viernes, 13 de agosto de 2010

Secuestros y prensa

El secuestro de periodistas que trabajan para medios importantes en la Ciudad de México ha puesto en evidencia la existencia de dos clases de prensa, como ocurre en toda Latinoamérica, una del interior, en las provincias; y la otra, la de las capitales o grandes urbes. El contraste es abismal.
No se trata solo de diferencias salariales, de acceso a preparación profesional, de vulnerabilidad o exposición al peligro, sino también de niveles de solidaridad profesional y de protección y atención gubernamental.
La reacción y la presión de la prensa nacional, así como la repercusión internacional y la rapidez policial para liberar a los periodistas, dos de ellos de medios prominentes, la televisora Televisa y el periódico Milenio, contrastan con la poca atención del Gobierno y la escasa solidaridad del gremio periodístico sobre la violencia y el incremento de asesinatos (70) y desapariciones (19) de informadores que se vienen registrando con total impunidad en el último lustro en el interior del país.
México no es la excepción. En Argentina Brasil y Colombia, la prensa nacional e internacional y los gobiernos reaccionaron ante los asesinatos de periodistas de medios importantes como José Luis Cabezas en Buenos Aires o Tim Lopes en Río de Janeiro, o ante el ataque de los narcotraficantes a la sede se El Espectador en Bogotá.
La prensa nacional mexicana, ahora atacada, tendrá la solidaridad con marchas y muestras de afecto, como programas televisivos que fueron dejados en blanco y ríos de tinta en señal de protesta, e instituciones y políticos locales y foráneos que ostentan su oportuna presencia. La del interior, siempre vulnerada y hasta ahora casi ignorada, seguirá esperando la solidaridad gremial y política, que sus secuestrados aparezcan y los asesinatos sean resueltos, y que el Congreso y el Poder Ejecutivo nacionales reaccionen tras un reclamo de años por mejores leyes, más amparo y protección.
Muchos, con razón, dicen que la gravedad de los secuestros de esta vez no estaba solo dada por el plagio, sino porque el crimen organizado extorsionó a los medios para que trasmitan videos so pena de asesinar a los periodistas. Pero en el interior, Baja California, Tamaulipas, Sinaloa o Durango, la prensa desde hace años reclama estar secuestrada y sus líneas editoriales vulneradas. Ante la inacción gubernamental, directores y periodistas admiten que se ven obligados a autocensurarse como medida de protección o, lo que es peor, a dejar que los narcos dicten la pauta noticiosa, comprando silencio o titulares.
El periodismo estadounidense también es responsable indirecto de la existencia de estas dos prensas. El retiro masivo de corresponsales de suelo mexicano ha creado un vacío informativo y minimizado la presión sobre los gobiernos. Un solo párrafo de un solo día en una tapa del New York Times o el Wall Street Journal tiene mil veces mayor influencia y presión económica sobre un gobierno que el machaqueo continuo y de años que puede hacer un diario local.
Pero no es tiempo para rasgarse las vestiduras. Este caso de secuestros pudiera ser el punto de inflexión que la prensa mexicana – toda – necesitaba. El gobierno está con la guardia baja y anuente a conceder lo que se le reclama, como lo viene haciendo la SIP desde hace más de una década: federalización de crímenes contra periodistas, no prescripción de esos delitos, aumento de penas contra quienes los cometan e instituciones que velen por todo esto, con recursos y presupuesto.
Este jueves el presidente Felipe Calderón reunió a medios capitalinos. ¿El resultado?: Muy malo. Los medios tienen la culpa de la crisis violenta; hacen apología; son responsables; deben autorregularse. El gobierno salió indemne.
Pero no todo depende del gobierno, ni las marchas entre periodistas son suficientes; son las manifestaciones del pueblo a las que los políticos temen y quieren agradar.
Si la prensa mexicana quiere salir fortalecida de esta experiencia debe hacer mucha autocrítica y desbordar unidad, solidaridad e igualdad. Debe lograr que sus secuestrados y muertos, como en las experiencias foráneas de Cabezas, Lopes o El Espectador, sirvan para que la opinión pública general entienda que cuando cae un periodista o un medio es atacado, sin diferencias, así sea en una capital o en un pueblito, todos pierden.

¿Legalizar las drogas?

El presidente mexicano Felipe Calderón encendió el debate sobre la legalización de las drogas en México como formato eficiente para derrotar la violencia generada por el narcotráfico, aunque advirtió que no cree en los argumentos a favor.

El ex presidente Vicente Fox, así como muchos otros ex presidentes que intentan salir del anonimato, ni lerdo ni perezoso, argumentó que legalizar las drogas es la única forma de blanquear el negocio sucio de los narcos, crear una nueva clase de empresarios que se inscriba como tal y pague impuestos.

El argumento no es nuevo, ya otros ex presidentes, el brasileño Fernando Enrique Cardoso, el colombiano César Gaviria y el mexicano Felipe Zedillo, lo plantearon hace casi dos años, sorprendentemente un planteamiento que nunca hicieron cuando ejercían el liderazgo.

Tanto Fox como sus colegas siempre ponen de ejemplo el tema de la “ley seca” en Estados Unidos y como la prohibición del alcohol en las primeras décadas del siglo pasado atrajo violencia, contrabando y muchos delitos anexos, los que – según ellos - fueron superados una vez que se legalizó el alcohol.

No es cierto. Lo que logró Estados Unidos fue primero desarticular a las bandas y luego liberalizar el alcohol. Además no se puede comparar el efecto negativo y el potencial destructivo de las drogas con el alcohol. En este caso, uno se preguntaría: para reducir los niveles de los homicidios ¿no sería apropiado legalizar los asesinatos? O si para reducir los robos ¿será que los ladrones se deberían inscribir en un sindicato y deberían pagar sus impuestos a las ganancias?

Lo que Calderón debe hacer es insistir ante los estamentos judiciales de su país, y buscar las reformas apropiadas para combatir la impunidad, como lo está haciendo a través de sus foros sobre estrategias anti crimen y seguridad. Como bien él reclamó, no puede ser que solo el 15 por ciento de las personas detenidas por delitos relacionadas al narcotráfico y a las drogas termina condenada. O ¿por qué hay tanta corrupción en las cárceles desde donde los narcotraficantes siguen ordenando sus negocios o sus carceleros les permiten salir para cometer crímenes?

El problema en México no se solucionará con la legalización de las drogas, sino con una justicia más eficiente.

miércoles, 11 de agosto de 2010

Chávez y sus guardianes

Hace varias noches que miro en CNN en Español el programa del presentador Carlos Montero, quien está mostrando y haciendo debates sobre el documental de la televisión española Los Guardianes de Chávez, que describe el clima de violencia tolerado por el gobierno venezolano.

Esta noche CNN y Montero fueron acusados de hacer un “periodismo pornográfico” por mostrar un documental que el chavismo considera sesgado ya que, como dijo el presidente de la cadena televisiva Telesur, y ex ministro de Comunicación de Chávez, César Izarra, “no muestra los cambios estructurales” que el gobierno está logrando, en especial la reducción de la pobreza.

Pero como el programa no era sobre los índices de pobreza sino sobre la inacción del gobierno para detener los graves niveles de violencia – siendo considerada Caracas una de las ciudades más peligrosas del planeta – Izarra quedó sin argumentos. Por eso hizo lo que sabe hacer mejor. Desacreditó el trabajo periodístico, se rió a carcajadas frente a las cámaras de los otros dos interlocutores, un sociólogo y el jefe de Policía del estado de Miranda, desacreditó absolutamente todo y dijo que su hilaridad se debía al periodismo pornográfico y decadente en que había caído la cadena CNN. Pero no pudo defender o argumentar sobre el descontrol oficial sobre la pobreza, ni defender a su gobierno por no ofrecer cifras oficiales sobre el tema desde el 2005. Sí las da sobre la pobreza, reducción que en el programa de CNN se alabó.

Una lástima que alguien que se define como periodista como Izarra haya actuado de esa manera, porque lo único que logró ante las cámaras es desacreditar a su gobierno y prácticamente burlarse del problema de inseguridad que hasta las propias autoridades venezolanas admiten.

Realmente mostró su capacidad de perro guardián del régimen, rabioso, histriónico, burlón. Son de este tipo de gente que en cualquier momento no le importará morder la mano de su amo. Son guardianes peligrosos.

martes, 10 de agosto de 2010

Acuerdo necesario, idílico, pero ingenuo

El acuerdo para reiniciar relaciones diplomáticas entre Juan Manuel Santos y Hugo Chávez es bueno y era necesario. Los pueblos no tienen que pagar los platos rotos ni las peleas de micrófono entre gobiernos. Las relaciones no tenían por qué estar rotas.
El acuerdo es bueno, tiene puntos específicos y un compromiso de Hugo Chávez de no permitir actividades de grupos ilícitos del lado de su frontera. Es un pacto conveniente, para Santos y más donde todo lo que haga en estos primeros cien días se lo verá dentro de su espacio de maniobra hasta que el tiempo y el cargo pesen.
Pero así de necesario como idílico, el pacto también es ingenuo, sobre todo teniendo en frente a alguien que no mantiene su palabra muy fácilmente. Que no reconoce acuerdos internacionales firmados por administraciones anteriores ni permite a organismos de derechos humanos o veedores o comisiones internacionales entrar a su territorio.
Chávez en cualquier momento rompe o congela relaciones, después de que algo no le guste, como ya ocurrió en cuatro oportunidades… o moviliza soldados a la frontera para hacer la del tero (pajarito de las pampas argentinas que pía en lugares lejanos a su nido en el suelo para despistar a los intrusos o agresores).
Ahora, Chávez, salió de nuevo con la suya del entuerto de tener que permitir o hacer investigaciones para comprobar lo que el ex gobierno de Uribe denunció y lo que también mostró el documental de la televisión española, Los Guardianes de Chávez, que en Venezuela anidan guerrillas de las FARC.
Santos hizo lo que tenía que hacer, no le quedaba otra, y tampoco es tan ingenuo para tragarse cualquier ostra. Uribe seguramente siga buscando a Chávez a través de la Corte Penal Internacional y hasta Santos tendrá que mediar para que no siga la pelea.
Veremos cuánto dura la calma de Chávez, que siempre se aprovecha, con sus bravuconadas, de la situación.

lunes, 9 de agosto de 2010

Honduras a la OEA

Excelente camaradería la del presidente salvadoreño Mauricio Funes con Honduras, para que vuelva a la OEA.

Lo más importante, es que su posición, además de haberla asumido entre los países SICA el mes pasado, la adoptó frente al propio Lula da Silva, y de esa forma equilibró la postura que ante el presidente brasileño tuvo y tiene el nicaragüense Daniel Ortega, quien sigue los designios y petrodólares de Hugo Chávez.

Lula insiste que Honduras debe mostrar más vocación democrática. Seguramente porque todavía tiene la sangre en el ojo de que lo hayan hecho quedar en ridículo cuando prestó la embajada a Manuel Zelaya como residencia temporal, la que se convirtió en celda permanente para el ex presidente y pésima imagen para el brasileño.

Funes fue valiente en su posición, al seguir desairando a su partido, el FMLN, que estaría más cómodo si se siguiera castigando al gobierno democrático de Porfirio Lobo, y mantener así la postura del cubano. Una verdadera contradicción latinoamericana; una Cuba que sin democracia, pura dictadura, y sin los mínimos principios que se le exigen a Honduras, logró reinsertarse en el concierto de naciones.

domingo, 8 de agosto de 2010

Sin solidaridad periodistas mexicanos

Comparto una entrevista que me hicieron y publica hoy Conciencia Pública desde Guadalajara México, sobre la violencia contra los periodistas en México: http://bit.ly/b0BzRx

Conciencia Públicao (CP): México se ha convertido en uno de los países del mundo más violentos y peligrosos por consecuencia de la lucha del Estado Mexicano contra los cárteles de la droga. En este contexto el ejercicio periodístico se convierte de alto riesgo. El asunto es que no existe una política de Estado que garantice la profesión periodística o permita reducir sus riesgos en el ejercicio de la misma. ¿Cómo ve la SIP esta problemática?

Ricardo Trotti (RT): Se necesita una amplia reforma legal a nivel nacional, más allá de lo que los estados puedan hacer y adoptar, por ej. mecanismos especiales de protección. La SIP viene insistiendo en la federalización de los crímenes contra periodistas, que los plazos de prescripción aumenten, que las penas para los delitos contra la libertad de expresión sean superiores y que no haya beneficios penales por este tipo de delitos contra la libertad de expresión.

CP: Sucedió la pasada semana el secuestro de cuatro periodistas en Durango, tres eran enviados de medios de comunicación de la Ciudad de México. El Grupo que los secuestró exigió - a cambio de su liberación- que transmitieran sus mensajes por TV...el único que lo hizo fue el Grupo Milenio... Televisa prefirió en forma de protesta decidió que el programa de Denis Mercker apareciera en blanco y negro, sin ningún mensaje, durante la hora que es el tiempo que le corresponde al programa. ¿Qué es lo conveniente debe hacer el medio frente a este tipo de situaciones? ¿Atender la demanda de los criminales o protestar como lo hizo Televisa?

RT: No se pueden juzgar las estrategias o líneas editoriales que adoptan los medios. Todas son válidas. Sin embargo, muchas de ellas deberían apuntar a la solidaridad y unión del gremio periodístico. A buscar métodos de presión conjunta para lograr cambios, así sean legales, como también estrategias conjuntas que permitan publicar notas e investigaciones entre varios medios para que nadie pudiera ser individualizado.

Existe un alto riesgo de atender las demandas por cuanto se está lidiando con gente sin escrúpulos ni principios, lo que derivaría luego en demandas cada vez más severas que podrían perjudicar todas las decisiones editoriales de los medios. En cuanto a las protestas están bien, aunque se necesitan estrategias, lo importante es siempre protestar pero incluso cuando los hechos le suceden a medios y periodistas de la competencia o de otras ciudades. Hay una responsabilidad profesional o lealtad periodística por la cual no se pueden hacer distinciones. Cuando algún periodista o medios es atacado o violentado debe considerarse un ataque contra todo el gremio y contra toda la población, ya que se priva a esta del goce al derecho a la información.

CP: No se ha visto interés por parte del Gobierno de México por impulsar una política de estado de protección al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión. Se creó una Fiscalía Especial para Atender Delitos contra Periodistas...pero no se le dotó de facultades ni de recursos. Es paradójico que en estos cinco años de su existencia, es cuando ha aumentado el número de asesinatos y agresiones a periodistas. Su creación ha sido inútil. El primer fiscal, David Vera Vega recibió 108 denuncias. Pero casi la totalidad no se resolvió.
- ¿Cómo vio la SIP esta acción y esfuerzo del Gobierno de Vicente Fox?

RT: La SIP, en primera instancia, en 2006, agradeció al presidente Vicente Fox la creación de la Fiscalía, un reclamo de años. Pero luego le reclamó la falta de presupuesto y de recursos, y especialmente, que no tenía competencia de investigación ni de acusación. No se trataba de una fiscalía sino prácticamente de una oficina de derechos humanos. Este febrero de 2010, la SIP reclamó durante una misión en México al entonces Secretario de Gobernación, Gómez Mont. Se cambió de inmediato el fiscal, y se comprometió el Gobierno a reorientar la Fiscalía, lo que finalmente fue aprobado este julio, con la FEADLE, la que sí opera como Fiscalía y tiene potestad para hacerlo. Tenemos la esperanza de que pueda haber avances sobre varias investigaciones y casos de crímenes.

CP: Una demanda de la SIP y periodistas mexicanos ha sido la federalización de las agresiones y delitos contra periodistas. La anterior Legislatura Federal la aprobó, pero no ha alcanzado rango de ley, porque no ha librado la aduana de la Cámara de Senadores. La Ley no ha tenido aplicación. ¿Qué estrategias se recomiendan para que la Cámara de Senadores la apruebe?

RT: Creemos que ahora más que nunca, a raíz de la anuencia del gobierno a analizar todos los temas de seguridad, especialmente luego de los secuestros de los cuatro periodistas, están dadas las condiciones para que se llegue a la federalización. Creemos que hay anuencia y que la presión nacional e internacional favorecerá para que se de este paso requerido ya por muchas organizaciones nacionales e internacionales.

¿Cómo califica la SIP la impunidad que sufre el sector de la prensa en México? ¿México es de los países donde hay mayor impunidad en el contexto
de América Latina? ¿Cómo combatir y enfrentar la impunidad?

RT: Es el país con mayores problemas de violencia e impunidad en este momento en las Américas. Se necesitan reformas legales que jamás podrán concretarse si es que no hay voluntad política. Se deben establecer mecanismos a nivel federal pero esto no debe interpretarse como que los estados pierden autonomía o se desligan de los casos o las investigaciones. Debe haber mecanismos de trabajo conjunto, responsabilidad entre el gobierno federal y los estatales, entre las policías judiciales, investigaciones y procesamientos conjuntos. Los códigos procesales penales deben reformarse para dar cabida al agravamiento de penas y las regulaciones penitenciarias estatales deben reformularse, para que los procesados y condenados no reciban beneficios penales. Debe contemplarse crear una cultura legal, judicial y policial para que los crímenes contra la libertad de expresión sean considerados delitos graves, porque no solo se atenta contra la vida de un ser humano, sino contra el derecho del público a recibir información.

CP: Qué recomienda la SIP para cubrir hechos en los que está involucrado el narcotráfico...asesinatos, secuestros, extorsiones... Es obvio que a la criminalidad no le conviene una prensa libre y por eso la amenazan y la golpean...
¿Qué garantías debe de ofrecer los directivos a los periodistas que mandan a cubrir en esas zonas de alta violencia y a los periodistas que allí viven?

RT: De esto se desprenden varias responsabilidades que tienen que ver con la ética profesional. La solidaridad, la protección, la seguridad y la unión del gremio periodístico devienen de la lealtad a la profesión, un “mandamiento” profesional que no puede quedar soslayado. Los medios deben velar por tener ciertos protocolos de seguridad, así como es útil poseer un código de estilo periodístico o un manual de procedimiento. No deben escatimarse esfuerzos para la capacitación de los periodistas y fotógrafos. Deben existir reglas muy claras sobre el tratamiento de la información sobre sucesos y aspectos de violencia. El periodista por lealtad a su profesión no puede esperar todo del medio, tiene un deber individual de capacitación y superación, además de tener propios protocolos de seguridad. Existen suficientes recursos en el internet para ello. Y es necesaria la creación de nuevas asociaciones de periodistas y medios capaces de velar, proteger y ejercer influencia sobre estos temas.

CP: Evidente hay una ley mordaza en las zonas donde la fuerza de los cárteles rebasa al Estado: Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua -por citar algunos ejemplos. Publicar y hacer periodismo de investigación es casi una sentencia de muerte. ¿Qué hacer ante esta terrible situación?

RT: Es verdad que los riesgos son muy altos y caros; y no se puede juzgar los diferentes criterios editoriales asumidos por los medios y periodistas, así sean en materia de autorregulación o de autocensura. Sin embargo, está en la esencia periodística buscar siempre los caminos más creativos y estratégicos para sortear estos escollos, así sea mediante la publicación conjunta de notas entre varios medios, publicar notas en páginas de internet, denunciar hechos a través de las redes sociales, etc…

Lo importante, sin embargo, es que la política editorial adoptada y la violencia que la ha generado sea parte constante y transparente en las publicaciones. El público debe saber que hay información que no es publicada, no dicha, y que el medio está haciendo todo a su alcance para proteger la vida de sus periodistas pero a su vez publicando lo más que puede. El público debe saber que existe una línea delgada y que transgredirla a veces acarrea consecuencias.

Si el público es parte del problema, tarde o temprano él o sus circunstancias, ejercerán presión a favor del sentido y el bien común, y de la libertad de expresión.