Muchos editoriales esta semana reflejaron el asombro contra el gobierno chino porque anunció que creará un banco de datos con listas de periodistas de “mala trayectoria” que trabajan en los medios estatales de comunicación, con lo que aumentará la censura. Sin embargo, pocos recalaron que esas listas negras existen en países latinoamericanos y fueron siempre bien utilizadas por los gobiernos para acallar a la prensa.
Lo de China es una práctica deleznable que merece ser criticada. Todo el mundo ya tuvo oportunidad de ver en las Olimpíadas de Beiging a las autoridades en acción, no sólo porque censuraron a sus periodistas, crearon fuegos artificiales que realmente fueron artificiales (inexistentes) sino que negaron a los corresponsales extranjeros que pudieran hacer una cobertura libre y sin ataduras. No es por nada, pero China es el país con más periodistas presos, más censura y filtros para blogueros y cibernautas.
Hace unos días, el gobierno de Argentina presionó abiertamente para que no se le renueve el contrato a Nelson Castro, uno de los comentaristas de mayor reputación en el país. Castro, así como otros periodistas de trayectoria, como José Eliachev, Jorge Lanata y Víctor Hugo Morales tuvieron que proseguir sus carreras después de que sus contratos fueron suspendidos o no renovados.
No hace falta recordar el caso de Venezuela, donde todos los periodistas que critiquen al gobierno son calificados de opositores y donde Hugo Chávez no tuvo vergüenza para cerrar medios de comunicación, perseguir y acosar a periodistas. En Nicaragua la lista de periodistas perseguidos es interminable, con el caso de Carlos Fernando Chamorro y Jaime Arellano; mientras que en Colombia en estos días saltó a la luz el caso de Holman Morris al que el gobierno trata de vincularlo con las FARC.
Las listas negras de periodistas en toda América Latina han estado una vez y otra en la agenda pública y desvergonzada de los gobiernos, así se haya tratado de dictaduras de derecha, de izquierda o democracias de todos los colores ideológicos. Por ello, siempre se habla del periodismo como una de las profesiones más riesgosas del continente.
Quiero contarles sobre los procesos creativos de esta nueva historia sobre la verdad, la libertad y el miedo al futuro. Es mi nueva novela y espero publicarla cuando se sincronicen los planetas (las editoriales) o cuando se me acabe la paciencia y decida autopublicar -- Los contenidos de mi blog Prensa y Expresión están en el archivo. Blog por Ricardo Trotti
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febrero 15, 2009
octubre 25, 2008
Otro Chamorro en la picota
El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro está siendo vilipendiado por el presidente de su país Daniel Ortega. Así como su padre, Joaquín Chamorro, que se convirtió en mártir al ser asesinado durante la dictadura de Anastasio Somoza, ahora su hijo tiene que soportar los atropellos de un gobierno que se está convirtiendo cada vez más en autoritario.
Carlos Fernando Chamorro quien militó en el sandinismo durante el primer gobierno de Ortega siendo director del diario oficialista Barricada, se distinguió siempre en su país por su genética periodística cultivando la sagacidad, el equilibrio, la investigación y su necesidad intestina de permanentemente denunciar la corrupción.
Hoy, por esas cualidades que derrocha en varios medios independientes de su creación sin meterse en el diario de referencia y de su familia, La Prensa, está siendo atacado por Ortega, quien como otros dictadorzuelos como Chávez utilizan a la Justicia para darle visos de legalidad a sus ataques, como si nadie supiera que el Poder Ejecutivo tiene maniatados y manipulados a los jueces siendo su arma preferida.
Ante la ola de críticas y denuncias sobre los comportamientos autoritarios y nepotistas del gobierno y ante las inminentes elecciones municipales del 9 de noviembre, Ortega – como lo hizo su amigo Chávez con las denuncias conspirativas para desviar la atención sobre las elecciones regionales venezolanas del 23 de noviembre – comenzó una caza de brujas enfocándose en denunciar actividades de lavado de dinero y desvío de fondo por parte de 17 organizaciones sin fines de lucro que reciben dinero del exterior para programas sociales.
Los ataques a Chamorro - quien después de denuncias periodísticas sobre corrupción fue acusado por la primera dama, Rosario Murillo, de “ser un agente de la CIA” - dirige el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), conduce Esta Semana, programa político por Canal 8 y es el propietario del semanario Confidencial, son los que generaron la atención sobre Nicaragua, un país que había caído en el olvido internacional.
Todo hizo eclosión cuando el 12 de octubre la Policía Nacional allanó las oficinas de la fundación CINCO y requisó material en un operativo que duró 15 horas y contó con la presencia de 40 policías. Un día antes y en similares circunstancias fueron registradas las instalaciones de MAM, que dirige la periodista Sofía Montenegro.
Tal vez lo más importante del caso Chamorro (lamentable decirlo de esta forma) es que al menos su desgracia ha servido para que el régimen de Ortega quede en evidencia y salga del olvido, porque en el anonimato los dictadores suelen cometer con mayor ahínco sus atrocidades. En estos días, además de organizaciones como la SIP que denunció los hechos en Madrid y a la que le siguieron otras organizaciones de defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos, apareció el Parlamento Europeo y el Departamento de Estado estadounidense reclamando garantías. La denuncia y vergüenza pública son antídotos importantes para detener el autoritarismo.
Carlos Fernando Chamorro quien militó en el sandinismo durante el primer gobierno de Ortega siendo director del diario oficialista Barricada, se distinguió siempre en su país por su genética periodística cultivando la sagacidad, el equilibrio, la investigación y su necesidad intestina de permanentemente denunciar la corrupción.
Hoy, por esas cualidades que derrocha en varios medios independientes de su creación sin meterse en el diario de referencia y de su familia, La Prensa, está siendo atacado por Ortega, quien como otros dictadorzuelos como Chávez utilizan a la Justicia para darle visos de legalidad a sus ataques, como si nadie supiera que el Poder Ejecutivo tiene maniatados y manipulados a los jueces siendo su arma preferida.
Ante la ola de críticas y denuncias sobre los comportamientos autoritarios y nepotistas del gobierno y ante las inminentes elecciones municipales del 9 de noviembre, Ortega – como lo hizo su amigo Chávez con las denuncias conspirativas para desviar la atención sobre las elecciones regionales venezolanas del 23 de noviembre – comenzó una caza de brujas enfocándose en denunciar actividades de lavado de dinero y desvío de fondo por parte de 17 organizaciones sin fines de lucro que reciben dinero del exterior para programas sociales.
Los ataques a Chamorro - quien después de denuncias periodísticas sobre corrupción fue acusado por la primera dama, Rosario Murillo, de “ser un agente de la CIA” - dirige el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), conduce Esta Semana, programa político por Canal 8 y es el propietario del semanario Confidencial, son los que generaron la atención sobre Nicaragua, un país que había caído en el olvido internacional.
Todo hizo eclosión cuando el 12 de octubre la Policía Nacional allanó las oficinas de la fundación CINCO y requisó material en un operativo que duró 15 horas y contó con la presencia de 40 policías. Un día antes y en similares circunstancias fueron registradas las instalaciones de MAM, que dirige la periodista Sofía Montenegro.
Tal vez lo más importante del caso Chamorro (lamentable decirlo de esta forma) es que al menos su desgracia ha servido para que el régimen de Ortega quede en evidencia y salga del olvido, porque en el anonimato los dictadores suelen cometer con mayor ahínco sus atrocidades. En estos días, además de organizaciones como la SIP que denunció los hechos en Madrid y a la que le siguieron otras organizaciones de defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos, apareció el Parlamento Europeo y el Departamento de Estado estadounidense reclamando garantías. La denuncia y vergüenza pública son antídotos importantes para detener el autoritarismo.
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