Insisten con observatorio de medios

El gobierno hondureño insistió esta semana con una idea que promovió el gobierno argentino a principios de año, de crear un observatorio para vigilar o denunciar a los medios y periodistas que no comulgan con la línea oficial o los fiscalizan demasiado.

El anuncio lo hizo placenteramente esta semana el ministro de la Presidencia del presidente Manuel Zelaya, quien asiduamente critica a los medios de comunicación. Enrique Flores Lanza dijo que el gobierno promueve un observatorio con el fin de que diferentes sectores de la sociedad puedan analizar el comportamiento de los medios, de tal forma que se determine cuáles de ellos “se convierten en enemigos de los intereses generales de la población, al manipular tendenciosamente la información y perjudicar de manera sistemática la imagen, no del gobierno sino del país”.

La idea del gobierno de Zelaya no es muy novedosa. Siempre emerge de aquellos que no toleran la crítica, justificándose que los periodistas son “golpistas”, “desestabilizadores de la democracia” o “oligarcas”, calificativo éste último que se usa con asiduidad en Honduras.

No creo que haya periodista, medio o asociación de prensa que piense que no debe existir la crítica contra la profesión. Como cualquier otra disciplina no puede estar exenta al escrutinio. La discusión es otra: ¿Puede el gobierno intervenir en asuntos de libertad de prensa o de expresión? NO, no puede - incluso por apariencia - porque se minimiza a sí mismo, al tratar de controlar la expresión de sus ciudadanos que se ejerce en forma particular o a través de los medios.

El sólo hecho de pensar en un control, equivale a sembrar la semilla de la autocensura.
Si el Gobierno interviene en este tema, por más que sea una vigilancia sobre la ética y sin sanción legal, pensemos en la puerta que estaremos abriendo: entonces también se podrá atribuir la creación de Observatorios Sindicalistas para controlar nuestras discusiones dentro de los sindicatos; Observatorios Ecuménicos para vigilar los sermones de los curas, rabinos y pastores en los templos; Observatorios Políticos para limitar los debates en los congresos y concejos deliberantes; Observatorios Estudiantiles para minimizar las opiniones en los recintos universitarios; y, ¿por qué no? Observatorios de Bloggeros para coartar esta nueva forma de comunicación.

La intervención que le cabe al Estado es el orden jurídico y legal. Si alguien se siente dañado debe poder acudir al imperio de la ley y a la administración de la justicia.

Ahora bien, si es una cuestión de conducta profesional, de ética, esa labor le corresponde a los propios grupos involucrados, junto con la participación ciudadana en el caso de los medios. No por nada, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA de 2000, establece en su Art. 6: “… La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”.

Por su parte, la Declaración de Chapultepec, en su Art. 9 establece: “La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad… El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga”.