Día Mundial contra la Impunidad

Hoy 23 de noviembre, los periodistas, a nivel internacional, conmemoramos por segundo año consecutivo el Día Mundial contra la Impunidad para honrar la vida de los y las periodistas que cayeron en cumplimiento de su labor.

Es un día muy especial que sobrepasa las conmemoraciones que los periodistas pueden tener para celebrar a nivel nacional su profesión. Este es un día para recordar a los 445 periodistas de las Américas que fueron asesinados en los últimos 20 años, desde EE.UU. a Argentina, desde Honduras a Brasil, por haber dicho, escrito, opinado o denunciado algo que otros no querían que sea divulgado.

Pero en honor a estas mujeres y hombres caídos, no solo se trata de recordar su labor, sino también de exigir acción a los gobiernos para que haya legislación que permita proteger a otros periodistas, investigar para que se haga justicia y así la impunidad no siga alimentando el círculo vicioso de la violencia y que, con ello, se siga garantizando el derecho del público a recibir información.

Este año ya han sido asesinados 17 periodistas en América Latina, una cifra que, lamentablemente, marca una peligrosa tendencia en alza.

Comparto con ustedes el sitio de internet de IFEX a través del cual se puede tomar acción para reclamar sobre este flagelo que está afectando el derecho a la información. www.ifex.org

DD HH, libertad y Daniel Pearl

El último informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos fue lapidario con varios países latinoamericanos, entre ellos Honduras, Venezuela, Ecuador, México, Argentina y Cuba, temas que también se abordaron en forma coincidente y crítica por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

En ambos informes no hay cosas muy novedosas. En todos los casos se especifica que existe una marcada corrupción que no es castigada, que los poderes judiciales son ineficientes o están ligados al poder político y que, ya sea por la violencia del crimen organizado o de los propios estados, no se respeta la libertad de prensa. Como consecuencia de ello, la democracia se encuentra deteriorada.

En Argentina, donde el gobierno es criticado por manipular la información oficial y los periodistas se quejan de que la presidente Cristina de Kirchner ni los funcionarios de su cartera ofrecen conferencias de prensa,  el discurso oficial sigue siendo tan cínico como sarcástico. Casi al mismo momento que se daban a conocer estas críticas, la Presidenta fue a la sala de corresponsales en la Casa Rosada y, entre chistes y chistes, respondió a los periodistas que ella habla a través de sus discursos y actos públicos, y que jamás hablaría mal en contra de ella misma, por lo que las conferencias de prensa están descartadas.
Esta es tal vez la menor crítica que se le hizo al gobierno argentino, pero demuestra cómo son tomadas las críticas aun cuando vienen de organismos intergubernamentales como de las Naciones Unidas; pese a que, por otro lado, el gobierno ha hecho de los derechos humanos un leit motiv de su gestión.

Para mí hay dos cosas que se desprenden de esto: Primero, en Argentina como en los otros países se ha involucionado en materia de libertad de prensa; es como si estamos hablando de lo mismo que se criticaba hace treinta o cuarenta años atrás. Segundo, más allá de la legitimidad que unos y otros le pueden dar a un informe del Departamento de Estado, no comprendo cómo el gobierno de Estados Unidos no utiliza la Ley Daniel Pearl para presionar a los gobiernos. Esta ley indica que ante la falta de respecto a la libertad de prensa en un país, Estados Unidos puede condicionarle  la ayuda financiera.
Creo que el bolsillo a veces puede ser más eficiente que la política.

“Queremos preguntar”

El reclamo parece obvio si se tiene en cuenta que lo hizo un grupo de periodistas. “Queremos preguntar” gritó un grupo de más de 100 periodistas argentinos que este domingo participó del programa de Jorge Lanata, con el ánimo de criticar al gobierno de Cristina de Kirchner, que desde que asumió su primera presidencia en 2007, solo otorgó dos conferencias de prensa.

El programa de Lanata en Canal 13 de Buenos Aires se llama “Periodismo para Todos”. Es un nombre de origen sarcástico que está motivado por los varios programas de origen social de la presidenta Cristina de Kirchner, entre los que se cuentan Fútbol para Todos, Carburando para todos, TV Digital para Todos, entre otros, con los que el fútbol, el automovilismo y decodificadores de televisión digital son ofrecidos en forma gratuita a los pobladores, lo que es criticado por muchos como subvenciones estatales al servicio de la propaganda gubernamental.

Si bien las preguntas son el arma de los periodistas, son las respuestas que éstos buscan lo que hace que el periodismo cobre relevancia.  En la confrontación entre la pregunta y la respuesta sobre asuntos complejos,  existe ese campo donde se encuentra la esencia del periodismo, su capacidad para descubrir hechos que de otra manera podrían quedar ocultos, y que dada su naturaleza son fundamentales para el mejor entendimiento y decisiones del público.

La esencia del saber no se halla tanto en las respuestas que se obtienen, sino en la calidad y exquisitez con la que se formula una pregunta.

Si a un gobierno se le permite responder sin que se le pregunte, como ocurre como el de Argentina, pero también con el de Ecuador, Venezuela y Nicaragua, la información que se ofrece casi siempre terminará siendo propaganda, es decir información interesada.

Las conferencias de prensa son la expresión máxima de respeto que una persona en un cargo público y/o  importante está obligada a demostrar, así sea un ministro, un funcionario de una empresa privada que tiene que explicar un asunto polémico o un director técnico que tiene que explicar el por qué una estrategia dio o no dio resultado.

Los periodistas, más dedicado a esos temas que el público en general, tienen la misión de incluir en su consulta lo que los ciudadanos quisieran preguntar. Esa delegación social que asume el periodista, es parte de un pacto implícito de la democracia, en el que el poder, a su vez, está obligado a rendir cuentas y a ser transparente.

Debido a esto, es justamente la máxima autoridad de un país, quien tiene la mayor obligación de rendir cuentas, ser transparente y sentarse frente a los periodistas, para que en un acto libre, se puedan buscar las respuestas que el público requiere.  Cristina de Kirchner, sin embargo, así como Rafael Correa, Hugo Chávez y Daniel Ortega, prefiere la tribuna y púlpito público, aquel desde el que se habla didascálicamente, desde el que se informa interesadamente, se hace propaganda. 

Los periodistas, de los más destacados de Argentina, se presentaron en el programa de Lanata reclamando que el gobierno haga conferencias de prensa, pero también con pancartas en las que se leían "Libre acceso a la información", "Control parlamentario de la pauta oficial" y "No al paraperiodismo", otros temas que forman parte del gran abanico de problemas quie tiene la libertad de prensa en el país.

La primera conferencia de prensa que dio la presidenta Kirchner fue el 2 de agosto de 2008 y la segunda, en la que solo permitió cinco preguntas, la ofreció en agosto de 2011.

Secuestros y prensa

El secuestro de periodistas que trabajan para medios importantes en la Ciudad de México ha puesto en evidencia la existencia de dos clases de prensa, como ocurre en toda Latinoamérica, una del interior, en las provincias; y la otra, la de las capitales o grandes urbes. El contraste es abismal.
No se trata solo de diferencias salariales, de acceso a preparación profesional, de vulnerabilidad o exposición al peligro, sino también de niveles de solidaridad profesional y de protección y atención gubernamental.
La reacción y la presión de la prensa nacional, así como la repercusión internacional y la rapidez policial para liberar a los periodistas, dos de ellos de medios prominentes, la televisora Televisa y el periódico Milenio, contrastan con la poca atención del Gobierno y la escasa solidaridad del gremio periodístico sobre la violencia y el incremento de asesinatos (70) y desapariciones (19) de informadores que se vienen registrando con total impunidad en el último lustro en el interior del país.
México no es la excepción. En Argentina Brasil y Colombia, la prensa nacional e internacional y los gobiernos reaccionaron ante los asesinatos de periodistas de medios importantes como José Luis Cabezas en Buenos Aires o Tim Lopes en Río de Janeiro, o ante el ataque de los narcotraficantes a la sede se El Espectador en Bogotá.
La prensa nacional mexicana, ahora atacada, tendrá la solidaridad con marchas y muestras de afecto, como programas televisivos que fueron dejados en blanco y ríos de tinta en señal de protesta, e instituciones y políticos locales y foráneos que ostentan su oportuna presencia. La del interior, siempre vulnerada y hasta ahora casi ignorada, seguirá esperando la solidaridad gremial y política, que sus secuestrados aparezcan y los asesinatos sean resueltos, y que el Congreso y el Poder Ejecutivo nacionales reaccionen tras un reclamo de años por mejores leyes, más amparo y protección.
Muchos, con razón, dicen que la gravedad de los secuestros de esta vez no estaba solo dada por el plagio, sino porque el crimen organizado extorsionó a los medios para que trasmitan videos so pena de asesinar a los periodistas. Pero en el interior, Baja California, Tamaulipas, Sinaloa o Durango, la prensa desde hace años reclama estar secuestrada y sus líneas editoriales vulneradas. Ante la inacción gubernamental, directores y periodistas admiten que se ven obligados a autocensurarse como medida de protección o, lo que es peor, a dejar que los narcos dicten la pauta noticiosa, comprando silencio o titulares.
El periodismo estadounidense también es responsable indirecto de la existencia de estas dos prensas. El retiro masivo de corresponsales de suelo mexicano ha creado un vacío informativo y minimizado la presión sobre los gobiernos. Un solo párrafo de un solo día en una tapa del New York Times o el Wall Street Journal tiene mil veces mayor influencia y presión económica sobre un gobierno que el machaqueo continuo y de años que puede hacer un diario local.
Pero no es tiempo para rasgarse las vestiduras. Este caso de secuestros pudiera ser el punto de inflexión que la prensa mexicana – toda – necesitaba. El gobierno está con la guardia baja y anuente a conceder lo que se le reclama, como lo viene haciendo la SIP desde hace más de una década: federalización de crímenes contra periodistas, no prescripción de esos delitos, aumento de penas contra quienes los cometan e instituciones que velen por todo esto, con recursos y presupuesto.
Este jueves el presidente Felipe Calderón reunió a medios capitalinos. ¿El resultado?: Muy malo. Los medios tienen la culpa de la crisis violenta; hacen apología; son responsables; deben autorregularse. El gobierno salió indemne.
Pero no todo depende del gobierno, ni las marchas entre periodistas son suficientes; son las manifestaciones del pueblo a las que los políticos temen y quieren agradar.
Si la prensa mexicana quiere salir fortalecida de esta experiencia debe hacer mucha autocrítica y desbordar unidad, solidaridad e igualdad. Debe lograr que sus secuestrados y muertos, como en las experiencias foráneas de Cabezas, Lopes o El Espectador, sirvan para que la opinión pública general entienda que cuando cae un periodista o un medio es atacado, sin diferencias, así sea en una capital o en un pueblito, todos pierden.

Periodismo peligroso

La profesión de periodista se está tornando cada vez más riesgosa y peligrosa. Además de la violencia contra los medios y periodistas, que este año en América Latina se cobró la vida de once de ellos, muchos han terminado en las cárceles en represalia por lo que han dicho, opinado o disentido.

El censo anual del Comité para la Protección de los Periodistas reveló que este año hay 136 periodistas presos en el mundo, 11 más que en el 2008.

De entre los 26 países que encarcelan periodistas, los que tienen mayor cantidad de presos son China con 24, Irán con 23 y Cuba con 22 (aunque la Sociedad Interamericana de Prensa contabiliza 27 periodistas encarcelados en Cuba, convirtiéndose en el país con mayor número de casos).

La categoría de reporteros cibernéticos, con por lo menos 68 blogueros, es la más afectada por las detenciones. El 45 por ciento de los encarcelados ejercía periodismo independiente (freelance), siendo que la mayoría fue acusada por delitos contra el Estado, subversión o divulgación de propaganda enemiga, como sucede en Cuba, donde además de los encarcelados, prosigue el hostigamiento contra los blogueros.

!Cuidado, nos están escuchando!

Cada vez que hablo por teléfono con periodistas de cualquier país latinoamericano sobre temas sensibles siempre sale a relucir jocosamente el mismo tema: “Cuidado que no están escuchando”. Más allá de los chistes, la mayoría de los periodistas tienen razones para suponer que los escuchan en forma clandestina, o porque los escuchan de verdad y tienen las pruebas, o porque sospechan que si hay servicios de inteligencia escuchando a muchos ellos no pueden ser la excepción o porque cada tanto aparece una denuncia de un ex espía que denuncia un escándalo y da nombres de periodistas que son realmente espiados.

Descubrir o sospechar que uno es escuchado en forma clandestina es prácticamente el mismo siente como cuando uno llega a su casa para darse cuenta que ha sido desvalijado. Uno siente una sensación de impotencia, de que ha sido violentada su intimidad y de perder automáticamente la confianza en el sistema. Como la violencia de la escucha se comete a dos personas al mismo tiempo, crea además un sentimiento de desconfianza entre los interlocutores, que terminan echándose la culpa entre ambos. En el caso de las escuchas contra el periodismo, esto crea un doble problema, por cuanto genera desconfianza entre la fuente y el periodista afectándose irremediablemente la libertad de expresión.

En coincidencia con un escándalo de proporciones mayúsculo en Colombia donde el servicio de inteligencia del gobierno escuchaba en forma clandestina conversaciones telefónicas de políticos, jueces y periodistas, en Argentina la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una ley que autorizaba las intervenciones telefónicas y por internet, obligando a las empresas a que mantuvieran por 10 años esas comunicaciones en sus archivos.

En Colombia la crisis desatada por una denuncia hecha ante la revista Semana derivó en la renuncia del sub jefe del Departamento Administrativo de Seguridad y otros funcionarios, obligó al ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, a decir que se necesitaría reestructurar el servicio de inteligencia y, peor aún, a que Inglaterra y Estados Unidos dejen de brindar asistencia a Colombia ya que fueron los países que ofrecieron la tecnología para que se usara en contra del crimen organizado y el narcotráfico.

Las escuchas telefónicas clandestinas, espiar sin orden de un juez sin más ni menos, es un tema recurrente en la política internacional. Muchos países, como El Salvador y Guatemala están luchando por una legislación de este tipo para que le ayude a detectar e infiltrarse en bandas criminales, mientras que en España acaba de saltar un escándalo grandioso en las esferas del poder, siendo políticos interviniendo teléfonos de políticos. En Estados Unidos, a través de la Ley Patriótica, el ex presidente George Bush se salió con la suya al estar permitido a escuchar conversaciones a nivel nacional y en el extranjero sin la necesidad de que haya una orden de juez autorizándolo, convirtiéndose en un caso de violación a los derechos humanos.

En Perú, el año pasado, a raíz del chuponeo, como se le denomina al tema de las infiltraciones telefónicas, y su posterior denuncia sobre el tráfico de influencias y corrupción entre una compañía multinacional de petróleo y entidades estatales, el presidente Alan García tuvo que renovar prácticamente todo su gabinete.

La Corte argentina puso un toque a este tema al declarar inconstitucional la “ley espía” que fue sancionada en 2003 y suspendida por el ex presidente Néstor Kirchner en 2005, aunque no fue derogada. La Corte argumentó creando doctrina en un caso de un abogado, Ernesto Halab, en donde se consideró que violaba su derecho a la privacidad y a la confidencialidad. El año pasado en Argentina, como ahora sucede en Colombia, salió a debate el tema después de que se denunció que varios políticos y periodistas fueron infiltrados por la inteligencia no solo en el tema de teléfonos sino también en sus mensajes de e-mails, sin embargo, después de tanta denuncia, nada pasó. Por lo menos, ahora esta nueva jurisprudencia hará que cualquier intento sea ilegal y por lo tanto punible.

Listas negras de periodistas

Muchos editoriales esta semana reflejaron el asombro contra el gobierno chino porque anunció que creará un banco de datos con listas de periodistas de “mala trayectoria” que trabajan en los medios estatales de comunicación, con lo que aumentará la censura. Sin embargo, pocos recalaron que esas listas negras existen en países latinoamericanos y fueron siempre bien utilizadas por los gobiernos para acallar a la prensa.

Lo de China es una práctica deleznable que merece ser criticada. Todo el mundo ya tuvo oportunidad de ver en las Olimpíadas de Beiging a las autoridades en acción, no sólo porque censuraron a sus periodistas, crearon fuegos artificiales que realmente fueron artificiales (inexistentes) sino que negaron a los corresponsales extranjeros que pudieran hacer una cobertura libre y sin ataduras. No es por nada, pero China es el país con más periodistas presos, más censura y filtros para blogueros y cibernautas.

Hace unos días, el gobierno de Argentina presionó abiertamente para que no se le renueve el contrato a Nelson Castro, uno de los comentaristas de mayor reputación en el país. Castro, así como otros periodistas de trayectoria, como José Eliachev, Jorge Lanata y Víctor Hugo Morales tuvieron que proseguir sus carreras después de que sus contratos fueron suspendidos o no renovados.

No hace falta recordar el caso de Venezuela, donde todos los periodistas que critiquen al gobierno son calificados de opositores y donde Hugo Chávez no tuvo vergüenza para cerrar medios de comunicación, perseguir y acosar a periodistas. En Nicaragua la lista de periodistas perseguidos es interminable, con el caso de Carlos Fernando Chamorro y Jaime Arellano; mientras que en Colombia en estos días saltó a la luz el caso de Holman Morris al que el gobierno trata de vincularlo con las FARC.

Las listas negras de periodistas en toda América Latina han estado una vez y otra en la agenda pública y desvergonzada de los gobiernos, así se haya tratado de dictaduras de derecha, de izquierda o democracias de todos los colores ideológicos. Por ello, siempre se habla del periodismo como una de las profesiones más riesgosas del continente.

Insisten con observatorio de medios

El gobierno hondureño insistió esta semana con una idea que promovió el gobierno argentino a principios de año, de crear un observatorio para vigilar o denunciar a los medios y periodistas que no comulgan con la línea oficial o los fiscalizan demasiado.

El anuncio lo hizo placenteramente esta semana el ministro de la Presidencia del presidente Manuel Zelaya, quien asiduamente critica a los medios de comunicación. Enrique Flores Lanza dijo que el gobierno promueve un observatorio con el fin de que diferentes sectores de la sociedad puedan analizar el comportamiento de los medios, de tal forma que se determine cuáles de ellos “se convierten en enemigos de los intereses generales de la población, al manipular tendenciosamente la información y perjudicar de manera sistemática la imagen, no del gobierno sino del país”.

La idea del gobierno de Zelaya no es muy novedosa. Siempre emerge de aquellos que no toleran la crítica, justificándose que los periodistas son “golpistas”, “desestabilizadores de la democracia” o “oligarcas”, calificativo éste último que se usa con asiduidad en Honduras.

No creo que haya periodista, medio o asociación de prensa que piense que no debe existir la crítica contra la profesión. Como cualquier otra disciplina no puede estar exenta al escrutinio. La discusión es otra: ¿Puede el gobierno intervenir en asuntos de libertad de prensa o de expresión? NO, no puede - incluso por apariencia - porque se minimiza a sí mismo, al tratar de controlar la expresión de sus ciudadanos que se ejerce en forma particular o a través de los medios.

El sólo hecho de pensar en un control, equivale a sembrar la semilla de la autocensura.
Si el Gobierno interviene en este tema, por más que sea una vigilancia sobre la ética y sin sanción legal, pensemos en la puerta que estaremos abriendo: entonces también se podrá atribuir la creación de Observatorios Sindicalistas para controlar nuestras discusiones dentro de los sindicatos; Observatorios Ecuménicos para vigilar los sermones de los curas, rabinos y pastores en los templos; Observatorios Políticos para limitar los debates en los congresos y concejos deliberantes; Observatorios Estudiantiles para minimizar las opiniones en los recintos universitarios; y, ¿por qué no? Observatorios de Bloggeros para coartar esta nueva forma de comunicación.

La intervención que le cabe al Estado es el orden jurídico y legal. Si alguien se siente dañado debe poder acudir al imperio de la ley y a la administración de la justicia.

Ahora bien, si es una cuestión de conducta profesional, de ética, esa labor le corresponde a los propios grupos involucrados, junto con la participación ciudadana en el caso de los medios. No por nada, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA de 2000, establece en su Art. 6: “… La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”.

Por su parte, la Declaración de Chapultepec, en su Art. 9 establece: “La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad… El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga”.

Policías y periodistas bajo acecho

Sin dudas México es el país con mayores riesgos para ejercer el periodismo y mantener la seguridad. Casi a diario, el crimen organizado se cobra la vida de un periodista, desaparece a otro, secuestra o intimida mediante atentados contra los medios con la intención primordial de que campee la autocensura, o acribilla a policías para crear un sentimiento general de caos y miedo.

Ambas profesiones están más expuestas en los estados que tienen frontera con Estados Unidos donde el narcotráfico no solo comete crímenes contra la población en general y entre las mismas bandas disputándose el territorio, sino que además tiene infiltrados a muchos gobiernos y el resto de los poderes públicos.

Medios, periodistas y policías viven bajo acecho. Son comunes las decisiones de los periodistas y propietarios de autocensurarse para no sufrir represalias y proteger sus vidas. Muchos periodistas están abandonando la profesión, los más jóvenes no quieren entrar, y esto se replica entre otras profesiones expuestas al riesgo, y algunos se venden al mejor postor haciendo “relaciones públicas” para los narcos. Muchos policías y militares también dejan sus posiciones, algunos desertan o se pasan al bando de los malos, para tener una vida más holgada, pero peligrosa.

En Ciudad de Juárez, en el limítrofe estado de Chihuahua, que por años salió a la luz internacional debido al “feminicidio”, la semana pasada fue asesinado el periodista Armando Rodríguez, de El Diario, siendo ya 29 periodistas mexicanos los que fueron abatidos en los últimos tres años, ocho de ellos desaparecidos.
Las filas policiales también fueron afectadas este fin de semana. Fue acribillado José Sanguinés, comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, recibiendo más de un centenar de balazos, tratándose de un mensaje de intimidación para todo aquel que no acepte las “reglas de juego” del narco. El viernes había sido asesinado un capitán encargado de la seguridad pública de uno de los barrios de esa ciudad. En lo que va de este 2008, las fuerzas de seguridad de la ciudad perdieron a 59 personas a manos del crimen; mientras que en todo el país, las muertes violentas a manos del crimen organizado alcanzaron a 4.577 personas, casi el doble de los 2.673 crímenes registrados en el 2007.

Lo peor de todo esto, es que el Estado, el aparato judicial, se encuentra totalmente desbordado, por lo que la sociedad se cada día más vulnerable.

Periodistas mexicanos bajo asedio

La prensa mexicana está atemorizada. Los atentados del narcotráfico contra medios de comunicación y los asesinatos de periodistas son la causa. La autocensura es rampante, pero un muchos casos es la única forma para defender la vida.

En el año 2000, durante una reunión interparlamentaria sobre estrategias para combatir el narcotráfico, México se sentó a la mesa como mero observador de las discusiones entre Colombia, Bolivia y Perú, aduciendo que el país no tenía problemas como los que aquejaban a los productores de drogas.

Menos de una década después es normal hablar de la “colombianización” de México. En lo que va del año, más de 4.000 personas han sido ejecutadas por el narcotráfico, 1200 de ellas en Ciudad Juárez, localidad de frontera donde las guerras por territorialidad entre los carteles del narcotráfico es más evidente.

Participé esta semana en una conferencia de la Universidad de Columbia en Nueva York, “Silencio Atemorizado: Periodistas de México Bajo Asedio”, en donde se hizo un crudo diagnóstico de las vivencias de la prensa de ese país y se pudo observar el crecimiento de la violencia. Las cifras son inapelables: de 76 periodistas mexicanos asesinados o desaparecidos en los últimos 20 años, 35 fueron abatidos en los recientes cuatro años pasados.

De todo lo que escuché, quedé pasmado por dos presentaciones de periodistas de frontera. Alfredo Quijano, editor del periódico Norte de Ciudad Juárez, dijo que México está en un virtual estado de sitio. Los carteles se han apropiado de las calles. El gobierno local renunció al poder y lo dejó en manos de los soldados. Los periodistas están acosados y se autocensuran, de lo contrario los amenazan, los secuestran o los matan Y si escriben en contra de la policía los demandan. Si no va a los citatorios judiciales los multan y luego los detienen. Si participan de esos citatorios, los narcos lo consideran cómplices del poder y les ponen precio a su cabeza.

Por su parte, Ramón Cantú, editor de otro diario de frontera, El Mañana, dijo en México hay una cultura de la delincuencia muy arraigada en el país que tiene que ver con el contrabando. El daño económico que se le hace a la sociedad no tiene nada que ver con el tema del daño psicológico. La gente ya está indiferente ante el sufrimiento de los semejantes. No hay libertad si se vive con miedo. En el periódico le llamo prudencia para no sentirme cobarde, pero necesitamos ser prudentes. Ya sepultamos a nuestro director editorial, y además lo han difamado hasta de muerto, diciendo que su crimen se debía a desviaciones personales.

Ambas presentaciones resumieron para mí el problema del país. No hay una respuesta efectiva en contra del crimen organizado y sus víctimas, incluyendo a los periodistas, pierden la esperanza debido a la falta de justicia. El 98 por ciento de los delitos – de toda clase – permanece en la impunidad.

Regalo de cumpleaños: un tipo preso

Los mejores regalos de cumpleaños son las sorpresas. Esta vez me la dio el Poder Judicial de Colombia, algo que no esperaba. Después de cinco años de trabajar para que se esclarezca el crimen impune del periodista Nelson Carvajal, asesinado en 1998, y casi al borde de la desesperanza, finalmente la Justicia tomó cartas en el asunto.

El jueves pasado, la Fiscalía General - después de que con algunos colegas negociamos varias veces con el gobierno mediante la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – apresó al presidente de la Asamblea de Diputados del Huila, Carlos Augusto Rojas Ortiz, como presunto autor intelectual; ordenó la captura de dos guerrilleros de las Farc; pidió a la Corte Suprema de Justicia revisar absoluciones que beneficiaron a dos condenados y ordenó un proceso disciplinario interno por irregularidades en la administración de justicia.

No puedo cantar victoria todavía; el caso no está esclarecido, pero el hecho de que se haya reabierto es ya una señal de esperanza. El crimen había sido archivado en el 2002 y corría el riesgo de quedar olvidado.

En estos años, mientras trabajábamos en post de la resolución del caso, fui testigo de cómo dos hermanas del periodista, su viuda y dos hijas tuvieron que abandonar el país debido a amenazas; una periodista que investigó el caso, está hoy con fuerte custodia policial; y, en mi caso, tuve numerosos altercados con una persona que había sido acusada.

Esclarecer este crimen será sin dudas un canto de esperanza. Creará antecedentes a favor de que se resuelva más de un centenar de asesinatos en este país, y algunos de los otros 334 crímenes de periodistas perpetrados en los últimos 20 años en el continente americano.