de plataforma propagandística. Además, Chilevisión corría el riesgo de perder objetividad o de no poder fiscalizar bien a su propio patrón; lo que se le achaca todavía a “La Nación”, diario sobre el que el gobierno mantiene un 69 por ciento de propiedad.
Si bien no es ilegal ser Presidente y dueño de un medio de comunicación, la calidad institucional que Chile ha alcanzado implica cuidar las formas, ya que la democracia se construye sobre la base de hechos, pero también de ejemplos y percepciones. Así lo defendió el Senado, cuando congeló nombramientos en el Consejo Nacional de Televisión y rehusó debatir el futuro de la televisión digital, hasta tanto Piñera no se desprendiera del canal.
En Ecuador, la inconsistencia no es casual, sino premeditada. El predicar que la información es un bien público y no un derecho humano le ha permitido alegar a Correa que ésta, en manos privadas, solo persigue fines espurios y desestabilizadores, por lo que debe ser controlada por el Estado. Así se explicita en el proyecto de Ley de Comunicación que patrocina, en su alucinación sobre que los medios no deben tener fin de lucro y en las campañas de desprestigio en contra de la prensa critica, pagadas con dineros de todos los ecuatorianos.
El gobierno de Correa, con “Periódico Popular” - que no fue concebido como medio público sino para competir con la prensa - y otra veintena de medios que ha creado o confiscado, concentra la mayor cantidad de medios en el país, pecado que siempre le endilgó al periodismo al que califica de burgués e imperialista. A su doble moral la justifica argumentando que sus medios dicen la “verdad”, la que otros callan o tergiversan.
Justamente esa “verdad” es la excusa que otros presidentes como Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega, Néstor y Cristina Kirchner, han esgrimido para sancionar leyes que les permitiesen cerrar o limitar a medios críticos, crear los propios, comprar privados a través de testaferros o manejar otros a voluntad, práctica agravada si se considera el eterno uso de recursos públicos.
En una democracia, los gobiernos están restringidos a utilizar medios y recursos estatales como si fueran propios o partidarios; y están obligados a manejar los medios públicos con criterios de pluralidad y diversidad para dar cabida a todas las corrientes ciudadanas.
Los medios operados por los gobiernos sin criterio público, siempre tienden a crear competencia desleal. Sus déficits son cubiertos con fondos estatales como el caso de “El Telégrafo”, son privilegiados con publicidad oficial, no fiscalizan ni transparentan actos de gobierno y sirven de órganos de propaganda, por lo que la “verdad”, no es más que la versión oficial.
En el seminario sobre Diarios Populares que la Sociedad Interamericana de Prensa ofreció esta semana en Lima, se recordaba el nefasto uso que el ex presidente Alberto Fujimori hizo de su “verdad”, manipulando y comprando a medios propios y ajenos. Su objetivo era eternizarse en el poder, lo que en definitiva es el fin de los medios en manos del gobierno.
miércoles, 15 de septiembre de 2010
Chávez gritará
Las declaraciones del presidente salvadoreño en Miami, Mauricio Funes, sobre que Hugo Chávez debería alternar el poder, es obviamente un golpe bajo que el presidente venezolano no lo dejará pasar, ahora que está de lleno en la campaña política para el “referendo” del 26 de setiembre, aunque oficialmente se trata de elecciones legislativas.
Es que toda la propaganda política en Venezuela del oficialismo tiene el sesgo autoritario, de mantener la figura de Chávez como si fuera él el candidato a algo, por lo que en definitiva, nuevamente los venezolanos estarán eligiendo entre él y la oposición, casi como que la cuestión no es sobre quienes deberán ocupar los escaños en la Legislatura.
Así como está en plena campaña, Chávez no dejará pasar esta oportunidad de desviar la atención sobre problemas internos que se le critican y aprovechará a criticar a Funes, quien muy sensato; dijo lo que todo el mundo y cualquier demócrata sabe de lo importante que es para un sistema saludable, la alternancia en el poder.
Funes también dijo – en una conferencia convocada por el diario The Miami Herald – que él no es títere de Chávez, y que es un admirador del presidente brasileño Lula, lo que viene sosteniendo desde que estaba en plena campaña electoral.
Seguramente Funes será tachado de inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela.
Es que toda la propaganda política en Venezuela del oficialismo tiene el sesgo autoritario, de mantener la figura de Chávez como si fuera él el candidato a algo, por lo que en definitiva, nuevamente los venezolanos estarán eligiendo entre él y la oposición, casi como que la cuestión no es sobre quienes deberán ocupar los escaños en la Legislatura.
Así como está en plena campaña, Chávez no dejará pasar esta oportunidad de desviar la atención sobre problemas internos que se le critican y aprovechará a criticar a Funes, quien muy sensato; dijo lo que todo el mundo y cualquier demócrata sabe de lo importante que es para un sistema saludable, la alternancia en el poder.
Funes también dijo – en una conferencia convocada por el diario The Miami Herald – que él no es títere de Chávez, y que es un admirador del presidente brasileño Lula, lo que viene sosteniendo desde que estaba en plena campaña electoral.
Seguramente Funes será tachado de inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela.
martes, 14 de septiembre de 2010
Lo de Fidel era verdad
El anuncio del gobierno cubano que recortará en casi medio millón de empleos estatales e incentivará al sector privado para que absorba esa misma cantidad de empleos para fines de 2011, comprueban los dichos de Fidel Castro de la semana pasada sobre que el sistema comunista ni siquiera le había funcionado al férreo sistema político de su país impuesto desde 1959.
Fidel desdijo al periodista de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, cuando le comentó que “el modelo cubano ya ni siquiera funciona para nosotros'', argumentando que había sido malinterpretado y que lo que había querido decir, en una forma irónica, fue que el sistema capitalista es el que está muerto.
En realidad, por las nuevas medidas anunciadas, se comprueba que la ironía no parecieran ser los dichos sino las acciones, ya que ahora, después de medio siglo, se acaba de dar cuenta que el vilipendiado sistema de libre mercado es la única forma que puede resucitar a un país que jamás despegó; en el que siempre se coartaron libertades y en el que se incentivó la vagancia y la ineficiencia productiva y laboral; en el que el único autorizado a acumular capital es el Estado que controla el 95 por ciento de la actividad económica y algunos arrimados y privilegiados dentro del sistema político.
El gobierno anunció tiempo atrás que la burocracia estaba excedida en un millón de puestos de trabajo de los cinco millones de personas que trabajan para el Estado. Unas 600.000 personas forman parte de actividades privadas e independientes, dentro del área del turismo, barberías, peluquerías, taxis y en el campo, donde el gobierno alquiló tierras a unos 100.000 campesinos.
El ministro de Transporte, César Arocha, en declaraciones impensadas años atrás, declaró al semanario Trabajadores, que aumentó considerablemente la productividad en aquellas actividades ahora privadas, como entre los taxistas.
Según reportes de la agencia EFE, Arocha, dijo que “la productividad aumentó ‘55 veces’ y el nivel de ingresos por auto subió de 529 a 17,000 pesos (de $17 a $566), en una conferencia del sindicato del área, aunque el diario no precisa cuántos taxis funcionan con este sistema, que por primera vez ha permitido al chofer gestionar sus ingresos a cambio de una tasa diaria que paga al Estado”.
Lo que se desprende de estos hechos nuevos de “capitalismo morboso” es que el periodista tenía razón y de que Fidel dijo la verdad y lo que siente, que “el modelo cubano ya ni siquiera funciona para nosotros''.
No hacía falta que lo diga, pero….
Fidel desdijo al periodista de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, cuando le comentó que “el modelo cubano ya ni siquiera funciona para nosotros'', argumentando que había sido malinterpretado y que lo que había querido decir, en una forma irónica, fue que el sistema capitalista es el que está muerto.
En realidad, por las nuevas medidas anunciadas, se comprueba que la ironía no parecieran ser los dichos sino las acciones, ya que ahora, después de medio siglo, se acaba de dar cuenta que el vilipendiado sistema de libre mercado es la única forma que puede resucitar a un país que jamás despegó; en el que siempre se coartaron libertades y en el que se incentivó la vagancia y la ineficiencia productiva y laboral; en el que el único autorizado a acumular capital es el Estado que controla el 95 por ciento de la actividad económica y algunos arrimados y privilegiados dentro del sistema político.
El gobierno anunció tiempo atrás que la burocracia estaba excedida en un millón de puestos de trabajo de los cinco millones de personas que trabajan para el Estado. Unas 600.000 personas forman parte de actividades privadas e independientes, dentro del área del turismo, barberías, peluquerías, taxis y en el campo, donde el gobierno alquiló tierras a unos 100.000 campesinos.
El ministro de Transporte, César Arocha, en declaraciones impensadas años atrás, declaró al semanario Trabajadores, que aumentó considerablemente la productividad en aquellas actividades ahora privadas, como entre los taxistas.
Según reportes de la agencia EFE, Arocha, dijo que “la productividad aumentó ‘55 veces’ y el nivel de ingresos por auto subió de 529 a 17,000 pesos (de $17 a $566), en una conferencia del sindicato del área, aunque el diario no precisa cuántos taxis funcionan con este sistema, que por primera vez ha permitido al chofer gestionar sus ingresos a cambio de una tasa diaria que paga al Estado”.
Lo que se desprende de estos hechos nuevos de “capitalismo morboso” es que el periodista tenía razón y de que Fidel dijo la verdad y lo que siente, que “el modelo cubano ya ni siquiera funciona para nosotros''.
No hacía falta que lo diga, pero….
lunes, 13 de septiembre de 2010
Correa: incongruencia mediática
El presidente Rafael Correa tiene un nuevo juguete, se trata de Periódico Popular, El Verdadero, (El PP) un diario que lanzó el 6 de setiembre pasado, con lo cual se comprueba que tiene verdadera vocación de capitalista burgués; bueno es lo que al menos él critica a las personas de su país que son propietarios de un medio de comunicación.
Ahora con este nuevo diario, al que pregona que solo dirá la verdad, aunque no aclara que se trata de la “versión oficial”, es decir pura propaganda, Correa se ha transformado en el mayor magnate de los medios de comunicación de su país. El PP como se lo denomina en la jerga periodística de su país, acompaña al diario El Telégrafo que él también administra, varias televisoras que confiscó y que no dispuso en licitación como prometió y varias radioemisoras.
La suerte que tiene Correa, al contrario de otras personas que se manejan en el mundo privado, es que él puede disponer de los dineros del pueblo para crear sus propios medios y si le va mal, como en el caso de El Telégrafo, puede echar mano a los bolsillos públicos para seguir alimentando esas empresas. El Telégrafo tiene un déficit de seis millones de dólares, pero sigue sobreviviendo gracias al aporte de fondos públicos. Un empresario privado no tendría esa suerte y de no tomar riesgos y sacar un crédito, debería cerrar el medio. Así de simple.
Pero Correa no solamente que tiene el bolsillo de los ecuatorianos a su disposición, sino que puede justificar que debe poseer sus medios a pesar del déficit, porque la gente debe estar debidamente informada por medios estatales y verdaderos que contrarrestan las mentiras y la desestabilización que promueven los medios privados.
Correa es un muy inconsistente en sus pensamientos, acomodándolos para el lado que mejor le conviene. Como cualquier otra persona autoritaria, lo que pretende es no ser criticado y eternizarse en el poder.
Ahora con este nuevo diario, al que pregona que solo dirá la verdad, aunque no aclara que se trata de la “versión oficial”, es decir pura propaganda, Correa se ha transformado en el mayor magnate de los medios de comunicación de su país. El PP como se lo denomina en la jerga periodística de su país, acompaña al diario El Telégrafo que él también administra, varias televisoras que confiscó y que no dispuso en licitación como prometió y varias radioemisoras.
La suerte que tiene Correa, al contrario de otras personas que se manejan en el mundo privado, es que él puede disponer de los dineros del pueblo para crear sus propios medios y si le va mal, como en el caso de El Telégrafo, puede echar mano a los bolsillos públicos para seguir alimentando esas empresas. El Telégrafo tiene un déficit de seis millones de dólares, pero sigue sobreviviendo gracias al aporte de fondos públicos. Un empresario privado no tendría esa suerte y de no tomar riesgos y sacar un crédito, debería cerrar el medio. Así de simple.
Pero Correa no solamente que tiene el bolsillo de los ecuatorianos a su disposición, sino que puede justificar que debe poseer sus medios a pesar del déficit, porque la gente debe estar debidamente informada por medios estatales y verdaderos que contrarrestan las mentiras y la desestabilización que promueven los medios privados.
Correa es un muy inconsistente en sus pensamientos, acomodándolos para el lado que mejor le conviene. Como cualquier otra persona autoritaria, lo que pretende es no ser criticado y eternizarse en el poder.
domingo, 12 de septiembre de 2010
Libertad de prensa; Parte I
Publico en cinco posts una nota que me pidió La Voz del Interior, diario de la ciudad de Córdoba, Argentina, la que fue publicada en su edición del domingo 12 de setiembre.
A pesar de que hace 30 años que América latina recuperó la democracia, persisten problemas básicos que generan desconfianza en las instituciones y evitan el pleno desarrollo de la región: corrupción e impunidad; inseguridad y pobreza, y límites a las libertades, entre ellas, las de prensa y expresión.
El sometimiento de los poderes judiciales a los ejecutivos, congresos que negocian leyes partidarias sin el norte del bien común y una libertad de prensa que es vista como obstáculo y no como contrapeso de la gestión pública, evidencian la debilidad democrática y el autoritarismo, tal como lo revelan las encuestas sobre percepción.
También es evidente que un grupo de gobiernos populistas que emergió en la última década –desde que Hugo Chávez asumió en 1999– ha contribuido al deterioro de la libertad de prensa. Una medición reciente de la organización no gubernamental Freedom House describe cómo los estados autoritarios como Venezuela, Rusia e Irán, no sólo son más represivos, sino más influyentes en la arena internacional.
Y aunque en los últimos meses el péndulo político latinoamericano se inclina más hacia el centro y la derecha, con presidentes como Laura Chinchilla en Costa Rica, Sebastián Piñera en Chile, Porfirio Lobo en Honduras, Ricardo Martinelli en Panamá y Juan Manuel Santos en Colombia, todavía persiste una imagen deteriorada de la libertad de prensa, como si se tratara de un derecho que no es humano y que sólo refleja intereses económicos, monopólicos y desestabilizadores.
Chávez, Rafael Correa, Néstor y Cristina Kirchner, Evo Morales, Fidel y Raúl Castro, y Daniel Ortega son algunos de los mandatarios cuyos discursos reflejan esta posición. Protestan en contra del poder de la prensa, insultando y atacando a medios y periodistas, sancionando leyes restrictivas; pero, al mismo tiempo, creando un sistema gubernamental en el que la comunicación oficial se hace cada vez más hegemónica y monopólica.
El informe de Freedom House ve un retroceso en los últimos cuatro años y remarca menos libertades democráticas en Honduras, Guatemala y Nicaragua, al tiempo que descalifica como plenas democracias a Ecuador, Colombia, Bolivia y Paraguay. A Cuba, el único país no libre del hemisferio, le atribuye, junto a Bielorrusia y Myanmar, ser el más represivo del mundo en materia de libertad de prensa.
Libertad de Prensa; Parte II
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) refleja en sus informes semestrales las violaciones a la libertad de prensa, revelando que en países donde más se registran, menor es el grado de desarrollo democrático.
Abusos externos al Estado. Existen cuatro áreas bien definidas de abusos a la libertad de prensa. La violencia sigue siendo uno de los mayores escollos para el periodismo en América latina, en especial por el avance del crimen organizado, la inseguridad, la corrupción y la ineficiencia de los gobiernos para frenarla, como en México y Honduras.
En los últimos 15 años, 258 periodistas fueron asesinados; en los últimos seis, México se catapultó como el país más peligroso para ejercer el periodismo, con 65 casos entre comunicadores asesinados y desaparecidos.
Sólo en lo que va de 2010, nueve periodistas fueron asesinados en México, y ocho de 11 secuestrados permanecen desaparecidos. La violencia también arreció en Honduras, donde ocho reporteros fueron acribillados. La mayor parte de esos crímenes son cometidos por organizaciones delictivas, aunque hasta hace poco eran más los cometidos por gobiernos corruptos.
La autocensura es la medida de protección más directa de los medios ante la inacción de los estados. La impunidad o la falta de justicia sigue siendo el gran incentivo para los violentos.
Como sucedió en la Colombia de hace dos décadas, convulsionada por la violencia del narcotráfico, en México los carteles de las drogas siguen matando, haciendo desaparecer y secuestrando periodistas, pero además secuestran medios de comunicación y sus líneas editoriales, manipulándolos en forma directa a través del miedo –ya se registraron 10 atentados contra medios– o el soborno. Es común, entre los periodistas mejicanos, el dicho sobre los dos metales al que se deben enfrentar: “plomo o plata”.
Abusos externos al Estado. Existen cuatro áreas bien definidas de abusos a la libertad de prensa. La violencia sigue siendo uno de los mayores escollos para el periodismo en América latina, en especial por el avance del crimen organizado, la inseguridad, la corrupción y la ineficiencia de los gobiernos para frenarla, como en México y Honduras.
En los últimos 15 años, 258 periodistas fueron asesinados; en los últimos seis, México se catapultó como el país más peligroso para ejercer el periodismo, con 65 casos entre comunicadores asesinados y desaparecidos.
Sólo en lo que va de 2010, nueve periodistas fueron asesinados en México, y ocho de 11 secuestrados permanecen desaparecidos. La violencia también arreció en Honduras, donde ocho reporteros fueron acribillados. La mayor parte de esos crímenes son cometidos por organizaciones delictivas, aunque hasta hace poco eran más los cometidos por gobiernos corruptos.
La autocensura es la medida de protección más directa de los medios ante la inacción de los estados. La impunidad o la falta de justicia sigue siendo el gran incentivo para los violentos.
Como sucedió en la Colombia de hace dos décadas, convulsionada por la violencia del narcotráfico, en México los carteles de las drogas siguen matando, haciendo desaparecer y secuestrando periodistas, pero además secuestran medios de comunicación y sus líneas editoriales, manipulándolos en forma directa a través del miedo –ya se registraron 10 atentados contra medios– o el soborno. Es común, entre los periodistas mejicanos, el dicho sobre los dos metales al que se deben enfrentar: “plomo o plata”.
Libertad de prensa, Parte III
Muchos son los gobernantes que se jactan de que en sus países existe libertad de prensa por el solo hecho de que toleran medios críticos, pero también es cierto que la prensa independiente que alza la voz, investiga, denuncia y critica sufre serias represalias.
Abusos de los gobiernos. La “mala propaganda” que los gobiernos dicen recibir de parte de los medios “opositores” se combate con campañas de desprestigio, agravios, leyes restrictivas, discriminación de la publicidad oficial, presión fiscal, acoso judicial, negativa al acceso a información oficial, uso de prensa estatal como si fuera gubernamental y adquisición de medios privados a través de testaferros o expropiación.
En julio pasado, en un informe trimestral sobre libertad de prensa, la SIP resaltó campañas de propaganda política pagadas que fueron denunciadas por diferentes ONG nacionales en Argentina, Ecuador y Guatemala. Tanto los presidentes Cristina Fernández y Rafael Correa como Álvaro Colom promueven campañas de publicidad en las que se acusa a medios y periodistas de desestabilizar a sus gobiernos.
Esas campañas apuntan a restar credibilidad a las denuncias de corrupción en la administración pública y anular opiniones críticas.
Resultan preocupantes ciertos problemas legales y judiciales, como la aprobación de una ley de Régimen Electoral en Bolivia que sanciona a los medios por la divulgación de entrevistas y opiniones que favorezcan a los candidatos; una enmienda constitucional en Brasil que restablece la obligatoriedad del diploma en periodismo para ejercer la profesión; proyectos de ley en Perú y Colombia que establecen duras sanciones penales para quienes infrinjan normas sobre protección de la adolescencia y una reforma al Código Civil en Chile, que descarta limitaciones a las indemnizaciones a los medios por demandas de difamación.
Sin embargo, la mayor tensión sobre temas legales entre gobiernos y medios se da con las leyes de prensa. Así como en 2004 la agenda pública en Venezuela fue dominada por la Ley de Responsabilidad Social impuesta por Chávez, que terminó de convertirse en un instrumento de mayor injerencia gubernamental en los medios independientes, ahora el mismo proceso se vive en Argentina con la Ley de Servicios Audiovisuales y en Ecuador con el proyecto de ley de comunicación. Ambas, en teoría, son leyes que favorecen sistemas de comunicación más abiertos, pero en la práctica pueden terminar emulando la experiencia venezolana.
Chávez se aprovechó de esta ley para cerrar RCTV, 32 emisoras y otros cinco canales de cable, y llenó ese vacío con medios propios.
Correa expropió numerosos medios y acaba de lanzar dos periódicos propios que compiten con otros privados.
Ortega y Kirchner compran medios privados a través de testaferros y hacen expulsar a aquellos periodistas que mantienen líneas independientes al Gobierno.
Para este tipo de abusos, los gobiernos suelen aprovecharse de poderes judiciales sometidos. Chávez se las ingenia así para encarcelar a periodistas y a políticos opositores, como el ex candidato presidencial Oswaldo Álvarez o el periodista Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, cadena independiente de la que Chávez jura que tendrá el mismo destino que RCTV.
El ataque a la prensa privada más consistente es el que desató el gobierno de Cristina Fernández contra el Grupo Clarín. Periodistas, ejecutivos del diario y sus familiares son blanco permanente de agresiones en los discursos oficiales y en las redes sociales.
Pero las mayores embestidas provienen de medidas directas –tanto judiciales y políticas como económicas– como la nueva ley de medios, que es reglamentada a pesar de amparos; el cuestionamiento sobre la propiedad de Papel Prensa, de la que los diarios Clarín y La Nación son socios junto con el Estado; un proyecto de ley que busca reglamentar la producción y comercialización de papel para diarios; trabas a la distribución de diarios; caducidad de licencias para la provisión de servicios de Internet y reordenamiento de la grilla televisiva para beneficiar a medios “amigos”. Sobre esto, el presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, observó la evidente intención del Gobierno de “controlar a los medios independientes”, acciones a las que consideró que “conforman una escalada peligrosa en contra de la libertad de expresión que afecta a todos los ciudadanos”.
Otras dificultades afectan a los medios de todo el país, tales como la falta de una ley nacional que garantice el acceso a la información oficial, la cooptación de medios privados a través de empresas afines al poder, el abuso de los medios públicos para promocionar el discurso oficial y la discriminación en materia de publicidad oficial.
En este sentido, no hay censura tan solapada y abominable como el uso discriminatorio de la publicidad oficial que utilizan muchos gobiernos para castigar económicamente a los medios y periodistas que los critican o para premiar a aquellos que los favorecen.
La diputada Silvana Giudici (UCR), en una nota de opinión del 12 de agosto en La Nación, denunció que los niveles de gasto en publicidad oficial vienen aumentando de manera considerable, con 800 millones este año, para lo cual argumentó a favor de un proyecto de ley que busca imponer restricciones para que el Gobierno no pueda discriminar a los medios.
Abusos de los gobiernos. La “mala propaganda” que los gobiernos dicen recibir de parte de los medios “opositores” se combate con campañas de desprestigio, agravios, leyes restrictivas, discriminación de la publicidad oficial, presión fiscal, acoso judicial, negativa al acceso a información oficial, uso de prensa estatal como si fuera gubernamental y adquisición de medios privados a través de testaferros o expropiación.
En julio pasado, en un informe trimestral sobre libertad de prensa, la SIP resaltó campañas de propaganda política pagadas que fueron denunciadas por diferentes ONG nacionales en Argentina, Ecuador y Guatemala. Tanto los presidentes Cristina Fernández y Rafael Correa como Álvaro Colom promueven campañas de publicidad en las que se acusa a medios y periodistas de desestabilizar a sus gobiernos.
Esas campañas apuntan a restar credibilidad a las denuncias de corrupción en la administración pública y anular opiniones críticas.
Resultan preocupantes ciertos problemas legales y judiciales, como la aprobación de una ley de Régimen Electoral en Bolivia que sanciona a los medios por la divulgación de entrevistas y opiniones que favorezcan a los candidatos; una enmienda constitucional en Brasil que restablece la obligatoriedad del diploma en periodismo para ejercer la profesión; proyectos de ley en Perú y Colombia que establecen duras sanciones penales para quienes infrinjan normas sobre protección de la adolescencia y una reforma al Código Civil en Chile, que descarta limitaciones a las indemnizaciones a los medios por demandas de difamación.
Sin embargo, la mayor tensión sobre temas legales entre gobiernos y medios se da con las leyes de prensa. Así como en 2004 la agenda pública en Venezuela fue dominada por la Ley de Responsabilidad Social impuesta por Chávez, que terminó de convertirse en un instrumento de mayor injerencia gubernamental en los medios independientes, ahora el mismo proceso se vive en Argentina con la Ley de Servicios Audiovisuales y en Ecuador con el proyecto de ley de comunicación. Ambas, en teoría, son leyes que favorecen sistemas de comunicación más abiertos, pero en la práctica pueden terminar emulando la experiencia venezolana.
Chávez se aprovechó de esta ley para cerrar RCTV, 32 emisoras y otros cinco canales de cable, y llenó ese vacío con medios propios.
Correa expropió numerosos medios y acaba de lanzar dos periódicos propios que compiten con otros privados.
Ortega y Kirchner compran medios privados a través de testaferros y hacen expulsar a aquellos periodistas que mantienen líneas independientes al Gobierno.
Para este tipo de abusos, los gobiernos suelen aprovecharse de poderes judiciales sometidos. Chávez se las ingenia así para encarcelar a periodistas y a políticos opositores, como el ex candidato presidencial Oswaldo Álvarez o el periodista Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, cadena independiente de la que Chávez jura que tendrá el mismo destino que RCTV.
El ataque a la prensa privada más consistente es el que desató el gobierno de Cristina Fernández contra el Grupo Clarín. Periodistas, ejecutivos del diario y sus familiares son blanco permanente de agresiones en los discursos oficiales y en las redes sociales.
Pero las mayores embestidas provienen de medidas directas –tanto judiciales y políticas como económicas– como la nueva ley de medios, que es reglamentada a pesar de amparos; el cuestionamiento sobre la propiedad de Papel Prensa, de la que los diarios Clarín y La Nación son socios junto con el Estado; un proyecto de ley que busca reglamentar la producción y comercialización de papel para diarios; trabas a la distribución de diarios; caducidad de licencias para la provisión de servicios de Internet y reordenamiento de la grilla televisiva para beneficiar a medios “amigos”. Sobre esto, el presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, observó la evidente intención del Gobierno de “controlar a los medios independientes”, acciones a las que consideró que “conforman una escalada peligrosa en contra de la libertad de expresión que afecta a todos los ciudadanos”.
Otras dificultades afectan a los medios de todo el país, tales como la falta de una ley nacional que garantice el acceso a la información oficial, la cooptación de medios privados a través de empresas afines al poder, el abuso de los medios públicos para promocionar el discurso oficial y la discriminación en materia de publicidad oficial.
En este sentido, no hay censura tan solapada y abominable como el uso discriminatorio de la publicidad oficial que utilizan muchos gobiernos para castigar económicamente a los medios y periodistas que los critican o para premiar a aquellos que los favorecen.
La diputada Silvana Giudici (UCR), en una nota de opinión del 12 de agosto en La Nación, denunció que los niveles de gasto en publicidad oficial vienen aumentando de manera considerable, con 800 millones este año, para lo cual argumentó a favor de un proyecto de ley que busca imponer restricciones para que el Gobierno no pueda discriminar a los medios.
Libertad de prensa; Parte IV
La censura más grosera y triste en las Américas se sigue dando en Cuba, después de más de medio siglo de opresión a las libertades de expresión, de prensa, de reunión y de asociación. Lo que tampoco es menor es que aún haya presidentes latinoamericanos que, mientras en sus países y en el mundo abogan por los derechos humanos, peregrinan a La Habana para rendir pleitesía al régimen que sigue violando en forma sistemática los derechos humanos.
Cuba continúa siendo el único régimen del mundo donde se encarcela a periodistas y a quienes opinen o hablen en contra del gobierno. De los 27 periodistas independientes presos como parte del grupo de 75 disidentes encarcelados en marzo de 2003 –durante el episodio conocido como “primavera negra”– fueron liberados 17 en diferentes etapas, los últimos en un arreglo reciente entre el gobierno español, la Iglesia Católica y el régimen.
El régimen destierra a los periodistas independientes liberados, utilizándolos como moneda a cambio de concesiones económicas que el gobierno español consigue de la Unión Europea.
Abusos del propio periodismo. Como cualquier disciplina, el periodismo está compuesto por gente buena, mala o mediocre. Muchos medios no son muy responsables: exaltan la violencia, son sensacionalistas, censuran información ante compromisos económicos. Y, peor que esto, comenten el pecado de omisión. No investigan hechos importantes, por vagancia profesional o porque redujeron su calidad periodística. Muchos medios de los Estados Unidos aprovecharon la crisis económica para echar personal, no porque perdían dinero sino porque no ganaban como antes. Las prácticas monopólicas sirven de excusa a los gobiernos para regular a los medios; pero, si así fuera, no es necesario castigar la competencia, la innovación y el desarrollo, sino más bien regular la actividad con leyes antimonopólicas que se aplican a otras actividades.
Tampoco se puede regular de igual forma a los medios de todo tipo, como trata de hacer la futura ley ecuatoriana, sin distinguir la naturaleza de los medios escritos de los electrónicos, que por su naturaleza finita requieren de regulaciones especiales. Lo que llama la atención es que los gobiernos acusan a los grandes grupos televisivos de prácticas poco éticas, cuando fueron los mismos gobiernos los que otorgaron y otorgan privilegios a cambio de apoyo político.
Tampoco se puede esconder que hay faltas éticas graves en la profesión. En muchas naciones, los periodistas reciben dinero y sobornos de entidades privadas, de funcionarios o del crimen organizado. Hay mayor conciencia, sin embargo, sobre estos temas que demandan más responsabilidad.
En numerosos países afectados por la violencia –en especial del narcotráfico, como en México–, los medios optan por autocensurarse como manera de protección. Sin embargo, a veces se abusa de esta práctica y queda en evidencia que, si los medios negocian el silencio, pronto se podrían ver obligados a negociar cualquier tipo de demanda de los violentos.
Por suerte, una actitud incipiente de mayor solidaridad, camaradería y unidad se registra en varios países, donde los medios aúnan fuerzas para combatir la violencia.
Cuba continúa siendo el único régimen del mundo donde se encarcela a periodistas y a quienes opinen o hablen en contra del gobierno. De los 27 periodistas independientes presos como parte del grupo de 75 disidentes encarcelados en marzo de 2003 –durante el episodio conocido como “primavera negra”– fueron liberados 17 en diferentes etapas, los últimos en un arreglo reciente entre el gobierno español, la Iglesia Católica y el régimen.
El régimen destierra a los periodistas independientes liberados, utilizándolos como moneda a cambio de concesiones económicas que el gobierno español consigue de la Unión Europea.
Abusos del propio periodismo. Como cualquier disciplina, el periodismo está compuesto por gente buena, mala o mediocre. Muchos medios no son muy responsables: exaltan la violencia, son sensacionalistas, censuran información ante compromisos económicos. Y, peor que esto, comenten el pecado de omisión. No investigan hechos importantes, por vagancia profesional o porque redujeron su calidad periodística. Muchos medios de los Estados Unidos aprovecharon la crisis económica para echar personal, no porque perdían dinero sino porque no ganaban como antes. Las prácticas monopólicas sirven de excusa a los gobiernos para regular a los medios; pero, si así fuera, no es necesario castigar la competencia, la innovación y el desarrollo, sino más bien regular la actividad con leyes antimonopólicas que se aplican a otras actividades.
Tampoco se puede regular de igual forma a los medios de todo tipo, como trata de hacer la futura ley ecuatoriana, sin distinguir la naturaleza de los medios escritos de los electrónicos, que por su naturaleza finita requieren de regulaciones especiales. Lo que llama la atención es que los gobiernos acusan a los grandes grupos televisivos de prácticas poco éticas, cuando fueron los mismos gobiernos los que otorgaron y otorgan privilegios a cambio de apoyo político.
Tampoco se puede esconder que hay faltas éticas graves en la profesión. En muchas naciones, los periodistas reciben dinero y sobornos de entidades privadas, de funcionarios o del crimen organizado. Hay mayor conciencia, sin embargo, sobre estos temas que demandan más responsabilidad.
En numerosos países afectados por la violencia –en especial del narcotráfico, como en México–, los medios optan por autocensurarse como manera de protección. Sin embargo, a veces se abusa de esta práctica y queda en evidencia que, si los medios negocian el silencio, pronto se podrían ver obligados a negociar cualquier tipo de demanda de los violentos.
Por suerte, una actitud incipiente de mayor solidaridad, camaradería y unidad se registra en varios países, donde los medios aúnan fuerzas para combatir la violencia.
Libertad de prensa; Parte V
Abusos de tolerancia. Internet y las redes sociales han traído muchos beneficios al juego de la libertad de expresión, como la interactividad, participación, velocidad e información de fuentes variadas. Pero también expanden los desafíos en cuanto a reglas de privacidad, honor y seguridad, lo que motiva a varios gobiernos a plantear excusas e imponer nuevas formas de control.
Es obvio que los estados más autoritarios son los más proclives a seguir censurando. Hasta ahora, Estados Unidos domina con su posición de “neutralidad”, exigiendo que haya plena libertad, que Internet se siga desarrollando en manos privadas y con poca injerencia de los gobiernos, tanto para cancelar, filtrar o censurar información, como lo suele hacer el gobierno de Cuba y lo intenta el venezolano.
Lamentablemente, firmas privadas estadounidenses como Google, Microsoft y Yahoo se han prestado por largo rato a proveer a los gobiernos más despóticos del orbe el software necesario para censurar, filtrar o espiar en Internet, lo que derivó en el encarcelamiento de internautas en China, Vietnam y en países del norte de África.América latina está dando buenos pasos en conexión y banda ancha y, si bien mucho se discute sobre las prácticas de las grandes compañías proveedoras de servicios que lideran el mercado, la cancelación de la licencia de Fibertel en Argentina demuestra que el soporte técnico sigue jugando un papel relevante en la comunicación en detrimento de los contenidos.
En muchos países, se ha distorsionado el uso que Barack Obama o Juan Manuel Santos dieron a las redes sociales en la campaña política y ahora en sus presidencias. Varios gobiernos usan a las redes sociales no como órganos de difusión e interactividad con los ciudadanos, sino de propaganda. Funcionarios de los gobiernos español, argentino y venezolano son conocidos no sólo por disparar dardos contra sus opositores, sino también por contratar a legiones de cibermilitantes, que insultan en blogs y redes sociales, crean rumores, desarrollan campañas falsas y todo tipo de artimañas para intimidar o neutralizar las críticas.
Conclusión. Este sombrío panorama demuestra cuán estrechamente conectadas están la libertad de prensa y la calidad democrática. A mayor libertad de prensa, más democracia, y viceversa.
Exigir y defender esa libertad de expresar opiniones y de estar informados no es sólo un derecho contenido en tratados internacionales y en la Constitución, sino un deber fundamental de cada ciudadano.
¿Cómo alcanzarla? Quizá dando un primer paso: honrar en las urnas sólo a aquellos que de modo explícito se comprometen con esa libertad de prensa y de expresión y que no comulgan con las prácticas antidemocráticas que se describen en párrafos anteriores.
Es obvio que los estados más autoritarios son los más proclives a seguir censurando. Hasta ahora, Estados Unidos domina con su posición de “neutralidad”, exigiendo que haya plena libertad, que Internet se siga desarrollando en manos privadas y con poca injerencia de los gobiernos, tanto para cancelar, filtrar o censurar información, como lo suele hacer el gobierno de Cuba y lo intenta el venezolano.
Lamentablemente, firmas privadas estadounidenses como Google, Microsoft y Yahoo se han prestado por largo rato a proveer a los gobiernos más despóticos del orbe el software necesario para censurar, filtrar o espiar en Internet, lo que derivó en el encarcelamiento de internautas en China, Vietnam y en países del norte de África.América latina está dando buenos pasos en conexión y banda ancha y, si bien mucho se discute sobre las prácticas de las grandes compañías proveedoras de servicios que lideran el mercado, la cancelación de la licencia de Fibertel en Argentina demuestra que el soporte técnico sigue jugando un papel relevante en la comunicación en detrimento de los contenidos.
En muchos países, se ha distorsionado el uso que Barack Obama o Juan Manuel Santos dieron a las redes sociales en la campaña política y ahora en sus presidencias. Varios gobiernos usan a las redes sociales no como órganos de difusión e interactividad con los ciudadanos, sino de propaganda. Funcionarios de los gobiernos español, argentino y venezolano son conocidos no sólo por disparar dardos contra sus opositores, sino también por contratar a legiones de cibermilitantes, que insultan en blogs y redes sociales, crean rumores, desarrollan campañas falsas y todo tipo de artimañas para intimidar o neutralizar las críticas.
Conclusión. Este sombrío panorama demuestra cuán estrechamente conectadas están la libertad de prensa y la calidad democrática. A mayor libertad de prensa, más democracia, y viceversa.
Exigir y defender esa libertad de expresar opiniones y de estar informados no es sólo un derecho contenido en tratados internacionales y en la Constitución, sino un deber fundamental de cada ciudadano.
¿Cómo alcanzarla? Quizá dando un primer paso: honrar en las urnas sólo a aquellos que de modo explícito se comprometen con esa libertad de prensa y de expresión y que no comulgan con las prácticas antidemocráticas que se describen en párrafos anteriores.
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