Libertad de prensa; Parte V

Abusos de tolerancia. Internet y las redes sociales han traído muchos beneficios al juego de la libertad de expresión, como la interactividad, participación, velocidad e información de fuentes variadas. Pero también expanden los desafíos en cuanto a reglas de privacidad, honor y seguridad, lo que motiva a varios gobiernos a plantear excusas e imponer nuevas formas de control.
Es obvio que los estados más autoritarios son los más proclives a seguir censurando. Hasta ahora, Estados Unidos domina con su posición de “neutralidad”, exigiendo que haya plena libertad, que Internet se siga desarrollando en manos privadas y con poca injerencia de los gobiernos, tanto para cancelar, filtrar o censurar información, como lo suele hacer el gobierno de Cuba y lo intenta el venezolano.
Lamentablemente, firmas privadas estadounidenses como Google, Microsoft y Yahoo se han prestado por largo rato a proveer a los gobiernos más despóticos del orbe el software necesario para censurar, filtrar o espiar en Internet, lo que derivó en el encarcelamiento de internautas en China, Vietnam y en países del norte de África.América latina está dando buenos pasos en conexión y banda ancha y, si bien mucho se discute sobre las prácticas de las grandes compañías proveedoras de servicios que lideran el mercado, la cancelación de la licencia de Fibertel en Argentina demuestra que el soporte técnico sigue jugando un papel relevante en la comunicación en detrimento de los contenidos.
En muchos países, se ha distorsionado el uso que Barack Obama o Juan Manuel Santos dieron a las redes sociales en la campaña política y ahora en sus presidencias. Varios gobiernos usan a las redes sociales no como órganos de difusión e interactividad con los ciudadanos, sino de propaganda. Funcionarios de los gobiernos español, argentino y venezolano son conocidos no sólo por disparar dardos contra sus opositores, sino también por contratar a legiones de cibermilitantes, que insultan en blogs y redes sociales, crean rumores, desarrollan campañas falsas y todo tipo de artimañas para intimidar o neutralizar las críticas.
Conclusión. Este sombrío panorama demuestra cuán estrechamente conectadas están la libertad de prensa y la calidad democrática. A mayor libertad de prensa, más democracia, y viceversa.
Exigir y defender esa libertad de expresar opiniones y de estar informados no es sólo un derecho contenido en tratados internacionales y en la Constitución, sino un deber fundamental de cada ciudadano.
¿Cómo alcanzarla? Quizá dando un primer paso: honrar en las urnas sólo a aquellos que de modo explícito se comprometen con esa libertad de prensa y de expresión y que no comulgan con las prácticas antidemocráticas que se describen en párrafos anteriores.