jueves, 7 de noviembre de 2013

Dilma Rousseff y el escupir hacia arriba

Error de cálculo o le salió el tiro por la culata son los modismos que se pudieran aplicar al incidente que tuvo que sortear la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, quien después de despotricar contra el gobierno estadounidense por sus actividades de espionaje, debió salir a dar explicaciones sobre las que realizó su país años atrás.

Después de que Edward Snowden denunció el programa masivo de espionaje del gobierno de EE.UU. contra presidentes y países aliados y enemigos, todos los gobiernos se rasgaron las vestiduras, aunque de a poco los diarios de cada país están ventilando las operaciones de inteligencia de sus propios gobiernos, las que por razones de seguridad, soberanía o contrainteligencia, siempre existieron.

Así tuvo que salir Rousseff después de que el diario Folha de S. Paulo denunciara que el gobierno brasileño, especialmente durante la presidencia de Lula da Silva, espió a diplomáticos y funcionarios estadounidenses, rusos, iraníes e iraquíes en dependencias diplomáticas de ese país en Brasilia.

Claro que Rousseff dijo que no se trataba de espionaje como tal, sino que calificó esas actividades con el eufemismo de actos de “contrainteligencia”, respaldados por la legislación vigente. Algo similar a lo que el gobierno de Barack Obama dijo: Actividades lícitas, destinadas a combatir el terrorismo y proteger a sus ciudadanos.

Rousseff quien ahora busca junto con Alemania que el internet sea regulado por una comisión de Naciones Unidas, en respuesta a cómo EE.UU. utilizó el internet en operaciones de espionaje, dijo que no se puede comparar lo que hace EE.UU. de lo que hizo Brasil.


Es probable que no se puedan comparar las acciones de espionaje de Brasil contra las demás potencias, debido principalmente a las facilidades que las altas tecnologías les permiten. Sin embargo, más allá de los avances tecnológicos, esta denuncia contra el gobierno de Brasil demuestra que el espionaje es una actividad de siempre y de todos, y que solo denunciarla contra otros y sin medir las palabras ni tampoco hacerse responsable, puede resultar en un escupitajo hacia arriba.

martes, 5 de noviembre de 2013

Ayer como hoy, Ortega sigue siendo el rey

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, no tiene ni empacho ni vergüenza para tratar de consolidar su monarquía. De joven pasó su vida a punta de pistola para derrotar las mismas actitudes que tenía su colega de otrora, el dictador Anastasio Somoza, y él es ahora quien quiere consolidarse en el poder con una reforma constitucional sin obstáculos.

Ortega ha hecho posible su presidencia gracias a un fallo de 2011 de la acólita Corte Suprema que le permitió su tercera aventura política vedada por la Constitución. Ahora impedido por otra nueva reelección y acabados los permisos judiciales, su partido presentó una reforma constitucional que le permitirá, como lo logró Hugo Chávez en su época, gobernar a perpetuidad burlando varios contrapesos democráticos.

A fuerza de propaganda, clientelismo y alianzas con militares, curas y empresarios, y una oposición débil y en minoría en el Congreso, nadie tiene dudas que Ortega conseguirá reinar hasta que su salud se quebrante. A diferencia de los triunviratos de la época sandinista, Ortega ahora gobierna en solitario o bajo la sombra de su compañera sentimental y espiritual, su esposa Rosario Murillo quien comanda la comunicación de su régimen, que como estrategia de popularidad no solo mantiene las misiones sociales y de adoctrinamiento en los barrios, sino también fue artífice de las tácticas de propaganda de los últimos años para realzar el sentido nicaragüense de la nacionalidad, la unión y el patriotismo.

Esa estrategia propagandística de pan y circo, Ortega incluyó el negociado sorpresivo este año con un empresario chino para crear un segundo canal interoceánico en las Américas para una eventual competencia al Canal de Panamá, y unas relaciones borrascosas que creó con Costa Rica, Panamá, Honduras y Colombia, países a los que disputó ríos, mares e islas.


Ortega no tiene esa vocación externa de dividir territorios con vecinos, cuando se trata de cuestiones internas. Sus familiares están cada vez más empotrados en el poder y en las empresas, mientras tanto sus hijos, como príncipes herederos, se están quedando con los medios de comunicación y todo aquel proyecto que sirva para blindar políticamente al régimen. 

lunes, 4 de noviembre de 2013

Más que de un fallo, se trató de una falla judicial

No porque una ley se apegue a la Constitución tiene que ser buena. El gobierno interpreta que la ley de medios es la panacea democrática porque la Corte Suprema la avaló. En algunos países la pena de muerte y el aborto son principios constitucionales, pero no por ello son buenos.

Es loable regular los espacios para que nadie concentre ni medios ni opiniones, para que la crítica y el disenso sean plurales y diversos. Pero no es bueno que se restrinjan espacios independientes y que, en cambio, el gobierno pueda entrometerse en los contenidos de los medios privados, sin límites de tiempo, para cadenas nacionales de “trascendencia institucional” o espacios de “interés relevante” que seguirá usando para hacer propaganda.

No es bueno que la misma ley permita al Estado concentrar medios, así sean públicos o comunitarios, a sabiendas que no existen públicos (de todos), sino gubernamentales (para el beneficio del oficialismo) y que los comunitarios terminarán en manos de aquellos que se alineen con el gobierno.

Que los funcionarios digan que existe plena libertad de prensa, no es verdad. Los medios sí pueden criticar, pero sufren consecuencias y represalias. La ley de medios nació selectiva, tiene en su ADN el método de la revancha política, y aunque ahora el blanco es Grupo Clarín, podrá luego activarse contra cualquier otro medio considerado opositor. Un calificativo que reciben quienes critican al gobierno, así sean consultoras privadas que intentan medir la inflación real o fiscales que investigan la corrupción en altas esferas del poder.

La ley no es tan mala, pero por su ADN, existe desconfianza en cómo se aplicará. El fallo supremo de 392 páginas es prolífico en señalar el irrespeto del gobierno en materia de medios, por lo que no ofrece garantías de que habrá equidad en su aplicación. La sentencia infiere que hay medios públicos que no son tales, que el gobierno concentra medios y usa fondos públicos para comprar medios y voluntades, condena que la publicidad oficial se utilice para discriminar a los críticos y favorecer a los acólitos, y reclama que no existen normas para obligar al gobierno a dar acceso a la información pública, mientras pone en dudas que garantice la libertad de expresión, principio constitucional.

Esta ley vino acompañada de la ofensa y el desprestigio. La presidente, su predecesor y sus funcionarios enjuiciaron en Plaza de Mayo a periodistas y medios críticos mientras que su eslogan de “Clarín miente” sirvió de fondo en canchas de fútbol y en zoquetes de beneficencia para niños africanos. El escarnio público, con el fin de generar miedo y autocensura, siempre fue intención del kirchnerismo, como de otros ismos que le antecedieron.

El gobierno supo identificar a su enemigo y polarizar. Muchos distraídos creen que Clarín es monopolio, que el éxito o sustentabilidad económica es degradante e ilícita o que La Nación y Perfil son cómplices y antidemocráticos por haber expandido sus negocios y las críticas. Los más cautos entienden que defender a Clarín, no es defender sus pecados, sino a otros medios que en el futuro pueden ser víctimas de una aplicación política y no técnica de la ley.

Es que cuando los gobiernos se ensañan contra los medios privados e independientes, es síntoma de que ya lo han hecho o harán con otras estructuras de poder. Venezuela es ejemplo. El ex presidente Hugo Chávez se ensañó por años contra los “cuatro jinetes del Apocalipsis” en referencia a las cadenas televisivas Globovisión, Venevisión, RCTV y Televén. Tras la sanción en 2004, la ley de medios, destinada para crear “espacios democráticos”, sirvió para cerrar RCTV, neutralizar Globovisión mediante su compra por allegados al chavismo, y para domesticar los informativos de Venevisión y Televén.

Aunque tras la derrota electoral algunos vaticinen que el kirchnerismo ya está en retirada y que Clarín podrá seguir defendiéndose en los tribunales, la sentencia del máximo tribunal no fue buena. Por no ser concluyente y permitir interpretaciones varias, se trató de un gesto político, perdiéndose otra oportunidad para crear jurisprudencia en favor de la libertad de prensa.

Se trató de un aval de constitucionalidad, pero sin la debida interpretación del espíritu, contexto y manejo político de la ley.